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Archive for the ‘Iniciatica económica privada’ Category

Se esperan cambios en política estatal

17 diciembre, 2010 15 comentarios

 

Luego de dos meses, la incertidumbre llena el escenario cubano. Todavía el gobierno no concreta los principios que regirán el trabajo por cuenta propia. Mientras, la cifra de desempleados y las expectativas de la población, aumentan.

Una de las inquietudes planteadas es si el gobierno otorgará a los cuentapropistas derechos para explotar concesiones administrativas, teniendo en cuenta que, este, considera la actividad de los particulares como complemento de la estatal.

Hasta el momento no se ha dicho nada al respecto. Sin embargo, varias de las actividades por cuenta propia autorizadas están relacionadas con la explotación de recursos minerales, como el cantero y el productor vendedor de artículos de alfarería.

Otras como el elaborador vendedor de artículos de granito y mármol, se mantiene paralizadas, según informó el diario oficial Granma, por no existir un mercado lícito para adquirir las mercancías.

El Ministerio de la Industria Básica, está autorizado para otorgar o denegar las concesiones mineras para pequeños yacimientos de determinados minerales, reconocidos por la Constitución de la República como bienes de “propiedad estatal socialista de todo el pueblo”.

Hace dos años, la ciudadana Amada Pupo Cisneros presentó, a la Oficina Nacional de Recursos Minerales, una solicitud de concesión de explotación del mineral de arcilla, en la localidad tunera la Estrella. Su pretensión fue rechazada por la recién destituida Ministra de la Industria Básica, Yadira García Vera.

La ex representante del gobierno negó el derecho por recomendación de la Oficina Nacional de Recursos Minerales, quien valoró que, la petición de Pupo Cisneros, se contraponía a los principios generales del ejercicio del trabajo por cuenta propia.

Desde 1992 los bienes estatales pueden trasmitirse, parcial o totalmente, en propiedad a personas naturales y jurídicas, previa aprobación del Consejo de Ministros o su Comité Ejecutivo. Sin embargo, el gobierno solo reconoce este derecho a los inversionistas extranjeros.

Los nacionales como Amada Pupo están excluidos. Su participación en la economía nacional está seriamente limitada por la Constitución de la República, el Decreto-ley 141 de 8 de septiembre de 1993, “Sobre Ejercicio del Trabajo por Cuenta Propia”, y el resto de la legislación complementaria, que regula este derecho.

En el artículo 21 de Texto Mago del Estado, reconoce la propiedad sobre los medios e instrumentos de trabajo personal o familiar. Sin embargo, restringe el derecho al prohibir utilizarlos en la obtención de ingresos provenientes de la explotación del trabajo ajeno.

No obstante ser un derecho constitucional, en la última sesión parlamentaria el Presidente de los consejos de Estado y de Ministros, y miembro del Buró Político y segundo secretario del Partido Comunista de Cuba (PCC), anuncio que su gobierno levantaría algunas restricciones al ejercicio del trabajo por cuenta propia, entre ellas la contratación de mano de obra

No obstante, el gobierno dejo claro que mantendrá su política en cuanto a determinar, supervisar y controlar las actividades, y quienes pueden realizarlas. También fiscalizara las condiciones de comercialización de los productos y servicios de los cuentapropistas. Las medidas según el diario Granma, órgano oficial del PCC, entrarán en vigor, sin especificar el día, a partir de octubre.

Hasta el momento, el gobierno socialista niega a sus nacionales el derecho a explotar servicios públicos, recursos naturales o la ejecución de obras públicas, cuando la legislación les da esa posibilidad. Habrá que esperar para ver cambian los principios discriminatorios de las políticas estatales y su sistema de exclusión. Es hora que los cubanos intervengan, en condiciones de igualdad, en su propia economía.

Laritza Diversent

Lineamientos económicos ignoran políticas de segregación en la isla

15 diciembre, 2010 6 comentarios

En el proyecto de lineamientos de la política económica y social propuesto por los comunistas cubanos, aseguran que está presente la Igualdad de derecho y de oportunidades para todos los ciudadanos, no igualitarismo. Sin embargo, ningún punto toca el respeto a los derechos de los cubanos

Al contrario continúan latente en la “actualización del modelo económico socialista”, la de discriminación de los cubanos, respecto a los extranjeros. Principalmente a la hora de participar en la economía nacional.

Los comunistas de la isla continuaran propiciando la participación de capital extranjero, mientras que evita la formación de los nacionales, con excesivas regulaciones y control estatal. No obstante, la Constitución cubana equipara a los extranjeros con sus nacionales, en el disfrute de los derechos.

Mientras los extranjeros son los únicos reconocidos para intervenir conjuntamente con el estado engrandes empresas, los nacionales deben conformarse con ejercer las actividades, que impide el progreso individual y familiar ¿A eso llaman igualdad de derecho y oportunidades?

Para nadie es un secreto los privilegios que goza un extranjero dentro de Cuba, desde el punto de vista económico y social. Por supuesto, esas libertades no son exigencias externas, sino pura política gubernamental.

Mientras un cuentapropista debe pagar impuesto por los ingresos que percibe, gravados hasta un 50 % si supera los 50 mil pesos, los foráneos lo hacen solo por las utilidades en un 30%. La política es aplicar mayores gravámenes a los ingresos más altos, obstaculizando la actividad de los cubanos en su propia economía

Las nuevas regulaciones del trabajo por cuenta propia son pura formalidades. Aun no se puede decir que favorece a nuevos actores, que tiene la responsabilidad de contribuir con las cargas del estado, generar empleos y aumentar la productividad del país. Tampoco tiene en cuenta que muchas familias dependerán del progreso de la actividad de los cuentapropistas

Es justo reconocer que la inversión extranjera en cuba, reporta beneficios a la economía. Sin embargo, ella por sí sola, no es la solución para enfrentar los problemas que la agobian, ni tampoco justifica políticas de diferenciación.

En la Constitución estatal de la isla, la discriminación por origen nacional está proscrita y es sancionada por la ley. Sin embargo aun no se legislado ninguna norma que haga efectivo este principio. Más cuando es el propio gobierno quien instrumenta políticas de segregación, que priva a sus nacionales de invertir en su economía convirtiéndolos en irresponsable ante su destino.

Laritza Diversent

Medidas gubernamentales aumentan expectativas en la población.

cuentapropista

En su más reciente discurso el General de Ejército, Raúl Castro Ruz, anunció una serie de medidas que afectan los derechos laborales de la población cubana. La más trascendental de todas, fue la ampliación del trabajo por cuenta.

Según el también Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, el gobierno acordó ampliar el ejercicio del trabajo por cuenta propia, como una alternativa de empleo, y la eliminando varias prohibiciones vigentes, para el otorgamiento de nuevas licencias.

El auge actividad económica individual comenzó en la isla en 1989 con la caída del campo socialista, como una medida gubernamental para reajustar la economía, debido la falta de créditos y la imposibilidad de obtener la cooperación de los organismos financieros internacionales. A partir de 1997, el Estado restringió el otorgamiento de licencia reduciendo al mínimo el sector económico independiente.

En la actualidad, el trabajo por cuenta propia está sometido al control y supervisión del gobierno que lo concibe como un complemento de la actividad estatal. Tiene carácter municipal y se ejerce de forma individual.

La autorización para su ejercicio es renovable cada dos años. Abarca las actividades de producción y comercialización de los bienes y servicios, en el domicilio del titular, y solo se puede ofertarse a personas naturales.

En la isla está prohibido realizar cualquier actividad de producción, transformación o venta de mercancías o prestación de servicios sin autorización. La Resolución No 9/2005 “Reglamento sobre el ejercicio del trabajador por cuenta propia” del Ministerio del Trabajo y Seguridad Social, enumera en una lista las actividades que expresamente se pueden realizar. La norma aprueba 118 actividades y autoriza el otorgamiento de nuevas licencia sólo para 40 de ellas.

La legislación exige a los cuentapropistas comprar la materia prima en el mercado minorista en divisa, sin embargo tiene que ofertar sus producciones y servicios en moneda nacional. Condición que por una parte impide el desarrollo de la iniciativa económica privada y por otra propicia el auge de la ilegalidad. Los cuentapropistas recurren al mercado negro para poder mantener sus negocios y la licencia otorgada.

Igualmente el Segundo Secretario del Partido Comunista de Cuba, anunció que el Consejo de ministro aprobó la aplicación de un régimen tributario para este tipo de actividad, supuestamente para garantizar que los nuevos cuentapropistas contribuyan a la seguridad social, abonen impuestos sobre los ingresos personales y las ventas, y aquellos que contraten trabajadores paguen el tributo por la utilización de la fuerza de trabajo.

Las medidas generaron expectativa dentro de la población, principalmente las referidas a la comercialización de nuevas producciones y flexibilización en la contratación de fuerza de trabajo. Su implementación exige del gobierno una reforma del ordenamiento jurídico. La legislación penal que prohíbe contratar mano de obra o utilizar medios o materiales de procedencia ilícita, aun teniendo licencia.

Laritza Diversent

Extranjerización de los cubanos

Sandy Olivera es un joven cubano, que desde hace dos años, emigró como refugiado político hacia los Estados Unidos. Su novia se quedó de este lado del mar. Hace una semana regresó a Cuba para casarse con ella.

La oficialización del matrimonio tuvo lugar en la Notaria Especializada de 23 y J, en el Vedado, municipio Plaza de la Revolución, en esta capital. Para unirse, como manda la ley, él tuvo que pagar, 525 CUC y 100 moneda nacional en sellos. Como si fuera poco, el notario sin mucha desazón le pidió un regalito, 5 CUC.

El gobierno cubano le cobra a Sandy como si fuera un extranjero, ¿Será que residir en los Estados Unidos es una de las causas legalmente establecidas para que un cubano pierda la ciudadanía?

La Constitución de la República establece que cuando se adquiera una ciudadanía extranjera, se perderá la cubana. Aclara además que, La ley establece el procedimiento a seguir para la formalización de la pérdida de la ciudadanía y las autoridades facultadas para decidirlo.

Significa que el hecho de adquirir otra ciudadanía no implica por sí sola, la perdida de la cubana. Para que así sea, las autoridades gubernamentales tienen que decidirlo. De hecho, cubanos con ciudadanía norteamericana tienen que entrar en la isla con pasaporte cubano. Es decir como ciudadanos del Estado socialista.

En la práctica se da una doble ciudadanía. Lo que sucede es que el gobierno reconoce exclusivamente la cubana, ignorando la nueva adquirida. Ese, no es el caso de Sandy. Él no ha realizado ningún trámite para convertirse en ciudadano norteamericano, por tanto no ha perdido su condición de ciudadano cubano.

Lo demuestra el hecho de haber pagado 220 CUC por el permiso de entrada al país, tal como lo disponen las autoridades cubanas. Sin embargo, entró en Cuba como ciudadano cubano, pero ya dentro de la isla, tiene que pagar por los servicios que reciba en moneda libremente convertible como si fuese un extranjero.

Este es el ‘Estado de derecho’ que tanto defiende el Ministro de Relaciones Exteriores cubano, Bruno Rodríguez. Un Estado que, en el artículo 41 de su Magna Carta reconoce que “todos los ciudadanos gozan de iguales derechos y están sujetos a iguales deberes”, pero que discrimina a los que residen en otras partes del mundo.

Los cubanos residentes en el exterior no son extranjeros. Se entiende que, el ‘Estado Socialista subvencione los servicios que recibe la población’ y que ellos tienen un poder adquisitivo mayor, que el de los residen dentro de la isla. Las situaciones de hecho, sin embargo, no justifican que el gobierno viole derechos constitucionales.

Laritza Diversent

Cuba y su sistema de exclusión (II)

 

Los cubanos son excluidos en su propia tierra. Tanto los residentes en el territorio nacional, como los que radican el extranjero. Estos últimos son doblemente discriminados. No pueden invertir en la economía por ser aun ciudadanos del Estado y cuando entran al país son tratados extranjeros.

La Ley No 77, “De inversión extranjera”, establece que inversionistas extranjeros es (…)La persona natural o jurídica, con domicilio en el extranjero y capital extranjero, que se convierte en accionista de una empresa mixta, o participa en una empresa de capital totalmente extranjero, o que figura como parte en los contratos de asociación económica internacional.

En virtud de la normativa de esta disposición jurídica, los cubanos radicados definitivamente en el exterior, no tienen ningún obstáculo para invertir en la economía de su tierra natal. Tienen domicilio y capital extranjero. ¿Qué se lo impide entonces?

El artículo 32 de la constitución cubana establece que los cubanos no podrán ser privados de su ciudadanía, salvo causas legalmente establecidas. Tampoco podrán ser privados del derecho a cambiar de esta. No se admitirá la doble ciudadanía. En consecuencia, cuando se adquiera una ciudadanía, se perderá la cubana. La ley establece el procedimiento a seguir para la formalización de la perdida de la ciudadanía y las autoridades facultadas para decidirlo.

Las causas de pérdida y recuperación de la ciudadanía antes de la reforma constitucional de 1992 eran específicas y figuraban en el texto de la’ Carta Suprema del Estado’. Ahora perdieron relevancia jurídica y deben ser reguladas por una ley.

Teniendo en cuenta el aumento de la emigración cubana, pudiera pensarse que el objetivo de la reforma, era eliminar ciudadanías. Todo lo contrario, las medidas aplicadas por el gobierno, tienden a retenerlas.

Convenientemente para las autoridades no se ha formulado la ley que regula las particularidades analizadas. La práctica es obligar a todos los cubanos a entrar en el país con el pasaporte que los califica como nacional. No es que admitan la doble ciudadanía, para ellos, con respecto a los nacionales, solo existe la cubana. En virtud de esto, no pueden invertir en la economía nacional.

Sin embargo, ya dentro del territorio pierden sus derechos como nacionales, todos los servicios están obligados a pagarlos en divisas, como si fueran extranjeros. Lejos de ser un privilegio, este particular viola los preceptos constitucionales y los derechos fundamentales de los cubanos.

Laritza Diversent

Cuba y su sistema de exclusión (I)

Es justo reconocer que la inversión extranjera, en Cuba, reporta beneficios a la economía. Sin embargo, ella por sí sola, no es la solución para enfrentar los problemas que la agobian.

La Ley No 77 se adoptó en 1995 para brindar seguridad y garantías al inversionista extranjero, y con ello obtener la recuperación económica. Así lo hace saber el Parlamento Cubano, en la introducción de esta disposición normativa.

En ella, la Asamblea Nacional expresa además que, a través de la inversión extranjera, cuba podía obtener (entre otros objetivos) mayor eficiencia productiva, mejoramiento de la calidad de los productos y los servicios que se ofrecen, y una reducción en los costos.

A 15 años de haberse aprobado esta ley, vale la pena preguntar: ¿Aumentó el bienestar del pueblo cubano? ¿A qué servicios se refería el parlamento, a los que reciben los extranjeros o los que se ofrecen a la población? En cuanto a estos últimos, sobran los comentarios.

Los salarios insuficientes desmotivan a los ciudadanos, principalmente a los jóvenes, a trabajar con el Estado ¿Cómo resuelve el gobierno el problema de abstinencia laboral, que lo obligó a incrementar la edad para retirarse por vejez? Aplicando hasta 4 años de prisión por peligrosidad social.

Esto conlleva otro problema, el de las ilegalidades. El bajo poder adquisitivo de miles de familia determina que están vivan al margen de las regulaciones estatales, para resistir a la permanente crisis.

¿Cuál es la solución a este otro conflicto? El despliegue de operativo policiales, para atrapar in fraganti a los que se dedican a actividades económicas individuales. ¿No es más fácil legalizar la situación de personas que optan por vivir independiente de las dádivas del Estado?

¿Por qué el gobierno cubano no incentiva las actividades lucrativas de los ciudadanos? Al igual que la inversión extranjera, la iniciativa económica individual de los cubanos reporta mayor productividad, la creación de nuevos puestos de trabajo, etc.

En principio, una de las razones que fundamento la exclusión de los cubanos del quehacer económico nacional, fue el igualitarismo social que pretendió el socialismo y que nunca alcanzó.

Para intentar garantizar un derecho, se violentaron otros. Una supuesta igualdad social justificó que el gobierno actuara en contra de los dictados constitucionales, y originara una forma institucionalizada de segregación, por razones de origen nacional.

Cuba necesita una ley de inversión, no de exclusión. La vigencia por 15 años de la ley 77 solo trajo el apartheid económico. No es justo que el capital individual de los extranjeros, sea el único que valga en la economía de los cubanos.

Laritza Diversent

Problema sencillo, solución llana

El problema que tiene las autoridades de ecuador con los cubanos, no está en los matrimonios de conveniencia entre los ciudadanos de ambos Estados. El inconveniente surge por el permiso de entrada y salida que impone el gobierno de la isla y en el trato que da a sus emigrantes.

Normalmente los cubanos para viajar al extranjero por asuntos particulares requieren el visado del país que pretenden “visitar” y el permiso de salida otorgado por el Ministro del Interior. Igualmente necesitan una carta de invitación formulada ante Notario Público, por quien los invita; legalizada por los canales consulares.

Los cubanos “Se aprovecharon legalmente de un estado de apertura que tenemos los ecuatorianos” afirman autoridades de ese país. Sin embargo sus funcionarios públicos, lucraron con la desesperación de los cubanos.

Desde 2007 el ministerio de Relaciones Exteriores dispuso, mediante la Resolución No 87, que “la Invitación extendida a favor de ciudadanos cubanos residentes en el territorio nacional, por familiares o amigos residentes en el extranjero, para viajar al exterior por asuntos personales, será formulada mediante documento notarial, debidamente legalizado de conformidad con la legislación del país en que se expide, y presentada ante el Consulado cubano correspondiente”.

Se violaron “normas ética” porque los cubanos necesitaban los servicios de funcionarios públicos ecuatorianos. Los notarios del país sudamericano son los encargados de formalizar la escritura de invitación a los ciudadanos cubanos, con precio de 400 a 600 dólares en el mercado informal. Validan también las declaraciones juradas que luego son utilizadas para obtener la cedula de ciudadanía de dicho país.

A principios del pasado mes de abril, las autoridades ecuatorianas denunciaron una presunta red de corrupción que facilitaba la nacionalización ilegal de cubanos en ecuador. Resultaron implicados un secretario de relaciones exteriores y dos notarios públicos, por no verificaban la información de entrada y salida al país de los isleños que contraían matrimonio y expedir documentos fraudulentos.

¿Porque un matrimonio con premura?

Las autoridades ecuatorianas igualmente reconocen que los cubanos cumplen los requisitos legales para salir de Cuba y entrar en Ecuador y que la mayoría regresa a la isla. Significa que los isleños no tienen la intención de radicarse definitivamente en ese país. No obstante surgen varias interrogantes: ¿Por qué necesitan con tanta premura matrimoniarse en ese país?

Luego de legalizar su situación en ecuador los cubanos solicitan, a las autoridades de migración cubana, el Permiso de Residencia en el Exterior (PRE). Autorización que se otorga a los ciudadanos que hayan contraído matrimonio con ciudadanos extranjeros para establecerse en el exterior por tiempo indeterminado.

El trámite les permite entrar a la isla cada vez que lo deseen sin necesidad de solicitar Permiso de Entrada además de la posibilidad de permanecer en el país hasta 12 meses consecutivos, sin perder esta categoría y regresar definitivamente a la isla cuando decidan renunciar al PRE.

La respuesta gubernamental a la solicitud del PRE, puede demorar hasta 6 meses y el permiso de salida del país por asuntos particulares se otorgarse por un término hasta de tres meses. Por tanto los trámites deben realizarse en los primeros 4 meses de la llegada al ecuador. La aprobada la solicitud del PRE, el ciudadano cubano solicita prórrogas de estancia en el exterior hasta la fecha de comunicación de la autorización.

Los cubanos que no regresen a la isla en el tiempo estipulados las autoridades cubanas le aplican lo dispuesto en la Ley número 989 de 5 de diciembre de 1961. La referida ley impone la confiscación de bienes y el abandono definitivo del país.

El problema es sencillo: los isleños viajan al país suramericano, porque este simplifico los trámites para viajar. El matrimonio les permite evadir el permiso para salir o regresar a la isla, cuando lo deseen, sin necesidad de perder sus bienes. La solución está en manos del gobierno cubano: eliminar las restricciones para viajar. Mejor dicho, respetar la libertad de movimiento de sus ciudadanos.

Laritza Diversent

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