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Archive for the ‘Derechos humanos’ Category

Directrices gubernamentales ignoran derechos de los emigrantes cubanos

29 diciembre, 2010 11 comentarios

Marta López desde hace varios años quiere emigrar hacia los Estados Unidos de América. Se apuntó en el sorteo de visas norteamericanas en 1998, pero no tuvo suerte. En el 2001 su madre fue de visita a los Estados Unidos y se quedo. La remesa que le enviaba mensualmente le permitió construir su casa. La salida del país, paso a ser su última opción.

No obstante, su madre después de hacerse ciudadana norteamericana, insiste en reclamarla. La señora López no se resignaba a perderlo todo: el tiempo, sudor y dinero invertido en edificar su casa y el sacrificio de su madre, que con 75 años trabajaba en un país extranjero sólo por ayudarla.

Las esperanzas resurgieron para Marta después de leer el proyecto de lineamientos de la política económica y social, previstos a adoptarse en el VI congreso del Partido Comunista de Cuba, en abril del próximo año. Según el punto 278, el gobierno aplicará formulas flexible para la permuta, compra venta y arriendo de viviendas.

El gobierno aclaro que los lineamientos solo trataban el tema económico, sin embargo, es imposible deslindarlo del asunto de los derechos humanos dentro de la isla, principalmente, los relacionados con los emigrantes isleños.

A pesar de que el gobierno hizo una lista de las directrices de sus política para el próximo quinquenio, ninguna explica en qué forma se aplicaran y el alcance de estas. No obstante, aumentan la expectativa en buena parte de la ciudadanía, principalmente aquella que tiene planes de emigrar, respecto a la posibilidad de vender sus casas, acto prohibido legalmente en el país hasta el momento.

Marta pregunta si eliminarán la sanción administrativa de confiscación de bienes, para los que decidan emigrar. Principalmente, las normas que impiden a los que desean salir definitivamente del país, disponer libremente de sus bienes, incluyendo sus viviendas.

El Estado cubano, que en junio pasado fue elegido vicepresidente del Consejo de Derechos Humanos (CDH) de Naciones Unidas, desde principios de la década de los 60 restringe a sus ciudadanos la libertad de movimiento, por medio del permiso de entrada y salida al país. Igualmente instrumentó disposiciones legales que impiden a los emigrantes conservar sus propiedades dentro de la isla.

Ley 989 de 5 de diciembre de 1961, vigente en el sistema legal, establece las medidas a tomar sobre los muebles o inmuebles, o de cualquier otra clase de valor, etc. a quienes abandonan con imperdonable desdén el territorio nacional. La norma, nacionaliza los bienes de los emigrantes por medio de la confiscación, sin derecho a indemnización, como si salir del país fuera un delito.

El Ministerio del Interior, el de Justicia y el Instituto Nacional de la Vivienda sincronizan maniobras para evitar que las personas que pretendan emigrar evadan las acciones confiscatorias de la ley 989. No autorizan la salida del país hasta tanto los bienes de los propietarios que emigra, no formen parte del patrimonio estatal.

Estas disposiciones también afectan las facultades de disposición sobre la propiedad personal y las regulaciones del derecho de familia. Las autoridades declaran nulas las donaciones y permutas de viviendas, sin dentro de los 4 años de autorizado el acto, uno de los involucrados presenta la solicitud de salida definitiva del país.

Si el emigrante es casado, el estado liquida la comunidad matrimonial de bienes para confiscar la parte que este le corresponde. Sin embargo, el Código de Familia vigente desde 1975, no reconoce la salida definitiva del país, como una causa que extingue la mancomunidad de bienes entre cónyuges.

Ninguno de estos temas se tocan en lo lineamientos de la política gubernamental, sin embargo nada impide que la instrumentación de las mismas se tengan en cuenta, mas cuando la migración es la principal responsable de la entrada de divisa al país.

No obstante, existen pocas posibilidades de que sean tenidas en cuentas, ya que la eliminación de estas disposiciones significa la pérdida de ingresos netos al presupuesto del Estado. Eso también lo sabe Marta López, sin embargo, aun no pierde las esperanzas.

Laritza Diversent

Reajuste económico en detrimento de los derechos

19 diciembre, 2010 24 comentarios

 

El gobierno cubano recientemente lanzo su proyecto de lineamientos de la política económica y social, para ser aprobados en el próximo congreso del Partido Comunista de Cuba, previsto celebrarse en abril del 2011. Al parecer en los próximos 5 años, el tema de los derechos fundamentales de los cubanos estará fuera de la agenda estatal, principalmente los derechos laborales.

En Cuba el sistema económico se basa en la “propiedad estatal socialista de todo el pueblo” sobre los medios fundamentales de producción. En la nueva actualización del modelo económico, se toman una serie de medidas para eliminar subsidios, gratuidades y tratamientos paternalistas, pero no se mencionas las garantías ciudadanos frente al poder de una administración, que es completamente irresponsable ante sus gobernados.

El Estado socialista continúa figurando como el único ente capaz de satisfacer intereses generales de la sociedad cubana, tanto en el plano individual como en el colectivo. Las nuevas políticas fortalecen sus empresas en detrimento de los derechos de los trabajadores.

Estrategia ya puestas en práctica con las recientes modificaciones legislativas llevadas a cabo por el Consejo de Estado, las que tiene como principal objetivo eliminar la responsabilidad legal del “Estado Socialista”, en la protección trabajadores disponibles, y de las empresas estatales, en la reubicación de estos.

Frente a eses exceso de poder de la administración socialista, las garantías laborales son mínimas. Las empresas estatales tiene la facultad de realizar procesos de restructuración de plantillas, hacer despidos en masa y cuestionar la capacidad de los trabajadores, alegando falta de idoneidad.

El obrero, como único medio de defensa, cuenta con un “Órgano de Justicia Laboral de Base”, en el que uno de sus miembros representa a la administración de la entidad que lo despide o con los tribunales, que constitucionalmente reciben instrucciones directa del Consejo de Estado, el mismo que puso en vigor las medidas que restringen el ejercicio de sus derechos.

No hay derecho a la huelga y las manifestaciones se permiten, solo si son organizadas por el propio estado o sus organizaciones de masa. De todas formas la Constitución de la República deja bien claro que ninguna de las libertades ciudadanas puede ser ejercida contra la existencia y fines del estado socialista.

Evidentemente los derechos ciudadanos no están la lista de prioridades del estado cubano. El reajuste económico, busca únicamente la supervivencia de un sistema que ha probado con creces ser ineficaz, y la permanencia en el poder de la añeja dirigencia histórica socialista, a costa del bienestar de los cubanos.

Laritza Diversent

Se esperan cambios en política estatal

17 diciembre, 2010 15 comentarios

 

Luego de dos meses, la incertidumbre llena el escenario cubano. Todavía el gobierno no concreta los principios que regirán el trabajo por cuenta propia. Mientras, la cifra de desempleados y las expectativas de la población, aumentan.

Una de las inquietudes planteadas es si el gobierno otorgará a los cuentapropistas derechos para explotar concesiones administrativas, teniendo en cuenta que, este, considera la actividad de los particulares como complemento de la estatal.

Hasta el momento no se ha dicho nada al respecto. Sin embargo, varias de las actividades por cuenta propia autorizadas están relacionadas con la explotación de recursos minerales, como el cantero y el productor vendedor de artículos de alfarería.

Otras como el elaborador vendedor de artículos de granito y mármol, se mantiene paralizadas, según informó el diario oficial Granma, por no existir un mercado lícito para adquirir las mercancías.

El Ministerio de la Industria Básica, está autorizado para otorgar o denegar las concesiones mineras para pequeños yacimientos de determinados minerales, reconocidos por la Constitución de la República como bienes de “propiedad estatal socialista de todo el pueblo”.

Hace dos años, la ciudadana Amada Pupo Cisneros presentó, a la Oficina Nacional de Recursos Minerales, una solicitud de concesión de explotación del mineral de arcilla, en la localidad tunera la Estrella. Su pretensión fue rechazada por la recién destituida Ministra de la Industria Básica, Yadira García Vera.

La ex representante del gobierno negó el derecho por recomendación de la Oficina Nacional de Recursos Minerales, quien valoró que, la petición de Pupo Cisneros, se contraponía a los principios generales del ejercicio del trabajo por cuenta propia.

Desde 1992 los bienes estatales pueden trasmitirse, parcial o totalmente, en propiedad a personas naturales y jurídicas, previa aprobación del Consejo de Ministros o su Comité Ejecutivo. Sin embargo, el gobierno solo reconoce este derecho a los inversionistas extranjeros.

Los nacionales como Amada Pupo están excluidos. Su participación en la economía nacional está seriamente limitada por la Constitución de la República, el Decreto-ley 141 de 8 de septiembre de 1993, “Sobre Ejercicio del Trabajo por Cuenta Propia”, y el resto de la legislación complementaria, que regula este derecho.

En el artículo 21 de Texto Mago del Estado, reconoce la propiedad sobre los medios e instrumentos de trabajo personal o familiar. Sin embargo, restringe el derecho al prohibir utilizarlos en la obtención de ingresos provenientes de la explotación del trabajo ajeno.

No obstante ser un derecho constitucional, en la última sesión parlamentaria el Presidente de los consejos de Estado y de Ministros, y miembro del Buró Político y segundo secretario del Partido Comunista de Cuba (PCC), anuncio que su gobierno levantaría algunas restricciones al ejercicio del trabajo por cuenta propia, entre ellas la contratación de mano de obra

No obstante, el gobierno dejo claro que mantendrá su política en cuanto a determinar, supervisar y controlar las actividades, y quienes pueden realizarlas. También fiscalizara las condiciones de comercialización de los productos y servicios de los cuentapropistas. Las medidas según el diario Granma, órgano oficial del PCC, entrarán en vigor, sin especificar el día, a partir de octubre.

Hasta el momento, el gobierno socialista niega a sus nacionales el derecho a explotar servicios públicos, recursos naturales o la ejecución de obras públicas, cuando la legislación les da esa posibilidad. Habrá que esperar para ver cambian los principios discriminatorios de las políticas estatales y su sistema de exclusión. Es hora que los cubanos intervengan, en condiciones de igualdad, en su propia economía.

Laritza Diversent

Lineamientos económicos ignoran políticas de segregación en la isla

15 diciembre, 2010 6 comentarios

En el proyecto de lineamientos de la política económica y social propuesto por los comunistas cubanos, aseguran que está presente la Igualdad de derecho y de oportunidades para todos los ciudadanos, no igualitarismo. Sin embargo, ningún punto toca el respeto a los derechos de los cubanos

Al contrario continúan latente en la “actualización del modelo económico socialista”, la de discriminación de los cubanos, respecto a los extranjeros. Principalmente a la hora de participar en la economía nacional.

Los comunistas de la isla continuaran propiciando la participación de capital extranjero, mientras que evita la formación de los nacionales, con excesivas regulaciones y control estatal. No obstante, la Constitución cubana equipara a los extranjeros con sus nacionales, en el disfrute de los derechos.

Mientras los extranjeros son los únicos reconocidos para intervenir conjuntamente con el estado engrandes empresas, los nacionales deben conformarse con ejercer las actividades, que impide el progreso individual y familiar ¿A eso llaman igualdad de derecho y oportunidades?

Para nadie es un secreto los privilegios que goza un extranjero dentro de Cuba, desde el punto de vista económico y social. Por supuesto, esas libertades no son exigencias externas, sino pura política gubernamental.

Mientras un cuentapropista debe pagar impuesto por los ingresos que percibe, gravados hasta un 50 % si supera los 50 mil pesos, los foráneos lo hacen solo por las utilidades en un 30%. La política es aplicar mayores gravámenes a los ingresos más altos, obstaculizando la actividad de los cubanos en su propia economía

Las nuevas regulaciones del trabajo por cuenta propia son pura formalidades. Aun no se puede decir que favorece a nuevos actores, que tiene la responsabilidad de contribuir con las cargas del estado, generar empleos y aumentar la productividad del país. Tampoco tiene en cuenta que muchas familias dependerán del progreso de la actividad de los cuentapropistas

Es justo reconocer que la inversión extranjera en cuba, reporta beneficios a la economía. Sin embargo, ella por sí sola, no es la solución para enfrentar los problemas que la agobian, ni tampoco justifica políticas de diferenciación.

En la Constitución estatal de la isla, la discriminación por origen nacional está proscrita y es sancionada por la ley. Sin embargo aun no se legislado ninguna norma que haga efectivo este principio. Más cuando es el propio gobierno quien instrumenta políticas de segregación, que priva a sus nacionales de invertir en su economía convirtiéndolos en irresponsable ante su destino.

Laritza Diversent

Atribuciones de Ministras de Finanzas y Precios son inconstitucionales y arbitrarias

La Ministra de Finanzas y Precios, Lina Olinda Pedraza Rodríguez, ordenó la ejecución de un proceso de confiscación contra Teófilo Roberto López Licor de 66 años, amparada en el Decreto Ley 149 “sobre confiscación de bienes e ingresos mediante enriquecimiento indebido”, conocida como Ley contra maceta (nuevos ricos) y su reglamento, el Decreto No 187, ambos de 1994.

La representante estatal exige la confiscación de los bienes e ingresos obtenidos por la familia López Licor, en un periodo de 10 años (1998 al 2008). Sin embargo, la resolución dictada en julio de 2009, está asentada en el expediente confiscatorio número 1349, que no especifica el año de radicación. Detalle que crea dudas acerca de la aplicación del decreto-ley con efectos retroactivos, por parte del órgano estatal.

Según la Constitución de la República las leyes no penales tienen efecto retroactivo cuando en las mismas se disponga por razón de interés social o utilidad pública. El Decreto Ley 149 es de carácter administrativo y en su parte dispositiva no hace mención a ese particular.

El proceso afectó además, a Pompilio López Licor, 61 años y Teófila Elsa Ávila Gutiérrez, 60 años, hermano y esposa de Teófilo Roberto, quienes junto a su hijo, Antonio, fueron declarados por la resolución ministerial, como terceros que se beneficiaron con el enriquecimiento indebido.

La Diputada nacional por la provincia de Villa Clara, asegura que las 3 viviendas, 2 autos, una moto y varios bienes, entre ellos equipos electrodomésticos intercambiados con la “Revolución Energética”, fueron obtenidos y legalizados por Teófilo, mediante vicios ocultos y subterfugios, a nombre de sus parientes, sin especificar cuáles fueron los actos ilícitos.

Sin embargo, no ordena acción legal contra los funcionarios de la Dirección Municipal de la Vivienda de Arroyo Naranjo, en Ciudad de la Habana, que actuaron en la legalización de los bienes e inmuebles de los afectados.

Los bienes confiscados ascienden a 2 millones 347 mil 834 pesos cubanos con 24 centavos. Valor certificado por peritos que no especificaron, como les viene obligado legalmente, en qué consistía el avalúo, ni cuales fueron los parámetros del procedimiento, ni los elementos que se tomaron en cuenta para la estimación.

López Licor es trabajador por cuenta propia, en la actividad reglada No 646 “Elaborador-vendedor de alimentos y bebidas no alcohólicas en punto fijo de venta” y tiene documentaos de la oficina tributaria que acreditan ingresos por más de 500 mil pesos cubanos.

Teófilo Roberto también puede acreditar 18 mil pesos convertibles (CUC), 450 mil pesos cubanos (CUP), recibidos por remesas de los Estados Unidos, de parte de seis hermanos y un hijo, residentes en ese país.

Sin embargo, la también miembro del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, Pedraza Rodríguez, desestimó las pruebas aportadas por López Licor. Alegó que el cuentapropista contrató fuerza de trabajo y los documentos bancarios no acreditaban que hubiese recibido efectivamente el dinero. La legislación penal considera ilícita utilización de mano de obra que no sea familiar. Sin embargo, contra López Licor no existe sanción penal impuesta por ese motivo

Los procesados recurrieron la resolución ministerial mediante Recurso de Reforma ante la propia Pedraza Rodríguez, quien lo declaró sin lugar, ratificando su decisión, en octubre de 2009. El pasado 22 de junio solicitaron a la titular de Finanzas y Precios, el inicio de un procedimiento especial de revisión. Sin embargo, la ejecución de la sanción de confiscación no se interrumpe, a pesar de que no haberse agotado las vías para recurrirla.

El Decreto-Ley 149, coloca en estado de indefensión a los afectados al impedirles acudir a los Tribunales en demanda de justicia frente a un acto de la Administración que le es lesivo. No obstante, la Constitución de la República establece que “La confiscación de bienes se aplica sólo como sanción por las autoridades, en los casos y por los procedimientos que determina la ley”. El Código Penal, la regula como una sanción específica y accesoria de un delito.

No obstante, la Fiscalía, quien tiene a su cargo el ejercicio de la acción penal pública en representación del Estado, decidió promover un procedimiento administrativo antes de activar la vía judicial por la comisión de delitos. En un proceso penal, los parientes de Teófilo Roberto jamás hubieses respondido por actos ajenos. La responsabilidad es individual.

El Código Penal cubano, vigente desde 1987, establece que “la confiscación de bienes no comprende,…los bienes u objetos que sean indispensables para satisfacer las necesidades vitales del sancionado o de los familiares a su abrigo”. Por tanto, en la vía penal, las viviendas no pueden ser objetos de incautación.

La vigencia de esta norma en el ordenamiento jurídico cubano lejos de proteger intereses generales, destruye la confianza y seguridad que debe bridar todo sistema legal. Su aplicación viola las garantías jurídico-penales ofrecidas a los ciudadanos y los coloca en estado de indefensión ante los excesos de gobierno.

Lina Olinda Pedraza Rodríguez, Ministra de Finanzas y Precios, alegó en su resolución que los bienes incautados “no son fruto del trabajo honesto”, sin embargo, el Código Civil cubano define el enriquecimiento indebido como el traspaso de valores de un patrimonio a otro, sin causa legítima. La licenciada en Control Económico fue designada por el gobierno, pero no está calificada para administrar justicia. Las atribuciones que le confiere el Decreto Ley 149/94 son inconstitucionales y también arbitrarias.

Laritza Diversent

Escenario en penumbras

La excarcelación de 52 presos políticos, condenados a penas de entre 6 y 28 años en el 2003, causó, por una parte, júbilo, y por otra, escepticismo. El Arzobispado de La Habana emitió un comunicado y Miguel Ángel Moratinos, ministro de Asuntos Exteriores de España, dio declaraciones a la prensa. Sin embargo, faltó la nota oficial del gobierno al respecto. Evidentemente el escenario queda en penumbra.

Según Moratinos, no existen razones para mantener la “Posición Común” europea, después de las excarcelaciones. Dijo sentir satisfacción por “la posibilidad de zanjar definitivamente la cuestión de los presos”, cuando en realidad se resuelve una situación circunstancial. El tema de los derechos humanos en la isla, no se resume exclusivamente a la liberación de los presos políticos. Tampoco.

Sobresale cierta ingenuidad por parte del Ministro Relaciones Exteriores de España. Tal vez solo se preocupe por resolver el presente inmediato, que beneficia exclusivamente al gobierno de la Isla. Hasta el momento la dirigencia histórica no ha hecho público su compromiso ni dio garantías de cumplimiento.

Para nadie es un secreto que el ministro español pidió una prórroga hasta septiembre, a sus homólogos de la Unión Europea, para decidir si se reafirmaba o derogaba la Posición Común, que desde 1996, condiciona la relación con Cuba al avance en derechos humanos.

¿A caso no importa el futuro de los cubanos? ¿Qué pasará después, si por el gesto del gobierno cubano se modifica la “Posición Común”? No se trata de empañar el proceso de excarcelación. Reconozco es un paso positivo, pero en nada representan una mejoría en materia de derechos humanos. No mientras estén vigentes leyes, que penalizan el ejercicio de la libertad de expresión y opinión.

No obstante, resulta sospechoso, que un Estado declarado constitucionalmente como laico, se pronuncie a través de la iglesia católica. Mucho más que un representante de un Estado extranjero, se convierta en portavoz del gobierno de la isla, cuando éste en su política exterior, es intransigente con el principio de soberanía estatal y la no injerencia en los asuntos internos.

Laritza Diversent

Ley mordaza

El Código Penal (CP) caracteriza y sanciona conductas que van contra la Seguridad del Estado, la economía y el orden público, etc. Sin embargo, en el ordenamiento jurídico está vigente otra disposición de carácter penal, con la misma jerarquía y que protege los mismos objetivos: La ley No 88, “De protección de la Independencia y la Economía Nacional”, conocida popularmente como “Ley Mordaza”.

No obstante, existen diferencias entre ellas en cuanto a la redacción de sus normas. La Ley 88 es más confusa e imprecisa, lo que dificulta su interpretación. Por ejemplo, en el Código Penal prohíbe conductas que van contra el orden legal: desórdenes público, instigación a delinquir, etc. En cada uno de ellos el legislador deja claro, los supuestos hipotéticos en los que se corporifica el delito.

…”El que…, de gritos de alarma, o profiera amenazas de un peligro común…” (Desórdenes públicos, art 200.1 CP)…”El que provoque riñas y altercados…” (Desórdenes públicos, art 201.1 CP)…”El que…, incite públicamente a cometer delito determinado…” (Instigación a delinquir, art 202.1 CP).

Explicito queda también el carácter de los lugares donde ha de desarrollarse la acción delictiva… “en lugares públicos, espectáculos, o reuniones numerosas…” (Desórdenes públicos, art 200.1 CP),… “en establecimientos abiertos al público, vehículos de transporte público, círculos sociales, espectáculos, fiestas familiares o públicas, u otros actos o lugares al que concurran numerosas personas…” (Desórdenes públicos, art 201.1 CP).

En el artículo 8 de la ley No 88 (Apartado 1), sanciona a todo… “El que perturbe el orden público con el propósito…” y al… “El que promueva, organice o incite a realizar las perturbaciones del orden público a que se refiere el apartado anterior” (Apartado 2).

En este artículo nada se dice acerca del carácter de los lugares donde debe manifestarse supuestamente la conducta socialmente peligrosa. Tampoco se describen las posibles acciones a realizar, para que se considere alterada la tranquilidad ciudadana. No se tipifica el delito.

Cualquier acción puede ser considerada por las autoridades, como una perturbación del orden público. De esta forma crea un clima de inseguridad para la ciudadanía destinataria de la norma.

De este análisis sacamos una lección y descubrimos una de las estrategias de la clase política cubana: la redacción de normas con supuestos de hechos hipotéticos, indefinidos y con un alto grado de abstracción, que hace de la interpretación y aplicación de la Ley Mordaza, sea escabrosa y de lugar a arbitrariedades, bajo un supuesto interés social.

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