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Vicefiscal General de Cuba cuestionó la condena del reo Michel Martínez Pérez

12 febrero, 2013 3 comentarios

07 SEPT 2012

Yaremis Flores.

Carlos Raúl Concepción Rangel, Vicefiscal General de la República de Cuba, pidió  al Tribunal Supremo, la revisión de la sanción de 10 años de prisión, impuesta a Michel Martínez Pérez. El recluso común se colocó en huelga de hambre en más de 3 oportunidades por insistir en su inocencia.

“En el proceso penal han existido quebrantamientos e imprecisiones” reconoció Concepción Rangel por escrito, en su solicitud la cual fue admitida por la máxima instancia judicial en la isla.

El Tribunal Provincial de Matanzas, en marzo de 2012 consideró responsable a Martínez Pérez, junto a otros acusados, por sacrificio ilegal de ganado vacuno, hurto y robo con fuerza en las cosas. La única evidencia en su contra fue una huella de olor tomada en una de las escenas del crimen.

Este tipo de prueba solo indica la presencia en el lugar, pero no necesariamente la participación en el hecho delictivo. Su nivel de certeza no se asemeja al de un examen de ADN. Es discutible la forma de recolección de la huella y hay que confiar en la habilidad de la técnica canina, pues un perro es quien determina si el olor coincide con el sospechoso.

En relación a la prueba de olor “constan en las actuaciones irregularidades que ponen en duda la calidad de la misma” señaló el vicefiscal y añadió la existencia de una “lógica contradicción” entre pruebas y actas de inspección del lugar de los hechos.

El vicefiscal señaló que Michel negó su participación en los hechos en todo momento, pero los coacusados lo involucraron al inicio de la investigación. Puso en duda que aunque después en la fase investigativa y durante el acto de juicio oral estos se retractaron, los jueces solo tuvieron en cuenta las declaraciones que lo incriminaban.

La ley procesal penal obliga a los Tribunales a dictar sentencia sobre la base de las pruebas practicadas en el juicio. Sin embargo los jueces cubanos, bajo la facultad de apreciar libremente las pruebas, violan ese mandato con frecuencia.

“Michel desde su detención en agosto de 2011 ha intentado llamar la atención de las autoridades sobre su proceso”, dijo Iván Hernández Carrillo, ex prisionero de conciencia que ha apoyado y seguido el caso de Michel.

Martínez Pérez fue reportado de cuidado por los médicos cuando en junio de 2012 comenzó una huelga que se extendería a casi 50 días. La última inanición voluntaria la realizó a partir del 19 de octubre, luego de conocer los resultados de la sentencia de casación (apelación) del Tribunal Supremo.

El mismo tribunal que hoy admite revisar la decisión de los magistrados de Matanzas, en su momento oportuno cuando reexaminó el expediente en el 2012, mantuvo la misma sanción para Michel.

Como consecuencia el recluso se negó a comer alimentos por 48 días. Posteriormente estuvo casi dos meses hospitalizado. “Mi hijo ha bajado de peso y deteriorado su salud, todo lo sucedido es una injusticia”, dijo telefónicamente Lázara de Jesús, madre.

En el plazo de 10 días, contados a partir del pasado 28 de enero, Michel deberá contratar abogado para la celebración del nuevo juicio. De acceder a la petición del vicefiscal, se deberá anular la sentencia que cometió la infracción y dictar otra conforme a las garantías del debido proceso.

Según fuente que no será revelada por razones de seguridad, presuntamente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos solicitó información al Gobierno cubano sobre la situación legal de Michel Martínez Pérez.

Lea la Solicitud del Procedimiento de Revisión de Michel Martínez

Sin justicia y sin derechos

Yaremis Flores

La capital habanera acogerá las sesiones del Sexto Encuentro Internacional de Justicia y Derecho, en el Palacio de las Convenciones, del 23 al 25 de mayo próximos. Se darán cita más de 500 delegados, de ellos 300 son juristas foráneos, provenientes de 14 naciones.

Entre las temáticas priorizadas a debatir, se encuentran el acceso a la justicia en la isla, el trabajo reeducativo en prisiones cubanas y el debido proceso penal, según la nota publicada en el sitio web www.gpalco.com. Al igual que en ediciones anteriores, habrá una intervención oficial sobre el caso de los 5 cubanos condenados en los Estados Unidos, por espiar para el gobierno cubano.

Rubén Remigio, presidente del Tribunal Supremo, auspiciador del evento, manifestó en conferencia de prensa ofrecida el jueves pasado, que la cita permitirá a Cuba, mostrar los avances en el plano jurídico, en la tramitación de procesos y la transparencia en la administración de justicia.

El encuentro será una ‘caja de resonancia’ para presentar una contraofensiva a las campañas orquestadas por la gran prensa, que intenta desacreditar a Cuba y silenciar sus logros en la administración de justicia”, añadió el jurista.

Remigio presumió de las conquistas de la Revolución Cubana en la justicia, “propiciando el intercambio de experiencias entre distintos operadores judiciales”. Sin embargo, no todos los juristas están representados en este debate. Solo abogados de sectores estatales tienen acceso a la convocatoria. Además, un Comité Organizador, es el encargado de seleccionar aquellas ponencias, afines a concepciones políticas del Gobierno.

Laritza Diversent y quien reporta, ambas abogadas, nunca hemos participado en este tipo de eventos. “No he conocido a tiempo la convocatoria. El único objetivo de los organizadores, es maquillar las grietas del sistema judicial cubano”, comentó Diversent.

Entre las materias ausentes en el congreso, están la inadecuada valoración de la prueba por parte de los Tribunales, el trabajo forzado o esclavo en las prisiones de la isla y las ventajas de un poder judicial independiente. Quizá un análisis profundo de estos temas, evite otro encuentro internacional, sin justicia y sin derechos.

 

 

Convicción

Los tribunales cubanos una vez declarada la culpabilidad de una persona, ordenan la destrucción de la evidencia incriminatoria.

Laritza Diversent

Jesús Daniel Forcade Portillo de 29 años de edad y Ramón Echevarría Fernández de 40, resultaron sancionados a 35 años de cárcel por el asesinato del joyero Humberto González Otaño, en la madrugada del 14 de septiembre de 2010, mientras robaban en su vivienda dinero y prendas por un valor de 206 mil 193 pesos moneda nacional.

Según la sentencia dictada por el Tribunal de la Habana, después del asalto los acusados entregaron a su cómplice, una chaqueta de mezclilla azul maculada de sangre de igual características a la de Esther Fernández, esposa del joyero, victima sobreviviente y única testigo presencial de los hechos.

Sus rastros de olor, también fueron encontrados en la escena del crimen. No hubo identificación por huellas dactilares ni por muestras de ADN. A pesar de los avances tecnológicos, en Cuba, son pocos los casos en que se realizan estas pruebas, la más confiable hasta el momento, para confirmar o destruir la inocencia de una persona.

La Ley de Procedimiento Penal consiente que los órganos de investigación criminal ordenen las pruebas científicas técnicas, cuando lo consideren necesario. Los juzgados por su parte, tampoco exigen su realización para tener plena certeza de su fallo.

El tribunal tuvo plena convicción de la culpabilidad de Jesús Daniel y Ramón. Sus familiares por el contrario, tienen plena certeza de su inocencia. La misma convicción tuvo Betty Anne Waters, una joven norteamericana, divorciada y con dos hijos, que matriculó en la escuela de leyes para asumir la defensa de su hermano Kenneth Waters.

Su historia fue protagonizada por Hilary Swank, actriz reconocida con dos premios Oscar a la mejor actuación femenina, en el film “Conviction”, del director Tony Goldwyn, en el 2010.

Kenneth Waters, en 1983 fue declararon culpable del asesinato de Katharina Brow el 21 de febrero de 1980. La sangre del atacante encontrada en la escena del crimen, resultó ser de su mismo grupo sanguíneo. Fue sancionado a cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional.

Su hermana, Betty Anne, se convirtió en abogada y logro reabrir su caso en 1999, después de localizar la evidencia, que según las leyes del estado de Massachusetts, debió ser destruida en 1993. La prueba de ADN dio resultados negativos. En el 2001 fue absuelto después de cumplir 18 años de cárcel.

Lamentablemente, Forcade Portillo y Echevarría Fernández, no correrán la misma suerte de Kenneth Waters, a pesar de la convicción de sus familiares. La chaqueta, pieza de convicción del delito, no se encuentra entre las prendas de vestir que el tribunal ordenó decomisar a favor de los fosos provinciales.

Tampoco se dispuso su conservación. Los acusados aseguran no les pertenece y su familias afirman no le devolvieron ninguna prenda de vestir. En esas condiciones le será muy difícil revisar su causa en un futuro e intentar demostrar su inocencia.

Su caso no es el único en que la evidencia es destruida o desaparecida. En el 2007 el Tribunal de de Camagüey condenó a Delvis David Peña Mainer, a 40 años de cárcel, por asesinar brutalmente a machetazos, en enero de ese mismo año, a un matrimonio de jóvenes.

El tribunal afirma, las lesiones en ambas víctimas fueron realizadas por un zurdo, como Peña Mainer, con un instrumento corto contundente. A David le ocuparon una mocha, una tipo de machete útil para cortar caña.

Según la sentencia, en la “parte interior de las cachas de la empuñadura”, se encontró sangre, “aunque no se pudo determinar a qué especie correspondía”, refiere el tribunal en su sentencia.

El juzgado camagüeyano tuvo plena convicción de su culpabilidad y le pareció innecesario comparar la muestra de sangre encontrada el arma homicida, con el ADN de las víctimas.

Además, mando entregar la mocha, a un centro de trabajo y “la destrucción” de varias prendas de vestir del matrimonio, con “maculas de aspecto hemático”, y huellas de sangre de la escena del crimen.

Situación diferente pasó con Rafael Ramos Utra, sancionado por el Tribunal de Las Tunas, a 20 años de prisión por atacar sexualmente, en marzo de 2005, a una menor de edad, dentro de su propia vivienda.

“No existe relación entre el semen presente en el blúmer” reconoció el Laboratorio Central de Criminalística de Cuba en su primer examen de ADN, refiriéndose a la prenda que usaba la pequeña de 6 años y la muestra de sangre de Ramos Utra.

En una segunda prueba consignó “que la maculación amarillenta en el blúmer” de la menor, coincidía con la de “su propia muestra de sangre”. “No fue posible establecer el perfil genético del semen presente en el blúmer, porque el material seminal se agotó”, reconoció el laboratorio.

La probabilidad de encontrar a dos personas con la misma información genética, es de 1 en 15 millones de individuo. A pesar de la certeza del primer examen que demostró la inocencia Ramos Utra, el Tribunal de Las Tunas lo declaró culpable y también ordenó la incineración del blúmer, pieza de convicción del delito.

Según datos del film “Conviction” en Estados Unidos de América se han producidos 254 absoluciones post-condena desde 1989-2010, gracias a las pruebas de ADN. En Cuba, esa posibilidad será bien remota, mientras los tribunales, basados en su convicción de culpabilidad, ordenen la destrucción de evidencia incriminatoria.

 

El efecto del castigo ejemplarizante

 

Rafael Felipe Martínez Irizar, ciudadano cubano de la tez mestiza, natural de Cienfuegos, hijo de Alfredo y Gregoria, cumple, el próximo 26 de mayo, 44 años de edad. Días después, cumplirá 2 de los 5 años que le impusieron como sanción por un delito de salida ilegal del territorio nacional.

No lo conozco personalmente. Leí sus generales en la Sentencia número 420, de 26 de noviembre del 2009, dictada por la Sala de lo Penal del Tribunal Provincial Popular de Cienfuegos. También conocí parte de la historia de su vida, mejor dicho, su historial delictivo.

Cometió su primera transgresión de la ley con apenas 20 años de edad. Aun no había cumplido el año, que le impusieron como sanción internado en un correccional, cuando el tribunal lo juzgó por desacato contra la autoridad. La pena le aumentó en tres.

En 1993 volvió a delinquir, primero fue sentenciado a pagar 3600 pesos moneda nacional de multa, por intentar salir del país ilegalmente. Luego, 5 años de privación de libertad por falsificar la moneda y estafar. En 1995 intentó escapar de prisión y la sanción aumentó a 7 años.

Rafael Felipe no lleva un modelo de conducta digno de seguir, no obstante, mantiene vínculo laboral con el Estado cubano. “Se expresa mal de la revolución”, consignó el tribunal. Sin embargo, “participa en todas las actividades de las organizaciones de masa”.

El órgano de justicia de Cienfuegos, calificó de “pésimo” su comportamiento. “Se relaciona con todo tipo de persona, consume excesivamente bebidas alcohólicas, altera el orden por lo que ha sido multado en varias oportunidades en los años 1998 al 2008”, afirma en su valoración. Un multirreincidente que posee la capacidad de conocer el alcance de sus actos y dirigir su conducta.

En su historia veo a tantos cubanos que a diario, en las esquinas o en el parque, desahogan sus penas y frustraciones en el alcohol. Los que buscan, en una embriaguez que choque con el delirio, la fuerza para gritar lo que lucidos no tiene el valor de hablar.

¿Será que dentro de este país, solo los alcohólicos, se llenan de valor para decir lo que piensan a viva voz? ¿Habrá que estar enteramente desahuciado, para desinhibir los miedos o será que la cordura enajena?

Más allá de sus antecedentes, la vida de Rafael me ilustra otra cosa. Es el ejemplo que a diario ven miles de cubanos y que les aconseja susurrar a escondida lo que opinan. Su historial hace sentir el efecto del castigo ejemplarizante y reafirma la tesis ‘de que sólo los delincuentes están contra la revolución’.

Martínez Irizar cumple su nueva condena. Esta vez por figurar una escape de su contexto. Un amigo le “habló de la posibilidad” de llevarse una embarcación para salir del país. Él acepto y el tribunal de Cienfuegos los sentenció por ello, a pesar de nunca llegó a la ejecución del plan.

Laritza Diversent

Categorías:Justicia, Mi Isla

Rigurosa y severa justicia revolucionaria

Los cienfuegueros Bárbaro López Villavicencio de 44 años de edad, y Rafael Felipe Martínez Irizar de 41, ambos de la raza negra y adictos al alcohol, a mediados del 2009, acordaron llevarse una embarcación para salir del país destino México, y de allí, a los Estados Unidos.

En la configuración del plan distribuyeron las tareas. Martínez Irizar sería el encargado de localizar personas solventes, interesadas en abandonar el país, como una forma de obtener ayuda para sufragar los gastos de la operación. López Villavicencio buscaría el combustible y al patrón de la embarcación, a quien le pagarían por fingir un secuestro.

Pablo Gómez Castillo, un oficial de la contrainteligencia, denunció los hechos. Aun no tenían en su poder ni un litro de petróleo, cuando ambos fueron detenidos. El tribunal de Cienfuegos los declaró responsables, en concepto de autores, de un delito de salida ilegal.

Ninguna de las evidencias apreciadas por el tribunal pudo arrojar las fechas exactas de la comisión de la acción delictiva imputada a los acusados. El órgano de justicia estimó pruebas documentales sobre el lugar de la ideación del plan, de las averiguaciones e intentos por comprar petróleo, entre los días finales de mayo y principio de junio del 2009.

El hecho delictivo fue probado exclusivamente por declaraciones de los testigos y los inculpados, quienes en el acto de juicio oral confesaron haber ideado un plan que nunca llevaron a la práctica. En vano trataron de argumentar un desistimiento. El tribunal no lo valoró porque “ante las detenciones estuvieron haciendo gestiones y averiguaciones en torno al logro de los objetivos propuestos”.

El ‘peligroso plan’ “felizmente no aconteció gracias a la actuación oportuna de las autoridades”, que ante la detención de los enjuiciados impidieron el desarrollando de la ilegal actividad. Un reconocimiento por parte del tribunal en su fallo, a la Unidad de Delitos contra la Seguridad del Estado en Cienfuegos, órgano encargado de la ‘investigación criminal’.

De nada valió que el fiscal reconociera, en sus conclusiones provisionales, que López Villavicencio “pensó hablarle para la misión” al testigo Rafael Jiménez Solís, capitán del ferro y de la patana que los acusados idearon secuestrar, sin embargo, “no lo llegó a concretar”.

Tampoco sirvió que “En el sumario fueron explicitas y detalladas sus confesiones, al punto de ayudar al esclarecimiento del supuesto hecho delictivo”, según argumentó el tribunal en la sentencia. Ingenuamente creyeron en la ley. El Código Penal exime de responsabilidad a la persona que desista voluntariamente de cometer un acto delictivo, cuando lo pone en conocimiento de las autoridades.

En su afán de enfrentar el delito y las injusticias, el tribunal provincial de Cienfuegos, pasó por alto, que todos los intentos de los acusados fueran infructuosos. Incluso reconoció en la sentencia que Martínez Irizar no pudo “materializar las gestiones realizadas en aras de localizar el combustible”.

Una muestra de “la eficiencia, trato racional y diferenciado, la adecuada comunicación con las personas, la profesionalidad y rapidez en el esclarecimiento de los hechos delictivo y demás servicios que brindan al pueblo”, los órganos de justicia y represión del gobierno revolucionario, según afirmó el diario Granma recientemente.

El tribunal apreció las declaraciones de 5 personas contactadas por Martínez Irizar, en su labor de promoción de la salida ilegal. Sin embargo, la sentencia omitió detallar, si estas tenían recursos para financiar la operación, requerimiento del plan ideado por los acusados. Por el contrario dejo por sentado que ninguna aceptó la propuesta, cosa rara en estos días.

Las pruebas para incriminarlos fueron valoradas “de conformidad de con los principios de la ciencia y la razón”. Bárbaro fue sancionado a 4 y Rafael a 5 años de privación de libertad, máxima pena que prevé el delito de promover y organizar la salida ilegal de personas de territorio nacional.

Si todos los cubanos que fraguan planes para abandonar el país, se sancionaran, la población penal de la isla alcanzaría los 11 millones de recluso. Esa realidad no importa, como tampoco interesó, en la determinación de la sentencia, la prevención y el arrepentimiento. Mejor es castigar ejemplarmente. Lo fundamental para la justicia revolucionaria, es aplicar la ley “con el máximo de rigor y severidad necesaria”.

 

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