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Archive for the ‘Iniciatica económica privada’ Category

Cuba y su sistema de exclusión (I)

Es justo reconocer que la inversión extranjera, en Cuba, reporta beneficios a la economía. Sin embargo, ella por sí sola, no es la solución para enfrentar los problemas que la agobian.

La Ley No 77 se adoptó en 1995 para brindar seguridad y garantías al inversionista extranjero, y con ello obtener la recuperación económica. Así lo hace saber el Parlamento Cubano, en la introducción de esta disposición normativa.

En ella, la Asamblea Nacional expresa además que, a través de la inversión extranjera, cuba podía obtener (entre otros objetivos) mayor eficiencia productiva, mejoramiento de la calidad de los productos y los servicios que se ofrecen, y una reducción en los costos.

A 15 años de haberse aprobado esta ley, vale la pena preguntar: ¿Aumentó el bienestar del pueblo cubano? ¿A qué servicios se refería el parlamento, a los que reciben los extranjeros o los que se ofrecen a la población? En cuanto a estos últimos, sobran los comentarios.

Los salarios insuficientes desmotivan a los ciudadanos, principalmente a los jóvenes, a trabajar con el Estado ¿Cómo resuelve el gobierno el problema de abstinencia laboral, que lo obligó a incrementar la edad para retirarse por vejez? Aplicando hasta 4 años de prisión por peligrosidad social.

Esto conlleva otro problema, el de las ilegalidades. El bajo poder adquisitivo de miles de familia determina que están vivan al margen de las regulaciones estatales, para resistir a la permanente crisis.

¿Cuál es la solución a este otro conflicto? El despliegue de operativo policiales, para atrapar in fraganti a los que se dedican a actividades económicas individuales. ¿No es más fácil legalizar la situación de personas que optan por vivir independiente de las dádivas del Estado?

¿Por qué el gobierno cubano no incentiva las actividades lucrativas de los ciudadanos? Al igual que la inversión extranjera, la iniciativa económica individual de los cubanos reporta mayor productividad, la creación de nuevos puestos de trabajo, etc.

En principio, una de las razones que fundamento la exclusión de los cubanos del quehacer económico nacional, fue el igualitarismo social que pretendió el socialismo y que nunca alcanzó.

Para intentar garantizar un derecho, se violentaron otros. Una supuesta igualdad social justificó que el gobierno actuara en contra de los dictados constitucionales, y originara una forma institucionalizada de segregación, por razones de origen nacional.

Cuba necesita una ley de inversión, no de exclusión. La vigencia por 15 años de la ley 77 solo trajo el apartheid económico. No es justo que el capital individual de los extranjeros, sea el único que valga en la economía de los cubanos.

Laritza Diversent

Problema sencillo, solución llana

El problema que tiene las autoridades de ecuador con los cubanos, no está en los matrimonios de conveniencia entre los ciudadanos de ambos Estados. El inconveniente surge por el permiso de entrada y salida que impone el gobierno de la isla y en el trato que da a sus emigrantes.

Normalmente los cubanos para viajar al extranjero por asuntos particulares requieren el visado del país que pretenden “visitar” y el permiso de salida otorgado por el Ministro del Interior. Igualmente necesitan una carta de invitación formulada ante Notario Público, por quien los invita; legalizada por los canales consulares.

Los cubanos “Se aprovecharon legalmente de un estado de apertura que tenemos los ecuatorianos” afirman autoridades de ese país. Sin embargo sus funcionarios públicos, lucraron con la desesperación de los cubanos.

Desde 2007 el ministerio de Relaciones Exteriores dispuso, mediante la Resolución No 87, que “la Invitación extendida a favor de ciudadanos cubanos residentes en el territorio nacional, por familiares o amigos residentes en el extranjero, para viajar al exterior por asuntos personales, será formulada mediante documento notarial, debidamente legalizado de conformidad con la legislación del país en que se expide, y presentada ante el Consulado cubano correspondiente”.

Se violaron “normas ética” porque los cubanos necesitaban los servicios de funcionarios públicos ecuatorianos. Los notarios del país sudamericano son los encargados de formalizar la escritura de invitación a los ciudadanos cubanos, con precio de 400 a 600 dólares en el mercado informal. Validan también las declaraciones juradas que luego son utilizadas para obtener la cedula de ciudadanía de dicho país.

A principios del pasado mes de abril, las autoridades ecuatorianas denunciaron una presunta red de corrupción que facilitaba la nacionalización ilegal de cubanos en ecuador. Resultaron implicados un secretario de relaciones exteriores y dos notarios públicos, por no verificaban la información de entrada y salida al país de los isleños que contraían matrimonio y expedir documentos fraudulentos.

¿Porque un matrimonio con premura?

Las autoridades ecuatorianas igualmente reconocen que los cubanos cumplen los requisitos legales para salir de Cuba y entrar en Ecuador y que la mayoría regresa a la isla. Significa que los isleños no tienen la intención de radicarse definitivamente en ese país. No obstante surgen varias interrogantes: ¿Por qué necesitan con tanta premura matrimoniarse en ese país?

Luego de legalizar su situación en ecuador los cubanos solicitan, a las autoridades de migración cubana, el Permiso de Residencia en el Exterior (PRE). Autorización que se otorga a los ciudadanos que hayan contraído matrimonio con ciudadanos extranjeros para establecerse en el exterior por tiempo indeterminado.

El trámite les permite entrar a la isla cada vez que lo deseen sin necesidad de solicitar Permiso de Entrada además de la posibilidad de permanecer en el país hasta 12 meses consecutivos, sin perder esta categoría y regresar definitivamente a la isla cuando decidan renunciar al PRE.

La respuesta gubernamental a la solicitud del PRE, puede demorar hasta 6 meses y el permiso de salida del país por asuntos particulares se otorgarse por un término hasta de tres meses. Por tanto los trámites deben realizarse en los primeros 4 meses de la llegada al ecuador. La aprobada la solicitud del PRE, el ciudadano cubano solicita prórrogas de estancia en el exterior hasta la fecha de comunicación de la autorización.

Los cubanos que no regresen a la isla en el tiempo estipulados las autoridades cubanas le aplican lo dispuesto en la Ley número 989 de 5 de diciembre de 1961. La referida ley impone la confiscación de bienes y el abandono definitivo del país.

El problema es sencillo: los isleños viajan al país suramericano, porque este simplifico los trámites para viajar. El matrimonio les permite evadir el permiso para salir o regresar a la isla, cuando lo deseen, sin necesidad de perder sus bienes. La solución está en manos del gobierno cubano: eliminar las restricciones para viajar. Mejor dicho, respetar la libertad de movimiento de sus ciudadanos.

Laritza Diversent

Hermanos del ALBA

Tildados de oportunistas, los cubanos son el centro de atención de las autoridades de Ecuador. Parece ser que el término ilegalidad nos persigue, incluso fuera de las fronteras de esta isla. Muy pronto será un pecado contraer nupcias con ecuatorianos.

El Fiscal de Ecuador, Washington Pesántez, dio al respecto declaraciones a la prensa. Por la connotación de sus palabras, parece que los isleños están invadiendo su país. Se refiere a ellos como si fueran una plaga. “ya están demasiados” dijo. Incluso, afirmó que hay barrios “tomados” por cubanos.

Sobresale un cierto resentimiento. Es cierto, la necesidad de huir o sobrevivir, convierten a los cubanos en seres ingeniosos. Pero no al punto de convertirlos en una amenaza como quieren hacer ver, las autoridades ecuatorianas. Tampoco justifica que insinúen, son delincuentes

Los acusan de contrabandistas y afirman que, existe una red de comercio ilegal, desde Ecuador a Cuba. ¡Qué ironía! como si los cubanos pudieran entrar al país, con barcos llenos de mercancías sin declarar impuesto.

Un escándalo por unas pacotillas que terminan en el mercado negro, porque los precios oficiales de las tienda recaudadoras de divisa en la isla, tiene precios prohibitivos para sus ciudadanos. La iniciativa económica privada, está vedada para los cubanos en su país.

El gobierno cubano, ya tiene sus pesuñas sobre ellos cuando entran a la isla, y como si fuera poco, Ecuador le pide más apoyo. Las Autoridades de ambos países acordaron investigar y sancionar a ciudadanos que hayan contraído “matrimonios de conveniencia”. Es más fácil culparlos porque funcionarios de alto rango y notarios de Ecuador violaron “normas éticas” y aceptan o solicitan sobornos.

¡Claro que el incidente no afectará las relaciones entre ambos países! El gobierno cubano está dispuesto a castigar a los suyos. De eso no hay dudas. Principalmente decomisando pacotilla en el aeropuerto. Vergüenza deberían sentir los que gobiernan este país. Con que hipocresía, critican las políticas migratorias de Europa y Estados Unidos, mientras que a sus nacionales, que los parta un rayo.

La pregunta es si las autoridades de Ecuador, sancionaran a los ecuatorianos, por acceder a contraer nupcias por conveniencia ¿Convertirán en ilegal un acto voluntario y privado entre dos personas, solo porque una de ellas, se trate de un cubano?

No discuto el derecho que, como nación, tienen de establecer una “migración selectiva”, pero es sumamente hipócrita pedir sanciones para los cubanos. La cuestión no es el problema, sino su causa. El aumento de la emigración es culpa del ‘glorioso Estado socialista’.

Así son los hermanos de la Alternativa Bolivariana para la América (ALBA), una vergüenza. Guardan silencio ante la violación de los derechos humanos de los cubanos y también acuerdan mejores métodos para reprimirlos.

Laritza Diversent

Actividades de Reducida significación

Laritza Diversent

El código penal, no considera delito,  la realización de actividades de reducida significación económica, excepto en los casos, cuando en su realización, se utilicen medios o materiales de procedencia ilícita.

Sin embargo, el Decreto 141 de 24 de marzo de 1988, sobre Contravenciones del Orden Interior, considera,  como contravención de la Economía Nacional, las actividades económicas ilícitamente realizadas, cuando tienen reducida significación.  

La legislación penal además, prohíbe el préstamo con interés. La adquisición de mercancías con el propósito de revenderlos para obtener ganancia; poseer o transpórtelas en cantidades evidente e injustificadamente superiores a las requeridas para sus necesidades normales, es considerado como un delito de especulación y acaparamiento.

Igualmente las adquisición, posesión o trasportación de mercancías en pequeñas cantidades, aunque el beneficio económico que el sujeto supuestamente adquiera con ellas, sea de reducida significación, son sancionadas administrativamente.

 En ese sentido el antes mencionado Decreto 141 de 24 de marzo de 1988, sanciona con multa, la adquisición de mercancías u otros objetos con el propósito de revenderlos para obtener ganancia, cuando es de reducida significación económica.

Por otra parte el Dictamen No. 105/80 del Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo Popular (TSP), considera que la transportación de tabaco y café en cualquier cantidad puede constituir, el delito de especulación y acaparamiento.

Con Dictamen No. 214/85 del Consejo de Gobierno del TSP establece que el particular que adquiera cualquier clase de productos o mercancías con el propósito de revenderlos para obtener lucro o ganancia, comete el delito de especulación.

Por su parte, el Dictamen  Nro. 63 de 1993 de la Fiscalía General de la República, analiza las diversas situaciones que pueden darse en cuanto a la tenencia o transportación de mercancías o productos en la situación del país y aclara que para proceder por la vía judicial o contravencional administrativa se requiere una valoración individual de cada caso, tomando en cuenta la cuantía de lo ocupado, el tipo de producto, la situación que presenta su abastecimiento por  vías normales, la justificación suficiente o no de su tenencia, el destino asignado y  las condiciones personales del infractor.

En cuba la propiedad no está concebida como un derecho  fundamental para la realización de fines económicos que satisfacen intereses humanos. El sistema socialista y su constitución estatal, parte de la base que, el Estado, es el único capaz de satisfacer esos intereses, tanto en el plano individual como en el colectivo. Motivo por el cual, asume el control absoluto del quehacer económico nacional, a la par que excluye, a sus ciudadanos, de intervenir en el mismo, prohibiéndoles la iniciativa económica privada, sea esta de mucha o poca significación.

Sin embargo, 50 años de vigencia del socialismo, en Cuba, han demostrado la incapacidad del Estado para solventar las necesidades particulares de sus gobernados y de la sociedad en general. La mayor prueba de ello es que la ciudadanía tenga que recurrir,  para subsistir, a la ilegalidad.

Prohibida la iniciativa económicast

11 febrero, 2010 2 comentarios

Laritza Diversent

vendedores

Para garantizar el desarrollo programado del país; fortalecer el sistema socialista; satisfacer las necesidades materiales y culturales de la sociedad y los ciudadanos; el Estado cubano limitó las facultades de disposición de sus gobernados sobre los bienes comunes y les prohibió ejercer la iniciativa económica privada.

Les prohibió vender y gravar ciertos bienes que conforman su patrimonio individual (fundamentalmente los inmuebles). Otros actos jurídicos que impliquen la trasmisión de dominio, le fueron seriamente limitados. Por ejemplo, para permutar, donar, ampliar, etc.; una vivienda se necesita la autorización estatal. Obtener esta última, significa, cumplir con una interminable lista de requisitos legales, condiciones y trámites burocráticos.

Unido esta prohibición de carácter administrativo, se unen otras de carácter penal relacionado con la iniciativa económica privada. El artículo 228 del vigente Código Penal prohíbe, a los ciudadanos, realizar cualquier actividad de producción, transformación o venta de mercancías o prestación de servicios de las autorizadas legal o reglamentariamente, sin poseer la licencia correspondiente.

También sanciona al que realice alguna actividad económica, no autorizada en forma expresa por disposición legal o reglamentaria. En todo caso se prohíbe expresamente la contratación de mano de obra, aun teniendo licencia, para ejecutarlas las actividades reglamentadas. A estas sanciones se les une, la accesoria de confiscación de bienes.

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