Archivo

Archive for 27 octubre 2010

Miembros de los cuerpos represivos actúan por cuenta propia

Un Estado de Derecho, se basa en la legalidad, el respeto a las libertades civiles y la igualdad jurídica. Implica también, el control judicial sobre actividad gubernamental, para romper la impunidad del Estado ante sus propios actos. Sin embargo, la ilegalidad en Cuba se ha convertido en una práctica extensiva, principalmente de los órganos estatales.

Es normal que, un policía o miembros de la Seguridad del Estado, cite a un ciudadano. Sin embargo, los únicos legalmente facultados para realizar este acto, son el instructor, el fiscal o el tribunal. Los uniformados son agentes de la autoridad, cuando más, sólo pueden realizar la entrega del documento.

Los agentes realizan, sin título legítimo, actos propios de una autoridad o de un funcionario público, atribuyéndose carácter oficial. Un delito regulado en el Código Penal, bajo el título de “Usurpación de Funciones Públicas”.

El ciudadano desconoce que, en estos casos, puede denunciar a los usurpadores, ante la fiscalía militar. Aunque difícilmente le acepten una acusación de este tipo. La impunidad en el sistema estatal, llega a niveles insospechados, al igual que el desconocimiento de los procedimientos penales.

También es común, que en la advertencia, por la inasistencia injustificada al llamamiento oficial, los agentes de la autoridad adicionen un 0 a la cifra legalmente establecida. . La ley exige, la primera vez, la imposición de una multa de 50 pesos, la segunda, procesamiento penal por desobediencia.

En el aviso, los policías y miembros de la Seguridad del Estado, advierten que la contravención es penada con 500 pesos. La ley obliga concurrir al llamamiento de una autoridad, siempre que esta cite con las formalidades legales. La cifra “inflada” es una forma de coaccionar e impedir el ejercicio de los derechos reconocidos.

La no observancia de los procedimientos penales, se derivan del exceso de poder, que otorga el estado a los órganos represivos, en detrimento de las libertades civiles y seguridad jurídica ciudadana. Hecho que permite, a los funcionarios estatales y agentes de la autoridad, ignorar las normas legales y actuar por cuenta propia.

Laritza Diversent

Proceso legal para citar oficialmente a un ciudadano

25 octubre, 2010 6 comentarios

La ley procesal regula, aunque de forma dispersa, un procedimiento para la misma. En principio la autoridad debe fundamentar, mediante resolución judicial (auto), ante el secretario del tribunal, los motivos de su decisión. Luego el funcionario judicial la firma y expide la respectiva cédula de citación. El proceso debe garantizar, que los ciudadanos, no sean molestados innecesariamente.

Según el artículo 91 de Ley de Procedimiento Penal (LPP) la citación oficial se practica, “a mas tardar, al siguiente día de dictada la resolución…en virtud de la cual se haya de hacer la citación…” Significa que el primer paso de una autoridad que pretenda citar a un ciudadano será dictar una resolución judicial.

De lo expuesto en el artículo 177 de la LPP se desprende que esa resolución judicial ha de adoptar la forma de auto: “cuando sea urgente el examen de un testigo podrá citársele verbalmente, para que comparezca de inmediato, sin esperar a la expedición de la cédula a que se refiere el artículo 86, haciéndose constar en los autos el motivo de la urgencia“.

El artículo 43 de este cuerpo legal aclara que los autos se redactan y se firman por el instructor, el fiscal o todos los jueces del tribunal, según el caso, y el secretario actuante. De ahí que el primer requisito que ha de cumplir la citación oficial es la expresión de la autoridad que la dispuso y la firma del secretario.

El cumplimiento de este requisito legal es de fácil comprobación. La Ley procesal en su artículo 35 establece que “Todo escrito que se presente o se reciba (en el tribunal) se anotará en el libro que a dicho efecto se llevara”. Por otra parte, la propia ley exige que “Las actuaciones y diligencias de la fase preparatoria se hace constar por escrito, las que integraran el expediente…” (Art. 108 Ley de Procedimiento Penal).

Conclusión: la resolución que solicita la citación a un ciudadano ha de constar por escrito en el expediente investigativo y en libro que lleva el secretario judicial, a tal efecto.

Laritza Diversent

Leyes cubanas favorecen la arbitrariedad estatal

23 octubre, 2010 5 comentarios

Son muchos los que afirman que los agentes del Ministerio del Interior no necesitan autorización judicial para citar oficialmente a un ciudadano. Sin embargo, Ley de Procedimiento Penal, aprobada por el Parlamento cubano en 1977, establece que esta diligencia se practica “por medio de cedula expedida por el secretario”, un funcionario del tribunal.

La citación oficial tiene como objetivo aclarar o comprobar un hecho delictivo en investigación. Sin embargo, agentes de la Seguridad del Estado, la utilizan para “entrevistarse” o “definir la situación” de periodistas independientes, activistas de derechos humanos, bloggeros y opositores políticos. En la generalidad de los casos, no cumplen los requisitos legales exigidos.

La ley procesal regula, aunque de forma dispersa, un procedimiento para la misma. En principio la autoridad debe fundamentar, mediante resolución judicial (auto), ante el secretario del tribunal, los motivos de su decisión. Luego el funcionario judicial la firma y expide la respectiva cédula de citación.

El proceso debe garantizar que los ciudadanos no sean molestados innecesariamente. De hecho, en la práctica, ninguna autoridad cumple este requisito legal. Aun cuando la propia ley deja bien claro que: “son nulas las… citaciones…que se practiquen sin observar lo dispuesto” por ella.

No obstante, el propio precepto aclara que, si la persona citada muestra conformidad con la misma, esta surtirá todos sus efectos, como si se practicara según lo establecido en la ley. Los ciudadanos desconocen este particular. En la generalidad de los casos aceptan como validas citaciones ilegales.

El hecho debilita la concepción del Estado de Derecho, que exige a las instituciones estatales someterse, a la hora de ejercer el poder, a formas jurídicas preestablecidas, por los representantes políticos de la sociedad (en Asamblea Nacional) y controladas por los tribunales.

En este caso la Ley de Procedimiento Penal ofrece impunidad a los órganos estatales ante sus propias acciones. Favorece además la arbitrariedad, de los que tiene la obligación de velar por el cumplimiento de la legalidad.

Laritza Diversent

Entre no idóneos y disponibles

21 octubre, 2010 8 comentarios

Trabajadores estales de la salud

Los reestructuración en el sistema empresarial y los cambios institucionales en la organización del Estado, anunciados por el gobierno y que conllevan amortización de plantillas, traen como consecuencia la declaración de disponibilidad de los trabajadores. No obstante, en el proceso se utiliza la declaración de no idoneidad, (falta de talento en el oficio) para terminar la relación laboral.

Los efectos de la declaración de falta de idoneidad y de disponibilidad, difieren. Ambas figuras están reconocidas en el Código del Trabajo (CT), como causas de terminación del contrato laborar. Sin embargo, no tienen los mismos orígenes ni tratamiento salarial.

El trabajador declarado disponible, tiene más protección en la legislación. El CT establece que, “a igual calificación se tiene en cuenta la antigüedad, y a igual calificación y antigüedad tiene mejor derecho el trabajador de mayor edad”.

Los que presentan invalidez parcial, los hombres mayores de 50 años y las mujeres de 45, no pueden ser declarados disponibles mientras en la entidad haya plazas vacantes que puedan desempeñar, de acuerdo con su calificación y capacidad laboral.

Esas condiciones no se aplican a los trabajadores declarados no idóneos. La habilidad en el oficio es un requisito relacionada con la permanencia en el puesto de ocupación. La legislación la define como “Idoneidad Demostrada”. Una valoración de la administración, que pone en tela de juico el desempeño del trabajador en su empleo. Cuando se pierde esta, la entidad estatal finaliza la relación laboral.

El disponible reubicado definitivamente, percibe el salario promedio nacional, 414 pesos mensuales (unos $17 moneda libremente convertible), o el del cargo u ocupación que pase a desempeñar, si éste es mayor. Cuando no exista posibilidad de ofrecer otra plaza, los incorpora a la construcción o a la agricultura, pero con las mismas garantías salariales.

El no idóneo, recibe el salario del puesto donde lo reubicaran. En términos prácticos, al Estado, único empleador legal, le conviene esta última opción. Tiene menos responsabilidad y garantías que enfrentar.

En caso que de no existir en la entidad la posibilidad de reubicar al ineficaz o de recalificarlo, se le garantiza su salario fijo correspondiente a dos meses, contados desde el día en que a partir de la fecha en que cesa en sus labores en el trabajo.

En el caso del trabajador declarado disponible, que injustificadamente no acepte, sólo tiene derecho a recibir la garantía salarial correspondiente al primer mes de salario fijo, momento a partir del cual termina el contrato. Con el no idóneo, se da por terminada la relación laboral, sin derecho a recibir el pago salarial.

Al declarar como no idónea la fuerza de trabajo excedente, el Estado, que dice aplicar la política de pleno empleo en el sistema laboral, se libra de de compromisos y de cumplir con las garantías legales de los trabajadores cubanos.

Laritza Diversent

Seleccionan personal idóneo

17 octubre, 2010 5 comentarios

Foto: Custodio estatal. Autor: Orlando Luis Pardo

Comenzaron, en el sector estatal, las reuniones de los dirigentes de las entidades con sus trabajadores, para informar el inicio del proceso de amortización de plantillas, que está previsto concluir en el primer trimestre del próximo año.

Las direcciones de las entidades estatales anuncian a sus trabajadores, la creación de las comisiones asesoras, encargados de la selección del personal idóneo, que se mantendrá en sus puestos. En la semana que culminó, el organismo perteneciente al MTSS, en Arroyo Naranjo, el municipio más pobre de la capital, declaró un exceso de 1300 empleados en el sector de cultura.

Los “Comités de Ingreso”, denominados así en la legislación laboral, esta integrados por trabajadores, designados de la dirección, la organización sindical, el Partido Comunista de Cuba y la Unión de Jóvenes Comunistas.

El Presidente de los Consejos de Estado y de Ministro, el General Raúl Castro, advirtió en la última sesión de la Asamblea Nacional, que la “observancia del principio de idoneidad demostrada a la hora de decidir quién merece el mejor derecho a ocupar una plaza”, sería estricta.

Según el Código del Trabajo, la administración estatales puede terminar el contrato laboral, entre otras causas, por ineptitud; falta de idoneidad o declaración de disponibilidad. La Resolución No. 8, “Reglamento General Sobre Relaciones Laborales” de mayo de 2005, emitida por Ministerio del Trabajo y Seguridad Social (MTSS), regula el tratamiento salarial en estos casos.

Las organizaciones sindicales y las administraciones, de común acuerdo, deciden las técnicas y procedimientos que utilizaran, para determinar la permanencia de los trabajadores en su empleo. Las comisiones recomiendan y el Jefe de la entidad confirmar la pérdida de la “Idoneidad Demostrada”.

Al trabajador declarado no idóneo, la administración de la entidad le propiciar su reubicación y garantiza su salario fijo correspondiente a dos meses, a partir de la fecha en que cesa en sus labores en el trabajo.

Hasta el momento la reubicaciones son en la agricultura y la construcción. Sectores en los que la falta de fuerza de trabajo es crónica y en los que la mayoría de los cubanos, se niegan a laboral. Se da por terminada la relación laboral, sin derecho a recibir el pago salarial, cuando el trabajador no acepta la oferta.

Los trabajadores se sienten inseguros. Muchos afirman que el salario estatal, aunque insuficiente, es la única fuente segura de ingresos, para el pago de la cuota de subsidiada de alimentos y el servicio eléctrico.

La mayoría de las familias, algunas con deudas con el banco por más de 10 años, pagan con un porciento de su salario, las cuotas mensualmente de los créditos recibidos por los equipos electrodomésticos de la “Revolución energética”.

Laritza Diversent

Seguir

Recibe cada nueva publicación en tu buzón de correo electrónico.

Únete a otros 3.199 seguidores