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Archive for 27 abril 2012

Tribunal de la Habana emplaza a firma panameña, socia en la Empresa Mixta Río Zaza

 

Laritza Diversent

La Sala de lo Económico del Tribunal de La Habana emplazó a la sociedad mercantil de nacionalidad panameña, Ingelco S.A., para que se persone y conteste la demanda en el término de sesenta días hábiles, contados a partir del 28 de marzo de 2012.

En el aviso, dictado el pasado 23 de marzo de 2012 por el Tribunal Supremo y publicado extraordinariamente el día 27 del propio mes, en la Gaceta Oficial de la República, órgano de publicación de las leyes nacionales, la antigua Audiencia de la Habana ignora el domicilio legal de la firma.

Según la Secretaria de la sala judicial, Mara Piedras Velarde, el órgano de justicia de la capital, tramita, desde el 2010, la Disolución y Liquidación de la Empresa Mixta Río Zaza S.A., a solicitud de la Corporación Alimentaria S.A.

Ingelco S.A. tuvo contrato de asociación económica internacional con la Empresa Combinado de Cítricos Héroes de Girón, vigente hasta 31 de diciembre de 2005, y el Combinado Lácteo Río Zaza, por 13 años desde el 10 de agosto de 1998, según Resolución del entonces Ministro de Comercio Exterior, Raúl de la Nuñez Ramírez.

El aviso del tribunal también advierte que de no contestar “se le tendrá por conforme con los hechos de la demanda, sin necesidad de la práctica de pruebas”. Además le notifica una resolución judicial que dispone la modificación de las medidas cautelares, sin especificar cuáles, y la cita para que asista a la vista convocada para el próximo 30 de julio de 2012 a las diez de la mañana.

Alimentos Río Zaza S.A, industria envasadora de productos lácteos, jugos, alimentos y bebidas alcohólicas, esta aprobada por 15 años, contados a partir del 26 de enero de 2001 y autorizada a ejecutar directa y permanentemente operaciones de comercio en el mercado interno cubano.

Max Marambio, empresario chileno de 63 años, es copropietario en sociedad con el gobierno cubano, de la firma Río Zaza a través de su empresa Internacional Network Group (ING), también una firma panameña.

El conglomerado empresarial, que llegó a facturar decenas de millones de dólares anuales en negocios relacionados con Cuba, recibió renovación de su licencia comercial en 2005 y 2008. En el 2010 se le suspendió de forma temporal la autorización para operar y en el 2011 se le canceló definitivamente.

Alimentos Río Zaza S.A fue sometida a una auditoría por irregularidades en su manejo y vinculada a un escándalo de corrupción, que involucró Ofelia Liptak, su directora comercial, y a su esposo, Rogelio Acevedo González, general de la Revolución y ex presidente del Instituto de Aeronáutica Civil. El 13 de abril del 2011, su Gerente General, el chileno Roberto Baudrand, murió en La Habana, después que Las autoridades cubanas le impidieran salir del país.

Marambio, con residencia en Chile, fue procesado en ausencia en marzo de 2011 y sentenciado a 20 años de prisión, en mayo de ese mismo año, por “cohecho, estafa y falsificación de documentos bancarios o de comercio, todos de carácter continuado”, según nota oficial del periódico oficial Granma.

En el proceso resultó también sentenciado a 15 años de prisión, el ex ministro de Industria Alimentaria, Alejandro Francisco Roca Iglesias, por dejarse corromper, favorecer al empresario y de comprar a su consorcio productos sobrevalorados, causando un grave perjuicio a la economía cubana.

Actualmente, los precios de los productos comercializados por Río Zaza en las estatales tiendas de recaudación de divisas, subieron entre 5 y 15 centavos moneda libremente convertible, en el mercado interno cubano.

Estar on time y el cumplimiento de términos legales

Yaremis Flores.

Mabel, esposa de Raúl Rodríguez Soto, preso en la Prisión de Guanajay, entregó en octubre del año pasado, una solicitud de licencia extrapenal ante el Tribunal Provincial de Artemisa. Hasta la fecha no ha recibido respuesta.

En la cultura anglosajona la puntualidad es una costumbre inevitable. “On time” es una expresión en inglés cuyo significado es “a la hora exacta, a tiempo”. Si un reportero llega tarde a un sitio, pierde la exclusiva. Si un desempleado llega tarde a la entrevista de trabajo, de seguro no será contratado. Si la meta es mantener una amistad, un buen trabajo y lograr oportunidades en la vida, se debe aprender esa máxima.

En nuestro país, estar ‘on time’ es complicado. No obstante, el cubano debe aprender lo honorable y necesario de ser puntual.

Lo preocupante es que el ‘relajamiento’ del horario, no ocurre solamente en la esfera social. Conciertos, actos solemnes, reuniones y otras actividades organizadas por instituciones estatales, nunca comienzan en el horario establecido sino “alrededor de las 10 de la mañana o a eso de las 5 de la tarde” como se suele decir. Solo son exactos a la hora del cierre.

Con los órganos de administración de justicia ocurre otro tanto. Los juicios, casi nunca se celebran a partir de las 9 y 30 de la mañana- horario legal establecido-.Tampoco se da una explicación oficial a los presentes cuando hay demora, según regula la ley de trámites. La notificación de sentencias tarda y los términos procesales se incumplen con frecuencia.

Esas dilaciones son síntoma de poca ética e irrespeto al ciudadano. Sin embargo, los jueces no son flexibles cuando los términos son violados por otros. Pues si un particular, inconforme con una resolución, apela ante los tribunales un día después de vencerse el término- sea por el motivo que fuere- la apelación no es admitida.

 Cuando un abogado de Bufete Colectivo se demora con un expediente, más del tiempo requerido para su análisis, el Tribunal le impone 25 pesos de multa por cada día de retraso. Me pregunto, ¿qué multa pagará el Tribunal por los días que ha tardado en responder a la solicitud de Mabel?

Trato cruel, inhumano y degradante

Laritza Diversent

Laura Álvarez Rojas, una cubana residente en Sudáfrica, en menos de 9 meses perdió dos de sus seres queridos. Su hermano, Alberto Álvarez Rojas, residente en la isla, falleció el pasado día 13 de marzo, en un accidente automovilístico en ese país.

“Aun sin reponerme del dolor de perder a mi madre, me vi ante la muerte de mi hermano desarmada y terriblemente deprimida”, escribió Álvarez Rojas en una carta para algunos amigos. Decidió llevar sus restos a la tierra natal y compartir tan dolorosa pérdida con sus familiares en Cuba.

Realizó todos los trámites burocráticos que exigen Inmigración y Extranjería para entrar en la isla. Prorrogó su pasaporte, legalizó el certificado de defunción de su hermano y pagó todo los aranceles consulares. El pasado 23 de marzo, salió del continente africano en vuelo KL 0592 y aterrizó en Cuba a las 6 de la tarde del siguiente día.

Se sorprendió cuando una funcionaria de inmigración le dijo en la taquilla, que no estaba permitida su entrada al país y no sabía los motivos.  En una oficina aparte pidió revisaran su nombre. En el 20011 entró 2 veces a Cuba sin problema. No vino a vacacionar. Su madre tenía cáncer terminal de hígado.  “No puedes entrar y punto, tu embajada en Sudáfrica es la responsable de explicarte los motivos”, contestó la funcionaria.

La oficial intentó descubrir porque le negaron la entrada “¿Pagaste tus importes en emigración en Cuba?”, preguntó.  “Si”, contestó Laura. “¿Te fajaste con alguna persona?”, volvió a preguntar.  “Nunca, ni antes ni después”, rebatió. “¿Saliste a pasear por algunos lugares?”, continúo interrogándola.  “Mis paseos fueron al hospital a transfundir a mi madre, a emigración y el aeropuerto”, refutó.

En un bolso estaban los restos de Alberto.  “A las personas que se le niegan la entrada a Cuba, no se les permite pasar equipaje”, agregó la funcionaria de inmigración.  “Pídele a la embajada que mande los restos de tu hermano por valija diplomática”, le aconsejó la mujer.

Desesperada llamó a su esposo, un médico desertor que lleva aproximadamente 10 años trabajando en Sudáfrica, a su hermana que la esperaba afuera y al cónsul de su embajada. “Apaga el teléfono no te puedes comunicar con más nadie”, le advirtió la oficial. La mujer “Entró en rabia y me arrebató el teléfono”, agregó Álvarez Rojas.

Laura no dejó de insistir en pasar los restos del hermano. “me vieron como loca hablando con todos los funcionarios, me encerraron en una oficina y fue cuando alguien me cogió por el cuello, rompiéndome mi rosario”, argumentó.

A pesar del maltrato y las agresiones físicas, continuó en su empeño. “Me arrodillé y le imploré que le dieran los restos de mi hermano a mi hermana que estaba afuera, a mí que me viraran, no me importaba”, insistió a otra oficial que la custodiaba en la oficina.

Laura no lo consiguió. La montaron en el vuelo KL 02724 el mismo día, en el avión que había llegado. Al piloto le informaron que era una ilegal por delincuente en Cuba. El hombre se enfureció cuando la joven le mostró sus papeles en orden, las cenizas de su hermano y el certificado de defunción de la embajada.

El aeronauta se quejo. No era la primera vez que pasaba. “Me mandaban para atrás sin pre-ticket para que en Holanda tuviera que pagar mi ticket hacia Suda África de nuevo”, argumentó Álvarez Rojas. Se negó a montarla en el avión sin el tique y advirtió que reportaría a Cuba con su línea aérea, por abusos frecuentes a sus ciudadanos.

La tripulación se esmeró en atenderla. “Me hicieron sentirme como persona ya que el tratamiento que recibí en mi país fue el de un animal”, continua. “Yo no llevaba un perro muerto, yo llevaba a una parte de mi Corazón”, afirmó Laura en un intento de desesperado de buscar comprensión y solidaridad por lo sucedido.

“No me dejaron llorar mi dolor con mis seres queridos , no dieron el derecho de abrazar a mi hermana que lloraba desesperada del otro lado y fui obligada a volver aquí con los restos de mi hermano, el corazón desarmado, la esperanza rota y la decepción más grande de mi vida”, concluyó. 

Laura insiste en buscar una explicación en la embajada de Cuba en Sudáfrica, aunque sabe que no existe razón para lo inexplicable.  Sin embargo, se equivoca cuando afirma que nadie puede entender lo que siente. Las autoridades cubanas tratan así a muchos de sus nacionales. Sin dudas un trato cruel, inhumano y degradante.

Convicción

Los tribunales cubanos una vez declarada la culpabilidad de una persona, ordenan la destrucción de la evidencia incriminatoria.

Laritza Diversent

Jesús Daniel Forcade Portillo de 29 años de edad y Ramón Echevarría Fernández de 40, resultaron sancionados a 35 años de cárcel por el asesinato del joyero Humberto González Otaño, en la madrugada del 14 de septiembre de 2010, mientras robaban en su vivienda dinero y prendas por un valor de 206 mil 193 pesos moneda nacional.

Según la sentencia dictada por el Tribunal de la Habana, después del asalto los acusados entregaron a su cómplice, una chaqueta de mezclilla azul maculada de sangre de igual características a la de Esther Fernández, esposa del joyero, victima sobreviviente y única testigo presencial de los hechos.

Sus rastros de olor, también fueron encontrados en la escena del crimen. No hubo identificación por huellas dactilares ni por muestras de ADN. A pesar de los avances tecnológicos, en Cuba, son pocos los casos en que se realizan estas pruebas, la más confiable hasta el momento, para confirmar o destruir la inocencia de una persona.

La Ley de Procedimiento Penal consiente que los órganos de investigación criminal ordenen las pruebas científicas técnicas, cuando lo consideren necesario. Los juzgados por su parte, tampoco exigen su realización para tener plena certeza de su fallo.

El tribunal tuvo plena convicción de la culpabilidad de Jesús Daniel y Ramón. Sus familiares por el contrario, tienen plena certeza de su inocencia. La misma convicción tuvo Betty Anne Waters, una joven norteamericana, divorciada y con dos hijos, que matriculó en la escuela de leyes para asumir la defensa de su hermano Kenneth Waters.

Su historia fue protagonizada por Hilary Swank, actriz reconocida con dos premios Oscar a la mejor actuación femenina, en el film “Conviction”, del director Tony Goldwyn, en el 2010.

Kenneth Waters, en 1983 fue declararon culpable del asesinato de Katharina Brow el 21 de febrero de 1980. La sangre del atacante encontrada en la escena del crimen, resultó ser de su mismo grupo sanguíneo. Fue sancionado a cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional.

Su hermana, Betty Anne, se convirtió en abogada y logro reabrir su caso en 1999, después de localizar la evidencia, que según las leyes del estado de Massachusetts, debió ser destruida en 1993. La prueba de ADN dio resultados negativos. En el 2001 fue absuelto después de cumplir 18 años de cárcel.

Lamentablemente, Forcade Portillo y Echevarría Fernández, no correrán la misma suerte de Kenneth Waters, a pesar de la convicción de sus familiares. La chaqueta, pieza de convicción del delito, no se encuentra entre las prendas de vestir que el tribunal ordenó decomisar a favor de los fosos provinciales.

Tampoco se dispuso su conservación. Los acusados aseguran no les pertenece y su familias afirman no le devolvieron ninguna prenda de vestir. En esas condiciones le será muy difícil revisar su causa en un futuro e intentar demostrar su inocencia.

Su caso no es el único en que la evidencia es destruida o desaparecida. En el 2007 el Tribunal de de Camagüey condenó a Delvis David Peña Mainer, a 40 años de cárcel, por asesinar brutalmente a machetazos, en enero de ese mismo año, a un matrimonio de jóvenes.

El tribunal afirma, las lesiones en ambas víctimas fueron realizadas por un zurdo, como Peña Mainer, con un instrumento corto contundente. A David le ocuparon una mocha, una tipo de machete útil para cortar caña.

Según la sentencia, en la “parte interior de las cachas de la empuñadura”, se encontró sangre, “aunque no se pudo determinar a qué especie correspondía”, refiere el tribunal en su sentencia.

El juzgado camagüeyano tuvo plena convicción de su culpabilidad y le pareció innecesario comparar la muestra de sangre encontrada el arma homicida, con el ADN de las víctimas.

Además, mando entregar la mocha, a un centro de trabajo y “la destrucción” de varias prendas de vestir del matrimonio, con “maculas de aspecto hemático”, y huellas de sangre de la escena del crimen.

Situación diferente pasó con Rafael Ramos Utra, sancionado por el Tribunal de Las Tunas, a 20 años de prisión por atacar sexualmente, en marzo de 2005, a una menor de edad, dentro de su propia vivienda.

“No existe relación entre el semen presente en el blúmer” reconoció el Laboratorio Central de Criminalística de Cuba en su primer examen de ADN, refiriéndose a la prenda que usaba la pequeña de 6 años y la muestra de sangre de Ramos Utra.

En una segunda prueba consignó “que la maculación amarillenta en el blúmer” de la menor, coincidía con la de “su propia muestra de sangre”. “No fue posible establecer el perfil genético del semen presente en el blúmer, porque el material seminal se agotó”, reconoció el laboratorio.

La probabilidad de encontrar a dos personas con la misma información genética, es de 1 en 15 millones de individuo. A pesar de la certeza del primer examen que demostró la inocencia Ramos Utra, el Tribunal de Las Tunas lo declaró culpable y también ordenó la incineración del blúmer, pieza de convicción del delito.

Según datos del film “Conviction” en Estados Unidos de América se han producidos 254 absoluciones post-condena desde 1989-2010, gracias a las pruebas de ADN. En Cuba, esa posibilidad será bien remota, mientras los tribunales, basados en su convicción de culpabilidad, ordenen la destrucción de evidencia incriminatoria.

 

Seguridad del el Estado inicia proceso penal contra Sonia Garro

Laritza Diversent

Sonia Garro Alfonso miembro de las damas de blanco y de la Fundación afrocubana independiente, fue trasladada hacia la prisión de mujeres de la Habana y será procesada por el órgano de instrucción de la seguridad del el estado, informó este martes a esta reportera su hermana, Yamilé Garro.

Sonia, en una nota, logro enviar los datos del expediente de fase preparatoria, radicado bajo el número 9 del 2012 cuando aun se encontraba detenida en la unidad policial de de séptima y 64 en playa. Sin embargo, tanto ella como la familia desconocen el delito que le imputan.

Sonia resultó detenida el pasado 18 de marzo en medio de un operativo realizado por fuerzas antimotines, en su domicilio ubicado en la Avenida 47 en Marianao, en el que resultó también apresado su esposo, Ramón Alejandro Muñoz González, que fue trasladado para centro penitenciario Combinado del Este, en la capital.

Según informaron vecinos a Yamilé Garro, agentes de la policía política la bajaron de ómnibus del transporte público, obligándola a regresar a su casa. Un acto de provocación que alteró a su esposo Muñoz González. Los militares, con casco y escudo, rompieron la reja e irrumpieron en la vivienda, disparando balas de goma.

Según informa Yamilé, en la redada también detuvieron tres personas más, de los que se desconoce su nombre. Uno se encuentra en prisión junto a Sonia y su esposo. El resto fue liberado.

Garro Alfonso pertenece a organizaciones independientes de la sociedad civil, como Fundación Afrocubana Independiente, a las Damas de Blanco y dirige un Centro Cultural Independiente. La Seguridad del Estado a menudo la amenaza, con iniciar un proceso penal en su contra. Entre octubre de 2010 y junio de 2011, fue objetos de más de 17 actas de advertencia por alteración del orden público.

Las actas de advertencia pueden motivar la imposición de medidas de seguridad predelictiva y entre 1 y 4 años de privación de libertad, por conducta antisocial, que según el Código Penal, se aprecia en las personas que quebranta habitualmente las reglas de convivencia social mediante actos de violencia, provocadores o perturba el orden de la comunidad.

 

Balseros indefensos ante arbitrariedad de la Capitanía de Puerto

Laritza Diversent

Julio Cesar Rifa Rivero y Roger Pupo Fariñas están totalmente indefensos y no tienen forma de cambiar esa situación. No encuentran un abogado que quiera demandar a la Capitanía del puerto de la Habana por vulnerarle sus legítimos derechos.

El 17 de diciembre del año pasado, las autoridades los sorprendieron, junto a 4 personas más, en aguas cercanas a la costa en una balsa construida por ellos mismos, después de un intento fallido de salida del país. “Había mal tiempo y decidimos recalar”, afirma Pupo Fariñas.

El 3 de marzo del presente año, 2 meses y medio después, el Teniente coronel Jorge Luis Aluija Urgell, dictó resolución en la que afirma que los 6 balseros incurrieron en una infracción muy grave”. “Construyeron una embarcación rustica en la cual más tarde navegaron sin la autorización de la Capitanía de Puerto”, argumenta.

En 1994 por política penal, amparada en la vigencia de tratados internacionales (Acuerdos Migratorios), el Estado cubanos decidió no sancionar penalmente a los emigrantes cubanos que salen ilegalmente del país por vía marítima, en embarcaciones precarias y con riesgos para la vida.

Sin embargo, el gobierno, a través de la Capitanía del Puerto, los sanciona administrativamente cuando los detectas en la costa o en el mar, por infringir las normas sobre la tenencia y operación de embarcaciones en el territorio nacional.

En Cuba está vigente un sistema para reprimir con multas y otras medidas, como el decomiso, violaciones de las disposiciones administrativas que no constituyeran delito, llamadas infracciones o contravenciones personales. Hasta la fecha, el gobierno ha puesto en vigor más de 90 disposiciones legales en materia contravencional.

Existen 14 infracciones sobre tenencia y operación de embarcaciones, calificadas de leves, graves y muy graves, sancionables con multas que van desde 500 pesos hasta 10 mil pesos, incluyendo el decomiso.

Yandi Vidal Cruz Alfonso de 22 años, Renny Leyva Risco de 26, Alexander Lara Céspedes de 36, Ricardo Mera Brides de 36 y Julio Cesar Rifa Rivero 33 años fueron multados con 3 mil pesos moneda nacional y a Roger Pupo Fariñas 31, le impuso el pago de 4 mil.

La reincidencia en la comisión de infracciones graves o incurrir a la vez en infracciones leves y graves, se sanciona con multa de 3 mil a 10 mil pesos.

Roger tiene además 12 intentos de salida del país. En diciembre de 2006 fue detenido regresando a la costa e interrogados por oficiales de Seguridad del Estado, pero no fue multado. Julio tiene otras 5 salidas. en 4 de ellas no fueron detectadas por las autoridades.

El capitán de puerto en su resolución indicó a los balseros, el derecho a recurrir su decisión. Los jóvenes buscaron asistencia legal en la sede de la Asociación Jurídica Cubana, dirigida por el Lic. Wilfredo Vallín. Los letrados de esta organización independiente le redactaron el escrito de reclamación.

“La resolución 16/12 de la capitanía del puerto de la Habana se notifico extemporáneamente”, consignaron en su alegato. “Se convierte en un acto jurídico ineficaz por no cumplir las formalidades establecidas en este caso su término para su aplicación”, argumentaron.

La capitanía del puerto les denegó la interposición del recurso. Los abogados de la AJC les recomendaron no pagar la multa. Sin embargo, las normas que rigen el sistema contravencional advierten que, para apelar una contravención, se debe satisfacer primero la penalidad.

Las multas se duplican de no pagarse dentro de los 30 días siguientes a su imposición. A los 2 meses de impago, se tramita, para su cobro, la vía de apremio mediante el embargo del sueldo, salario, pensión o cualquier otro ingreso que perciba el infractor.

Los balseros no se quedaron conformes. Su último intento, solicitar los servicios de un abogados de Bufetes Colectivos, que los representara en una demanda legal contra la Capitanía de Puerto. La Ley de Procedimiento Civil vigente regula un procedimiento para reclamar, en la vía judicial, las decisiones administrativas de los órganos estatales que vulneren derechos legalmente establecidos.

Julio Cesar Rifa Rivero y Roger Pupo Fariñas se personaron en la sede de 2 bufetes colectivos ubicados en el Vedado y Arroyo Naranjo, en la capital. Intentaron contratar 4 abogados. Todos se negaron. Los balseros asumen que, tal vez, solo tal vez, los letrados temen llevar una demanda contra una dependencia del Ministerio del Interior.

 

Iguales pero diferentes

Laritza Diversent

Pedro Valerino Acosta, de 28 años de edad, hijo de Pedro y Corina, fue sancionado 20 años de privación de libertad por asesinato del Humberto González Otaño, un joyero de la barriada de San Miguel del Padrón en la capital, proceso en el que resultaron también sancionados 5 personas más.

Hasta la fecha no le consta antecedentes penales, pero no participa en las actividades convocadas por el Comité de Defensa de la Revolución. Sus vecinos “lo rechazan por su conducta desajustada”, dicen los jueces.

Según el Tribunal de la Habana las pruebas existentes en su contra “son suficientes para ubicarlo como autor intelectual de los hechos”. En su sentencia afirma que vendió la idea de robar en casa del orfebre, sin especificar por cuanto, al resto de los acusados.

Valerino Acosta, reconoció que les dio, a dos conocidos del barrio, el contacto de un joyero en San Miguel, que compraba prendas y cambiaba dólares norteamericanos por pesos convertibles.

La policía afirma que le propuso a todos robar en el lugar y el tribunal que participo en los encuentros para perfeccionar el plan, circunstancia que fue negada por el resto de los sancionados en el juicio. Según los jueces, las declaraciones de los acusados varían, por el vinculo de amistad que los une y porque permanecieron en el mismo establecimiento penitenciario durante la prisión provisional.

No obstante, reconocer que la declaración de coacusado no hace prueba, el tribunal llegó a la convicción de su culpabilidad, porque junto a Eduardo Serna, uno de los testigos que declaró en el juicio, visitaban la casa del joyero. Además estaba relacionado con el resto de los acusados, por vínculos de amistad o por ser del mismo barrio.

Soltero, con 9no grado de escolaridad y sin vínculo laboral, Valerino Acosta es descrito por los jueces como un guapo que se manifiesta a viva voz, con palabras obscenas. “Altera frecuentemente el orden y se relaciona con elementos antisociales, ha sido objeto de interés para los órganos operativos del Ministerio del Interior ”, afirman.

El Instructor del caso, el Capitán Yoelkis Céspedes Ramos, que según el tribunal expuso de manera magistral las diligencias de investigación, nunca explicó porque Serna fue descartado como sospechoso, si al igual que Valerino Acosta, conocía a la mayoría de los acusados y residía en el mismo barrio.

Según familiares de los acusados, Eduardo no fue procesado porque un miembro de su familia pertenece a la División Territorial de Investigaciones de La Habana, órgano militar a cargo de la investigación del caso.

En Cuba somos iguales ante la ley, pero tener amigos, un familiar con un cargo o simplemente una buena solvencia económica, pueden hacer la diferencia. Mala suerte la de Pedro Valerino Acosta, hijo de Pedro y Corina, no tiene quien lo proteja.

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