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Archive for the ‘Confiscación’ Category

Directrices gubernamentales ignoran derechos de los emigrantes cubanos

29 diciembre, 2010 11 comentarios

Marta López desde hace varios años quiere emigrar hacia los Estados Unidos de América. Se apuntó en el sorteo de visas norteamericanas en 1998, pero no tuvo suerte. En el 2001 su madre fue de visita a los Estados Unidos y se quedo. La remesa que le enviaba mensualmente le permitió construir su casa. La salida del país, paso a ser su última opción.

No obstante, su madre después de hacerse ciudadana norteamericana, insiste en reclamarla. La señora López no se resignaba a perderlo todo: el tiempo, sudor y dinero invertido en edificar su casa y el sacrificio de su madre, que con 75 años trabajaba en un país extranjero sólo por ayudarla.

Las esperanzas resurgieron para Marta después de leer el proyecto de lineamientos de la política económica y social, previstos a adoptarse en el VI congreso del Partido Comunista de Cuba, en abril del próximo año. Según el punto 278, el gobierno aplicará formulas flexible para la permuta, compra venta y arriendo de viviendas.

El gobierno aclaro que los lineamientos solo trataban el tema económico, sin embargo, es imposible deslindarlo del asunto de los derechos humanos dentro de la isla, principalmente, los relacionados con los emigrantes isleños.

A pesar de que el gobierno hizo una lista de las directrices de sus política para el próximo quinquenio, ninguna explica en qué forma se aplicaran y el alcance de estas. No obstante, aumentan la expectativa en buena parte de la ciudadanía, principalmente aquella que tiene planes de emigrar, respecto a la posibilidad de vender sus casas, acto prohibido legalmente en el país hasta el momento.

Marta pregunta si eliminarán la sanción administrativa de confiscación de bienes, para los que decidan emigrar. Principalmente, las normas que impiden a los que desean salir definitivamente del país, disponer libremente de sus bienes, incluyendo sus viviendas.

El Estado cubano, que en junio pasado fue elegido vicepresidente del Consejo de Derechos Humanos (CDH) de Naciones Unidas, desde principios de la década de los 60 restringe a sus ciudadanos la libertad de movimiento, por medio del permiso de entrada y salida al país. Igualmente instrumentó disposiciones legales que impiden a los emigrantes conservar sus propiedades dentro de la isla.

Ley 989 de 5 de diciembre de 1961, vigente en el sistema legal, establece las medidas a tomar sobre los muebles o inmuebles, o de cualquier otra clase de valor, etc. a quienes abandonan con imperdonable desdén el territorio nacional. La norma, nacionaliza los bienes de los emigrantes por medio de la confiscación, sin derecho a indemnización, como si salir del país fuera un delito.

El Ministerio del Interior, el de Justicia y el Instituto Nacional de la Vivienda sincronizan maniobras para evitar que las personas que pretendan emigrar evadan las acciones confiscatorias de la ley 989. No autorizan la salida del país hasta tanto los bienes de los propietarios que emigra, no formen parte del patrimonio estatal.

Estas disposiciones también afectan las facultades de disposición sobre la propiedad personal y las regulaciones del derecho de familia. Las autoridades declaran nulas las donaciones y permutas de viviendas, sin dentro de los 4 años de autorizado el acto, uno de los involucrados presenta la solicitud de salida definitiva del país.

Si el emigrante es casado, el estado liquida la comunidad matrimonial de bienes para confiscar la parte que este le corresponde. Sin embargo, el Código de Familia vigente desde 1975, no reconoce la salida definitiva del país, como una causa que extingue la mancomunidad de bienes entre cónyuges.

Ninguno de estos temas se tocan en lo lineamientos de la política gubernamental, sin embargo nada impide que la instrumentación de las mismas se tengan en cuenta, mas cuando la migración es la principal responsable de la entrada de divisa al país.

No obstante, existen pocas posibilidades de que sean tenidas en cuentas, ya que la eliminación de estas disposiciones significa la pérdida de ingresos netos al presupuesto del Estado. Eso también lo sabe Marta López, sin embargo, aun no pierde las esperanzas.

Laritza Diversent

Leyes cubanas destruyen principio de inocencia

23 diciembre, 2010 10 comentarios

“Se presume inocente a todo acusado mientras no se dicte fallo condenatorio contra él”. El principio es regulado internacionalmente en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pero para el Estado cubano es intrascendente, a pesar de haberse comprometido en 1948 a respetar los derechos en ella contenida.

A la hora de legislar, no tiene en cuenta el respeto de los más elementales derecho, lo importantes es aplicar ‘medidas drásticas y ejemplarizantes’, contra aquellos que osen aprovecharse de las conquistas de la “Revolución socialista”. Mucho menos se detiene a reflexionar en las garantías que en la constitución estatal se obligo ofrecer.

En el 2003 el Consejo de Estado, presidido por el convaleciente Fidel castro, puso en vigor el Decreto Ley 232, que impone a los propietarios la confiscación o pérdida de derecho, por vía administrativa, sobre las viviendas o locales, cuando en ellas se practiquen actos de corrupción, prostitución, proxenetismo, trata y tráfico de personas, pornografía, corrupción de menores, etc. Se aplica también a los propietarios que arriende su inmueble sin autorización legal.

La aplicación de esta disposición parte de que “la propiedad de los ciudadanos sobre la vivienda y las tierras, constituye el resultado de la obra revolucionaria en beneficio del pueblo trabajador”. Declarando inaceptable que personas inescrupulosas se aprovechen de los botines socialistas para lucrar y enriquecerse personalmente.

Visto así el consejo de estado facultó a la Dirección Provincial de la Vivienda a disponer la confiscación de los inmuebles propiedad personal, en estos casos. El procedimiento es sencillo. La Fiscalía o el Ministerio del Interior tienen la obligación de enviar las investigaciones penales al órgano administrativo, y este, luego de 7 días, dicta la resolución confiscatoria.

No pongo en duda la necesidad de “combatir con mayor rigor y energía” estos males. No obstante, es inaceptable que en la represión de estas conductas se violen garantías humanas, como lo es el principio de presunción de inocencia. El decreto Ley 233 se aplica independientemente de lo que al respecto determine un tribunal en un proceso penal.

Si los procesados en virtud de esta disposición, son declarados culpables en la vía judicial, resultan doblemente sancionados. Pierden su libertad y también sus bienes. Si son declarados inocentes, son castigados sin motivo alguno.

En todo caso hay una violación de los derechos fundamentales. Las víctimas de esta disposición no cuentan con un recurso efectivo ante los tribunales nacionales, que la ampare contra actos de la administración, que violen su derecho reconocidos por la Constitución Estatal de la isla, que “garantiza la propiedad sobre la vivienda que se posea con justo titulo de dominio”.

Los afectados por el Decreto Ley 232, cuentan con tan solo 3 días, después de la notificada la resolución confiscatoria, para impugnar, por medio de la revisión, ante el Presidente del Instituto Nacional de la Vivienda, hecho que no interrumpe la ejecución de la confiscación.

La Ley de Procedimiento Civil, Administrativo y Laboral prevé un proceso contencioso administrativo contra actos y decisiones de los Organismos de la Administración Central del Estado que violenten derechos ciudadanos. Sin embargo, la disposición emitida por el Consejo de estado, no permite recurrir la decisión del máximo dirigente del Instituto Nacional de la Vivienda, ni en la vía administrativa ni en la judicial.

El ejercicio de derechos humanos en Cuba, son restringidos y violados por las leyes. El decreto ley 232 es un ejemplo de ello. En su aplicación destruyen el principio de inocencia y también coloca al ciudadano en estado de indefensión.

Atribuciones de Ministras de Finanzas y Precios son inconstitucionales y arbitrarias

La Ministra de Finanzas y Precios, Lina Olinda Pedraza Rodríguez, ordenó la ejecución de un proceso de confiscación contra Teófilo Roberto López Licor de 66 años, amparada en el Decreto Ley 149 “sobre confiscación de bienes e ingresos mediante enriquecimiento indebido”, conocida como Ley contra maceta (nuevos ricos) y su reglamento, el Decreto No 187, ambos de 1994.

La representante estatal exige la confiscación de los bienes e ingresos obtenidos por la familia López Licor, en un periodo de 10 años (1998 al 2008). Sin embargo, la resolución dictada en julio de 2009, está asentada en el expediente confiscatorio número 1349, que no especifica el año de radicación. Detalle que crea dudas acerca de la aplicación del decreto-ley con efectos retroactivos, por parte del órgano estatal.

Según la Constitución de la República las leyes no penales tienen efecto retroactivo cuando en las mismas se disponga por razón de interés social o utilidad pública. El Decreto Ley 149 es de carácter administrativo y en su parte dispositiva no hace mención a ese particular.

El proceso afectó además, a Pompilio López Licor, 61 años y Teófila Elsa Ávila Gutiérrez, 60 años, hermano y esposa de Teófilo Roberto, quienes junto a su hijo, Antonio, fueron declarados por la resolución ministerial, como terceros que se beneficiaron con el enriquecimiento indebido.

La Diputada nacional por la provincia de Villa Clara, asegura que las 3 viviendas, 2 autos, una moto y varios bienes, entre ellos equipos electrodomésticos intercambiados con la “Revolución Energética”, fueron obtenidos y legalizados por Teófilo, mediante vicios ocultos y subterfugios, a nombre de sus parientes, sin especificar cuáles fueron los actos ilícitos.

Sin embargo, no ordena acción legal contra los funcionarios de la Dirección Municipal de la Vivienda de Arroyo Naranjo, en Ciudad de la Habana, que actuaron en la legalización de los bienes e inmuebles de los afectados.

Los bienes confiscados ascienden a 2 millones 347 mil 834 pesos cubanos con 24 centavos. Valor certificado por peritos que no especificaron, como les viene obligado legalmente, en qué consistía el avalúo, ni cuales fueron los parámetros del procedimiento, ni los elementos que se tomaron en cuenta para la estimación.

López Licor es trabajador por cuenta propia, en la actividad reglada No 646 “Elaborador-vendedor de alimentos y bebidas no alcohólicas en punto fijo de venta” y tiene documentaos de la oficina tributaria que acreditan ingresos por más de 500 mil pesos cubanos.

Teófilo Roberto también puede acreditar 18 mil pesos convertibles (CUC), 450 mil pesos cubanos (CUP), recibidos por remesas de los Estados Unidos, de parte de seis hermanos y un hijo, residentes en ese país.

Sin embargo, la también miembro del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, Pedraza Rodríguez, desestimó las pruebas aportadas por López Licor. Alegó que el cuentapropista contrató fuerza de trabajo y los documentos bancarios no acreditaban que hubiese recibido efectivamente el dinero. La legislación penal considera ilícita utilización de mano de obra que no sea familiar. Sin embargo, contra López Licor no existe sanción penal impuesta por ese motivo

Los procesados recurrieron la resolución ministerial mediante Recurso de Reforma ante la propia Pedraza Rodríguez, quien lo declaró sin lugar, ratificando su decisión, en octubre de 2009. El pasado 22 de junio solicitaron a la titular de Finanzas y Precios, el inicio de un procedimiento especial de revisión. Sin embargo, la ejecución de la sanción de confiscación no se interrumpe, a pesar de que no haberse agotado las vías para recurrirla.

El Decreto-Ley 149, coloca en estado de indefensión a los afectados al impedirles acudir a los Tribunales en demanda de justicia frente a un acto de la Administración que le es lesivo. No obstante, la Constitución de la República establece que “La confiscación de bienes se aplica sólo como sanción por las autoridades, en los casos y por los procedimientos que determina la ley”. El Código Penal, la regula como una sanción específica y accesoria de un delito.

No obstante, la Fiscalía, quien tiene a su cargo el ejercicio de la acción penal pública en representación del Estado, decidió promover un procedimiento administrativo antes de activar la vía judicial por la comisión de delitos. En un proceso penal, los parientes de Teófilo Roberto jamás hubieses respondido por actos ajenos. La responsabilidad es individual.

El Código Penal cubano, vigente desde 1987, establece que “la confiscación de bienes no comprende,…los bienes u objetos que sean indispensables para satisfacer las necesidades vitales del sancionado o de los familiares a su abrigo”. Por tanto, en la vía penal, las viviendas no pueden ser objetos de incautación.

La vigencia de esta norma en el ordenamiento jurídico cubano lejos de proteger intereses generales, destruye la confianza y seguridad que debe bridar todo sistema legal. Su aplicación viola las garantías jurídico-penales ofrecidas a los ciudadanos y los coloca en estado de indefensión ante los excesos de gobierno.

Lina Olinda Pedraza Rodríguez, Ministra de Finanzas y Precios, alegó en su resolución que los bienes incautados “no son fruto del trabajo honesto”, sin embargo, el Código Civil cubano define el enriquecimiento indebido como el traspaso de valores de un patrimonio a otro, sin causa legítima. La licenciada en Control Económico fue designada por el gobierno, pero no está calificada para administrar justicia. Las atribuciones que le confiere el Decreto Ley 149/94 son inconstitucionales y también arbitrarias.

Laritza Diversent

Problema sencillo, solución llana

El problema que tiene las autoridades de ecuador con los cubanos, no está en los matrimonios de conveniencia entre los ciudadanos de ambos Estados. El inconveniente surge por el permiso de entrada y salida que impone el gobierno de la isla y en el trato que da a sus emigrantes.

Normalmente los cubanos para viajar al extranjero por asuntos particulares requieren el visado del país que pretenden “visitar” y el permiso de salida otorgado por el Ministro del Interior. Igualmente necesitan una carta de invitación formulada ante Notario Público, por quien los invita; legalizada por los canales consulares.

Los cubanos “Se aprovecharon legalmente de un estado de apertura que tenemos los ecuatorianos” afirman autoridades de ese país. Sin embargo sus funcionarios públicos, lucraron con la desesperación de los cubanos.

Desde 2007 el ministerio de Relaciones Exteriores dispuso, mediante la Resolución No 87, que “la Invitación extendida a favor de ciudadanos cubanos residentes en el territorio nacional, por familiares o amigos residentes en el extranjero, para viajar al exterior por asuntos personales, será formulada mediante documento notarial, debidamente legalizado de conformidad con la legislación del país en que se expide, y presentada ante el Consulado cubano correspondiente”.

Se violaron “normas ética” porque los cubanos necesitaban los servicios de funcionarios públicos ecuatorianos. Los notarios del país sudamericano son los encargados de formalizar la escritura de invitación a los ciudadanos cubanos, con precio de 400 a 600 dólares en el mercado informal. Validan también las declaraciones juradas que luego son utilizadas para obtener la cedula de ciudadanía de dicho país.

A principios del pasado mes de abril, las autoridades ecuatorianas denunciaron una presunta red de corrupción que facilitaba la nacionalización ilegal de cubanos en ecuador. Resultaron implicados un secretario de relaciones exteriores y dos notarios públicos, por no verificaban la información de entrada y salida al país de los isleños que contraían matrimonio y expedir documentos fraudulentos.

¿Porque un matrimonio con premura?

Las autoridades ecuatorianas igualmente reconocen que los cubanos cumplen los requisitos legales para salir de Cuba y entrar en Ecuador y que la mayoría regresa a la isla. Significa que los isleños no tienen la intención de radicarse definitivamente en ese país. No obstante surgen varias interrogantes: ¿Por qué necesitan con tanta premura matrimoniarse en ese país?

Luego de legalizar su situación en ecuador los cubanos solicitan, a las autoridades de migración cubana, el Permiso de Residencia en el Exterior (PRE). Autorización que se otorga a los ciudadanos que hayan contraído matrimonio con ciudadanos extranjeros para establecerse en el exterior por tiempo indeterminado.

El trámite les permite entrar a la isla cada vez que lo deseen sin necesidad de solicitar Permiso de Entrada además de la posibilidad de permanecer en el país hasta 12 meses consecutivos, sin perder esta categoría y regresar definitivamente a la isla cuando decidan renunciar al PRE.

La respuesta gubernamental a la solicitud del PRE, puede demorar hasta 6 meses y el permiso de salida del país por asuntos particulares se otorgarse por un término hasta de tres meses. Por tanto los trámites deben realizarse en los primeros 4 meses de la llegada al ecuador. La aprobada la solicitud del PRE, el ciudadano cubano solicita prórrogas de estancia en el exterior hasta la fecha de comunicación de la autorización.

Los cubanos que no regresen a la isla en el tiempo estipulados las autoridades cubanas le aplican lo dispuesto en la Ley número 989 de 5 de diciembre de 1961. La referida ley impone la confiscación de bienes y el abandono definitivo del país.

El problema es sencillo: los isleños viajan al país suramericano, porque este simplifico los trámites para viajar. El matrimonio les permite evadir el permiso para salir o regresar a la isla, cuando lo deseen, sin necesidad de perder sus bienes. La solución está en manos del gobierno cubano: eliminar las restricciones para viajar. Mejor dicho, respetar la libertad de movimiento de sus ciudadanos.

Laritza Diversent

Candil de la calle

El gobierno de Ecuador, recientemente la emprendió contra los cubanos que están dentro de su territorio. Los acusa de contrabandistas y de propiciar una red de tráfico ilegal hacia la isla. Incluso deportará a los isleños que rebasen la estadía que permite la ley para el turismo y no estén en proceso para legalizar su situación el país. No obstante, reconocen que la mayoría de ellos entra y sale de la nación.

El hecho no afectará, en ningún modo, las relaciones entra ambas naciones. El gobierno cubano, sin embargo, está consciente de que sus nacionales cumplen los requisitos aduanales exigidos para sacar mercancías del país sudamericano y entrarlas en la isla. Lejos de defenderlos, aúna esfuerzos para perseguirlos y castigarlos. Acordó con la nación sudamericana investigar los matrimonios de conveniencia entre ciudadanos de ambas naciones.

Así responde el gobierno de la Isla, a un grupo de sus naturales que, dentro de una economía estancada y una crisis financiera de grandes magnitudes, tiene una importancia sin precedente. Las remesas del exterior es una de las principales fuentes de divisa del país.

A sus emigrantes les impone altos precios por los trámites migratorios, sin contar que tiene la potestad discrecional para decidir quién entra o sale. Aumenta los gravámenes de los derechos aduanales, refuerza los controles en los aeropuertos y le decomisa los productos, que según su parecer, seas para comercializar. A todo esto sumemos que, aun conservando la ciudadanía cubana, dentro de la isla pagan los servicios como extranjeros.

La emigración cubana de los últimos años cambio su carácter. A principios del procesos revolucionario tenia motivaciones políticas. El gobierno tomó medidas para reprimirla: impuso el permiso de entrada y salida a la isla, el abandono definitivo y la confiscación de bienes ingresos. Las leyes aun siguen vigentes, a pesar de que los emigrantes de los tiempos recientes, sale en su mayoría, buscando oportunidades económicas.

Por supuesto, ellos no son como los “cinco héroes acusados injustamente en los Estados Unidos”. Su vida y trabajo en el exterior es para beneficio individual y familiar, no político. Si son acusados indignamente, no importa. No merecen que el gobierno gaste parte del presupuesto estatal, financiado comité de solidaridad en el extranjero, para su defensa.

Si fuera la Unión Europea o los Estados Unidos, los que la emprendiera contra los emigrantes cubanos, la cosa seria diferente. El conflicto internacional no se haría esperar. El Ministerio de Relaciones Exteriores, el Consejo de Estado, la Asamblea Nacional y todas las organizaciones de masas y sociales, publicarían sendas declaraciones de condena a la medida. También se convocaría una marcha multitudinaria en la tribuna antiimperialista.

La situación con Ecuador es diferente, no puede ni habrá conflictos. Ambas países pertenecen al Alternativa Bolivariana para las América (ALBA). Significa que, los intereses políticos e ideológicos
están por encima de los derechos humanos de sus nacionales.

“Candil de la calle y oscuridad de su casa”, así decía mi abuela cuando quería referirse a las personas que abandonaban a los suyos, pero estaba dispuesto a ayudar a los extraños. El refrán le queda justo al gobierno cubano. Defiende los derechos de los emigrantes del mundo, pero a los suyos los ignora totalmente.

Laritza Diversent

Autoridades aduaneras contra la disidencia

La Aduana General de la República (AGR) amparada en la Resolución No. 5, vigente desde de 1996 y dictada por el General de Brigada, Pedro Ramón Pupo Pérez, decomisó envíos procedentes desde el extranjero a varios disidentes.

La disposición gubernamental prohíbe la importación mediante envíos, de “cualquier objeto cuyo contenido sea considerado contrario a la moral y las buenas costumbres o que vayan contra los
intereses generales de la Nación”.

La norma fue aplicada recientemente a la corresponsal Aini Martin Valero. Le decomisaron bolígrafos y lápices, globos, pasta de diente, curitas, almohadillas sanitarias y otros artículos útiles, según reportó Cubanet, sitio de la prensa independiente cubana.

Yusnaimy Jorge Soca, esposa del prisionero de conciencia, doctor Darcy Ferrer Domínguez, también fue afectada por la Resolución 5/96. Le incautaron una cámara digital, un MP3 – 4, vendajes, gasa, tabletas para purificar agua, efectos de escritorio – para su niño una caja de crayolas y 5 globos – y otros objetos de utilidad, según reportó la prensa independiente.

A la autora del blog “generación Y”, Yoanis Sánchez, también le fueron decomisados dos paquetes postales, enviados desde el exterior. El primero contenía la versión en español de su libro “Cuba libre”, el segundo, el catálogo de una exposición organizada por la artista Tania Bruguera.

La AGR en su sitio web , publica el listado de productos cuya importación sin carácter comercial se prohíbe. Entre otros, menciona como artículos prohibidos, drogas, estupefacientes, sustancias sicotrópicas o alucinógenas, explosivos, hemoderivados, literatura, artículos y objetos obscenos o pornográficos
o que atenten contra los intereses generales de la nación.

La resolución 5/96 dispone que los productos de esa naturaleza que se intenten importar o exportar, serán decomisados por la autoridad aduanera y entregados a al organismo correspondiente del Ministerio del Interior.

El la incautación de productos importados se impone por resolución, que puede ser recurrida por el afectado, dentro de los 30 días siguientes, de comunicada la medida. El escrito de apelación se presenta ante la autoridad que dispuso el decomiso, quien lo eleva a su superior. La decisión de este último, no puede ser nuevamente recurrida en la vía administrativa; pero si en la judicial.

Según sus fundamentos de hecho y de derecho, la resolución 5/96 permite la aplicación, dentro del territorio nacional, del Convenio internacional y el Acuerdo para la Represión de la Circulación y del Tráfico de Publicaciones Obscenas de 1923 y de 1910 respectivamente. Ambos instrumentos enmendado por los protocolo de 1947 y de 1949, vigentes para Cuba desde 1983.

La Resolución 5/96 incluye los intereses generales de la nación; pero no específica cuáles protege. La generalidad en este caso, permite a las autoridades gubernamentales, interpretar y aplicar las disposiciones legales arbitrariamente de acurdo a sus intereses políticos. Un ejemplo de cómo se utilizan las normas jurídicas del sistema, como un medio para reprimir y asfixiar a los disidentes.

Lic. Laritza Diversent

Responsable por actos ajenos (II)


Justicia cansada

La tarea más difícil para una mente racional, es entender el sistema implantado por los comunistas cubanos. Sus términos políticos son difusos, y los jurídicos abstractos y generales. Luego, interpretan las normas jurídicas como les venga en gana. No importa que, en su aplicación, se violen los derechos más elementales de sus gobernados.

Zoraida Magallanes, la anciana de 75 años, fue colocada en un albergue, porque el Ministro de Finanzas y Precios, le aplicó el artículo 4 del Decreto-Ley 149 de 1994. Su hijo, con quien convive, fue sancionado administrativamente por enriquecimiento indebido.

La norma confisca los bienes de los terceros beneficiados del incremento patrimonial. Ella entra en este último supuesto. Su inmueble, construido en 1926, fue reparado por su descendiente.

Si el hijo de Zoraida hubiese sido procesado penalmente, su progenitora jamás hubieses respondido por actos ajenos. La responsabilidad penal es individual. Para desgracia de ambos, el fiscal que atendió el caso, decidió aplicar un procedimiento administrativo antes de ejercer la acción ante un tribunal, por la comisión de delitos.

El Código Penal cubano, vigente desde 1987, establece que “la confiscación de bienes no comprende,…los bienes u objetos que sean indispensables para satisfacer las necesidades vitales del sancionado o de los familiares a su abrigo”. Por tanto, en un proceso penal, las viviendas no pueden ser objetos de incautación.

Por otra parte, el Decreto-Ley 149, impide que los ciudadanos acudan a los Tribunales en demanda de justicia frente a un acto de la Administración que le sea lesivo. La resolución del Ministro de Finanzas y Precios que disponga la confiscación, no puede ser recurrida en la vía judicial por los afectados, según el artículo 9 del mismo.

En otras palabras el procedimiento administrativo de confiscación de bienes e ingresos constituye un obstáculo para demandar la tutela judicial efectiva, a la que tienen derecho todas las personas. ¿Esta es la forma en que protegen los intereses vitales de la sociedad cubana?

Estas son algunas de las consecuencias de que el fiscal aplique el Decreto-Ley 149, antes que el Código Penal y su Ley de Procedimiento. No obstante, estas últimas disposiciones, tienen jerarquía normativa dentro del ordenamiento jurídico cubano. Al ser emitidas por el Asamblea Nacional. Estas deben ser aplicadas preferentemente a las disposiciones de otros órganos estatales.

¿Dónde se quedo la misión de la Fiscalía de controlar y preservar la legalidad socialista? Este órgano estatal tiene la función constitucional de velar por el estricto cumplimiento de la Constitución, las leyes y demás disposiciones legales. A su cargo, tiene además, la promoción y el ejercicio de la acción penal pública en representación del Estado.

La aplicación preferentemente del Decreto-Ley 149, es resultado a la subordinación constitucional de la Fiscalía General de la República al Consejo de Estado. Significa que debe cumplir primero las instrucciones, de los que dirigen este país, antes de lo que le ordena la ley.

La vigencia de este decreto ley en nuestro ordenamiento jurídico lejos de proteger intereses generales, destruye la confianza y seguridad que debe bridar todo sistema legal. Su aplicación viola todas las garantías que ofrecen las leyes penales a los encausados.

Laritza Diversent

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