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¿Liberación o destierro? (II)

Hablar de liberación a través de tercero, también reportas ventaja. Principalmente, porque la Iglesia católica de Cuba ni el representante del Estado español, tienen la facultad de pronunciarse acerca de los medios legales que se utilizará para ellos.

Analizando la realidad actual, La responsabilidad penal de los prisioneros de conciencia, según la legislación penal, podría extinguirse por amnistía, indulto o sentencia absolutoria dictada en procedimiento de revisión.

Si realmente hubiese una intención de liberar, el Consejo de Estado emitiría una nota oficial en la que, a propuesta de su presidente que es a su vez, el Jefe del Estado y del Gobierno de la República de Cuba, indultaría a todos los prisioneros arrestados y enjuiciados en el 2003.

La Asamblea Nacional también podría hacer su parte. El ‘Órgano supremo del Estado cubano’ podría acordar, en su sesión, convocada para el próximo 1ro de agosto, una amnistía general para todos los presos políticos. Esa facultad se la reconoce la Constitución de la República.

Incluso, ambos órganos estatales podrían hacer más. El parlamento puede declarar inconstitucional la Ley No 88 de 1999 “De protección independencia y la economía nacional. Disposición legal por la que fueron enjuiciados el grupo de los 75 disidentes, que violenta y restringe, el derecho de expresión, opinión e información.

El Consejo de Estado también tiene la potestad de ordenar al Tribunal Supremo, realizar un procedimiento especial de revisión y absolver a los encausados en la ‘Primavera Negra’ del 2003. Constitucionalmente tiene la facultad de impartir instrucciones a este órgano de justicia.

El análisis nos lleva a una conclusión: El hecho de que se hable de liberación, pero no de las acciones a través de las cuales deben formalizarse legalmente, hace suponer que el gobierno cubano intenta encubrir la salida forzosa del país de los 52 presos políticos. Acto ilegitimo y violatorio de los derechos de estas personas.

Ningún acto gubernamental, tiene amparo legal, para forzar a un nacional a abandonar el país. Los cubanos no pueden ser desterrados de su propia tierra.

Laritza Diversent

Legalización de la represión

En la segunda quincena de abril del 2003, fueron detenidos y enjuiciados, en procesos sumarísimos, 75 disidentes. Se les aplico la Ley No 88 “De protección de la independencia nacional y la economía de Cuba”. Recibieron sanciones entre 6 y 28 años de privación de libertad. Los acontecimientos fueron nombrados internacionalmente, como la “Primavera Negra de Cuba”.

Según establece la referida ley (conocida también como la “Ley Mordaza”) en su artículo 2, esta tiene carácter especial y su aplicación será preferente a cualquier otra legislación penal que le preceda. Surge una duda ¿Cuándo deciden las autoridades aplicar ésta, o el Código Penal (CP), si ambas disposiciones tiene carácter punitivo, la misma jerarquía y protegen los mismos intereses?

La decisión de aplicar, una u otra disposición jurídica, queda al libre arbitrio de fiscales y jueces, y depende del interés político de encarcelar, a una persona, que por la normativa CP, no pueda ser condenada. Es decir, su conducta no corporifica ningún delito de los previstos por el CP.

Técnica y jurídicamente, la Ley Mordaza contiene supuestos de hechos vagos, dirigidos a sancionar cualquier conducta que, a juicio de las autoridades, apoyen o faciliten el quebrantamiento del orden interno, desestabilicen el país, liquiden el “Estado Socialista” y la independencia de la nación

El CP, por el contrario, define conductas que ataca o amenaza las relaciones sociales de los hombres. Desde este punto de vista, el daño que se provoque u ocasione a la sociedad, concreta, cuales son los comportamientos que deben ser sancionados penalmente. Significa que, los ciudadanos en conjunto, son los que valoran la gravedad de un hecho, precisamente porque es a ellos a quienes afecta. El sistema jurídico, por tanto debe protegerlos, no reprimirlos.

No es válido utilizar el derecho penal como medio de sometimiento e imposición de una determinada ideología. Quiere decir, que el rechazo a las posiciones filosóficas (comunistas, liberales, etc.) no es argumento suficiente para imponer castigos. Se requiere que haya un daño social.

El castigo a los 75 opositores, sancionados en virtud de la Ley No 88, demostró que la vigencia de esta en el sistema, legaliza la represión, amparada en un supuesto interés social. Su aplicación selectiva extendió el efecto ejemplarizante. De forma indirecta, el régimen actuó sobre el resto de la disidencia interna. Mostro su poder y lo que es capaz de hacer para conservarlo.

Laritza Diversent

Ley mordaza

El Código Penal (CP) caracteriza y sanciona conductas que van contra la Seguridad del Estado, la economía y el orden público, etc. Sin embargo, en el ordenamiento jurídico está vigente otra disposición de carácter penal, con la misma jerarquía y que protege los mismos objetivos: La ley No 88, “De protección de la Independencia y la Economía Nacional”, conocida popularmente como “Ley Mordaza”.

No obstante, existen diferencias entre ellas en cuanto a la redacción de sus normas. La Ley 88 es más confusa e imprecisa, lo que dificulta su interpretación. Por ejemplo, en el Código Penal prohíbe conductas que van contra el orden legal: desórdenes público, instigación a delinquir, etc. En cada uno de ellos el legislador deja claro, los supuestos hipotéticos en los que se corporifica el delito.

…”El que…, de gritos de alarma, o profiera amenazas de un peligro común…” (Desórdenes públicos, art 200.1 CP)…”El que provoque riñas y altercados…” (Desórdenes públicos, art 201.1 CP)…”El que…, incite públicamente a cometer delito determinado…” (Instigación a delinquir, art 202.1 CP).

Explicito queda también el carácter de los lugares donde ha de desarrollarse la acción delictiva… “en lugares públicos, espectáculos, o reuniones numerosas…” (Desórdenes públicos, art 200.1 CP),… “en establecimientos abiertos al público, vehículos de transporte público, círculos sociales, espectáculos, fiestas familiares o públicas, u otros actos o lugares al que concurran numerosas personas…” (Desórdenes públicos, art 201.1 CP).

En el artículo 8 de la ley No 88 (Apartado 1), sanciona a todo… “El que perturbe el orden público con el propósito…” y al… “El que promueva, organice o incite a realizar las perturbaciones del orden público a que se refiere el apartado anterior” (Apartado 2).

En este artículo nada se dice acerca del carácter de los lugares donde debe manifestarse supuestamente la conducta socialmente peligrosa. Tampoco se describen las posibles acciones a realizar, para que se considere alterada la tranquilidad ciudadana. No se tipifica el delito.

Cualquier acción puede ser considerada por las autoridades, como una perturbación del orden público. De esta forma crea un clima de inseguridad para la ciudadanía destinataria de la norma.

De este análisis sacamos una lección y descubrimos una de las estrategias de la clase política cubana: la redacción de normas con supuestos de hechos hipotéticos, indefinidos y con un alto grado de abstracción, que hace de la interpretación y aplicación de la Ley Mordaza, sea escabrosa y de lugar a arbitrariedades, bajo un supuesto interés social.

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