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Archive for 29 julio 2010

¿Liberación o destierro? (II)

Hablar de liberación a través de tercero, también reportas ventaja. Principalmente, porque la Iglesia católica de Cuba ni el representante del Estado español, tienen la facultad de pronunciarse acerca de los medios legales que se utilizará para ellos.

Analizando la realidad actual, La responsabilidad penal de los prisioneros de conciencia, según la legislación penal, podría extinguirse por amnistía, indulto o sentencia absolutoria dictada en procedimiento de revisión.

Si realmente hubiese una intención de liberar, el Consejo de Estado emitiría una nota oficial en la que, a propuesta de su presidente que es a su vez, el Jefe del Estado y del Gobierno de la República de Cuba, indultaría a todos los prisioneros arrestados y enjuiciados en el 2003.

La Asamblea Nacional también podría hacer su parte. El ‘Órgano supremo del Estado cubano’ podría acordar, en su sesión, convocada para el próximo 1ro de agosto, una amnistía general para todos los presos políticos. Esa facultad se la reconoce la Constitución de la República.

Incluso, ambos órganos estatales podrían hacer más. El parlamento puede declarar inconstitucional la Ley No 88 de 1999 “De protección independencia y la economía nacional. Disposición legal por la que fueron enjuiciados el grupo de los 75 disidentes, que violenta y restringe, el derecho de expresión, opinión e información.

El Consejo de Estado también tiene la potestad de ordenar al Tribunal Supremo, realizar un procedimiento especial de revisión y absolver a los encausados en la ‘Primavera Negra’ del 2003. Constitucionalmente tiene la facultad de impartir instrucciones a este órgano de justicia.

El análisis nos lleva a una conclusión: El hecho de que se hable de liberación, pero no de las acciones a través de las cuales deben formalizarse legalmente, hace suponer que el gobierno cubano intenta encubrir la salida forzosa del país de los 52 presos políticos. Acto ilegitimo y violatorio de los derechos de estas personas.

Ningún acto gubernamental, tiene amparo legal, para forzar a un nacional a abandonar el país. Los cubanos no pueden ser desterrados de su propia tierra.

Laritza Diversent

Demasiada incertidumbre para cantar victoria

Recientemente el Arzobispado de La Habana, anunció la liberación de 52 presos políticos en el transcurso de tres a cuatro meses. Un hecho bastante extraño para tratarse de un Estado laico. Por su parte, Miguel Ángel Moratinos, Ministro de Asuntos Exteriores de España, declaró a la prensa, que los liberados viajarán a su país, y una vez fuera de Cuba, necesitarán una autorización gubernamental para regresar, mientras que sus familiares podrían hacerlo las veces que lo deseen.

No nos llamemos a engaño. No deben confundirse un gesto humanitario, con voluntad de cambio. Si los liberados, necesitan autorización para regresar a la Isla, entonces, el gobierno no tiene la más mínima intención de eliminar las restricciones a la libertad de movimiento de sus ciudadanos ¿Es esto una avance en materia de derechos humanos?

Si no eliminarán el permiso de entrada, significa que continuarán confiscando las propiedades de los emigrantes cubanos, medidas impuestas por la misma disposición jurídica, Ley No 989 de 1961, que además dispone el abandono definitivo.

Moratinos, también dijo, que el gobierno isleño se comprometió a no ‘expropiar’ las viviendas en Cuba de los opositores, entre otros derechos, que tampoco especificó. Quedan latentes algunas dudas ¿Bajo qué supuestos legales el Estado cubano realizará las concesiones?

El gobierno declara el abandono definitivo y precede a confiscar las propiedades de los nacionales, que decidan residir permanentemente fuera del país. El permiso de residencia en el exterior, se otorga a los cubanos que hayan contraído matrimonio con extranjeros, que no es el caso que no ocupa.

¿Habrá una formulación legal al respecto? ¿Qué garantías tienen estas personas, que una vez en el exterior, el gobierno cumpla un compromiso expresado a través del representante de un Estado extranjero? ¿Quién los compelerá a cumplir? ¿Qué pasara cuando esgriman los principios de soberanía estatal y no injerencia en los asuntos internos? Demasiada incertidumbre para cantar victoria.

Laritza Diversent

Categorías:Excarcelación, Mi Isla

¿Liberación o destierro? (I)

El anuncio de la liberación de 52 prisioneros políticos fue calificado por algunos como una “gran noticia”, otros reaccionaron con cautela y hasta desconfianza. Sin embargo, no quedó claro, bajo que supuestos legales, se producirían estas excarcelaciones, calificada como las más significativa ocurridas en la isla, desde hace mucho tiempo.

No puede hablarse de liberación, mientras los hechos no estén respaldados por una acción legal por parte del gobierno. Sin estas, la salida del país de los prisioneros, sería forzosa. En otras palabras, estaríamos ante un destierro.

Partamos de un punto para entender el caso que nos ocupa: la situación procesal de los liberados. Ni la licencia extrapenal ni la libertad condicional extinguen la responsabilidad penal. En este sentido, sería conveniente prever los riesgos de extinguir la sanción, fuera de prisión pero dentro del territorio nacional. El menor de ellos es, regresar a la misma, bajo cualquier excusa.

Visto así, no es difícil entender porque los parientes de los presos políticos prefieren salir del país. Según la nota del Arzobispado de la Habana, en el proceso de excarcelación, se tomó en consideración, las propuestas expresadas previamente al cardenal Jaime Ortega, por los familiares de los reos. Lo que está en duda es, si la propuesta realmente partió de ellos.

Pensemos un momento como gobierno, sin entrar en detalle acerca del orden de prioridad de las motivaciones: Un escenario internacional hostil desde el punto de vista económico, por la crisis financiera, y aislamiento político, por la presión internacional exigiendo la libertad de los presos de conciencia y el respeto de los derechos humanos dentro de la isla.

El hecho en sí, le es beneficioso en el escenario interno, cada vez más convulso debido a la precaria situación económica. Mujeres vestidas de blanco caminado en silencio por las calles, gladiolos en mano, soportando ofensas y vejaciones, exigiendo la liberación de sus esposos e hijos, no constituyen un ejemplo de conducta social deseable para las autoridades.

Agreguemos que, la liberación y salida definitiva del país de los prisioneros junto a sus familiares, les quitaría de encima al grupo de féminas, las renombradas ‘Damas de Blanco’. Estas, se negaron la oportunidad de convertirse en un movimiento, cuando hicieron distinción con las ‘Damas de Apoyo’. Después de las excarcelaciones, el fin para el que se asociaron dejará de existir.

Luego, tampoco seria de agrado, que la población valorara positivamente a un grupo de ciudadanos o familias, que se les enfrentó, resistió y camina libremente por las calles para contarlo. Presionar para que abandonen el país, es lo más conveniente.

Laritza Diversent

Escenario en penumbras

La excarcelación de 52 presos políticos, condenados a penas de entre 6 y 28 años en el 2003, causó, por una parte, júbilo, y por otra, escepticismo. El Arzobispado de La Habana emitió un comunicado y Miguel Ángel Moratinos, ministro de Asuntos Exteriores de España, dio declaraciones a la prensa. Sin embargo, faltó la nota oficial del gobierno al respecto. Evidentemente el escenario queda en penumbra.

Según Moratinos, no existen razones para mantener la “Posición Común” europea, después de las excarcelaciones. Dijo sentir satisfacción por “la posibilidad de zanjar definitivamente la cuestión de los presos”, cuando en realidad se resuelve una situación circunstancial. El tema de los derechos humanos en la isla, no se resume exclusivamente a la liberación de los presos políticos. Tampoco.

Sobresale cierta ingenuidad por parte del Ministro Relaciones Exteriores de España. Tal vez solo se preocupe por resolver el presente inmediato, que beneficia exclusivamente al gobierno de la Isla. Hasta el momento la dirigencia histórica no ha hecho público su compromiso ni dio garantías de cumplimiento.

Para nadie es un secreto que el ministro español pidió una prórroga hasta septiembre, a sus homólogos de la Unión Europea, para decidir si se reafirmaba o derogaba la Posición Común, que desde 1996, condiciona la relación con Cuba al avance en derechos humanos.

¿A caso no importa el futuro de los cubanos? ¿Qué pasará después, si por el gesto del gobierno cubano se modifica la “Posición Común”? No se trata de empañar el proceso de excarcelación. Reconozco es un paso positivo, pero en nada representan una mejoría en materia de derechos humanos. No mientras estén vigentes leyes, que penalizan el ejercicio de la libertad de expresión y opinión.

No obstante, resulta sospechoso, que un Estado declarado constitucionalmente como laico, se pronuncie a través de la iglesia católica. Mucho más que un representante de un Estado extranjero, se convierta en portavoz del gobierno de la isla, cuando éste en su política exterior, es intransigente con el principio de soberanía estatal y la no injerencia en los asuntos internos.

Laritza Diversent

Prospera demanda contra Ministra de Justicia

El Tribunal Provincial Popular de Ciudad Habana respondió, el pasado 7 de julio, al grupo de abogado independiente, que interpuso demanda contra la Ministra de justicia, María Esther Reus González.

En la respuestas, emitida con retraso por exceso de trabajo en la Sala, el juez, Lic. Alfaro Guillén, y lo jueces legos, Núñez Valdés y Figueredo Ramos, exigen a los miembros de la Asociación Jurídica Cubana (AJC), modificar los términos de redacción de la petición judicial, en un plazo de 10 días.

El tribunal consideró “improcedente”, que el Lic. Wilfredo Vallín, Presidente de la organización, actué a nombre y en representación de una persona jurídica, que no se encuentra en la actualidad constituida. El escrito exige al letrado, que promueva nuevamente la acción, en nombre propio.

El sistema legal cubano, no considerará asociación, a la agrupación que no aparezca inscrita en el Registro de Asociaciones. La legislación prevé sanciones hasta 3 meses, a la persona afiliada a una organización no inscripta. El castigo se triplica para los promotores o directores de una asociación ilícita.

Por su parte, la Ley de Asociaciones (Ley 54 de 27 de diciembre de 1985) y su reglamento, no impone formalidad legal alguna, para crear una asociación. Es suficiente que se agrupen los interesados para la consecución de un fin. Luego estas deben solicitar ser reconocida por el Estado, como persona jurídica.

El máximo órgano de justicia de la capital, exige además, la reformulación de los hechos de la demanda. No acepta el término “denegación de autorización para Constitución de Asociación”, por considerarlo incoherente. Alega que el MINJUS, no contestó a una solicitud de certificaciones.

El 7 de abril de 2009, AJC solicitó al Registro de Asociaciones del MINJUS, certificara que no existía en el país ninguna Organización No Gubernamental (ONG) con el mismo nombre y propósitos de la asociación de letrados. El documento es imprescindible para continuar los trámites de constitución legal del gremio.

La institución estatal, no emitió la certificación. En marzo de 2010 el grupo reiteró la solicitud y tampoco recibió respuesta. Los abogados, en Recurso de Alzada ante la Ministra, Reus González, elevaron queja por quebrantamiento de la formalidad legal exigida, que igualmente fue ignorada.

Los abogados interpusieron demanda, el pasado 24 de junio, ante la Sala Segunda de lo Civil y lo Administrativo del Tribunal Provincial de la capital, contra la Titular de Justicia, por denegación de la autorización (silencio administrativo) para la constitución legal del gremio.

La petición judicial fue radicada en el Tribunal, bajo el número de expediente 338 del 2010, el 29 de junio. La misma intenta impugnar la decisión adoptada por el Departamento de Asociaciones del MINJUS. Es la primera vez que una organización disidente, interpone demanda contra un representante del gobierno.

Laritza Diversent

Categorías:Mi Isla
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