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Estado de peligrosidad

Embriaguez habitual, dipsomanía, narcomanía y conducta antisocial: son índices, que la legislación penal utiliza, para decidir el estado de peligrosidad de una persona: proclividad (inclinación) a cometer delitos. Se manifiesta con el desarrollo de una conducta contraria a las normas de la moral socialista. Medio legal del sistema socialista, para someter a la ciudadanía a su poder.

Son frecuentes, en las leyes cubana, las referencias a la ideología comunista. La protección penal de las normas de convivencia y de la moral socialista, es la más peculiar. Términos que no están definidos en ningún código, pero que se utilizan frecuentemente para castigar cualquier forma de disenso social.

Particularmente no estoy en contra de la regulación jurídica del estado peligroso, siempre que se utilicen criterios objetivos en su definición. Creo que es un medio eficaz para proteger la sociedad, las personas, los bienes y el orden público.

Cuando tenía 12 años, fui a ver a mi mamá al hospital, ingresada después de una intervención quirúrgica de urgencia. De regreso a casa, dentro del ómnibus del transporte público, una señora me agredió. Hubo que aguantarla, estaba molesta porque Raúl Castro permitía que los niños anduvieran en la calle de noche.

La mujer estaba completamente fuera de sí, con síntomas evidentes de enajenación mental. Hasta hoy no he podido olvidar la agresividad de su rostro. Créanme, me costó trabajo volver a salir de noche. En este caso, la figura del estado peligroso permitiría darle tratamiento médico una persona, irresponsable penalmente, pero que representa un peligro para la sociedad.

Sin embargo, la indefinición de términos en la ley penal cubana, permite a las autoridades políticas utilizar la figura a su conveniencia. En no pocos caso, se emplean para reprimir los disidencia, la prostitución u obligar a los ciudadanos a trabajar forzosamente en centros correccionales: granjas agrícolas o brigadas de construcción, por conducta antisocial.

A estas personas no se les comprueba la comisión de un delito. Las autoridades, amparadas en criterios subjetivos y parámetros ideológicos, valoran que su conducta debe ser reformada, por presentar una especial inclinación a la comisión de acciones delictivas. Criterio contradictorio con el principio de legalidad: Sólo pueden sancionarse los actos expresamente previstos como delitos en la ley, con anterioridad a su comisión

Influye la subordinación de los órganos de justicia a las instrucciones directas del Consejo de Estado y la ausencia de garantías jurisdiccionales para la defensa de los derechos individuales. En no pocas resoluciones judiciales, los jueces llegan a la certeza de un hecho, por convicción moral. Frente a los abusos de poder, el ciudadano no tiene medios legales para protegerse.

Los catálogos de peligrosidad socialista permiten a las autoridades controlar el disenso social de la población. Incluso, va mucho más allá: surten un efecto directo y adverso en la celebración de las elecciones. Su vigencia legal constituye un freno para la llegada de la Cuba democrática.

Laritza Diversent

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Categorías:Peligrosidad social
  1. 18 agosto, 2011 en 2:42 PM | #1

    La ley de peligrosidad es un instrumento dacroniano que se utiliza para reprimir a los opositores más que otra cosa.
    La ley es uno de los pilares del poder comunista.

  2. 25 mayo, 2010 en 6:29 AM | #2

    Barcelona (Catalunya, España, Unión Europea), a 25 de Mayo de 2.010

    Tenía pendiente leer sus escritos desde que me los recomendaron hace meses. Veo que hice bien en tomar nota de su página, Sra. Divergent.

    Le dejo una reflexión: los países islámicos, que funden su sistema jurídico (teocracia) con las leyes religiosas como hacíamos los europeos en nuestra Edad Media Feudal, hacen algo parecido a eso. Convierten el precepto moral en norma jurídica obligatoria.

    La Mafia siciliana, aunque no usa tribunales salvo para defenderse, hace lo propio: eleva la costumbre ancestral a la categoría de norma de obligatorio cumplimiento so amenaza de castigos crueles y desproporcionados.

    El concepto jurídico de peligrosidad social predelictiva que usan en la Rep. Cuba, cuando me lo explicaron me recordó al mismo que teníamos en mi país en el período 1.939-1.978. Aquí era fuente de arbitrariedades constantes. Fue suprimido, por supuesto, cuando el régimen del General Franco hizo transición a la democracia parlamentaria con la que funcionamos hoy.

    Reciba mi más cordial saludo,
    ElSrM.

  3. Mónica
    29 abril, 2010 en 11:48 AM | #3

    La Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 11º, reafirma el carácter fundante de la presunción de inocencia, por virtud del cual: “Toda persona acusada de un delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa“.
    Un principio en materia de derecho penal se basa en que para que una conducta sea calificada como delito debe ser descrita de tal manera con anterioridad a la realización de esa conducta, y el castigo impuesto debe estar especificado también de manera previa por la ley.
    El Derecho en Cuba es mal concebido con mucha frecuencia como el simple brazo armado de las doctrinas ideológicas del gobierno, como un sistema de prohibiciones basado en los imperativos de la artificialmente creada moral socialista a fin de que la sociedad se comporte en la forma conveniente.
    No es justo hacer automáticamente de una acusación una condena.
    Permite el Derecho en Cuba la aplicación correcta del principio de la imparcialidad del juzgador ?
    Sin ambición de ser entendida por los ejecutores de la justicia en Cuba, hago referencia a lo siguiente:
    El Derecho como tal no supone un Código Moral superior porque la prohibición no puede ser jurídicamente enunciada como un principio general que cae sobre toda una serie de actividades como una manta que no permite ver los matices y apreciar las diferencias.
    El Derecho si tiene que consultar la Moral como todas las actividades de nuestra vida. Pero no todas las normas morales pueden ser convertidas de hecho en normas jurídicas; ni tampoco todas las normas jurídicas deben tener su fundamento en normas morales.

    Cada una de estas disciplinas tiene su propio campo de acción (sin perjuicio de que éstos campos se entrecrucen muchas veces); cada una tiene su propio razonamiento, sus propios métodos, su propia problemática, sus propios procedimientos; y no es posible confundirlas entre sí ni derivar una de la otra.

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