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Cuba también tiene leyes antiinmigrantes

27 diciembre, 2010 2 comentarios

No pocas veces el estado cubano se ha pronunciado contra las leyes antiinmigrante de los países desarrollados. Sin embargo, nadie podría imaginarse que en la isla existan normas legales al estilo de la SB 1070, que aprobó el estado norteamericano de Arizona, el pasado 23 de abril y que autoriza a la policía estatal, para arrestar a las personas sospechosas de ser inmigrante ilegal.

En el 2008 la Asamblea Nacional expresó su rechazo a la Directiva de Retorno aprobada por el Parlamento Europeo, calificándola de flagrante y bochornosa violación de los derechos humanos, la Convención de los Derechos del Niño y varias normativas internacionales. Sin embargo, permite al gobierno castigar al nacional que permanezca en la capital de la nación, sin permiso.

La única diferencia entre el estado norteamericano y Cuba está en que, el primero aprobó una sola norma legal, y en la isla son varias: el Decreto 217 “De Regulaciones migratorias internas para Ciudad de la Habana” de 1997, el Decreto-Ley No. 248, “Del Sistema de Identificación y del Registro de Electores” y su reglamento, la Resolución No. 6/07 del Ministerio del Interior, ambas del 2007.

Las dos últimas consideran ilegal al ciudadano que traslade su domicilio por más de 30 días, sin efectuar el cambio de dirección y su inscripción en el Registro de Direcciones. Además exigen a los cubanos mayores de 16 años, portar y mostrar su identificación a las autoridades y sus agentes, cada vez que estos se los soliciten.

Desde 1971, el gobierno cubano controla la circulación de sus ciudadanos dentro del territorio nacional, a través de los Registro de Población y de Direcciones. Estas instituciones son dirigidas por el Ministerio del Interior, órgano estatal, encargado de controlar la migración interna y externa del país y son complementados por libro que al efecto llevan, los Comités de Defensa de la Revolución.

Por su parte el Decreto 217, impide a las personas provenientes de otras provincias, residir en ciudad de la habana, la capital del país, sin previa autorización gubernamental.

La norma emitida por el Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros, instituye un sistema de contravenciones personales que castiga con multas que van desde los 200 pesos hasta 1000 pesos moneda nacional, para los que incumplan sus disposiciones. En todo caso exige a los infractores, la obligación de retornar de inmediato al lugar de origen.

La aplicación de esta disposición también violenta la libertad personal, pues los órganos policiales tienen autorización para detener, arrestar y deportar a su lugar de origen, a las personas sospechosa de ser un ilegal en la capital. Sin embargo, ninguna norma penal criminaliza la estancia en la capital como un delito.

No cabe duda de la actitud hipócrita de un gobierno que se auto cataloga defensor de los derechos humanos y critica a la Unión Europea y a Estados Unidos, por sus políticas antiinmigrantes, cuando restringe severamente a sus nacionales la libertad de circulación dentro de la isla.

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