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Archive for 30 abril 2011

Cuba: acceso a Internet selectivo y controlado

Yordanka utiliza internet para buscar amigos y la oportunidad de escapar de la isla, sin embargo, ve remota la posibilidad de acceder libremente a la red, con la llegada del cable de fibra óptica.

Laritza Diversent

“No creo que la conexión al cable mejore el acceso de los cubanos a internet, ni tampoco que eso represente más libertad en Cuba”, afirmó Yordanka Rodríguez. La joven de 23 años, utiliza en las madrugadas la línea fija del teléfono de su hogar y una de las cuentas pertenecientes a una institución estatal, para hacer amistades.

“En internet busco una carta de invitación o un matrimonio, quiero vivir como persona, sin pensar cada cinco minutos que me puedo meter en problemas, para vivir así tengo que irme de aquí”, confiesa Rodríguez.

En 1996, Cuba se conectó oficialmente a la Internet y el gobierno declaró que el “…el acceso a los servicios de redes informáticas de alcance global” tendría carácter selectivo y estaría regulado. En el 2000 el gobierno estableció, un punto único de acceso a la red internacional, para controlar las interconexiones de los usuarios nacionales.

Según el Ministerio de la Informática y las Comunicaciones (MIC) los soportes internacionales encarecen “el servicio y reducen su fiabilidad”. “Tengo que utilizar proxis para acceder a determinadas páginas, ninguna de contenido político, porque ahí si me meto en problemas”, afirma Yordanka.

Una de las constantes preocupaciones del gobierno es que, la información difundida en internet “…sea fidedigna, y la que se obtenga esté en correspondencia con principios éticos, y no afecte los intereses ni la seguridad del país”.

En el 2000, el gobierno también reglamentó el acceso de las entidades a internet para evitar el comprometimiento de la información oficial. Desde sus inicios la política gubernamental estuvo encaminada en función de priorizar “en la conexión, las personas jurídicas y las instituciones de mayor relevancia para la vida y el desarrollo del país”.

Desde hace más de una década, los directores de las entidades de los Organismo de la Administración Central del Estado (OACE), solicitan mediante carta a su Ministerio, autorización para que, trabajadores seleccionados, accedan a los servicios de Internet desde su residencia.

“El acceso a la web es para los que estén políticamente comprometidos con el sistema y los que tengan dinero para pagar las necesidades de estos”, comenta la joven, que a cambio de 150 pesos convertibles (CUC) mensuales, el Administrador de redes en un centro laboral le facilitó acceso a internet.

“La cuenta que manejo es de una empresa, que es lo mismo que decir ilegal. El acceso es por dial up, por tanto tengo que tomar medidas para que no den con mi número telefónico”, explica Yordanka.

El gobierno también autorizó a la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba S.A (ETECSA), a emplear todos los medios técnicos necesarios, para impedir el acceso al servicio de navegación, desde líneas telefónicas que operan en moneda nacional no convertible.

Las medidas pretendían evitar la sustracción de contraseñas, “las degradaciones intencionales y el uso fraudulento y no autorizado de este servicio”. De su aplicación se excluyó la relación de teléfonos autorizados por los Jefes OACE que acceden a Internet.

A pesar de las restricciones y el exceso de control, los isleños ven en la red de redes, un medio para ampliar sus horizontes. Desde una salida del país hasta la promoción de servicios y mercancía. “Internet ofrece a los cubanos una nueva vida, y por eso su acceso continuara siendo selectivo y controlado”, concluye Yordanka.

Categorías:Mi Isla

Mirar TV extranjera: una década de deuda

Jesús aun no se cree que deba pagar una deuda durante 10 años, por disfrutar de la televisión extranjera.

Laritza Diversent

Inquieto Jesús Martínez se acerca y pregunta si pueden ayudarlo. Miraba para todas partes con sus espejuelos fondo de botella, mientras susurraba que su abuela estaba a punto de una crisis depresiva. Tenían que pagar una multa por posesión de antena satelital.

Jesusito, como le dicen en el barrio, se sentía culpable. Le suplicó a la abuela que pidiera dinero a su tío, residente en los Estados Unidos, para comprar los equipo. El pariente también contrató los servicios de la Compañía Direc TV, para recibir programas televisivos a través de tarjetas magnéticas de señal satelital y una extensión, para que ellos los disfrutaran en la Habana.

La programación de televisión extranjera es considerada en Cuba un servicio de carácter limitado, destinado principalmente al turismo, el cuerpo diplomático y algunas personas expresamente autorizadas por el Ministerio de la Informática y las Comunicaciones (MIC).

Inquisidor dijo “fue el chivatón del CDR”, refiriéndose al presidente del Comité de Defensa de la Revolución. “Los otros días se me fue la lengua y le dije que había visto la pelea de Yuriorkis Gamboa por el cable”, dijo Jesusito. Martínez confesor ser fanático del boxeador cubano que triunfa en los Estados Unidos.

La Prensa Oficial considera que estos programas son “una avalancha de propaganda comercial que muestra la apariencia del capitalismo” y los vinculan con asuntos políticos. “En el caso de Cuba, parte de la programación que se recibe por esa vía, es de contenido desestabilizador, injerencista, subversivo, y convoca, cada vez más, a la realización de actividades terroristas”, afirmó una reportera en el Diario Granma.

Ahora ni él ni su abuela tenían cara para pedir a su pariente 400 dólares para pagar la multa de 10 mil pesos que le impusieron. “Trabajo como bibliotecario con 375 pesos mensuales y mi abuela recibe una pensión de 215 pesos, bastante que mi tío nos manda una remesa mensual”, explicó el hombre de 39 años. “¿De dónde sacamos dinero para pagar esa cifra?”, pregunta con tono lastimoso.

En Cuba el salario medio de un trabajador es de 412 pesos. Sin embargo, tanto la instalación de antenas satelitales, como la recepción y distribución de la señal televisiva sin licencia, es considerando una contravención, que se pena, según disposiciones del MIC, con multa de 1000 pesos para los ciudadanos, y de 10 mil a 20 mil peso,s para organizaciones y entidades.

“Sé que es una ilegalidad, por eso guardo los recortes de periódicos que tratan el tema y en todos dicen que la multa puede llegar hasta 30 mil pesos, incluso se pueden cometer varios delitos”, afirma Jesús, mientras muestra un artículo de la periodista Lurdes Pérez Navarro publicado en el diario Granma el 8 de agosto de 2006.

Tanto los inspectores del MIC, encargados de hacer cumplir las disposiciones administrativas, como la prensa oficial, en reiteradas ocasiones han reafirmado que la cuantía de la multa es de 10 mil a 20 mil pesos para los infractores, sean ciudadanos, organizaciones o entidades.

Jesús de la caridad, tenía derecho a reclamar la medida, pero ya habían pasado los 5 días laborables que le daba la ley, para presentar el recurso de apelación. Ahora solo le resta solicitar a las autoridades que le cobren la multa por mensualidades. Tal vez los próximos 10 años de su vida, tengan que pagar una deuda solo por mirar televisión extranjera. “es una absurdo, si lo cuento nadie me lo cree”, concluye.

Categorías:Mi Isla

El Incierto futuro de internet

Los pronósticos sobre el desarrollo del internet en Cuba se sumaron a la oscuridad, después que la llegada, del cable de fibra óptica a Cuba, chocara con los intereses políticos del gobierno comunista, que en la última década, desarrolló una infraestructura legal y tecnológica, para controlar el flujo de información desde y hacia la isla, a través de internet.

La mayoría de los blogueros independientes están a la expectativa por lo que sucederá, cuando en julio próximo, la estructura de redes de la isla, se conecte al cable de fibra óptica, que a principio de febrero, llegó a la isla desde Venezuela.

El acontecimiento multiplicará por 3.000 la velocidad de trasmisión de datos, pero también sirvió para que el gobierno confesara su miedo al uso individual de las herramientas virtuales de información.

En 1996 Cuba se conectó oficialmente a internet, pero el gobierno dejo sentada, legalmente, su política respecto al acceso pleno a los servicios que esta brindan. Desde entonces la “Red de Redes” es administrada centralmente por la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba S.A., ETECSA, y explotada por instituciones estatales autorizadas expresamente por el Ministerio de la Informática y las Comunicaciones (MIC).

A finales de enero, el gobierno anunció la venta de las acciones extranjeras de ETECSA, y también la compra, en $706 millones de dólares, por parte de RAFIN, otra empresa cubana. La posesión de la mayor parte de las acciones, le permite controlar a su principal proveedor del servicio público de “Transmisión de Datos”.

“Elevar la soberanía tecnológica en el desarrollo de la infraestructura de telecomunicaciones”, una de las estrategias previstas en los Lineamientos de la Política Económica y Social que se adoptaran en el evento partidista de la próxima quincena.

A finales de marzo el diario Granma anunció, según las declaraciones de la Ministra de Justicia, María Esther Reus, que “Cuba ajustará las normas jurídicas vigentes, a las decisiones que se adopten como resultado del VI Congreso del Partido Comunista de Cuba”.

Motivado por la llegada del cable de fibra óptica a Cuba, el viceministro del MIC, Jorge Luis Perdomo, se refirió a la elaboración de la primera Ley de Telecomunicaciones para regular el sector y “promover ordenadamente” los servicios que engloba.

A partir del año 2000 el gobierno cubano implementó, legal y tecnológicamente, una infraestructura que le permite el controlar el acceso de los cubanos a internet, por medio de una red jerarquizada de entidades estatales, calificadas como proveedoras de “Servicios Público de Acceso a Internet”.

Ese mismo año estableció legalmente un punto de acceso común internacional a la red (NAP), garantizando que toda salida internacional de internet se curse desde esa conexión. De esa manera aseguro que las interconexiones entre usuarios nacionales de internet se encaminaran a través de medios nacionales de trasmisión.

Los Proveedores de Servicios Público de Acceso a Internet, no puede aceptar solicitudes de instalación de persona que no esté debidamente autorizada por el MIC. Sin embargo, la normativa que regula la actividad, los obliga a admitir como usuarios, “a todas las personas naturales o jurídicas que lo deseen”.

No obstante, las propias disposiciones legales hacen la salvedad. Los Proveedores ofrecen sus servicios “…sin más limitaciones que las impuestas por las disposiciones legales vigentes en el país”.

Desde 1996 el gobierno declaró que, “…el acceso a los servicios de redes informáticas de alcance global tendrá carácter selectivo” y “tendrá que estar autorizado por la Comisión Interministerial”, integrada por 5 ministro y presidida por el titular del MIC.

La estrategia fue “…acceso pleno a internet… pero de forma regulada”. La línea estaba trazada “en función de los intereses nacionales, priorizando en la conexión, las personas jurídicas, y las instituciones de mayor relevancia para la vida y el desarrollo del país”.

Entre otros compromisos legales, estos Proveedores “tienen la obligación de definir la autorización a las personas y entidades que requieren utilizar servicios de acceso a Internet nacional o internacional”, incluyendo “…los accesos remotos… desde los domicilios o cualquier lugar del país…, así como desde el exterior”

También tienen el deber de informar el número de usuarios con acceso pleno a internet, los que tenían cuentas de correo electrónico y sus direcciones IP. Igualmente exigió la cifra de computadoras que acceden a la red desde los lugares de residencia y de acceso al público. Proveedor que incumpla lo dispuesto en los Reglamentos del MIC, pierde su licencia de operación.

En el 2004 el gobierno denomino “Área de Internet”, a los espacios en hoteles, correo cibercafé, etc., que prestan servicios de navegación por Internet y correo electrónico a la ciudadanía, a precios entre 1.50 y 10 pesos convertibles (CUC) por una hora de acceso a la web.

En el 2008, reguló completamente el servicio de estos centros, después que el gobernante Raúl Castro, anunciara que los isleños podían recibir servicios en los hoteles, y autorizara la venta de computadoras, en el mercado minorista en divisa.

Desde ese momento comenzó a desarrollarse la blogosfera alternativa cubana, compuesta actualmente de 40 blog críticos del gobierno, perteneciente a un grupo de ciudadanos, principalmente jóvenes, que actualizan sus sitios desde los hoteles, embajadas y con ayuda de amigos en el extranjero.

Los proveedores también deben bloquear “el acceso a sitios cuyos contenidos sean contrarios al interés social, la moral y las buenas costumbres; así como el uso de aplicaciones que afecten la integridad o la seguridad del Estado”.

Una de los trabajos de la Comisión Interministerial creada por el gobierno en 1996 era asegurar que, la información difundida “…sea fidedigna, y la que se obtenga esté en correspondencia con principios éticos, y no afecte los intereses ni la seguridad del país”.

En la víspera de XIV Convención y Feria Comercial Informática 2011, que se realizó en La Habana a principio de febrero, el gobierno desbloqueo el Portal Voces Cubanas y el blog de Yoanis Sánchez, Generación Y, de los servidores cubanos.

Al gobierno principalmente le preocupa, que la nueva generación de disidentes, use Twitter, Facebook y otras redes sociales online. Estos sitios web fueron utilizados para organizar protestas que desembocaron varias revoluciones en el Medio Oriente y África, a principios de año.

La posibilidad de que el gobierno, en el próximo congreso del partido, apruebe medidas que restrinjan el uso de las nuevas tecnologías de la información y el acceso pleno a la red, aumentó también la preocupación de aquellos que la utilizan como un medio de ejercer su libertad de expresión.

El avance en el desarrollo tecnológico, que representó la llegada del cable de fibra óptica a la isla, se ensombreció después que la Seguridad del Estado considera la “Red de Redes” como el nuevo “campo de batalla” y los medios oficial satanizaran el uso de equipos de comunicación. Frente a estos acontecimientos no hay dudas de que el futuro de internet dentro de Cuba se volvió incierto.

Laritza Diversent

Categorías:Mi Isla

Blogosfera alternativa en peligro

La libertad personal de los miembros de la blogosfera alternativa cubana, está en riesgo después que medios oficiales los acusara públicamente de mercenarios.

Laritza Diversent

El pasado 22 de marzo el Diario Granma, órgano oficial del Partido Comunista de Cuba, publicó un artículo, titulado “ciberguerra: mercenarios en la red”. Un día antes, la televisión cubana utilizó, en la serie documental “Las Razones de Cuba”, los términos cibermecenario y ciberterrorista, para calificar a los blogueros independientes de la Isla.

Los calificativos implican acusaciones graves. La legislación penal cubana regula el mercenarismo y el terrorismo como delitos que atenta contra la Seguridad del Estado. Las penas oscilan entre 5 y 30 años de cárcel. Por otra parte, la isla ha ratificado instrumentos internacionales que le obligan a reprimir tales actividades.

Granma afirmó que “A través de blogueros y redes sociales como Twitter y Facebook, se han alentado en el mundo levantamiento y grandes manifestaciones”. Según la televisión, estos jóvenes utilizan herramientas de Internet para desestabilizar el orden interno de la sociedad cubana.

Granma también afirmo que miles de especialista “de medios internacionales tienen órdenes de estar pendientes de los mensajes de Twitter y las actualizaciones del blog de la mercenaria”, refiriéndose a Yoanis Sánchez, autora del Blog Generación Y, centro de los ataque de los medios oficiales cubanos.

La Convención Internacional contra el reclutamiento, utilización, financiación y entrenamiento de mercenarios, califica como tal, a la persona reclutada para combatir en un conflicto armado o acto concertado de violencia, a cambio de un provecho personal o retribución material. Ni los nacionales, ni los residentes, reciben tal calificación.

En el 2007, el gobierno ratificó la referida Convención, pero con reservas. Declaró que basta la simple retribución material, por el monto que fuera, para considerar una actividad como mercenaria y que continuaría aplicando la definición que al respecto daba su Código Penal.

Según la ley cubana, mercenario es quien, “con el fin de obtener el pago de un sueldo”, se une a “formaciones militares”, integradas por “individuos que no son ciudadanos del Estado, en cuyo territorio se proponen actuar”, y quien “colabore o ejecute cualquier otro hecho” para lograr el mismo objetivo.

“Contra Cuba y otros países considerados enemigos de Estados Unidos se ensaya una variante de la ciberguerra: el fomento de una blogosfera que, aunque se pretende tildar de “independiente”, es subordinada de manera total al mando e interés de Washington”, afirmó Granma.

“La ciberguerra es un modelo de conflicto que ha aparecido en el escenario de la sociedad de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (NTIC), ofreciendo un contexto bélico”, definió el diario.

Entre los Estados Unidos y la isla existe un diferendo político de más de 50 años. “Indudablemente el ala conservadora yanqui comienza a potenciar nuevos pretextos y escenarios de confrontación, para calumniar la revolución cubana y propiciar…una eventual agresión militar”, afirmo Granma.

Estos blogueros son gentes que en entrevistas, han exhortado al levantamiento en Cuba, han alentado la violencia…”, afirmo Granma. Esas nuevas caras de la contrarrevolución se prestan al juego de la estrategia de subversión en internet utilizando deliberadamente la omisión, la tergiversación y la mentira

Ley No. 93, Ley Contra el Terrorismo también sanciona “actos que por la forma de ejecución, medios y métodos empleados”, tiene el propósito específico de de provocar estados de alarma, temor o terror en la población, por poner en peligro inminente o afectar la seguridad del Estado cubano. Entre ellos están los “Actos en ocasión del uso de los medios y técnicas informáticas”.

La norma prevé sanciones para quien utilice, cree, distribuya, o tenga en su poder equipos, medios, programas, redes y aplicaciones informáticas, para usar, alterar, etc., información de seguridad o de entidades nacionales capaces de producir los mismos efectos.

Los que promueven a estos blogueros contrarrevolucionarios no escatiman en facilitar y propiciar la entrega de premiso… por la postura servil que demandan de ellos”, explica el diario. Más adelante afirmó “Esa es la modalidad que ha encontrado el gobierno estadounidense para pagar los servicios de sus blogueros inflados”.

Ley Contra el Terrorismo también al que, por cualquier medio, recaude, o tenga en su poder fondos o recursos financieros o materiales, con el propósito de que estos se utilicen en la comisión de alguno de los actos de terrorismo.

Tal vez los medios solo intentaban desacreditar al grupo. Sin embargo, para tal fin, es injustificada la utilización de los referidos términos. La ley penal cubana es muy abarcadora. Permite a las autoridades interpretarla de varias formas.

El caso de Alan Gross, constituye el ejemplo más reciente. El norteamericano fue juzgado y sancionado en la habana, a 15 años de cárcel, por introducir en el país equipo de conexión satelital. Para los tribunales cubanos el hecho constituyo un acto contra la independencia y la integridad territorial del estado cubano

Las actividades que desarrollan los nuevos rostros de disidencia, dentro de Cuba, son pacificas. No tienen relación con conflictos armados, ni guerra de guerrillas, ni actos de violencia. Es totalmente infundado el empleo de ese término. Lo más posible es que se prepare el camino para silenciar las voces cubanas más fresca.

Categorías:Mi Isla

Cuba sacrifica la generación del futuro

 

Roberto, apoya las reformas legislativas que anunció el gobierno, pero considera más importante adaptar la Constitución de la República de Cuba, a las nuevas las condiciones de desarrollo de la humanidad.

Roberto Esquivel se mece en un sillón lentamente, mientras lee la nota periodística del Diario Granma, sobre las intenciones gubernamentales de modificar la legislación, después del Congreso Comunista, previsto celebrarse en la segunda quincena de abril.

“Ello impondrá una actualización normativa y el perfeccionamiento legislativo en el país en correspondencia con la nueva realidad nacional y los objetivos propuesto”, consignó Granma citando a la Ministra de justicia, María Esther Reus.

“El futuro de Cuba poco a poco huye, son miles de jóvenes que emigran hacia el desarrollo, esa es nuestra realidad”, asevera Esquivel, un abogado jubilado. Roberto lamenta que su hijo mayor, informático de profesión, se fuera al extranjero en busca de mejores oportunidades profesionales.

“No creas que lo juzgo”-dice- “…que a mis 78 años no sepa como navegar en internet no es raro, pero que mi nieta de 12, jamás haya utilizado el buscado de Google para hacer sus deberes escolares, es un absurdo, en Cuba no hay generación tecnológica, porque no tiene los medios”, comentó.

Hoy en el siglo XXI, el derecho a estar informados, la libertad de pensamientos, expresión de las ideas y opiniones, y sobre todo el derecho a la educación, no se concibe sin el desarrollo tecnológico instrumentado en función de la Internet.

Roberto depende, para comunicarse, de forma rápida y barata, con su familia en España, del correo electrónico que su otra hija tiene en el trabajo. “Lo que nos decimos por esa vía es monitoreado y controlado por la entidad”, afirma.

“La leyes cubanas, como máxima expresión de las estrategias gubernamentales muestra claramente como se retrasa el desarrollo de las nuevas tecnologías para los ciudadanos, a la par que desarrolla una infraestructura para controlar el flujo de información”, sentencia Esquivel.

Según Roberto las restricciones Comienzan por la Constitución que reconoce “libertad de palabra y prensa conforme a los fines de la sociedad socialista”, y continúan con casi 50 disposiciones legales, que limitan el uso de equipos tecnológicos y el acceso a internet, para compatibilizarlo con la defensa y seguridad del estado cubano.

Según la máxima Ley Estatal, dentro de la isla se disfruta de la libertad de expresión por el mero hecho de que los medios de comunicación masivos “son de propiedad estatal” cuestión que “asegura su uso al servicio exclusivo del pueblo trabajador y del interés de la sociedad”.

Este es el único periódico de tirada nacional, es el órgano oficial del Partido Comunista, significa que solo tengo la oportunidad de conocer la versión de lo que ellos consideren justo. Eso no es libertad de información y expresión, es imposición de una opinión”, argumenta Roberto, mientras muestra la edición impresa del Diario Granma.

El texto constitucional cubano solo refiere a los medios de comunicación tradicionales “…la prensa, la radio, la televisión, el cine y otros medios de difusión masiva”, cuando la circulación de la información ha experimentado un profundo cambio en los últimos 20 años gracias a la revolución informática.

Según Roberto, Cuba se quedo detenida en el tiempo respecto a estos avances tecnológicos de la humanidad, no solo por cuestiones económicas también por puras decisiones políticas. “El costo es muy grande, están sacrificado la generación del futuro”, concluye.

Laritza Diversent

Categorías:Mi Isla
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