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Archive for the ‘Constitución cubana’ Category

El poder judicial en Cuba

En Cuba, la potestad de administrar justicia, corresponde a los Tribunales Populares. El Tribunal Supremo Popular (TSP), según el artículo 121 de la Constitución de la República tiene la máxima autoridad judicial y sus decisiones son definitivas. Sin embargo, no tiene facultades reconocidas como órgano superior del ‘Poder Popular’.

No tener la calificación de órgano superior del Estado, determina que TSP, no tenga la exclusividad y unidad de la jurisdicción a la hora de administrar justicia. Significa que otro órgano estatal puede ejerce esas funciones. Por ejemplo, la interpretación general y obligatoria de las leyes vigentes, es una atribución del Consejo de Estado, (inciso ch, del Art. 75 de la Constitución de la República).

La defensa de la Ley Suprema, es una facultad de la Asamblea Nacional. El parlamento, es quien decide acerca de la constitucionalidad de las leyes que el mismo emite, los decretos leyes, decretos y demás disposiciones generales (inciso c, Art. 75 de la Constitución de la República). Revoca además las disposiciones jurídicas que contradigan la Carta Magna (incisos ch, r y s del Art. 75).

Esta misma autoridad la tiene el Consejo de Estado (inciso o, del Art. 90), respecto a las decisiones de los órganos inferiores. Incluso puede suspender las decisiones del Consejo de Ministro y la de las asambleas locales, cuando estas no se ajusten a la constitución o las leyes.

Consecuencias:

  • No existe en el sistema legal, un Tribunal de Garantías Constitucionales ni la jurisdicción constitucional.
  • Los órganos de justicia, tampoco puede emitir resoluciones de constitucionalidad o inconstitucionalidad, que controle y oriente las acciones del gobierno y del legislativo.
  • El poder judicial en Cuba es nulo y con él, el Estado de Derecho. Los órganos estatales superiores, son impunes e irresponsables ante los excesos de gobierno.

Laritza Diversent

¿Práctica internacional, de qué hablan? (II)

A nivel mundial, el derecho de reunión y manifestación se regula de forma general en instrumentos jurídicos de las Naciones Unidas. Estos establecen los principios generales que permiten el ejercicio del derecho. Los detalles específicos son responsabilidad de cada estado.

Desde ese punto de vista, no puede hablarse de una práctica internacional uniforme, respecto a la regulación legal de esta prerrogativa. Lo más acertado sería referirse a los elementos comunes utilizados por los diferentes gobiernos, para regular jurídicamente el derecho de reunión y manifestación, dentro de sus territorios.

Por ejemplo, la legislación de España y Venezuela, reconocen el derecho de reunión pacífica y sin armas, siempre que no alteren el orden público ni representen un peligro para personas y bienes. Exigen la obligación de notificar a la autoridad días antes de su celebración, indicando el itinerario escogido, día, hora y objeto general que se persiga.

Regulan los supuestos en que las autoridades pueden disponer impedir una manifestación o disolverlas. En la mayoría de los casos se procede a esa decisión, cuando sean ilícitas (sus organizadores no cumplen los requisitos legales exigidos), alteren el orden público o busquen obstaculizar el libre tránsito. Incluso, la española prohíbe a los manifestantes usar uniformes paramilitares. También reconocen el derecho ciudadano a recurrir la decisión de la autoridad ante un Tribunal.

¿Si el gobierno apela a la “práctica internacional”, para restringir los derechos de las Damas de Blanco, entonces porqué permite los mítines de repudio de las “masas enardecidas” contra lo que el mismo califica, como manifestaciones contrarrevolucionarias (disidentes)?

En estos casos no importan las interrupciones del tránsito, ni los posibles enfrentamientos violentos, que pudieran ocurrir entre los manifestantes. Sin contar que los miembros de la Seguridad del Estado vestidos de civil y uniformados, del Ministerio del Interior y de la policía, participan en las mismas.

No las disuelven porque es el propio gobierno, el que convoca, organiza y dirige estas reacciones violentas, avaladas por sus medios de comunicación oficial, como legítimas. No obstante, la legislación penal sanciona al que provoque riñas o altercados en lugares al que concurren numerosas personas. La sanción se triplica si los hechos se realizan con el propósito de alterar de cualquier forma el orden público.

No es un secreto para nadie en centros laborales, estudio y barrio, a través de sus organizaciones sociales y de masa, están constituyendo Destacamentos de Respuesta Rápida (BRR), con la misión de enfrentarse a las protestas disidentes con armamento rústico: palos, cabillas y cables.

Los miembros de las BRR, actúan con total impunidad, porque los encargados de velar por la tranquilidad y seguridad ciudadana, los agentes policiales, no hacen absolutamente nada. ¿A eso llaman igualdad ante la ley?

Las restricciones al derecho de reunión y manifestación, que pretende imponer el gobierno cubano a las Damas de Blanco, son estrictamente de carácter político. Es una hipocresía, intentar acogerse a principios internacionales sobre derechos humanos, para justificar la discriminación.

Laritza Diversent

¿Práctica internacional, de qué hablan? (I)

Foto: Orlando Luis Pardo

En Cuba, el derecho de reunión y manifestación está reconocido en la Constitución, aunque no está definido. La legislación penal lo protege mediante la tipificación de conductas que atenta contra su legítima ejecución. Sin embargo, remite a disposiciones jurídicas sobre la materia, para sancionar a los que impidan el ejercicio de esta facultad y a los que la ejerzan de forma ilícita.

Sin embargo, en nuestra legislación no existe ninguna disposición jurídica que regule el contenido y alcance del derecho de reunión y manifestación, no obstante, ser frecuentes los desfiles por céntricas avenidas, todos convocados y organizados, por el propio gobierno y con un marcado carácter político-ideológico.

La ausencia de legislación al respecto, fue lo que obligó al gobierno cubano, representado por miembros del Ministerio del Interior, a hacer referencia, en un comunicado verbal a las Damas de Blanco, a la práctica internacional y no a una disposición jurídica de su sistema legal, para justificar su decisión de restringir en grado sumo, el ejercicio del derecho de manifestación a estas mujeres.

“De acuerdo a la práctica internacional, solo se practicará un recorrido en el área de la Iglesia de Santa Rita de Casia, desde la calle 30 hasta 22, por el Paseo Central sin afectar el tránsito, con la participación de las Damas de Blanco y diez de apoyo. En cada ocasión que se vaya a utilizar ese escenario, la responsable o asignada, lo informará a la PNR (Policía Nacional Revolucionaria) de la calle Zanja, 72 horas antes…” (El Oficial de alto rango de la Seguridad del Estado, nombrado “Samper”, permitió a Laura Pollán, copiar un fragmento)

Las Damas de blanco están constituidas por un grupo de mujeres que asisten a misas, en diferentes Iglesias católicas de la capital, para orar en favor de sus familiares, en su mayoría presos políticos encarcelados en lo que se conoce como la Primavera Negra del 2003.

Caminan el trayecto de ida y regreso hacia los templos, en silencio, vestidas de blanco y con gladiolos en las manos. Junto a ellas transitan otras féminas, que en solidaridad exigen igualmente la liberación de los presos de conciencia, catalogadas como Damas de Blanco de apoyo.

Sin embargo, a nivel mundial, el derecho de reunión y manifestación se regula de forma general en instrumentos jurídicos de las Naciones Unidas. Es decir, se establecen los principios o requisitos esenciales que permiten realizar el derecho. Le corresponde a cada estado reglamentar en su legislación, los requisitos necesarios para ejercer los mismos.

En ese sentido no puede hablarse de una práctica internacional uniforme, respecto a la regulación legal de esta prerrogativa humana. Lo que más pudiera apreciarse, son los elementos comunes utilizados por los diferentes gobiernos, para regular jurídicamente el derecho de reunión y manifestación, dentro de sus territorios.

No obstante, es una desvergüenza hacer referencia a una práctica internacional, si de derechos humanos se trata, cuando los máximos representantes del gobierno cubano, no se han decidido a ratificar los tratados internacionales en la materia. Mucho más aun, cuando considera que las exigencias de respeto a los mismos dentro de la Isla, por parte de los diferentes gobiernos democráticos del mundo, constituyen condicionamientos e imposiciones inaceptables.

Laritza Diversent

 

 

Las heridas aun no sanan

 Ernesto Ramírez salió de Cuba hace treinta años. Desde entonces no ha regresado. Sus amigos le cuentan que la situación es diferente. No obstante, por su mente, no pasa la idea de planificar una visita a su patria. Las heridas para él, aún no sanan.

El transcurso del tiempo no ha logrado borrar sus últimos días en la Isla: los trámites ante las autoridades para obtener el permiso de salida, el pago de sus deudas, la pérdida de todos sus bienes. Así lo decretan las leyes del gobierno revolucionario.

“Medidas a tomar con los bienes muebles o inmuebles, o de cualquier otra clase de valor, etc. a quienes abandonan con imperdonable desdén el territorio nacional”. Primer párrafo de la Ley Núm. 989 de 5 de diciembre de 1961, que dispone la nacionalización, mediante confiscación, de los bienes de los emigrantes.

Decretos, instrucciones, acuerdos de los órganos gubernamentales hacen efectivo, el estricto cumplimiento de la referida ley. Ramírez no podía vender o donar sus bienes. Tenía que entregarlo todo al Estado, a cambio de nada.

Para que se hiciera efectiva la salida del país tuvo antes que pagar el automóvil que el Estado le confiscaría. El Comité de Defensa de la Revolución (CDR) enumeró todo lo que tenía en casa: platos, tazas, cuchillos, sabanas, muebles, etc.

Días antes de la fecha de vuelo, el CDR le puso un sello a la vivienda, después de revisar que todo lo inventariado estuviese completo. Tuvo que pasar por la policía y entregar la propiedad de la casa y las llaves del auto. Hasta su salida, pasó las restantes noches en casa de amigos.

El día del viaje, en la entrada del aeropuerto, el aparato de detención de metales puso sobre aviso a las autoridades aduaneras. Notaron que Ernesto aun conservaba su cadena de la Virgen de la Caridad del Cobre, el reloj y el anillo de casado. En una oficina discreta, tuvo que quitarse todo. Tenía que escoger entre perder su vuelo o firmar un papel en el que constaba que cedía esos artículos voluntariamente.

Con sólo dos camisas, un pantalón y dos calzoncillos, Ernesto Ramírez reinició su vida. No solo partió de cero, volvió a nacer. No ha olvidado los juegos con sus amigos de infancia y el beso de su primer amor de adolescente. Sin embargo, esos recuerdos se minimizan ante el dolor de revivir sus últimos días en Cuba. Hoy, siente que nada le pertenece en su tierra natal.

Para el gobierno fue un simple acto de inventariar y confiscar. Para él, fue perder todo lo que hasta entonces había ganado con su trabajo y sudor. Era el castigo que merecía por querer buscar oportunidades en el extranjero. Pagó caro por algo que no tiene precio: la libertad.

Laritza Diversent

Constitucionalismo Revolucionario

El gobierno revolucionario encabezado por Fidel Castro como Primer Ministro, dicta la Ley Fundamental de la República que restableció la Constitución de 1940. Después de su restablecimiento se dictaron otras leyes de rango constitucional: ley de Reforma Agraria, Reforma Urbana y Nacionalización de la enseñanza, entre otras, que modificaron extensamente sus preceptos.

Reprodujeron el esquema básico y el articulado de la Súper Ley de 1940, con importantes omisiones. El número de artículos se redujo de 286 que tenía, a 233 que tuvo la Ley Fundamental. En relación a los derechos fundamentales, se reproducen casi literalmente, aunque se le agrega numerosas excepciones.

Según Leonel Antonio de la Cuesta, en su libro Constituciones cubanas desde 1812 hasta nuestros días, a esa tendencia revolucionaria se le llamó la legislación del no obstante. En el lenguaje jurídico significa que, el gobierno, en su actividad frente al individuo, no quedaba limitado debido a la declaración restrictiva inicial.

En fin, la Ley Fundamental de 1959 fue extensamente modificada. Se podía reformar por acuerdos del Consejo de Ministro, presidido en aquel entonces por el convaleciente Fidel Castro, mediante el voto conforme de sus dos terceras partes y previa ratificación de esta medida, en tres sesiones consecutivas del propio cuerpo, por el mismo número o proporción de votos. No hay constancia en la Gaceta Oficial de la República que se hubiese dado cumplimiento a este requisito formal.

Las reformas acordadas comenzaron a regir mediante su simple aparición en la Gaceta Oficial, órgano de publicación legislativa. Desde su promulgación hasta diciembre de 1962, fue modificada 19 veces. La Gaceta Oficial dejo de publicarse por un buen tiempo, no se sabe a ciencia cierta qué cantidades de modificaciones se le realizó.

Se eliminó el principio de la seguridad jurídica, que se define en el sentido de que el ciudadano debe saber a qué atenerse legalmente. Se implantó el principio de que la norma es la norma, propio de los sistemas totalitarios. Desde entonces comenzó a regir en nuestro sistema un doble orden jurídico.

Una disposición de rango administrativo, dictada por un funcionario estatal, modifica la constitución, práctica consecuente con la justicia socialista. Para el exterior lo único que consta es el texto legal escrito. Las quejas en el ámbito internacional por quebrantamiento del derecho positivo, se le atribuyen al exceso de celo, de un funcionario aislado, no al gobierno socialista.

La Ley Fundamental de 1959, se convirtió en una versión súper diluida de la Constitución de 1940 y en la de más larga vigencia desde la independencia nacional en 1901: 17 años.

Fuente consultada: Constituciones cubanas desde 1812 hasta nuestros días, autor Leonel Antonio de la Cuesta, segunda edición 2006, editorial hispano-cubana.

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