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Alcoholismo, un escape a la realidad

31 diciembre, 2010 2 comentarios

Es la tercera noche que Roger Martínez, un joven de 35 años de edad, llega totalmente ebrio a su casa. Su esposa no aguanta mas la situación, tuvo que pedirle dos huevos a la vecina para acompañar el arroz blanco de la cena de sus hijos. Mientras, se pregunta de donde su marido saca dinero para embriagarse casi todos los días.

Roger a diario sale en busca de trabajo por cuenta propia. Limpia un patio, una obra de construcción en viviendas particulares, etc. No tiene una ocupación específica, pero hace cualquier cosa para vivir el día a día. Trabajar en la calle, para él, representa más entrada de ingreso, que un salario mensual. Pero tampoco le es suficiente.

Antes, cuando recostaba la cabeza en la almohada, pensaba de qué forma iba a resolver las dificultades económicas del día siguiente: el pago de los equipos electrodomésticos que le dieron con la “Revolución Energética”, la manutención de los hijos, la comida, reparar la casa.

Ahora su situación empeoro. Para trabajar por su cuenta y riesgo, necesita una licencia del gobierno. La Oficina de Administración Tributaria de su municipio, le exige un aval del bodeguero, dependiente de los centros que reparten la cuota subsidiada, que acredite que él no es un “deudor de la patria”. De lo contrario no le darán autorización para operar como cuentapropista.

Martínez está en una disyuntiva, para trabajar legalmente tiene que saldar sus deudas con el Estado. El problema está en que no sabe como buscará, más de 10 mil pesos para pagar todos los equipos electrodomésticos de la benévola batalla de ideas. Apenas puede garantizar los alimentos de la cena de sus hijos.

No le queda más remedio que trabajar de forma ilegal e incurrir en una de las contravenciones que regula cuentapropismo. La infracción se castiga con 1200 pesos de multa por ejercer una actividad de las legalmente autorizadas, sin presentar la documentación que lo acredite como trabajador por cuenta propia.

Roger se pregunta de dónde sacara el dinero si eso sucede. Su problemática en vez de disminuir, crece. La única solución por el momento es no pensar. De todas formas la única alternativa para sobrevivir es correr el riesgo y trabajar, como dicen en la calle, por la izquierda.

Su jornada comienza a las seis de la mañana en el bar de la esquina, dándose el primer trago del día. Termina dando tumbos y hablando solo de regreso a casa. La ingestión de bebidas alcohólicas, se convirtió en el aliciente a sus frustraciones e impotencias. Un escape a la dura realidad, un remedio para no pensar.

Laritza Diversent

Directrices gubernamentales ignoran derechos de los emigrantes cubanos

29 diciembre, 2010 11 comentarios

Marta López desde hace varios años quiere emigrar hacia los Estados Unidos de América. Se apuntó en el sorteo de visas norteamericanas en 1998, pero no tuvo suerte. En el 2001 su madre fue de visita a los Estados Unidos y se quedo. La remesa que le enviaba mensualmente le permitió construir su casa. La salida del país, paso a ser su última opción.

No obstante, su madre después de hacerse ciudadana norteamericana, insiste en reclamarla. La señora López no se resignaba a perderlo todo: el tiempo, sudor y dinero invertido en edificar su casa y el sacrificio de su madre, que con 75 años trabajaba en un país extranjero sólo por ayudarla.

Las esperanzas resurgieron para Marta después de leer el proyecto de lineamientos de la política económica y social, previstos a adoptarse en el VI congreso del Partido Comunista de Cuba, en abril del próximo año. Según el punto 278, el gobierno aplicará formulas flexible para la permuta, compra venta y arriendo de viviendas.

El gobierno aclaro que los lineamientos solo trataban el tema económico, sin embargo, es imposible deslindarlo del asunto de los derechos humanos dentro de la isla, principalmente, los relacionados con los emigrantes isleños.

A pesar de que el gobierno hizo una lista de las directrices de sus política para el próximo quinquenio, ninguna explica en qué forma se aplicaran y el alcance de estas. No obstante, aumentan la expectativa en buena parte de la ciudadanía, principalmente aquella que tiene planes de emigrar, respecto a la posibilidad de vender sus casas, acto prohibido legalmente en el país hasta el momento.

Marta pregunta si eliminarán la sanción administrativa de confiscación de bienes, para los que decidan emigrar. Principalmente, las normas que impiden a los que desean salir definitivamente del país, disponer libremente de sus bienes, incluyendo sus viviendas.

El Estado cubano, que en junio pasado fue elegido vicepresidente del Consejo de Derechos Humanos (CDH) de Naciones Unidas, desde principios de la década de los 60 restringe a sus ciudadanos la libertad de movimiento, por medio del permiso de entrada y salida al país. Igualmente instrumentó disposiciones legales que impiden a los emigrantes conservar sus propiedades dentro de la isla.

Ley 989 de 5 de diciembre de 1961, vigente en el sistema legal, establece las medidas a tomar sobre los muebles o inmuebles, o de cualquier otra clase de valor, etc. a quienes abandonan con imperdonable desdén el territorio nacional. La norma, nacionaliza los bienes de los emigrantes por medio de la confiscación, sin derecho a indemnización, como si salir del país fuera un delito.

El Ministerio del Interior, el de Justicia y el Instituto Nacional de la Vivienda sincronizan maniobras para evitar que las personas que pretendan emigrar evadan las acciones confiscatorias de la ley 989. No autorizan la salida del país hasta tanto los bienes de los propietarios que emigra, no formen parte del patrimonio estatal.

Estas disposiciones también afectan las facultades de disposición sobre la propiedad personal y las regulaciones del derecho de familia. Las autoridades declaran nulas las donaciones y permutas de viviendas, sin dentro de los 4 años de autorizado el acto, uno de los involucrados presenta la solicitud de salida definitiva del país.

Si el emigrante es casado, el estado liquida la comunidad matrimonial de bienes para confiscar la parte que este le corresponde. Sin embargo, el Código de Familia vigente desde 1975, no reconoce la salida definitiva del país, como una causa que extingue la mancomunidad de bienes entre cónyuges.

Ninguno de estos temas se tocan en lo lineamientos de la política gubernamental, sin embargo nada impide que la instrumentación de las mismas se tengan en cuenta, mas cuando la migración es la principal responsable de la entrada de divisa al país.

No obstante, existen pocas posibilidades de que sean tenidas en cuentas, ya que la eliminación de estas disposiciones significa la pérdida de ingresos netos al presupuesto del Estado. Eso también lo sabe Marta López, sin embargo, aun no pierde las esperanzas.

Laritza Diversent

Cuba también tiene leyes antiinmigrantes

27 diciembre, 2010 2 comentarios

No pocas veces el estado cubano se ha pronunciado contra las leyes antiinmigrante de los países desarrollados. Sin embargo, nadie podría imaginarse que en la isla existan normas legales al estilo de la SB 1070, que aprobó el estado norteamericano de Arizona, el pasado 23 de abril y que autoriza a la policía estatal, para arrestar a las personas sospechosas de ser inmigrante ilegal.

En el 2008 la Asamblea Nacional expresó su rechazo a la Directiva de Retorno aprobada por el Parlamento Europeo, calificándola de flagrante y bochornosa violación de los derechos humanos, la Convención de los Derechos del Niño y varias normativas internacionales. Sin embargo, permite al gobierno castigar al nacional que permanezca en la capital de la nación, sin permiso.

La única diferencia entre el estado norteamericano y Cuba está en que, el primero aprobó una sola norma legal, y en la isla son varias: el Decreto 217 “De Regulaciones migratorias internas para Ciudad de la Habana” de 1997, el Decreto-Ley No. 248, “Del Sistema de Identificación y del Registro de Electores” y su reglamento, la Resolución No. 6/07 del Ministerio del Interior, ambas del 2007.

Las dos últimas consideran ilegal al ciudadano que traslade su domicilio por más de 30 días, sin efectuar el cambio de dirección y su inscripción en el Registro de Direcciones. Además exigen a los cubanos mayores de 16 años, portar y mostrar su identificación a las autoridades y sus agentes, cada vez que estos se los soliciten.

Desde 1971, el gobierno cubano controla la circulación de sus ciudadanos dentro del territorio nacional, a través de los Registro de Población y de Direcciones. Estas instituciones son dirigidas por el Ministerio del Interior, órgano estatal, encargado de controlar la migración interna y externa del país y son complementados por libro que al efecto llevan, los Comités de Defensa de la Revolución.

Por su parte el Decreto 217, impide a las personas provenientes de otras provincias, residir en ciudad de la habana, la capital del país, sin previa autorización gubernamental.

La norma emitida por el Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros, instituye un sistema de contravenciones personales que castiga con multas que van desde los 200 pesos hasta 1000 pesos moneda nacional, para los que incumplan sus disposiciones. En todo caso exige a los infractores, la obligación de retornar de inmediato al lugar de origen.

La aplicación de esta disposición también violenta la libertad personal, pues los órganos policiales tienen autorización para detener, arrestar y deportar a su lugar de origen, a las personas sospechosa de ser un ilegal en la capital. Sin embargo, ninguna norma penal criminaliza la estancia en la capital como un delito.

No cabe duda de la actitud hipócrita de un gobierno que se auto cataloga defensor de los derechos humanos y critica a la Unión Europea y a Estados Unidos, por sus políticas antiinmigrantes, cuando restringe severamente a sus nacionales la libertad de circulación dentro de la isla.

Sueños que cuestan

25 diciembre, 2010 6 comentarios

José a sus 35 años sueña con manejar un Audi descapotable color plateado. Tiene los ojos abiertos, no le fue difícil regresar cuando su ventilador se detuvo por el apagón. El calor de la noche puso en actividad su cerebro. Pensaba en una solución para sus problemas existenciales.

Quería prosperar económicamente, pero convencido de que, cualquier cosa que inventara, lo llevaría la ilegalidad, y con ella, la posibilidad de ir a prisión. “Si fuera mexicano, arriesgaría mi vida cruzando la frontera”, dijo para sí mismo. Pero estaba en Cuba, un país que regula con rigor, la salida del país.

Ideo un plan atravesar el mar de 90 millas que lo separaba del sueño americano. Construir una embarcación rustica a la que el gentilmente llamó bote. Invitó a sus dos mejores amigo a participar de su empresa. Cada uno buscó dos tanques de hierro (55 galones), de los que comúnmente la población almacena sus reservas de agua.

Comenzaron su trabajo dentro de la sala de su casa. Primero Sellaron los recipientes con no más de 20 litros de agua dentro. Luego, los unieron entre sí con angulares, dejando entre ellos espacio para colocar neumáticos inflables de camión. Solo faltaba instalar la quilla rompe olas, cuando tocaron a la puerta.

Los nervios afloraron a la piel cuando vieron al jefe de sector, acompañado de con dos policías en un auto patrullero. Primero dijeron que los vecinos se quejaron por la bulla de martillos y motores, luego, que tenían información de que estaban construyendo una embarcación para salir del país.

Venían con una orden de registro, que ejecutaron al momento. Decomisaron aquello que poco se parecía a una barca y los condujeron detenidos hasta la estación policía. Para su sorpresa los soltaron a les cinco horas, sin ningún tipo de sanción.

Ingenuos, a los 15 días recibieron una resolución de la Capitanía de Puerto en la que le imponían una multa de 3 000 pesos moneda nacional, por construir una embarcación sin autorización.

La infracción, calificada de muy grave, está tipificada en el Decreto ley 194 de 19 de junio de 1999 “De las infracciones sobre la tenencia y operación de embarcaciones en el territorio nacional”, complementado por la Resolución No 2 de 7 de diciembre de 1999 del Ministerio del Interior que establece procedimiento para su aplicación.

La norma emitida por el Consejo de Estado, tipifica 14 infracciones calificadas de leves, graves y muy graves, sancionables con multas que van desde 500 pesos hasta 10 000 pesos, incluyendo la posibilidad de aplicar subsidiariamente la sanción de decomiso. La Capitanía de Puerto es la autoridad facultada para aplicar las medidas sancionadoras.

José adicionó a sus ya agobiantes problemas económicos, una multa que supera lo que podría ganarse legalmente, en un año. Dicen que soñar no cuesta nada, pero intentar hacer realidad un sueño, puede salir muy caro.

Leyes cubanas destruyen principio de inocencia

23 diciembre, 2010 9 comentarios

“Se presume inocente a todo acusado mientras no se dicte fallo condenatorio contra él”. El principio es regulado internacionalmente en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pero para el Estado cubano es intrascendente, a pesar de haberse comprometido en 1948 a respetar los derechos en ella contenida.

A la hora de legislar, no tiene en cuenta el respeto de los más elementales derecho, lo importantes es aplicar ‘medidas drásticas y ejemplarizantes’, contra aquellos que osen aprovecharse de las conquistas de la “Revolución socialista”. Mucho menos se detiene a reflexionar en las garantías que en la constitución estatal se obligo ofrecer.

En el 2003 el Consejo de Estado, presidido por el convaleciente Fidel castro, puso en vigor el Decreto Ley 232, que impone a los propietarios la confiscación o pérdida de derecho, por vía administrativa, sobre las viviendas o locales, cuando en ellas se practiquen actos de corrupción, prostitución, proxenetismo, trata y tráfico de personas, pornografía, corrupción de menores, etc. Se aplica también a los propietarios que arriende su inmueble sin autorización legal.

La aplicación de esta disposición parte de que “la propiedad de los ciudadanos sobre la vivienda y las tierras, constituye el resultado de la obra revolucionaria en beneficio del pueblo trabajador”. Declarando inaceptable que personas inescrupulosas se aprovechen de los botines socialistas para lucrar y enriquecerse personalmente.

Visto así el consejo de estado facultó a la Dirección Provincial de la Vivienda a disponer la confiscación de los inmuebles propiedad personal, en estos casos. El procedimiento es sencillo. La Fiscalía o el Ministerio del Interior tienen la obligación de enviar las investigaciones penales al órgano administrativo, y este, luego de 7 días, dicta la resolución confiscatoria.

No pongo en duda la necesidad de “combatir con mayor rigor y energía” estos males. No obstante, es inaceptable que en la represión de estas conductas se violen garantías humanas, como lo es el principio de presunción de inocencia. El decreto Ley 233 se aplica independientemente de lo que al respecto determine un tribunal en un proceso penal.

Si los procesados en virtud de esta disposición, son declarados culpables en la vía judicial, resultan doblemente sancionados. Pierden su libertad y también sus bienes. Si son declarados inocentes, son castigados sin motivo alguno.

En todo caso hay una violación de los derechos fundamentales. Las víctimas de esta disposición no cuentan con un recurso efectivo ante los tribunales nacionales, que la ampare contra actos de la administración, que violen su derecho reconocidos por la Constitución Estatal de la isla, que “garantiza la propiedad sobre la vivienda que se posea con justo titulo de dominio”.

Los afectados por el Decreto Ley 232, cuentan con tan solo 3 días, después de la notificada la resolución confiscatoria, para impugnar, por medio de la revisión, ante el Presidente del Instituto Nacional de la Vivienda, hecho que no interrumpe la ejecución de la confiscación.

La Ley de Procedimiento Civil, Administrativo y Laboral prevé un proceso contencioso administrativo contra actos y decisiones de los Organismos de la Administración Central del Estado que violenten derechos ciudadanos. Sin embargo, la disposición emitida por el Consejo de estado, no permite recurrir la decisión del máximo dirigente del Instituto Nacional de la Vivienda, ni en la vía administrativa ni en la judicial.

El ejercicio de derechos humanos en Cuba, son restringidos y violados por las leyes. El decreto ley 232 es un ejemplo de ello. En su aplicación destruyen el principio de inocencia y también coloca al ciudadano en estado de indefensión.

Reajuste económico en detrimento de los derechos

19 diciembre, 2010 24 comentarios

 

El gobierno cubano recientemente lanzo su proyecto de lineamientos de la política económica y social, para ser aprobados en el próximo congreso del Partido Comunista de Cuba, previsto celebrarse en abril del 2011. Al parecer en los próximos 5 años, el tema de los derechos fundamentales de los cubanos estará fuera de la agenda estatal, principalmente los derechos laborales.

En Cuba el sistema económico se basa en la “propiedad estatal socialista de todo el pueblo” sobre los medios fundamentales de producción. En la nueva actualización del modelo económico, se toman una serie de medidas para eliminar subsidios, gratuidades y tratamientos paternalistas, pero no se mencionas las garantías ciudadanos frente al poder de una administración, que es completamente irresponsable ante sus gobernados.

El Estado socialista continúa figurando como el único ente capaz de satisfacer intereses generales de la sociedad cubana, tanto en el plano individual como en el colectivo. Las nuevas políticas fortalecen sus empresas en detrimento de los derechos de los trabajadores.

Estrategia ya puestas en práctica con las recientes modificaciones legislativas llevadas a cabo por el Consejo de Estado, las que tiene como principal objetivo eliminar la responsabilidad legal del “Estado Socialista”, en la protección trabajadores disponibles, y de las empresas estatales, en la reubicación de estos.

Frente a eses exceso de poder de la administración socialista, las garantías laborales son mínimas. Las empresas estatales tiene la facultad de realizar procesos de restructuración de plantillas, hacer despidos en masa y cuestionar la capacidad de los trabajadores, alegando falta de idoneidad.

El obrero, como único medio de defensa, cuenta con un “Órgano de Justicia Laboral de Base”, en el que uno de sus miembros representa a la administración de la entidad que lo despide o con los tribunales, que constitucionalmente reciben instrucciones directa del Consejo de Estado, el mismo que puso en vigor las medidas que restringen el ejercicio de sus derechos.

No hay derecho a la huelga y las manifestaciones se permiten, solo si son organizadas por el propio estado o sus organizaciones de masa. De todas formas la Constitución de la República deja bien claro que ninguna de las libertades ciudadanas puede ser ejercida contra la existencia y fines del estado socialista.

Evidentemente los derechos ciudadanos no están la lista de prioridades del estado cubano. El reajuste económico, busca únicamente la supervivencia de un sistema que ha probado con creces ser ineficaz, y la permanencia en el poder de la añeja dirigencia histórica socialista, a costa del bienestar de los cubanos.

Laritza Diversent

Se esperan cambios en política estatal

17 diciembre, 2010 15 comentarios

 

Luego de dos meses, la incertidumbre llena el escenario cubano. Todavía el gobierno no concreta los principios que regirán el trabajo por cuenta propia. Mientras, la cifra de desempleados y las expectativas de la población, aumentan.

Una de las inquietudes planteadas es si el gobierno otorgará a los cuentapropistas derechos para explotar concesiones administrativas, teniendo en cuenta que, este, considera la actividad de los particulares como complemento de la estatal.

Hasta el momento no se ha dicho nada al respecto. Sin embargo, varias de las actividades por cuenta propia autorizadas están relacionadas con la explotación de recursos minerales, como el cantero y el productor vendedor de artículos de alfarería.

Otras como el elaborador vendedor de artículos de granito y mármol, se mantiene paralizadas, según informó el diario oficial Granma, por no existir un mercado lícito para adquirir las mercancías.

El Ministerio de la Industria Básica, está autorizado para otorgar o denegar las concesiones mineras para pequeños yacimientos de determinados minerales, reconocidos por la Constitución de la República como bienes de “propiedad estatal socialista de todo el pueblo”.

Hace dos años, la ciudadana Amada Pupo Cisneros presentó, a la Oficina Nacional de Recursos Minerales, una solicitud de concesión de explotación del mineral de arcilla, en la localidad tunera la Estrella. Su pretensión fue rechazada por la recién destituida Ministra de la Industria Básica, Yadira García Vera.

La ex representante del gobierno negó el derecho por recomendación de la Oficina Nacional de Recursos Minerales, quien valoró que, la petición de Pupo Cisneros, se contraponía a los principios generales del ejercicio del trabajo por cuenta propia.

Desde 1992 los bienes estatales pueden trasmitirse, parcial o totalmente, en propiedad a personas naturales y jurídicas, previa aprobación del Consejo de Ministros o su Comité Ejecutivo. Sin embargo, el gobierno solo reconoce este derecho a los inversionistas extranjeros.

Los nacionales como Amada Pupo están excluidos. Su participación en la economía nacional está seriamente limitada por la Constitución de la República, el Decreto-ley 141 de 8 de septiembre de 1993, “Sobre Ejercicio del Trabajo por Cuenta Propia”, y el resto de la legislación complementaria, que regula este derecho.

En el artículo 21 de Texto Mago del Estado, reconoce la propiedad sobre los medios e instrumentos de trabajo personal o familiar. Sin embargo, restringe el derecho al prohibir utilizarlos en la obtención de ingresos provenientes de la explotación del trabajo ajeno.

No obstante ser un derecho constitucional, en la última sesión parlamentaria el Presidente de los consejos de Estado y de Ministros, y miembro del Buró Político y segundo secretario del Partido Comunista de Cuba (PCC), anuncio que su gobierno levantaría algunas restricciones al ejercicio del trabajo por cuenta propia, entre ellas la contratación de mano de obra

No obstante, el gobierno dejo claro que mantendrá su política en cuanto a determinar, supervisar y controlar las actividades, y quienes pueden realizarlas. También fiscalizara las condiciones de comercialización de los productos y servicios de los cuentapropistas. Las medidas según el diario Granma, órgano oficial del PCC, entrarán en vigor, sin especificar el día, a partir de octubre.

Hasta el momento, el gobierno socialista niega a sus nacionales el derecho a explotar servicios públicos, recursos naturales o la ejecución de obras públicas, cuando la legislación les da esa posibilidad. Habrá que esperar para ver cambian los principios discriminatorios de las políticas estatales y su sistema de exclusión. Es hora que los cubanos intervengan, en condiciones de igualdad, en su propia economía.

Laritza Diversent

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