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Archive for the ‘Derecho de propiedad’ Category

Directrices gubernamentales ignoran derechos de los emigrantes cubanos

29 diciembre, 2010 11 comentarios

Marta López desde hace varios años quiere emigrar hacia los Estados Unidos de América. Se apuntó en el sorteo de visas norteamericanas en 1998, pero no tuvo suerte. En el 2001 su madre fue de visita a los Estados Unidos y se quedo. La remesa que le enviaba mensualmente le permitió construir su casa. La salida del país, paso a ser su última opción.

No obstante, su madre después de hacerse ciudadana norteamericana, insiste en reclamarla. La señora López no se resignaba a perderlo todo: el tiempo, sudor y dinero invertido en edificar su casa y el sacrificio de su madre, que con 75 años trabajaba en un país extranjero sólo por ayudarla.

Las esperanzas resurgieron para Marta después de leer el proyecto de lineamientos de la política económica y social, previstos a adoptarse en el VI congreso del Partido Comunista de Cuba, en abril del próximo año. Según el punto 278, el gobierno aplicará formulas flexible para la permuta, compra venta y arriendo de viviendas.

El gobierno aclaro que los lineamientos solo trataban el tema económico, sin embargo, es imposible deslindarlo del asunto de los derechos humanos dentro de la isla, principalmente, los relacionados con los emigrantes isleños.

A pesar de que el gobierno hizo una lista de las directrices de sus política para el próximo quinquenio, ninguna explica en qué forma se aplicaran y el alcance de estas. No obstante, aumentan la expectativa en buena parte de la ciudadanía, principalmente aquella que tiene planes de emigrar, respecto a la posibilidad de vender sus casas, acto prohibido legalmente en el país hasta el momento.

Marta pregunta si eliminarán la sanción administrativa de confiscación de bienes, para los que decidan emigrar. Principalmente, las normas que impiden a los que desean salir definitivamente del país, disponer libremente de sus bienes, incluyendo sus viviendas.

El Estado cubano, que en junio pasado fue elegido vicepresidente del Consejo de Derechos Humanos (CDH) de Naciones Unidas, desde principios de la década de los 60 restringe a sus ciudadanos la libertad de movimiento, por medio del permiso de entrada y salida al país. Igualmente instrumentó disposiciones legales que impiden a los emigrantes conservar sus propiedades dentro de la isla.

Ley 989 de 5 de diciembre de 1961, vigente en el sistema legal, establece las medidas a tomar sobre los muebles o inmuebles, o de cualquier otra clase de valor, etc. a quienes abandonan con imperdonable desdén el territorio nacional. La norma, nacionaliza los bienes de los emigrantes por medio de la confiscación, sin derecho a indemnización, como si salir del país fuera un delito.

El Ministerio del Interior, el de Justicia y el Instituto Nacional de la Vivienda sincronizan maniobras para evitar que las personas que pretendan emigrar evadan las acciones confiscatorias de la ley 989. No autorizan la salida del país hasta tanto los bienes de los propietarios que emigra, no formen parte del patrimonio estatal.

Estas disposiciones también afectan las facultades de disposición sobre la propiedad personal y las regulaciones del derecho de familia. Las autoridades declaran nulas las donaciones y permutas de viviendas, sin dentro de los 4 años de autorizado el acto, uno de los involucrados presenta la solicitud de salida definitiva del país.

Si el emigrante es casado, el estado liquida la comunidad matrimonial de bienes para confiscar la parte que este le corresponde. Sin embargo, el Código de Familia vigente desde 1975, no reconoce la salida definitiva del país, como una causa que extingue la mancomunidad de bienes entre cónyuges.

Ninguno de estos temas se tocan en lo lineamientos de la política gubernamental, sin embargo nada impide que la instrumentación de las mismas se tengan en cuenta, mas cuando la migración es la principal responsable de la entrada de divisa al país.

No obstante, existen pocas posibilidades de que sean tenidas en cuentas, ya que la eliminación de estas disposiciones significa la pérdida de ingresos netos al presupuesto del Estado. Eso también lo sabe Marta López, sin embargo, aun no pierde las esperanzas.

Laritza Diversent

Reajuste económico en detrimento de los derechos

19 diciembre, 2010 24 comentarios

 

El gobierno cubano recientemente lanzo su proyecto de lineamientos de la política económica y social, para ser aprobados en el próximo congreso del Partido Comunista de Cuba, previsto celebrarse en abril del 2011. Al parecer en los próximos 5 años, el tema de los derechos fundamentales de los cubanos estará fuera de la agenda estatal, principalmente los derechos laborales.

En Cuba el sistema económico se basa en la “propiedad estatal socialista de todo el pueblo” sobre los medios fundamentales de producción. En la nueva actualización del modelo económico, se toman una serie de medidas para eliminar subsidios, gratuidades y tratamientos paternalistas, pero no se mencionas las garantías ciudadanos frente al poder de una administración, que es completamente irresponsable ante sus gobernados.

El Estado socialista continúa figurando como el único ente capaz de satisfacer intereses generales de la sociedad cubana, tanto en el plano individual como en el colectivo. Las nuevas políticas fortalecen sus empresas en detrimento de los derechos de los trabajadores.

Estrategia ya puestas en práctica con las recientes modificaciones legislativas llevadas a cabo por el Consejo de Estado, las que tiene como principal objetivo eliminar la responsabilidad legal del “Estado Socialista”, en la protección trabajadores disponibles, y de las empresas estatales, en la reubicación de estos.

Frente a eses exceso de poder de la administración socialista, las garantías laborales son mínimas. Las empresas estatales tiene la facultad de realizar procesos de restructuración de plantillas, hacer despidos en masa y cuestionar la capacidad de los trabajadores, alegando falta de idoneidad.

El obrero, como único medio de defensa, cuenta con un “Órgano de Justicia Laboral de Base”, en el que uno de sus miembros representa a la administración de la entidad que lo despide o con los tribunales, que constitucionalmente reciben instrucciones directa del Consejo de Estado, el mismo que puso en vigor las medidas que restringen el ejercicio de sus derechos.

No hay derecho a la huelga y las manifestaciones se permiten, solo si son organizadas por el propio estado o sus organizaciones de masa. De todas formas la Constitución de la República deja bien claro que ninguna de las libertades ciudadanas puede ser ejercida contra la existencia y fines del estado socialista.

Evidentemente los derechos ciudadanos no están la lista de prioridades del estado cubano. El reajuste económico, busca únicamente la supervivencia de un sistema que ha probado con creces ser ineficaz, y la permanencia en el poder de la añeja dirigencia histórica socialista, a costa del bienestar de los cubanos.

Laritza Diversent

Lineamientos económicos ignoran políticas de segregación en la isla

15 diciembre, 2010 6 comentarios

En el proyecto de lineamientos de la política económica y social propuesto por los comunistas cubanos, aseguran que está presente la Igualdad de derecho y de oportunidades para todos los ciudadanos, no igualitarismo. Sin embargo, ningún punto toca el respeto a los derechos de los cubanos

Al contrario continúan latente en la “actualización del modelo económico socialista”, la de discriminación de los cubanos, respecto a los extranjeros. Principalmente a la hora de participar en la economía nacional.

Los comunistas de la isla continuaran propiciando la participación de capital extranjero, mientras que evita la formación de los nacionales, con excesivas regulaciones y control estatal. No obstante, la Constitución cubana equipara a los extranjeros con sus nacionales, en el disfrute de los derechos.

Mientras los extranjeros son los únicos reconocidos para intervenir conjuntamente con el estado engrandes empresas, los nacionales deben conformarse con ejercer las actividades, que impide el progreso individual y familiar ¿A eso llaman igualdad de derecho y oportunidades?

Para nadie es un secreto los privilegios que goza un extranjero dentro de Cuba, desde el punto de vista económico y social. Por supuesto, esas libertades no son exigencias externas, sino pura política gubernamental.

Mientras un cuentapropista debe pagar impuesto por los ingresos que percibe, gravados hasta un 50 % si supera los 50 mil pesos, los foráneos lo hacen solo por las utilidades en un 30%. La política es aplicar mayores gravámenes a los ingresos más altos, obstaculizando la actividad de los cubanos en su propia economía

Las nuevas regulaciones del trabajo por cuenta propia son pura formalidades. Aun no se puede decir que favorece a nuevos actores, que tiene la responsabilidad de contribuir con las cargas del estado, generar empleos y aumentar la productividad del país. Tampoco tiene en cuenta que muchas familias dependerán del progreso de la actividad de los cuentapropistas

Es justo reconocer que la inversión extranjera en cuba, reporta beneficios a la economía. Sin embargo, ella por sí sola, no es la solución para enfrentar los problemas que la agobian, ni tampoco justifica políticas de diferenciación.

En la Constitución estatal de la isla, la discriminación por origen nacional está proscrita y es sancionada por la ley. Sin embargo aun no se legislado ninguna norma que haga efectivo este principio. Más cuando es el propio gobierno quien instrumenta políticas de segregación, que priva a sus nacionales de invertir en su economía convirtiéndolos en irresponsable ante su destino.

Laritza Diversent

Medidas gubernamentales aumentan expectativas en la población.

cuentapropista

En su más reciente discurso el General de Ejército, Raúl Castro Ruz, anunció una serie de medidas que afectan los derechos laborales de la población cubana. La más trascendental de todas, fue la ampliación del trabajo por cuenta.

Según el también Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, el gobierno acordó ampliar el ejercicio del trabajo por cuenta propia, como una alternativa de empleo, y la eliminando varias prohibiciones vigentes, para el otorgamiento de nuevas licencias.

El auge actividad económica individual comenzó en la isla en 1989 con la caída del campo socialista, como una medida gubernamental para reajustar la economía, debido la falta de créditos y la imposibilidad de obtener la cooperación de los organismos financieros internacionales. A partir de 1997, el Estado restringió el otorgamiento de licencia reduciendo al mínimo el sector económico independiente.

En la actualidad, el trabajo por cuenta propia está sometido al control y supervisión del gobierno que lo concibe como un complemento de la actividad estatal. Tiene carácter municipal y se ejerce de forma individual.

La autorización para su ejercicio es renovable cada dos años. Abarca las actividades de producción y comercialización de los bienes y servicios, en el domicilio del titular, y solo se puede ofertarse a personas naturales.

En la isla está prohibido realizar cualquier actividad de producción, transformación o venta de mercancías o prestación de servicios sin autorización. La Resolución No 9/2005 “Reglamento sobre el ejercicio del trabajador por cuenta propia” del Ministerio del Trabajo y Seguridad Social, enumera en una lista las actividades que expresamente se pueden realizar. La norma aprueba 118 actividades y autoriza el otorgamiento de nuevas licencia sólo para 40 de ellas.

La legislación exige a los cuentapropistas comprar la materia prima en el mercado minorista en divisa, sin embargo tiene que ofertar sus producciones y servicios en moneda nacional. Condición que por una parte impide el desarrollo de la iniciativa económica privada y por otra propicia el auge de la ilegalidad. Los cuentapropistas recurren al mercado negro para poder mantener sus negocios y la licencia otorgada.

Igualmente el Segundo Secretario del Partido Comunista de Cuba, anunció que el Consejo de ministro aprobó la aplicación de un régimen tributario para este tipo de actividad, supuestamente para garantizar que los nuevos cuentapropistas contribuyan a la seguridad social, abonen impuestos sobre los ingresos personales y las ventas, y aquellos que contraten trabajadores paguen el tributo por la utilización de la fuerza de trabajo.

Las medidas generaron expectativa dentro de la población, principalmente las referidas a la comercialización de nuevas producciones y flexibilización en la contratación de fuerza de trabajo. Su implementación exige del gobierno una reforma del ordenamiento jurídico. La legislación penal que prohíbe contratar mano de obra o utilizar medios o materiales de procedencia ilícita, aun teniendo licencia.

Laritza Diversent

Atribuciones de Ministras de Finanzas y Precios son inconstitucionales y arbitrarias

La Ministra de Finanzas y Precios, Lina Olinda Pedraza Rodríguez, ordenó la ejecución de un proceso de confiscación contra Teófilo Roberto López Licor de 66 años, amparada en el Decreto Ley 149 “sobre confiscación de bienes e ingresos mediante enriquecimiento indebido”, conocida como Ley contra maceta (nuevos ricos) y su reglamento, el Decreto No 187, ambos de 1994.

La representante estatal exige la confiscación de los bienes e ingresos obtenidos por la familia López Licor, en un periodo de 10 años (1998 al 2008). Sin embargo, la resolución dictada en julio de 2009, está asentada en el expediente confiscatorio número 1349, que no especifica el año de radicación. Detalle que crea dudas acerca de la aplicación del decreto-ley con efectos retroactivos, por parte del órgano estatal.

Según la Constitución de la República las leyes no penales tienen efecto retroactivo cuando en las mismas se disponga por razón de interés social o utilidad pública. El Decreto Ley 149 es de carácter administrativo y en su parte dispositiva no hace mención a ese particular.

El proceso afectó además, a Pompilio López Licor, 61 años y Teófila Elsa Ávila Gutiérrez, 60 años, hermano y esposa de Teófilo Roberto, quienes junto a su hijo, Antonio, fueron declarados por la resolución ministerial, como terceros que se beneficiaron con el enriquecimiento indebido.

La Diputada nacional por la provincia de Villa Clara, asegura que las 3 viviendas, 2 autos, una moto y varios bienes, entre ellos equipos electrodomésticos intercambiados con la “Revolución Energética”, fueron obtenidos y legalizados por Teófilo, mediante vicios ocultos y subterfugios, a nombre de sus parientes, sin especificar cuáles fueron los actos ilícitos.

Sin embargo, no ordena acción legal contra los funcionarios de la Dirección Municipal de la Vivienda de Arroyo Naranjo, en Ciudad de la Habana, que actuaron en la legalización de los bienes e inmuebles de los afectados.

Los bienes confiscados ascienden a 2 millones 347 mil 834 pesos cubanos con 24 centavos. Valor certificado por peritos que no especificaron, como les viene obligado legalmente, en qué consistía el avalúo, ni cuales fueron los parámetros del procedimiento, ni los elementos que se tomaron en cuenta para la estimación.

López Licor es trabajador por cuenta propia, en la actividad reglada No 646 “Elaborador-vendedor de alimentos y bebidas no alcohólicas en punto fijo de venta” y tiene documentaos de la oficina tributaria que acreditan ingresos por más de 500 mil pesos cubanos.

Teófilo Roberto también puede acreditar 18 mil pesos convertibles (CUC), 450 mil pesos cubanos (CUP), recibidos por remesas de los Estados Unidos, de parte de seis hermanos y un hijo, residentes en ese país.

Sin embargo, la también miembro del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, Pedraza Rodríguez, desestimó las pruebas aportadas por López Licor. Alegó que el cuentapropista contrató fuerza de trabajo y los documentos bancarios no acreditaban que hubiese recibido efectivamente el dinero. La legislación penal considera ilícita utilización de mano de obra que no sea familiar. Sin embargo, contra López Licor no existe sanción penal impuesta por ese motivo

Los procesados recurrieron la resolución ministerial mediante Recurso de Reforma ante la propia Pedraza Rodríguez, quien lo declaró sin lugar, ratificando su decisión, en octubre de 2009. El pasado 22 de junio solicitaron a la titular de Finanzas y Precios, el inicio de un procedimiento especial de revisión. Sin embargo, la ejecución de la sanción de confiscación no se interrumpe, a pesar de que no haberse agotado las vías para recurrirla.

El Decreto-Ley 149, coloca en estado de indefensión a los afectados al impedirles acudir a los Tribunales en demanda de justicia frente a un acto de la Administración que le es lesivo. No obstante, la Constitución de la República establece que “La confiscación de bienes se aplica sólo como sanción por las autoridades, en los casos y por los procedimientos que determina la ley”. El Código Penal, la regula como una sanción específica y accesoria de un delito.

No obstante, la Fiscalía, quien tiene a su cargo el ejercicio de la acción penal pública en representación del Estado, decidió promover un procedimiento administrativo antes de activar la vía judicial por la comisión de delitos. En un proceso penal, los parientes de Teófilo Roberto jamás hubieses respondido por actos ajenos. La responsabilidad es individual.

El Código Penal cubano, vigente desde 1987, establece que “la confiscación de bienes no comprende,…los bienes u objetos que sean indispensables para satisfacer las necesidades vitales del sancionado o de los familiares a su abrigo”. Por tanto, en la vía penal, las viviendas no pueden ser objetos de incautación.

La vigencia de esta norma en el ordenamiento jurídico cubano lejos de proteger intereses generales, destruye la confianza y seguridad que debe bridar todo sistema legal. Su aplicación viola las garantías jurídico-penales ofrecidas a los ciudadanos y los coloca en estado de indefensión ante los excesos de gobierno.

Lina Olinda Pedraza Rodríguez, Ministra de Finanzas y Precios, alegó en su resolución que los bienes incautados “no son fruto del trabajo honesto”, sin embargo, el Código Civil cubano define el enriquecimiento indebido como el traspaso de valores de un patrimonio a otro, sin causa legítima. La licenciada en Control Económico fue designada por el gobierno, pero no está calificada para administrar justicia. Las atribuciones que le confiere el Decreto Ley 149/94 son inconstitucionales y también arbitrarias.

Laritza Diversent

Cuba y su sistema de exclusión (II)

 

Los cubanos son excluidos en su propia tierra. Tanto los residentes en el territorio nacional, como los que radican el extranjero. Estos últimos son doblemente discriminados. No pueden invertir en la economía por ser aun ciudadanos del Estado y cuando entran al país son tratados extranjeros.

La Ley No 77, “De inversión extranjera”, establece que inversionistas extranjeros es (…)La persona natural o jurídica, con domicilio en el extranjero y capital extranjero, que se convierte en accionista de una empresa mixta, o participa en una empresa de capital totalmente extranjero, o que figura como parte en los contratos de asociación económica internacional.

En virtud de la normativa de esta disposición jurídica, los cubanos radicados definitivamente en el exterior, no tienen ningún obstáculo para invertir en la economía de su tierra natal. Tienen domicilio y capital extranjero. ¿Qué se lo impide entonces?

El artículo 32 de la constitución cubana establece que los cubanos no podrán ser privados de su ciudadanía, salvo causas legalmente establecidas. Tampoco podrán ser privados del derecho a cambiar de esta. No se admitirá la doble ciudadanía. En consecuencia, cuando se adquiera una ciudadanía, se perderá la cubana. La ley establece el procedimiento a seguir para la formalización de la perdida de la ciudadanía y las autoridades facultadas para decidirlo.

Las causas de pérdida y recuperación de la ciudadanía antes de la reforma constitucional de 1992 eran específicas y figuraban en el texto de la’ Carta Suprema del Estado’. Ahora perdieron relevancia jurídica y deben ser reguladas por una ley.

Teniendo en cuenta el aumento de la emigración cubana, pudiera pensarse que el objetivo de la reforma, era eliminar ciudadanías. Todo lo contrario, las medidas aplicadas por el gobierno, tienden a retenerlas.

Convenientemente para las autoridades no se ha formulado la ley que regula las particularidades analizadas. La práctica es obligar a todos los cubanos a entrar en el país con el pasaporte que los califica como nacional. No es que admitan la doble ciudadanía, para ellos, con respecto a los nacionales, solo existe la cubana. En virtud de esto, no pueden invertir en la economía nacional.

Sin embargo, ya dentro del territorio pierden sus derechos como nacionales, todos los servicios están obligados a pagarlos en divisas, como si fueran extranjeros. Lejos de ser un privilegio, este particular viola los preceptos constitucionales y los derechos fundamentales de los cubanos.

Laritza Diversent

Responsable por actos ajenos (I)


Foto: Orlando Luis Pardo

Zoraida es una anciana retirada de 75 años. Le confiscaron su casa porque al menor de sus tres hijos, que convivía con ella, el Ministro de Finanzas y Precios le aplicó, por medio de un procedimiento administrativo, la sanción de confiscación de bienes.    

Eric, el hijo de Zoraida, tiene 35 años y trabajaba como nevero en el frigorífico ubicado en el capitalino municipio de Arroyo Naranjo. Su creciente nivel de vida llamó la atención de los dirigentes de los Comité de Defensa de la Revolución comprometidos en la lucha contra las ilegalidades.

Las sospechas de los mencionados personajes, fueron comunicadas a uno de los fiscales que atiende los casos de enriquecimiento indebido por mandato gubernamental. Al momento, se inició una pesquisa que terminó con la formación de un expediente de confiscación y la correspondiente resolución ministerial imponiendo sanción.

El poder adquisitivo de Eric permitió que la casa de su madre, construida en 1926, fuera reparada y remodelada. Hecho que incluía a Zoraida en el supuesto de los terceros beneficiados con el enriquecimiento indebido, que dispone el artículo 4 del Decreto-Ley 149 de mayo de 1994. Motivo por el cual le fue confiscada su casa y puesta a vivir en un albergue.

El primer Por Cuanto del Decreto-Ley 149, presupone que el aumento patrimonial sin causa legítima es…resultado del robo, la especulación, el desvió de recursos perteneciente a una entidad estatal…, participación en negocios turbios, actividades de mercado negro y otras forma de enriquecimiento que lesionan los intereses más vitales de nuestra sociedad.

Si el incremento de bienes e ingresos es fruto de la comisión de delitos, entonces ¿Por qué el fiscal no ejercito la acción penal ante un tribunal? En un proceso penal la responsabilidad es individual. Una persona jamás responde por delitos que cometa otra. Si el fiscal hubiese iniciado un procedimiento ante un tribunal, Zoraida jamás hubiese sufrido las consecuencias de los actos de su hijo.

 

Laritza Diversent

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