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Costumbre enraizada

¿Exactamente como se produce la afiliación de los menores a los Comité de Defensa de la Revolución (CDR)?

Cuando cumples los 14 años comienzan a citarte y exigen tu presencia, en las reuniones de la organización y los trabajos voluntarios. Los padres (tutores legales) ni lo consienten ni lo rechazan. El consentimiento es tácito, no hay ninguna formalidad legal.

No hace falta autorización escrita de los padres. Ellos saben (los progenitores), que sus hijos para sobrevivir y ‘ser alguien en la vida’ necesitan los avales de cada una de las organizaciones. Ellos también la necesitaron. La experiencia se trasmite de generación en generación.

No protestan cuando les piden la cotización de su hijo menor de edad. Incluso, a menudo, se da el caso de que, papá o mamá, sea quien te exija estar presente en la reunión. Mantener las apariencias es cuestión de necesidad.

Saben que el CDR no puede resolver el problema del alumbrado público, el abasto de agua, la situación del transporte. Sin embargo, están conscientes, de cuánto daño hace, una opinión negativa del presidente del comité o el de vigilancia.

La casa de estos ‘dirigentes’ es referencia obligada de los órganos represivos del gobierno: Policía nacional revolucionaria (PNR), seguridad del estado (DSE), departamento de trabajo investigativo (DTI). Son ellos los que le confirman al Estado, si usted es propietario de un inmueble o auto y pretende abandonar el país. Sus valoraciones inciden en la determinación de una sentencia.

Los tutores legales conocen las consecuencias de negarse a cotizar por el hijo o declarar públicamente que no está de acuerdo con que integre las filas de la organización, porque es menor de edad, y como tal, no tiene capacidad de obrar ni independencia económica.

Es como una costumbre enraizada. La organización agrupa toda la ‘masa’. A medida que la masa crece y se renueva, debe incorporarse al proceso. Es una de las herramientas utilizadas en la construcción del hombre nuevo.

Comienza desde pre-escolar con la guardia Pioneril, sigue con la incorporación a cuantas organizaciones sociales y estudiantiles tiene el sistema. En todas te piden lealtad a la ‘Revolución’ y sacrificios por ella.

No obstante, puedo asegurar que menos del 1% de los miembros del CDR, conocen los estatutos de la organización. Lo importante es el compromiso, no a lo que te comprometes. Si estas consiente o no, no interesa. Tampoco si cumplirás con las obligaciones asumidas.

He visto como una hija vota por su madre que cumple misión en Venezuela, a petición de uno de los dirigentes del comité, que quiere que su colegio electoral tenga el 100% de asistencia en las urnas. También, como la madre de una incapacitada declarada judicialmente, paga la cotización de su hija en el CDR y como esta (la hija) ejerce su derecho al voto.

Lo más triste de todo, es que la mayoría de los ciudadanos no tiene conocimiento de esa situación. Para ellos es algo normal. Somos un pueblo con instrucción generalizada, pero analfabeto jurídicamente.

Restricción y violación al derecho de asociación en Cuba

En Cuba para constituir una asociación se requiere la autorización del Ministerio de Justicia. Este, mediante un juicio discrecional, decide si un grupo de ciudadanos pueden ejercer el derecho reconocido constitucionalmente. Fallo que depende de una investigación de legalidad y conveniencia.

El derecho a la libertad de asociación es ampliamente reconocido como un derecho civil individual, de carácter sustancial. Principalmente, porque brindan protección contra la interferencia arbitraria del Estado, cuando las personas deciden asociarse con otras. Además de ser imprescindible para la existencia y el funcionamiento de una sociedad democrática.

La protección de este derechos comportar, no sólo la obligación del Estado de no interferir con su ejercicio, sino propiciar en ciertas circunstancias, medidas positivas para asegurar el ejercicio efectivo de la libertad. Estos derechos pueden ser restringidos, pero sólo de acuerdo con ciertas condiciones estrictas, no por discreción de las autoridades gubernamentales.

El estado cubano no solo otorga potestad discrecional al Ministerio de Justicia para autorizar la constitución de una asociación conforme a la ley. También impone relaciones de subordinación y dependencia funcional a las agrupaciones que autoriza. Restringiendo innecesariamente la libertad de acción de las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) dentro de la Isla.

Exige como requisito sine qua non para la constitución de la asociación, normas de relación y dependencia funcional con una organización estatal. Igualmente las somete a una doble fiscalización. El Ministerio de Justicia también inspecciona las actividades de la misma e impone sanciones administrativas.

Sin embargo, la violación más grave de este derecho la comete, cuando da la callada por respuesta a los disidentes que le solicitan reconocimiento legal para funcionar como ONG. A esto se suma que la amenaza, comúnmente empleada por los órganos de la Seguridad del Estado contra la oposición, es acusarlos de un delito de asociación ilícita.

La legislación penal sanciona con privación de libertad de 1 a 3 meses a la persona que pertenezca como asociado o afiliado a una asociación no inscripta en el registro correspondiente. La sanción se triplica para los promotores o directores de la misma.

Frente a estas violaciones poco o nada se ha podido hacerse. Sin embargo, un acontecimiento reciente, calificado de excepcional y sin precedentes en los 51 años de ‘Revolución’, demostró, que puede emprenderse acciones legales, contra el silencio de la administración socialista.

Una organización de abogados independientes, denominada Asociación Jurídica Cubana (AJC) demandó ante el Tribunal Provincial Popular de Ciudad Habana, a la Ministra de Justicia María Esther Reus, por impedirles ejercer el derecho de asociarse legalmente, el pasado 24 de junio.

Esta es la primera vez, que una organización discrepante interpone una acción legal, ante un tribunal, contra un representante del gobierno.

Procedimiento para legalizar una asociación en Cuba

Después de formada la agrupación se presenta una solicitud al Registro de Asociaciones del Ministerio de Justicia, para que éste, expida una certificación que acredite que no existe en el país ninguna organización no gubernamental (ONG) u oficial con el nombre y los mismos propósitos de la referida asociación. Certificación que acompaña al resto de los documentos de solicitud de constitución.

Así la norma establece que cuando la asociación sea de carácter nacional es necesario canalizar la solicitud a través del órgano o dependencia estatal que tenga relación con los objetivos de la asociación que se pretenda crear.

Si los fines son de carácter provincial o municipal, estará encargada de recibirla el comité ejecutivo, actual Consejo de la Administración de la Asamblea del Poder Popular, según se corresponda (provincial o municipal)

Dichas entidades valorarán y remitirán informes al MINJUS, exponiendo sus consideraciones, en relación con el hecho de si procede o no la autorización. Es el MINJUS el que mediante resolución autorizará o denegará la constitución de la asociación en conformidad con lo establecido en la ley y en el reglamento (art. 7 Ley de Asociaciones).

Dicha resolución puede ser impugnada, interponiéndose recurso de alzada ante el Ministro de Justicia y la Resolución que resuelva el recurso podrá ser impugnada en la vía judicial. (Art. 20 de la mencionada ley)

Los órganos mantendrán una estrecha vinculación con las asociaciones ya constituidas y velarán por su actividad coordinando y colaborando con el desarrollo y funcionamiento de la entidad en la consecución del fin propuesto en su actuar. El Ministerio de Justicia también velará por el funcionamiento de la asociación y podrá imponer sanciones administrativas recurribles. Estas normas de relación y doble fiscalización en su actuar, constituyen relaciones de dependencia y subordinación de la organización a los intereses estatales.

Conclusión: las asociaciones en Cuba se constituyen por un acto de autonomía privada seguido de un control administrativo de tal iniciativa, procedimiento que concluye con la inscripción en el Registro correspondiente, que determina su personalidad jurídica.

Existen en Cuba asociaciones de que tiene una forma especial de constitución, por ejemplo, las cooperativas de de créditos y servicios (CCS), y de producción agropecuaria (CPA). En estos casos los interesados requieren que el Estado declare, que reconoce como persona jurídica a la agrupación, siempre que se constituyan conforme al contenido indicado, y a las condiciones impuestas, por la Ley 36 de 22 de julio de 1982.

El Estado comprueba si dichas condiciones han sido cumplidas por el ente que se le presenta, y en caso afirmativo, la constatación oficial de las observancias prescritas y el consiguiente orden de registración y publicidad, son los que le confieren personalidad jurídica al ente. La ley no es la fuente de dicha constitución.

Las organizaciones políticas, sociales y de masas reconocidas como personas jurídicas en nuestro ordenamiento jurídico, también tiene una sui generis de su formación. Esta, son consideradas en el sistema legal como organizaciones de personas con independencia jurídica, a cuyas decisiones y acuerdos se concede el valor de actos de voluntad, con poder de disponer y obligar a su patrimonio, por cuestiones histórico-políticas.

Requisitos legales para asociarse en Cuba

Los cubanos tienen reconocido constitucionalmente, el derecho de asociación. Sin embargo, hay que distinguir entre derechos refrendados constitucionalmente y el reconocimiento estatal, de la personalidad jurídica de la asociación, como sujeto capaz de asumir derechos y también obligaciones. Ese reconocimiento es el que permitirá el ejercicio de la capacidad jurídica de la organización.

En Cuba las asociaciones se constituyen conforme a los requisitos establecidos en las leyes. La Ley de Asociaciones (Ley 54 de 27 de diciembre de 1985) y su reglamento, determinan dichos particulares y una vez que se cumplan los mismos, se les reconoce como persona jurídica.

No obstante, para considerar que ha nacido una asociación, es necesario primero, la formación del ente, segundo, el reconocimiento estatal o legal del mismo. El primer momento está vinculado a la voluntad de los interesados, al hecho de la agrupación de personas para la consecución de un fin, o la adscripción de un patrimonio a la realización de determinado fin.

La legislación no impone formalidad alguna para que los futuros miembros de la asociación muestren su intención de crear la misma, no siendo necesario que exterioricen su voluntad en escritura pública, según la norma.

El segundo momento, se refiere al hecho legal de reconocimiento, que tiene como última fase, la inscripción registral de la persona jurídica. Su existencia legal se acredita con la certificación expedida por el Registro donde esté inscripto (artículo 18 de la Ley de Asociaciones) lo que indica el carácter constitutivo de su inscripción. El sistema legal no considerará asociación, a la agrupación que no aparezca inscrita en el Registro de Asociaciones.

La agrupación necesita, para su constitución legal, la autorización de un órgano estatal, que depende de una investigación de legalidad y conveniencia. La autorización es un acto administrativo discrecional otorgado por la administración (Ministerio de Justicia) a solicitud de parte, en este caso, de los fundadores o grupo de personas interesadas en cumplimentar un fin social.

La ley permite exclusivamente las asociaciones con fines científico, cultural, artístico, deportivo, de amistad y solidaridad y cualesquiera otras que se propongan fines de interés social. La constitución de agrupaciones políticas está prohibida implícitamente dentro del sistema por la vigencia constitucional de monopartidismo.

Se excluye a las organizaciones de masas y sociales, a las asociaciones eclesiásticas o religiosas, las cooperativas de producción agropecuaria, de créditos y servicios y otros (art. 2).

El Estado aprecia la licitud del fin y la oportunidad de que surja y funcione de forma autónoma en la vida social. Evalúa el fin social, sin ánimo de lucro en su actividad. Dentro de los elementos necesarios a tener en cuenta, aparece el patrimonio social, que se convierte en un elemento sine qua non para su constitución.

¿Libertad de decisión? (II)

 

La mayoría de los cubanos pertenecen a las organizaciones sociales y de masas. Si bien no declaran expresamente su voluntad de pertenecer a las mismas, tampoco se manifiestan en contra. Este hecho hace presumir, que el consentimiento en estos casos, se infiere o supone.

Sin embargo, existe una serie de supuestos que excluyen el consentimiento por existir una divergencia entre lo querido en realidad y la voluntad declarada, como puede ser la manifestación emitida con reserva mental.

Una de los deberes de los cederistas es velar y defender la legalidad socialista. Imaginemos una madre que participa en las actividades de los CDR; pero tolera que su hija se prostituya o permite que su hijo realice actividades económicas ilícitas. Evidentemente hay simulación en este tipo de conductas, muy comunes en nuestra sociedad.

Hay otro supuesto en el que, aun habiendo perfecta concordancia entre lo que se quiere decir y lo que se dice, el consentimiento es viciado por intimidación. Como es el caso de un ciudadano que siente un temor racional y fundado de sufrir un mal en su persona, bienes o parientes, si no pertenece a estas organizaciones.

Una de las exigencias para entablar una relación laboral con el Estado, único empleador legal del país, es presentar un documento emitido por los CDR que avalen su conducta y confiabilidad. Una valoración negativa de la conducta, implica no tener el empleo que se desea o necesita.

Este es uno de los medios que el gobierno tiene para anular la capacidad de decisión y realización personal del ciudadano. Es una forma de intimidación personal que compele al individuo a pertenecer a estas organizaciones.

El apartado 2º, del artículo 20 de la Declaración Universal de Derechos Humanos establece que “Nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación”. En franca violación con este principio, el gobierno cubano obliga a sus ciudadanos a pertenecer a las organizaciones sociales y de masas creadas por él.

¿Libertad de decisión? (I)

Consentir es manifestar, de forma expresa o tácita el acuerdo con algo. Decisión que nos vincula jurídicamente, porque se asumen derechos y se contraen obligaciones. De esta forma, el consentimiento se convierte en un requisito de la capacidad de obrar.

A la capacidad para prestar consentimiento se le impone restricciones. Principalmente, si quien lo emite, es un menor no emancipado, un sordomudo que no sabe leer o escribir, o un enfermo mental. En estos casos, se considera que el consentimiento no se emite libre y conscientemente.

El Comité de Defensa de la Revolución (CDR) es una organización que agrupa a la mayoría de los sectores sociales del país. En el artículo 7 de sus estatutos, especifica que “la solicitud de ingreso a la organización es un acto individual y voluntario (…)”. Uno de los requisitos de ingreso, es haber cumplido los 14 años.

En Cuba la mayoría de edad se adquiere a los 18 años, momento en que se tiene plena capacidad de obrar. Se emancipan, excepcionalmente, las hembras de 14 años y los varones de 16 años, que contraigan matrimonio.

Un adolescente de 14 años, no es plenamente consciente y libre para cumplir los requisitos de ingreso que exigen el CDR. Mucho menos para asumir las obligaciones que de los mismos se derivan. ¿Tienen ellos la capacidad económica para contribuir al autofinanciamiento de la organización mediante el aporte de la cotización?

Otro tanto sucede con los incapaces declarados judicialmente. Hablo de los sordomudos y enfermos mentales que constan en los registro de miembros de los CDR. ¿Dieron ellos su consentimiento para estar de acuerdo con la revolución y estar dispuesto a defenderla? ¿Aceptaron los estatutos de la organización? ¿Son capaces ellos de mantener una conducta moral y social, acorde con la ética y principios de la Revolución?

En cuba, las organizaciones sociales y de masa inscriben a los ciudadanos sin estos, dar su consentimiento. Este hecho, es una violación de los derechos individuales del pueblo.

Laritza Diversent

Derecho de asociación

 

Pedro, un comentarista del sitio, me preguntó cómo podía establecerse en Cuba una Organización No Gubernamental (ONG). Dedicare varias entradas para explicar este particular según la legislación cubana.

Asociarse con cualquier objeto lícito son modalidades de la libertad que se protegen, en principio, en el artículo 54 de la Constitución de la República, al establecer que:

“los derechos de reunión, manifestación y asociación son ejercidos por los trabajadores manuales e intelectuales, los campesinos, la mujeres, los estudiantes y los demás sectores del pueblo trabajador para lo cual disponen de los medios necesarios para tales fines”

Las asociaciones dan vida a entes con personalidad jurídica propia, distinta a la de sus integrantes. El término se define como la agrupación voluntarias de personas que persiguen un fin común, sin ánimo de lucro. Responden a una modalidad de la libertad, que se corresponde con el ejercicio de otros derechos como el de petición o el de expresión.

Como facultad humana reconocida, implica el derecho a crear asociaciones, a no ser obligado a pertenecer a alguna, y también el derecho a separarse de la asociación a la que se pertenezca. Serán violentados por un servidor público, cuando éste interfiera en su ejercicio.

Es decir, si impide la creación de una asociación, o que alguien forme parte de una, sin causa legal que lo justifique; o, en su caso, consienta que alguien lo haga. También lo vulnerará si obliga a alguien a pertenecer a una asociación, o por el contrario, le obliga a separarse.

El derecho de libertad de asociación, tiene restricciones legales para su ejercicio, pues el objeto debe ser siempre lícito. Está consagrado en la legislación internacional, incluso, en algunos casos, los amplía.

La Declaración universal de los derechos humanos, consagrar el derecho de asociación pacífica como una libertad para toda persona. La Convención internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial, igualmente los garantiza. Los menores también requieren de este derecho, y así lo reconoce la Convención sobre los derechos del niño.

Los principios básicos sobre la función de los abogados, establece el derecho de éstos, a la libre expresión, creencias, asociación y reunión; en particular, el derecho a participar en el debate público de asuntos relativos a la legislación, la administración de justicia y la promoción y protección de los derechos humanos.

Instrumento que además enfatiza en que los abogados estarán facultados a constituir asociaciones profesionales o incorporarse a éstas con el propósito de representar sus intereses, promover su constante formación y capacitación y proteger su integridad profesional.

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