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Archive for the ‘Crónica social’ Category

Gobierno fomenta en la capital la migración y la xenofobia

Ana Luisa Millares, una holguinera de 43 años lleva menos de 8 viviendo en un barrio de la capital. Nadie se explica cómo, en tampoco tiempo, logró una línea de teléfono y una misión en Venezuela. Regreso con todo tipo de equipos electrodomésticos y dinero suficiente para en menos de 12 meses construir su casa.

No pocos vecinos están molestos con el aumento del nivel de vida de la señora Millares. Muchos no han logrado en su vida, la mitad de lo que esta mujer consiguió. En tono de desprecio y a sus espalda, la llaman la palestina. Apodo con el que los nacidos en la capital llaman a las personas provenientes del oriente del país.

La migración, principalmente del campo hacia la capital está determinada, en primer lugar, por la diferencia en el desarrollo económico y social de las diferentes regiones del país. Por otra parte el gobierno suple con los orientales, la fuerza de trabajo en los oficios que los capitalinos rechazan.

Del tema se habla poco o nada. Hasta hoy ningún análisis sociológico explica el porqué del recelo de los habaneros respecto a los orientales. Incluso normas legales impuestas por el gobierno para frenar la migración hacia la capital, como lo es el caso del Decreto 217 del comité ejecutivo del consejo de ministros, refuerzan ese sentimiento de apatía.

Algunos explican el asunto con hechos históricos. Según dicen, cuando los guerrilleros, en su mayoría orientales, llegaron a la habana en enero de 1959, destruyeron la capital. Convertidos en grupo dominantes tomaron los mejores inmuebles de la ciudad para sí y para cada uno de los miembros de su familia. Desde entonces, como dicen la agrupación de música bailable Los Van Van, “la Habana no aguanta más”

Entre los habaneros existen otras hipótesis para explicar esta situación. Algunos opinan que es un problema de idiosincrasia. Asegura que los orientales por lo general son incondicionales al gobierno; pero a la vez lo más hipócritas. Ana luisa para evitar la furia de los inspectores del departamento de enfrentamiento a las ilegalidades de la Dirección Municipal de la Vivienda, asumió la presidencia del Comité de Defensa de la Revolución.

Para respaldar la tesis mencionan el hecho de que los principales dirigentes del gobierno de la isla se nominan y eligen por los territorios del Oriente. También es una realidad que los orientales integran la principal fuerza de represión de la ciudadanía en la capital, la policía. Oficio rechazado por los capitalinos, incluso desde antes de que triunfara la revolución.

El hecho es reconocido por el Presidente del Consejo de Estado, Raúl Castro en su discurso pronunciado en la clausura de la primera sesión parlamentaria del año 2008, cuando afirmó que “si no vienen los orientales a cuidar los habaneros, empiezan a incrementarse los robos…”. Una frase que tiene más de una interpretación.

En realidad es el propio gobierno quien fomenta la migración desde otras regiones del país hacia la capital. El también General de Ejército en su discurso preguntó: “¿Quién va a construir en la Habana si no viene de casi todo el país y muy especialmente de Oriente constructores?…Hasta maestros hay que traer de las provincias del interior y sobre todo de oriente, para la capital. Y la capital creo que es la que mas habitante tiene”.

Esta situación ha determinado que en la Habana, capital de todos los cubanos, los ciudadanos oriundos del oriente del país sean más vulnerables desde el punto de vista social. Incluso algunas actitudes pueden calificarse de xenófobas. En el asunto el gobierno tiene la mayor responsabilidad. Por una parte frena la migración vulnerando los derechos fundamentales de estas personas, y por otra las estimula, según su conveniencia.

Laritza Diversent

Alcoholismo, un escape a la realidad

31 diciembre, 2010 2 comentarios

Es la tercera noche que Roger Martínez, un joven de 35 años de edad, llega totalmente ebrio a su casa. Su esposa no aguanta mas la situación, tuvo que pedirle dos huevos a la vecina para acompañar el arroz blanco de la cena de sus hijos. Mientras, se pregunta de donde su marido saca dinero para embriagarse casi todos los días.

Roger a diario sale en busca de trabajo por cuenta propia. Limpia un patio, una obra de construcción en viviendas particulares, etc. No tiene una ocupación específica, pero hace cualquier cosa para vivir el día a día. Trabajar en la calle, para él, representa más entrada de ingreso, que un salario mensual. Pero tampoco le es suficiente.

Antes, cuando recostaba la cabeza en la almohada, pensaba de qué forma iba a resolver las dificultades económicas del día siguiente: el pago de los equipos electrodomésticos que le dieron con la “Revolución Energética”, la manutención de los hijos, la comida, reparar la casa.

Ahora su situación empeoro. Para trabajar por su cuenta y riesgo, necesita una licencia del gobierno. La Oficina de Administración Tributaria de su municipio, le exige un aval del bodeguero, dependiente de los centros que reparten la cuota subsidiada, que acredite que él no es un “deudor de la patria”. De lo contrario no le darán autorización para operar como cuentapropista.

Martínez está en una disyuntiva, para trabajar legalmente tiene que saldar sus deudas con el Estado. El problema está en que no sabe como buscará, más de 10 mil pesos para pagar todos los equipos electrodomésticos de la benévola batalla de ideas. Apenas puede garantizar los alimentos de la cena de sus hijos.

No le queda más remedio que trabajar de forma ilegal e incurrir en una de las contravenciones que regula cuentapropismo. La infracción se castiga con 1200 pesos de multa por ejercer una actividad de las legalmente autorizadas, sin presentar la documentación que lo acredite como trabajador por cuenta propia.

Roger se pregunta de dónde sacara el dinero si eso sucede. Su problemática en vez de disminuir, crece. La única solución por el momento es no pensar. De todas formas la única alternativa para sobrevivir es correr el riesgo y trabajar, como dicen en la calle, por la izquierda.

Su jornada comienza a las seis de la mañana en el bar de la esquina, dándose el primer trago del día. Termina dando tumbos y hablando solo de regreso a casa. La ingestión de bebidas alcohólicas, se convirtió en el aliciente a sus frustraciones e impotencias. Un escape a la dura realidad, un remedio para no pensar.

Laritza Diversent

Atribuciones de Ministras de Finanzas y Precios son inconstitucionales y arbitrarias

La Ministra de Finanzas y Precios, Lina Olinda Pedraza Rodríguez, ordenó la ejecución de un proceso de confiscación contra Teófilo Roberto López Licor de 66 años, amparada en el Decreto Ley 149 “sobre confiscación de bienes e ingresos mediante enriquecimiento indebido”, conocida como Ley contra maceta (nuevos ricos) y su reglamento, el Decreto No 187, ambos de 1994.

La representante estatal exige la confiscación de los bienes e ingresos obtenidos por la familia López Licor, en un periodo de 10 años (1998 al 2008). Sin embargo, la resolución dictada en julio de 2009, está asentada en el expediente confiscatorio número 1349, que no especifica el año de radicación. Detalle que crea dudas acerca de la aplicación del decreto-ley con efectos retroactivos, por parte del órgano estatal.

Según la Constitución de la República las leyes no penales tienen efecto retroactivo cuando en las mismas se disponga por razón de interés social o utilidad pública. El Decreto Ley 149 es de carácter administrativo y en su parte dispositiva no hace mención a ese particular.

El proceso afectó además, a Pompilio López Licor, 61 años y Teófila Elsa Ávila Gutiérrez, 60 años, hermano y esposa de Teófilo Roberto, quienes junto a su hijo, Antonio, fueron declarados por la resolución ministerial, como terceros que se beneficiaron con el enriquecimiento indebido.

La Diputada nacional por la provincia de Villa Clara, asegura que las 3 viviendas, 2 autos, una moto y varios bienes, entre ellos equipos electrodomésticos intercambiados con la “Revolución Energética”, fueron obtenidos y legalizados por Teófilo, mediante vicios ocultos y subterfugios, a nombre de sus parientes, sin especificar cuáles fueron los actos ilícitos.

Sin embargo, no ordena acción legal contra los funcionarios de la Dirección Municipal de la Vivienda de Arroyo Naranjo, en Ciudad de la Habana, que actuaron en la legalización de los bienes e inmuebles de los afectados.

Los bienes confiscados ascienden a 2 millones 347 mil 834 pesos cubanos con 24 centavos. Valor certificado por peritos que no especificaron, como les viene obligado legalmente, en qué consistía el avalúo, ni cuales fueron los parámetros del procedimiento, ni los elementos que se tomaron en cuenta para la estimación.

López Licor es trabajador por cuenta propia, en la actividad reglada No 646 “Elaborador-vendedor de alimentos y bebidas no alcohólicas en punto fijo de venta” y tiene documentaos de la oficina tributaria que acreditan ingresos por más de 500 mil pesos cubanos.

Teófilo Roberto también puede acreditar 18 mil pesos convertibles (CUC), 450 mil pesos cubanos (CUP), recibidos por remesas de los Estados Unidos, de parte de seis hermanos y un hijo, residentes en ese país.

Sin embargo, la también miembro del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, Pedraza Rodríguez, desestimó las pruebas aportadas por López Licor. Alegó que el cuentapropista contrató fuerza de trabajo y los documentos bancarios no acreditaban que hubiese recibido efectivamente el dinero. La legislación penal considera ilícita utilización de mano de obra que no sea familiar. Sin embargo, contra López Licor no existe sanción penal impuesta por ese motivo

Los procesados recurrieron la resolución ministerial mediante Recurso de Reforma ante la propia Pedraza Rodríguez, quien lo declaró sin lugar, ratificando su decisión, en octubre de 2009. El pasado 22 de junio solicitaron a la titular de Finanzas y Precios, el inicio de un procedimiento especial de revisión. Sin embargo, la ejecución de la sanción de confiscación no se interrumpe, a pesar de que no haberse agotado las vías para recurrirla.

El Decreto-Ley 149, coloca en estado de indefensión a los afectados al impedirles acudir a los Tribunales en demanda de justicia frente a un acto de la Administración que le es lesivo. No obstante, la Constitución de la República establece que “La confiscación de bienes se aplica sólo como sanción por las autoridades, en los casos y por los procedimientos que determina la ley”. El Código Penal, la regula como una sanción específica y accesoria de un delito.

No obstante, la Fiscalía, quien tiene a su cargo el ejercicio de la acción penal pública en representación del Estado, decidió promover un procedimiento administrativo antes de activar la vía judicial por la comisión de delitos. En un proceso penal, los parientes de Teófilo Roberto jamás hubieses respondido por actos ajenos. La responsabilidad es individual.

El Código Penal cubano, vigente desde 1987, establece que “la confiscación de bienes no comprende,…los bienes u objetos que sean indispensables para satisfacer las necesidades vitales del sancionado o de los familiares a su abrigo”. Por tanto, en la vía penal, las viviendas no pueden ser objetos de incautación.

La vigencia de esta norma en el ordenamiento jurídico cubano lejos de proteger intereses generales, destruye la confianza y seguridad que debe bridar todo sistema legal. Su aplicación viola las garantías jurídico-penales ofrecidas a los ciudadanos y los coloca en estado de indefensión ante los excesos de gobierno.

Lina Olinda Pedraza Rodríguez, Ministra de Finanzas y Precios, alegó en su resolución que los bienes incautados “no son fruto del trabajo honesto”, sin embargo, el Código Civil cubano define el enriquecimiento indebido como el traspaso de valores de un patrimonio a otro, sin causa legítima. La licenciada en Control Económico fue designada por el gobierno, pero no está calificada para administrar justicia. Las atribuciones que le confiere el Decreto Ley 149/94 son inconstitucionales y también arbitrarias.

Laritza Diversent

Sin acceso a la justicia (I)

En la sentencia No 111 del año 2009, el Tribunal Provincial de Ciudad Habana encontró culpable de un delito de tráfico de personas, a Olga Lidia Ramírez Maura. Siete años de privación de libertad, determinaron los jueces. El fallo fue ratificado por la sala de casación del Tribunal Supremo. Su causa no tiene posibilidad de ser recurrida.

La secretaria de la Academia Provincial de Beisbol de la capital, Ramírez Maura, fue acusada de organizar, por medio de correos electrónicos, la salida del territorio nacional, de un grupo de peloteros. Durante el proceso investigativo, la correspondencia fue ocupada y apreciada como una prueba.

La sentencia expone que, a través de mensajería electrónica, la acusada informaba a Franklin García Castro, un ciudadano venezolano, “que ya tenía algunos de los peloteros que le había solicitado contactar”. Sin embargo, la misma resolución aclara que la proposición hecha por Ramírez Maura, no fue aceptada por los atletas.

García castro viajó en varias ocasiones al país y estaba interesado en jóvenes jugadores de beisbol que querían emigrar. Según exponen los jueces, la comunicación entre él y Ramírez Maura, no era clara y precisa. Asumieron que, por el tipo de información, era ‘lógico’ que tenía que ponerse en otro contexto y ‘de una forma figurada’, para evitar ser entendida por un tercero.

A la vista del tribunal y “después de saber las intenciones” de la acusada, los correos mostraron el trasfondo de la información que enviaban. Maura se declaraba inocente, pero su abogado defensor, sin consultarle, la hacía responsable de un delito de salida ilegal del país.

Ramírez Maura no se resigna a ser castigada por un delito que no cometió. Jamás paso por su mente traficar con personas ni aventurarse en una lancha para huir del país. La idea de sufrir prisión la llevó atentar contra su vida. Sus expectativas cambiaron. Está decidida a llegar hasta las últimas consecuencias, principalmente porque es madre de una adolecente de 13 años de edad.

Convencida de que con ella cometieron una injusticia, busca agotar las vías legales posibles para demostrar su inocencia. El silencio de las autoridades, sin embargo, le impiden invocar nuevamente al Tribunal Supremo. Interpuso quejas contra su abogado defensor y los oficiales de la Seguridad del Estado que la atendieron.

Las contestaciones en su caso, serian la prueba de su estado de indefensión en el juicio y un posible fundamento para la revisión de su causa. Hasta hoy, no recibido ninguna respuesta por escrito, que le dé la posibilidad, de acceder a la justicia y demostrar su inocencia.

Laritza Diversent

Vidas ignoradas

Foto: Rampa y Malecón, punto de reunión de gay en las noches habaneras, conocido popularmente por la Isla de los Galápagos

Julio y Alberto viven juntos desde hace más de 10 años. Se guardan fidelidad y prestan su concurso económico para sostener y mantener las cargas del hogar. Su caso no es ùnico el ambiente comunitario de la sociedad cubana. Tal vez sea la tolerancia o que los homosexuales como grupo social, se imponen haciendo valer sus derechos, pero el número de parejas gay, que hacen vida en común, aumenta.

Tal como exige el Código de Familia en su artículo 18, para reconocer los matrimonios no formalizados heterosexuales, en su relación, Julio y Alberto, mantienen un vínculo habitual con vocación de permanencia, dirigido a la convivencia y colaboración. Sin embargo, la misma norma legal los excluye, al reconocer exclusivamente “la unión matrimonial entre un hombre y una mujer”.

Hace seis meses y con apenas 42 años, Julio falleció repentinamente de un ataque cardiaco. La mayoría de los cubanos, no se preocupa por darle un destino a sus bienes después de su muerte. Su caudal hereditario fue procesado por la herencia intestada. La familia de Julio comenzó los trámites para hacer efectiva la herencia, en la que entraba lo bienes comunes que había adquirido el difunto, en su vida común con Alberto. Éste último, está molesto y con motivos suficientes. Los familiares de su pareja se oponían a la relación que ambos mantenía.

“No solo lo rechazaron, también lo excluyeron de la familia por ser homosexual, no es justo que ahora ellos, se queden con lo que ambos construimos juntos”, me comenta. Sin embargo, para Alberto no existe un supuesto legal, que le permita entrar en el llamado de la herencia. Ni tampoco un tribunal que defienda sus derechos.

La única forma, es que Julio hubiese testado a su favor. Incluso si la familia estuviese de acuerdo en dejarle todo, no habría forma legal, de que los bienes de su compañero de vida, pasen a su propiedad. La legislación cubana no reconoce los matrimonios entre homosexuales, una de las instituciones que da derecho a la herencia.

Tampoco los herederos reconocidos por la ley pueden renunciar a su favor. Primero, Alberto no está legitimado para entrar en el llamado de la herencia de Julio, al no existir relación de parentesco. Segundo, los parientes del fallecido solo se pueden renunciar a favor de los suyos, hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad. Es una exigencia legal.

El caso de Alberto y Julio no sería el único que escapa a la desregularización jurídica y la desprotección de derechos individuales en la Isla. Para ilustrar al lector bastaría una pregunta ¿Bajo qué fundamento legal, dos homosexuales activarían el sistema de justicia, para dirimir una división de bienes, adquiridos en una vida en común, y no medie en ello, mutuo acuerdo? Ninguno.

El caso de Julio y Alberto conmueve a muchos, incluso al punto de parecer justo que se reconozca sus derechos hereditarios y que los tribunales diriman conflictos surgidos de este tipo de relación. Sin embargo, si pregunta directamente: ¿Está de acuerdo con matrimonio entre homosexuales? La respuesta, en la mayoría de los casos, es no.

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