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Archive for 21 septiembre 2010

El gobierno cubano se hace el sueco con los pactos de derechos humanos

21 septiembre, 2010 11 comentarios

Mientras la Unión Europea y Estados Unidos condicionan sus relaciones con el gobierno de la isla, a un progreso de los derechos humanos, el Estado cubano guarda silencio sobre la ratificación de los pactos internacionales en esa materia.

El 28 de febrero de 2008, cuatro días después que Raúl Castro asumiera el poder, el destituído canciller Felipe Pérez Roque, firmaba en Nueva York el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

¿Hubo una intención o fue una simple estrategia?

Les explico. Desde diciembre de 1966, estos dos Pactos están abiertos a la firma y ratificación de todos los estados miembros de las Naciones Unidas. La Habana los firmó hace dos años, pero todavía no los ha ratificados. La reacción internacional fue positiva. Dio la impresión de que al firmarlos, el renovado gobierno salía del aislamiento y se garantizaba legitimidad. Incluso se habló de posibles cambios dentro del cerrado sistema cubano y de la visita a Cuba de Manfred Nowak, relator especial del la ONU contra la tortura. Pero ni se produjeron cambios ni el relator pudo viajar a visitar las cárceles en la isla.

A golpe de anunciar (y no cumplir) el levantamiento de prohibiciones, el gobierno logró el cese de las sanciones de la Unión Europea y un diálogo privado, sin resultados, sobre derechos humanos. Sin embargo, hasta la fecha, el Estado cubano no ha dado su consentimiento para contraer obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.

¿De quién depende la decisión?

La Constitución cubana de 1976 y el Decreto–Ley 191/99, regulan el procedimiento interno para la ratificación de tratados internacionales. En el trámite deben integrarse las respectivas decisiones o acuerdos del Consejo de Ministros y del Consejo de Estado. El primero aprueba, el segundo ratifica. No se conoce ningún otro país en el cual el visto bueno del gobierno esté dividido en dos actos.

Al ser distinto el procedimiento en Cuba, el Ministerio de Relaciones Exteriores tiene que esperar por ambos consentimientos, el de los Consejos de Estado y de Ministros, y luego elaborar el instrumento de depósito o nota diplomática para ratificar los Pactos en la ONU.

¿A qué se debe la demora?

Según especialistas consultados, los dos Pactos no han sido ratificados porque la vigencia en el país de estos instrumentos jurídicos internacionales, son vistos como una amenaza para la dinastía de los hermanos Castro. Y es que los Estados, al ratificar estos Pactos, se comprometen a adoptar las medidas oportunas para dictar las normas legislativas necesarias que hagan efectivos los derechos civiles, políticos, sociales y económicos de sus ciudadanos.

Eso significaría que el gobierno cubano tendría que realizar importantes reformas en su sistema legal. Tendría que derogar, por ejemplo, la Ley 88 (ley mordaza), que impide la libertad de expresión.

También abolir la Ley 989 de diciembre de 1961, que impone los permisos de entrada y salida del territorio nacional, así como el abandono definitivo y la confiscación de bienes de los emigrantes. Igualmente eliminar el Decreto 217, que regula la migración en Ciudad de la Habana, y prohíbe a los residentes de otras regiones, domiciliarse en la capital.

La vigencia de los Pactos exigiría reformar la Constitución de la República, que penaliza el ejercicio de los derechos que se oponen a la existencia y fines del Estado socialista. Implicaría además, una seria modificación del sistema político, sobre todo lo relativo a la existencia de un partido único. La Constitución reconoce al Partido Comunista de Cuba (PCC), como la “fuerza dirigente superior de la sociedad y el Estado”. Este reconocimiento incluye también la ideología.

El pluralismo político está legalmente prohibido. El PCC no admite igualdad con otros partidos, ni reconoce legitimidad a ninguna ideología diferente. La Ley de Asociaciones tampoco contempla la existencia de otras organizaciones políticas. Las actuales normas y particularidades del sistema jurídico cubano contradicen los principios sostenidos por el Pacto de los derechos civiles, que reconoce la libertad de opinión, movimiento y asociación.

La demora en estas ratificaciones ante las Naciones Unidas, es responsabilidad del gobierno cubano. El motivo principal de la demora lo resume un abogado independiente: “Si el régimen ratifica y pone en vigor los Pactos internacionales sobre derechos humanos, estaría comprando soga para su pescuezo”.

Lo que el defenestrado Pérez Roque firmó en Nueva York en 2008, fue sólo una estrategia de distracción del gobierno cubano para ganar tiempo político. Laritza Diversent

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Filtros aduanales

11 septiembre, 2010 8 comentarios

Los cubanos que opinan públicamente respecto al gobierno, están condenados a sufrir el decomiso. La Aduana Postal y Envíos (APE), entidad perteneciente a la Aduana General de la República (AGR), tiene un filtro de incautación para envíos del exterior, aplicable a los disidentes.

En menos de 2 meses, al referido órgano estatal me decomisó dos envíos precedentes de los Estados Unidos. El más reciente se me notificó el pasado 13 de agosto, por medio de la Resolución de Decomiso No 1209 de 29 de julio de 2010 y un Acta de Retención y Notificación, ambos documentos firmados por Danny Samada Rivero, Inspector de Control de Aduana.

Si te pasa una vez, puede tratarse de una casualidad. Una segunda sería ensañamiento; pero si otras personas con tus mismas inquietudes políticas sufren lo mismo, entonces, se trata de una estrategia estatal. Una forma sutil de castigar a los que se atreven cuestionar el sistema.

No hay dudas, la medida administrativa tiene un trasfondo político. No por coincidencia se aplica desde hace varios meses en el decomiso envíos procedentes desde el extranjero a varios discrepantes del gobierno, entre los que se encuentra la autora del blog “Generación Y”, Yoanis Sánchez.

Según Samada Rivero, el contenido del paquete atentaba contra los intereses generales de la nación. Dispuso su decomiso aparándose en la Resolución No 5-96, del Jefe de la AGR. La primera fue aplicada por medio de la Resolución de Decomiso No 978, el pasado 8 de junio. En esa ocasión Raimundo Pérez García, Inspector de Control de Aduana, incautó el envío argumentando las mismas razones y fundamento legal.

La Resolución No. 5 de la AGR, vigente desde 1996, permite la aplicación dentro del territorio nacional, del Convenio internacional sobre la represión de la circulación y trafico de publicaciones obscenas.

La norma prohíbe la importación mediante envíos, de “cualquier objeto cuyo contenido sea considerado contrario a la moral y las buenas costumbres o que vayan contra los intereses generales de la Nación”. Dispone además, que los productos decomisados se entreguen al organismo correspondiente del Ministerio del Interior.

En ambas resoluciones los Inspector de Control de Aduana, Samada Rivero y Pérez García, omitieron explicar en qué modo afectaban los artículos importados los intereses generales de la nación. La mayoría; productos de los de aseo, sanitario y de oficina, de uso generalizado, doméstico y cotidiano; están en venta en los establecimientos comerciales estatales y en tiendas recaudadoras de divisa, dentro del territorio nacional.

A finales de julio, interpuse recurso de apelación ante el jefe de Aduana Postal y Envío, solicitando la anulación la primera resolución decomiso. El pasado 17 de agosto, se me notificó la Resolución de Apelación No 231 de 2010, que declaraba sin lugar mi pretensión.

El funcionario, Raúl Gómez Badía, máxima autoridad del organismo estatal actuante, consideró correcta la medida aplicada por el inspector aduanal, Raimundo Pérez García. La decisión agotada la vía administrativa y abre la judicial. Mi próximo paso será hacer valer mis derechos ante los tribunales de justicia revolucionarios.

Tal vez, la nueva ofensiva tenga otro objetivo. Destruir los tibios intentos por restablecer las comunicaciones entre Cuba y Estados Unidos. Los productos fueron importados desde país norteño, a través de la agencia “Servicio Postal Universal” de la Oficina de Cambio Internacional (OCI). En septiembre de 2009 representantes cubanos y norteamericanos iniciaron conversaciones para normalizar el servicio de correo postal entre ambos países.

Por otra parte, los filtros aduanales de decomiso demuestran que los intereses políticos de los que dirigen el país, se equiparan a los intereses de todos los cubanos. Igualmente se castiga, aplicando extraordinaria y arbitrariamente la legislación vigente, a un grupo de ciudadanos, que manifiestan públicamente su sentir sobre el gobierno.

Laritza Diversent

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El Silencio administrativo en la vía judicial

10 septiembre, 2010 49 comentarios

 

La Constitución de la República de 1976, reformada en 1992, en su artículo 63 establece que “Todo ciudadano tiene derecho a dirigir quejas y peticiones a las autoridades y a recibir la atención o respuestas pertinentes y en plazo adecuado, conforme a la ley”.

¿Qué pasa si la autoridad guarda silencio ante una solicitud ciudadana amparada en el ejercicio del derecho de petición?
El interesado puede entender desestimadas su solicitud, por silencio administrativo (silencio negativo).

Los actos administrativos producidos por silencio se pueden hacer valer tanto ante la administración pública como ante los tribunales. Los mismos producen efectos desde el vencimiento del plazo máximo en el que debe dictarse y notificarse la resolución expresa (o intentarse en forma su notificación), sin que la misma se haya producido.

Los plazos para interponer los recursos se han de computar desde el vencimiento de plazo máximo para resolver y notificar.

Ley de Procedimiento Civil, Administrativo y Laboral, vigente en Cuba desde 1977, reconoce el derecho de los ciudadanos, que no reciban respuesta a interponer demanda contra la autoridad administrativa que no resuelva cualquier recurso dentro del plazo legal. El interesado podrá considerar desestimada su solicitud y al efecto de establecer frente a esta denegación, el correspondiente recurso.

Sin embargo, el procedimiento está prácticamente en desuso en la isla, provocado, de una parte por el desconocimiento legal que padecen los cubanos, de otra, pocos abogados se atreven a llevar adelante una demanda contra un representante gubernamental.

Nota: para proceder en la vía judicial es necesario agotar la administrativa (recurrir a todas las instancias a todos los niveles posibles)

Representante legal de Ministra de Justicia, se persona ante el tribunal

9 septiembre, 2010 3 comentarios

El pasado 10 de agosto, el Doctor Diego Fernando Cañizares Abeledo, especialista de la Dirección de Legislación y Asesoría del Ministerio de justicia (MINJUS), se personó ante Sala Segunda de lo Civil y lo Administrativo, del Tribunal Provincial de Ciudad Habana, a nombre y en representación del Ministra de Justicia, María Esther Reus González, por la demanda administrativa establecida por el Licenciado Wilfredo Vallín Almeida, por silencio de la Administración, generado del ejercicio del derecho de petición reconocido en la Constitución de la República.

El Abogado, en su escrito, calificó de “desatinada” la reclamación hecha. En su opinión, el demandante, Lic. Vallín Almeida, escogió “un camino equivocado jurídicamente, no sabemos, con qué fines concretos”, argumentó. Según su criterio el presidente de la Asociación Jurídica Cubana debió intentar el reconocimiento de su derecho a través de la Ley de Asociaciones y sin que el Ministerio de Justicia tuviera obligatoriamente que indicarle algo por escrito.

El Licenciado Wilfredo Vallín Almeida, presidente de la Asociación Jurídica Cubana, un gremio de abogados disidentes, solicitó al Registro de Asociaciones del MINJUS el 7 de abril de 2009, en representación de su organización, certificara que no existía en el país ninguna Organización No Gubernamental (ONG) con el mismo nombre y propósitos de la asociación de letrados.

El organismo estatal nunca emitió la certificación, documento es imprescindible para continuar los trámites de constitución legal del gremio. En marzo de 2010 el grupo reiteró la solicitud y tampoco recibió respuesta. Los abogados, en Recurso de Alzada ante la Ministra, Reus González, elevaron queja por quebrantamiento de la formalidad legal exigida, que igualmente fue ignorada.

Ley de Procedimiento Civil, Administrativo y Laboral (LPCAL) establece que cuando la autoridad administrativa, en cualquiera de los grados de la jerarquía, no resuelva cualquier recurso dentro del plazo legal o en su defecto del de 45 días naturales, el interesado podrá considerarlo desestimado, al efecto de establecer frente a esta denegación presunta, el correspondiente recurso.

Cañizares Abeledo, designado por la Resolución ministerial No 215 de 6 de agosto de 2010 alegó la imposibilidad de entregar al tribunal el Expediente Gubernativo del demandante y la decisión administrativa de la titular de justicia respecto al interés atendible del demandante, Lic. Vallín Almeida, alegando que el organismo no contaba con documentos sobre el asunto.

Laritza Diversent

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Ministra de Justicia nombra representante legal

9 septiembre, 2010 4 comentarios

La Ministra de Justicia, María Esther Reus González, emitió el pasado 6 de agosto, la Resolución No. 215, en la que escoge dos letrados del Ministerio de Justicia (MINJUS), el Doctor Diego Fernández Cañizares Abeledo y la licenciada Nelia Caridad Aguado López, especialistas de ese ministerio, para actuar indistintamente hasta su total terminación, en el proceso administrativo interpuesto en su contra, ante Sala Segunda de lo Civil y lo Administrativo del Tribunal Provincial Popular de Ciudad Habana, por juristas independientes.

El Licenciado Wilfredo Vallín Almeida, presidente de la Asociación Jurídica Cubana, un gremio de abogados disidentes, solicitó al Registro de Asociaciones del MINJUS el 7 de abril de 2009, en representación de su organización, una certificación, que el organismo estatal nunca emitió. Reus Gonzales, designada por el Consejo de Estado en marzo de 2007, está facultada para dirigir el funcionamiento del Registro Nacional de Asociaciones, y para orientar y controlar la política gubernamental en materia de asociaciones y fundaciones.

El letrado Vallín Almeida, presentó demanda ante el Tribunal Provincial Popular de Ciudad de La Habana, por silencio administrativo ante el Recurso de Alzada que presentara contra la Ministra, y del que tampoco tuvo respuesta en el término previsto en la Ley No.54, “Ley de Asociaciones”. El pasado 28 de julio, la titular del MINJUS recibió el emplazamiento del tribunal con el objetivo que nombrara sus representantes legales.

Laritza Diversent

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Marambio no tiene porque temer

8 septiembre, 2010 3 comentarios

En el ordenamiento jurídico cubano no existe ningún procedimiento que le permita, al ex escolta del derrocado presidente Salvador Allende, declarar como acusado, ante la fiscalía chilena.

El será juzgado, según la ley cubana y dentro del territorio nacional, en persona o ausente. Si regresa a la isla, para responder por la acusación, puede contar con la posibilidad de cumplir sentencia en su país, si existen tratados al respecto entre las dos naciones.

No obstante lo anterior, la citación oficial emitida por el MININT y publicada en la Gaceta Oficial, órgano de divulgación de leyes y actos de gobierno, no cumple con los requisitos formales exigidos la ley procesal cubana. Normalmente las autoridades en Cuba en su proceder actúan por cuenta propia e irrespetan la legalidad.

En el llamamiento a Marambio se expresa el Instructor que lo dispuso; el nombre, apellidos y domicilio del citado; el motivo del requerimiento; el día en que debía realizarse la diligencia y el apercibimiento (advertencia por la no comparecencia).

Sin embargo, no expresa ni el lugar ni hora en que debe personarse el empresario izquierdista, requisitos exigidos por la ley. Tampoco fue autorizada por autoridad judicial. El precepto exige que “la diligencia de citación se hace por medio de cedula expedida por el secretario” del tribunal actuante.

En caso de que una diligencia judicial se practique sin observarse lo dispuesto en la Ley de Procedimiento Penal, esta establece su nulidad, en su artículo 86. La propia nota del MININT hace referencia al precepto. Este, al propio tiempo aclara, que si la persona citada manifiesta conformidad con la misma, surtirá la citación todos sus efectos legales.

Por último falta aclarar, si la orden de búsqueda y captura tiene repercusión internacional.

La publicación en la Gaceta Oficial de la República de Cuba, de ambas notas de requerimiento, es un requisito previo a la declaración en rebeldía y enjuiciamiento en ausencia, para el caso de los acusados que se encuentre fuera del territorio nacional.

El sistema judicial cubano prevé la continuidad de la tramitación del proceso contra el acusado declarado en rebeldía hasta su resolución definitiva, cuando se trate de delitos contra los intereses fundamentales, políticos o económicos, de la nación.

Marambio no tiene porque temer. El gobierno revolucionario no tiene la intención perseguir internacionalmente al empresario, que gracias a sus negocios en la isla, maneja un holding de empresas que mueve más de 100 millones de dólares anuales. Eso sí, sabe que no puede regresar y perderá todo lo que tenía y disfrutaba aquí.

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¿Hay en Cuba garantías para Marambio?

7 septiembre, 2010 9 comentarios

 

Otra cosa es afirmar que al propietario del International Network Group (ING) se le respetaran sus garantías. Uno de los gerentes de “Alimentos Rio Zaza”, la empresa mixta entre el gobierno cubano y Marambio, el chileno Roberto Baudrand, de 59 años, estaba detenido en su domicilio en Cuba y fue sometido a extenuantes sesiones de interrogatorio. En abril pasado apareció muerto en su departamento.

La autopsia cubana, aceptada por la familia del fallecido, aseguró que la causa de muerte fue una insuficiencia respiratoria combinada con el consumo de fármacos y alcohol. Aun quedan dudas si se trataba de una muerte accidental o un suicidio.

Respecto a la posibilidad de que el proceso penal contra Marambio se realice en parte en Chile, tengo mis dudas. El cuestionario de 21 preguntas presentado por las autoridades cubanas al comerciante, es un trámite diferente. En ese caso, sus respuestas son en calidad de testigo.

En la investigación están implicados otros directivos de sus empresas en Cuba, acusados de pagar sobornos, malversar fondos y desviar recursos al exterior. A Marambio se le vinculó en un escándalo de corrupción que involucró, al destituido director del Instituto de Aeronáutica Civil de Cuba (IACC) y General de División, Rogelio Acevedo. Lucy Leal, directora de ING, fue arrestada y es investigada.

La legislación procesal cubana prevé, que cuando el testigo resida fuera del territorio nacional, se observará lo dispuestos en los tratados, si existe entre ambos países. De lo contrario se cursara comisión rogatoria por vía diplomática, de acuerdo a las prácticas internacionales.

Las diligencias, de citación y la requisitoria, publicadas oficialmente por las autoridades cubanas, son trámites formales, no administrativos como creyeron los abogados del empresario chileno.

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