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Archive for 30 junio 2010

Cuba y su sistema de exclusión (II)

 

Los cubanos son excluidos en su propia tierra. Tanto los residentes en el territorio nacional, como los que radican el extranjero. Estos últimos son doblemente discriminados. No pueden invertir en la economía por ser aun ciudadanos del Estado y cuando entran al país son tratados extranjeros.

La Ley No 77, “De inversión extranjera”, establece que inversionistas extranjeros es (…)La persona natural o jurídica, con domicilio en el extranjero y capital extranjero, que se convierte en accionista de una empresa mixta, o participa en una empresa de capital totalmente extranjero, o que figura como parte en los contratos de asociación económica internacional.

En virtud de la normativa de esta disposición jurídica, los cubanos radicados definitivamente en el exterior, no tienen ningún obstáculo para invertir en la economía de su tierra natal. Tienen domicilio y capital extranjero. ¿Qué se lo impide entonces?

El artículo 32 de la constitución cubana establece que los cubanos no podrán ser privados de su ciudadanía, salvo causas legalmente establecidas. Tampoco podrán ser privados del derecho a cambiar de esta. No se admitirá la doble ciudadanía. En consecuencia, cuando se adquiera una ciudadanía, se perderá la cubana. La ley establece el procedimiento a seguir para la formalización de la perdida de la ciudadanía y las autoridades facultadas para decidirlo.

Las causas de pérdida y recuperación de la ciudadanía antes de la reforma constitucional de 1992 eran específicas y figuraban en el texto de la’ Carta Suprema del Estado’. Ahora perdieron relevancia jurídica y deben ser reguladas por una ley.

Teniendo en cuenta el aumento de la emigración cubana, pudiera pensarse que el objetivo de la reforma, era eliminar ciudadanías. Todo lo contrario, las medidas aplicadas por el gobierno, tienden a retenerlas.

Convenientemente para las autoridades no se ha formulado la ley que regula las particularidades analizadas. La práctica es obligar a todos los cubanos a entrar en el país con el pasaporte que los califica como nacional. No es que admitan la doble ciudadanía, para ellos, con respecto a los nacionales, solo existe la cubana. En virtud de esto, no pueden invertir en la economía nacional.

Sin embargo, ya dentro del territorio pierden sus derechos como nacionales, todos los servicios están obligados a pagarlos en divisas, como si fueran extranjeros. Lejos de ser un privilegio, este particular viola los preceptos constitucionales y los derechos fundamentales de los cubanos.

Laritza Diversent

Cuba y su sistema de exclusión (I)

Es justo reconocer que la inversión extranjera, en Cuba, reporta beneficios a la economía. Sin embargo, ella por sí sola, no es la solución para enfrentar los problemas que la agobian.

La Ley No 77 se adoptó en 1995 para brindar seguridad y garantías al inversionista extranjero, y con ello obtener la recuperación económica. Así lo hace saber el Parlamento Cubano, en la introducción de esta disposición normativa.

En ella, la Asamblea Nacional expresa además que, a través de la inversión extranjera, cuba podía obtener (entre otros objetivos) mayor eficiencia productiva, mejoramiento de la calidad de los productos y los servicios que se ofrecen, y una reducción en los costos.

A 15 años de haberse aprobado esta ley, vale la pena preguntar: ¿Aumentó el bienestar del pueblo cubano? ¿A qué servicios se refería el parlamento, a los que reciben los extranjeros o los que se ofrecen a la población? En cuanto a estos últimos, sobran los comentarios.

Los salarios insuficientes desmotivan a los ciudadanos, principalmente a los jóvenes, a trabajar con el Estado ¿Cómo resuelve el gobierno el problema de abstinencia laboral, que lo obligó a incrementar la edad para retirarse por vejez? Aplicando hasta 4 años de prisión por peligrosidad social.

Esto conlleva otro problema, el de las ilegalidades. El bajo poder adquisitivo de miles de familia determina que están vivan al margen de las regulaciones estatales, para resistir a la permanente crisis.

¿Cuál es la solución a este otro conflicto? El despliegue de operativo policiales, para atrapar in fraganti a los que se dedican a actividades económicas individuales. ¿No es más fácil legalizar la situación de personas que optan por vivir independiente de las dádivas del Estado?

¿Por qué el gobierno cubano no incentiva las actividades lucrativas de los ciudadanos? Al igual que la inversión extranjera, la iniciativa económica individual de los cubanos reporta mayor productividad, la creación de nuevos puestos de trabajo, etc.

En principio, una de las razones que fundamento la exclusión de los cubanos del quehacer económico nacional, fue el igualitarismo social que pretendió el socialismo y que nunca alcanzó.

Para intentar garantizar un derecho, se violentaron otros. Una supuesta igualdad social justificó que el gobierno actuara en contra de los dictados constitucionales, y originara una forma institucionalizada de segregación, por razones de origen nacional.

Cuba necesita una ley de inversión, no de exclusión. La vigencia por 15 años de la ley 77 solo trajo el apartheid económico. No es justo que el capital individual de los extranjeros, sea el único que valga en la economía de los cubanos.

Laritza Diversent

La revolución que da y quita

Sandra hace 6 meses que vive en Ciudad de La Habana con su padre. Tiene 24 años y es maestra emergente de primaria. Trabajaba en su ciudad natal, Holguín; pero dejo la educación porque el salario no le alcanzaba. Ahora vende pastelitos en los portales de la Calle Monte.

Sandra estaba ahorrando para comprarse una casita. Pero la policía la atrapo cuando vendía dulces. Le pusieron una multa por especulación. Luego, la montaron en un tren de regreso a su provincia, por residir en la capital sin habérsele reconocido eses derecho. Fue víctima de la aplicación del Decreto-Ley 217 de 22 de abril de 1997, que establece las “Regulaciones Migratorias Internas para la Ciudad de La Habana“.

La disposición restringe la libertada de movimiento de los cubanos; proveniente de otros territorios del país. Impide que residan, domicilien o convivan, con carácter permanente y sin autorización, en la capital. La norma también se la aplica a los ciudadanos, provenientes de otros municipios de la capital, que se domicilien en una vivienda ubicada en los La Habana Vieja, Centro Habana, Cerro y Diez de octubre, sin la correspondiente licencia.

Sandra tiene que pedir permiso al Presidente del Consejo de Administración Municipal para vivir en la capital. Antes debe acreditar ante la Dirección Municipal de la Vivienda el consentimiento expreso de su padre, como propietario de la casa. Necesita, además, un documento expedido por la de la Dirección Municipal de Arquitectura y Urbanismo, que certifique que la vivienda cumple las condiciones mínimas de habitabilidad, y que cada conviviente tiene 10 metros cuadrados de superficie techada.

Aun cumpliendo todos los referidos trámites burocráticos, el problema de la joven no está resuelto. La decisión, afirmativa o negativa del Presidente Municipal, depende de la opinión que consta en un expediente que elaboraba al respeto, por la Dirección Municipal de la Vivienda.

Inútil es, que la Constitución de la República en su artículo 43, faculte a Sandra, como ciudadana cubana, a domiciliarse en cualquier zona o sector. Derecho, que según el precepto, fue conquistado por la Revolución, y si ella te lo da, también tiene la facultad de restringirlo.

Los “dirigentes históricos”, concentrados todos en el Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros, se sintieron con la facultad de promulgar una disposición, que restringe un derecho ciudadanos. La vigencia del decreto 217, prueba que el gobierno cubano y sus líderes, no tiene voluntad de cambios positivos. Mientras tanto casos como el de Sandra, comunes en Cuba, siguen sucediendo y los culpables impunes.

Laritza Diversent

Leyes que violentan derechos

El Decreto 217 regulaciones migratorias internas para la ciudad de La Habana y sus contravenciones, vigente desde hace 11 años, violenta un derecho humano reconocido en la Constitución de la República Cuba y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. El gobierno, sin embargo, alega que en nuestro sistema jurídico las disposiciones normativas vigentes complementan y establecen garantías al ejercicio de todos los derechos humanos.

La referida disposición impide, que las personas provenientes de otros territorios del país, se domicilien, residan o convivan con carácter permanente en ciudad de La Habana, libremente. No obstante la Constitución de la República en su artículo 43 establece que:

El Estado consagra el derecho conquistado por la Revolución de que los ciudadanos, sin distinción de raza, color de la piel, sexo, creencias religiosas, origen nacional y cualquier otra lesiva a la dignidad humana:… se domicilian en cualquier sector, zona o barrio de las ciudades y se alojan en cualquier hotel;…

El precepto tiene relación con el artículo 13.1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos que establece que Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado. Instrumento jurídico internacional de la que Cuba es parte desde 1948, y que se comprometió a cumplir.

El Decreto 217, fundamento su promulgación y vigencia, en un principio universalmente reconocido. En su segundo ‘Por cuanto’ alega que:

En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará sujeta a las limitaciones establecidas por la ley, con el fin de asegurar el reconocimiento y el respeto por las libertades de los demás, y de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y el bienestar general.

Aunque no lo reconoce textualmente, dicho principio se corresponde, salvo la omisión de algunas palabras importantes, con el artículo 29.2 de la Declaración Universal que dice que:

En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, y de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática.

Bajo tal fundamento, el Comité ejecutivo del Consejo de Ministros, vio la necesidad de que se establecieran normas que regulan y coadyuven a garantizar, no solo el derecho de las personas el propósito de domiciliarse, residir o convivir con carácter permanente y se trasladen desde otro territorios hacia ciudad de la habana, sino también el de los que ya tengan legalmente establecida su residencia en ella.

Es evidente que este órgano al promulgar el Decreto 217 de 22 de abril de 1997, limita una facultad humana bajo el fundamento que garantiza otra. No obstante que el artículo 30 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos especifica que:

Nada en la presente Declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al Estado, a un grupo o a una persona para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendentes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta Declaración.

En el sistema jurídico cubano hay leyes que violentan derechos humanos reconocidos internacionalmente. Ninguna de ellas se menciona en los informe, que el gobierno presenta, en el Consejo de Derechos Humanos.

Laritza Diversent

¿Manipulación anticubana?


Guillermo no puede vivir en la casa de su madre, porque no tiene la dirección de la misma. La Oficina del Registro de Direcciones de su municipio, no le da autorización para domiciliarse en el lugar. El inmueble no tiene el espacio, que por ley, se exige por conviviente.

El Decreto-Ley 217 de 1997, que establece las “Regulaciones Migratorias Internas para la Ciudad de La Habana”, le impide moverse por Ciudad Habana con libertad. En tres ocasiones, en contra de su voluntad y bajo la amenaza de una multa e incluso de prisión, las autoridades policiales de la capital, lo montaron en un tren con destino hacia Santiago de Cuba, su provincia natal.

Por su parte, las autoridades de inmigración, a Paulo, le negaron el permiso de salida del país. A José, un cubano residente en Estados Unidos, que hace cinco años salió ilegal del país, le negaron el permiso de entrada. A Manuel, otro cubano que reside en España de vista en la isla, lo deportaron por querer regresar y recobrar su residencia.

La Ley Núm. 989 de 5 de diciembre de 1961 y la ley 171 de 1976, de Migración y Extranjería, autorizan al Ministerio del Interior a regular los permisos de entrada y salida de los ciudadanos al país. Las autoridades de inmigración y extranjería están subordinadas a este ministerio.

Periódicamente Cuba informa al Consejo de Derechos Humanos, la situación de los mismos dentro de la isla. Alega que su sistema jurídico los garantiza y mencionan las normas que desarrollan y complementas la formulación constitucional de los mismos. Sin embargo, omite las disposiciones, emanadas por los órganos estatales, que se contraponen a los dictados de la Constitución de la República y violan los derechos en ella reconocida.

No importa que Cuba, legalmente violente el artículo 13 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que reconoce que “Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado y a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país”.

El Consejo de Derechos Humanos alaba “los significativos resultados alcanzados por el pueblo y el gobierno cubanos en la promoción y protección de todos los derechos humanos para todos”. Un órgano, que según Cuba, debe sustentarse en los principios de universalidad, objetividad, imparcialidad y no selectividad.

Si a este órgano de las Naciones Unidas, le es intrascendente la situación de los derechos humanos en Cuba ¿A quién le interesa entonces, lo que sufra Guillermo, Paulo, José, Juan y los millones de cubanos, que se les restringe sus libertades? ¿De qué hablamos, del derecho de un grupo de dirigentes que para mantenerse en el poder, restringen y violentan las libertades de sus gobernados, o del derechos de millones de persona, que anualmente huyen del sistema por cualquier medio? Incluso, arriesgan y pierden su vida en altamar.

Es una vergüenza, una total hipocresía y doble moral, que la mayoría de los Estados y Organizaciones No Gubernamentales que intervienen en el Consejo de Derechos Humanos de Las Naciones Unidas, reconozcan al gobierno de Cuba como defensor de las libertades de los hombres.

Vuelvo a preguntar: ¿A quién le importa que una ley 88 legalice la represión y prohíba la libertad de prensa? ¿Ignorar estos hechos, es respetar la dignidad humana? ¿Esa es “La verdad no…silenciada”, de la que se vanagloria el diario Granma, órgano del Partido Comunista de Cuba? Al contrario, eso sí es “manipulación anticubana del tema de los derechos humanos en Ginebra”.

Laritza Diversent

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