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Archive for the ‘Leyes en cuba’ Category

Sin justicia y sin derechos

Yaremis Flores

La capital habanera acogerá las sesiones del Sexto Encuentro Internacional de Justicia y Derecho, en el Palacio de las Convenciones, del 23 al 25 de mayo próximos. Se darán cita más de 500 delegados, de ellos 300 son juristas foráneos, provenientes de 14 naciones.

Entre las temáticas priorizadas a debatir, se encuentran el acceso a la justicia en la isla, el trabajo reeducativo en prisiones cubanas y el debido proceso penal, según la nota publicada en el sitio web www.gpalco.com. Al igual que en ediciones anteriores, habrá una intervención oficial sobre el caso de los 5 cubanos condenados en los Estados Unidos, por espiar para el gobierno cubano.

Rubén Remigio, presidente del Tribunal Supremo, auspiciador del evento, manifestó en conferencia de prensa ofrecida el jueves pasado, que la cita permitirá a Cuba, mostrar los avances en el plano jurídico, en la tramitación de procesos y la transparencia en la administración de justicia.

El encuentro será una ‘caja de resonancia’ para presentar una contraofensiva a las campañas orquestadas por la gran prensa, que intenta desacreditar a Cuba y silenciar sus logros en la administración de justicia”, añadió el jurista.

Remigio presumió de las conquistas de la Revolución Cubana en la justicia, “propiciando el intercambio de experiencias entre distintos operadores judiciales”. Sin embargo, no todos los juristas están representados en este debate. Solo abogados de sectores estatales tienen acceso a la convocatoria. Además, un Comité Organizador, es el encargado de seleccionar aquellas ponencias, afines a concepciones políticas del Gobierno.

Laritza Diversent y quien reporta, ambas abogadas, nunca hemos participado en este tipo de eventos. “No he conocido a tiempo la convocatoria. El único objetivo de los organizadores, es maquillar las grietas del sistema judicial cubano”, comentó Diversent.

Entre las materias ausentes en el congreso, están la inadecuada valoración de la prueba por parte de los Tribunales, el trabajo forzado o esclavo en las prisiones de la isla y las ventajas de un poder judicial independiente. Quizá un análisis profundo de estos temas, evite otro encuentro internacional, sin justicia y sin derechos.

 

 

Leyes cubanas destruyen principio de inocencia

23 diciembre, 2010 8 comentarios

“Se presume inocente a todo acusado mientras no se dicte fallo condenatorio contra él”. El principio es regulado internacionalmente en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pero para el Estado cubano es intrascendente, a pesar de haberse comprometido en 1948 a respetar los derechos en ella contenida.

A la hora de legislar, no tiene en cuenta el respeto de los más elementales derecho, lo importantes es aplicar ‘medidas drásticas y ejemplarizantes’, contra aquellos que osen aprovecharse de las conquistas de la “Revolución socialista”. Mucho menos se detiene a reflexionar en las garantías que en la constitución estatal se obligo ofrecer.

En el 2003 el Consejo de Estado, presidido por el convaleciente Fidel castro, puso en vigor el Decreto Ley 232, que impone a los propietarios la confiscación o pérdida de derecho, por vía administrativa, sobre las viviendas o locales, cuando en ellas se practiquen actos de corrupción, prostitución, proxenetismo, trata y tráfico de personas, pornografía, corrupción de menores, etc. Se aplica también a los propietarios que arriende su inmueble sin autorización legal.

La aplicación de esta disposición parte de que “la propiedad de los ciudadanos sobre la vivienda y las tierras, constituye el resultado de la obra revolucionaria en beneficio del pueblo trabajador”. Declarando inaceptable que personas inescrupulosas se aprovechen de los botines socialistas para lucrar y enriquecerse personalmente.

Visto así el consejo de estado facultó a la Dirección Provincial de la Vivienda a disponer la confiscación de los inmuebles propiedad personal, en estos casos. El procedimiento es sencillo. La Fiscalía o el Ministerio del Interior tienen la obligación de enviar las investigaciones penales al órgano administrativo, y este, luego de 7 días, dicta la resolución confiscatoria.

No pongo en duda la necesidad de “combatir con mayor rigor y energía” estos males. No obstante, es inaceptable que en la represión de estas conductas se violen garantías humanas, como lo es el principio de presunción de inocencia. El decreto Ley 233 se aplica independientemente de lo que al respecto determine un tribunal en un proceso penal.

Si los procesados en virtud de esta disposición, son declarados culpables en la vía judicial, resultan doblemente sancionados. Pierden su libertad y también sus bienes. Si son declarados inocentes, son castigados sin motivo alguno.

En todo caso hay una violación de los derechos fundamentales. Las víctimas de esta disposición no cuentan con un recurso efectivo ante los tribunales nacionales, que la ampare contra actos de la administración, que violen su derecho reconocidos por la Constitución Estatal de la isla, que “garantiza la propiedad sobre la vivienda que se posea con justo titulo de dominio”.

Los afectados por el Decreto Ley 232, cuentan con tan solo 3 días, después de la notificada la resolución confiscatoria, para impugnar, por medio de la revisión, ante el Presidente del Instituto Nacional de la Vivienda, hecho que no interrumpe la ejecución de la confiscación.

La Ley de Procedimiento Civil, Administrativo y Laboral prevé un proceso contencioso administrativo contra actos y decisiones de los Organismos de la Administración Central del Estado que violenten derechos ciudadanos. Sin embargo, la disposición emitida por el Consejo de estado, no permite recurrir la decisión del máximo dirigente del Instituto Nacional de la Vivienda, ni en la vía administrativa ni en la judicial.

El ejercicio de derechos humanos en Cuba, son restringidos y violados por las leyes. El decreto ley 232 es un ejemplo de ello. En su aplicación destruyen el principio de inocencia y también coloca al ciudadano en estado de indefensión.

Legalización de la represión

En la segunda quincena de abril del 2003, fueron detenidos y enjuiciados, en procesos sumarísimos, 75 disidentes. Se les aplico la Ley No 88 “De protección de la independencia nacional y la economía de Cuba”. Recibieron sanciones entre 6 y 28 años de privación de libertad. Los acontecimientos fueron nombrados internacionalmente, como la “Primavera Negra de Cuba”.

Según establece la referida ley (conocida también como la “Ley Mordaza”) en su artículo 2, esta tiene carácter especial y su aplicación será preferente a cualquier otra legislación penal que le preceda. Surge una duda ¿Cuándo deciden las autoridades aplicar ésta, o el Código Penal (CP), si ambas disposiciones tiene carácter punitivo, la misma jerarquía y protegen los mismos intereses?

La decisión de aplicar, una u otra disposición jurídica, queda al libre arbitrio de fiscales y jueces, y depende del interés político de encarcelar, a una persona, que por la normativa CP, no pueda ser condenada. Es decir, su conducta no corporifica ningún delito de los previstos por el CP.

Técnica y jurídicamente, la Ley Mordaza contiene supuestos de hechos vagos, dirigidos a sancionar cualquier conducta que, a juicio de las autoridades, apoyen o faciliten el quebrantamiento del orden interno, desestabilicen el país, liquiden el “Estado Socialista” y la independencia de la nación

El CP, por el contrario, define conductas que ataca o amenaza las relaciones sociales de los hombres. Desde este punto de vista, el daño que se provoque u ocasione a la sociedad, concreta, cuales son los comportamientos que deben ser sancionados penalmente. Significa que, los ciudadanos en conjunto, son los que valoran la gravedad de un hecho, precisamente porque es a ellos a quienes afecta. El sistema jurídico, por tanto debe protegerlos, no reprimirlos.

No es válido utilizar el derecho penal como medio de sometimiento e imposición de una determinada ideología. Quiere decir, que el rechazo a las posiciones filosóficas (comunistas, liberales, etc.) no es argumento suficiente para imponer castigos. Se requiere que haya un daño social.

El castigo a los 75 opositores, sancionados en virtud de la Ley No 88, demostró que la vigencia de esta en el sistema, legaliza la represión, amparada en un supuesto interés social. Su aplicación selectiva extendió el efecto ejemplarizante. De forma indirecta, el régimen actuó sobre el resto de la disidencia interna. Mostro su poder y lo que es capaz de hacer para conservarlo.

Laritza Diversent

Extranjerización de los cubanos

Sandy Olivera es un joven cubano, que desde hace dos años, emigró como refugiado político hacia los Estados Unidos. Su novia se quedó de este lado del mar. Hace una semana regresó a Cuba para casarse con ella.

La oficialización del matrimonio tuvo lugar en la Notaria Especializada de 23 y J, en el Vedado, municipio Plaza de la Revolución, en esta capital. Para unirse, como manda la ley, él tuvo que pagar, 525 CUC y 100 moneda nacional en sellos. Como si fuera poco, el notario sin mucha desazón le pidió un regalito, 5 CUC.

El gobierno cubano le cobra a Sandy como si fuera un extranjero, ¿Será que residir en los Estados Unidos es una de las causas legalmente establecidas para que un cubano pierda la ciudadanía?

La Constitución de la República establece que cuando se adquiera una ciudadanía extranjera, se perderá la cubana. Aclara además que, La ley establece el procedimiento a seguir para la formalización de la pérdida de la ciudadanía y las autoridades facultadas para decidirlo.

Significa que el hecho de adquirir otra ciudadanía no implica por sí sola, la perdida de la cubana. Para que así sea, las autoridades gubernamentales tienen que decidirlo. De hecho, cubanos con ciudadanía norteamericana tienen que entrar en la isla con pasaporte cubano. Es decir como ciudadanos del Estado socialista.

En la práctica se da una doble ciudadanía. Lo que sucede es que el gobierno reconoce exclusivamente la cubana, ignorando la nueva adquirida. Ese, no es el caso de Sandy. Él no ha realizado ningún trámite para convertirse en ciudadano norteamericano, por tanto no ha perdido su condición de ciudadano cubano.

Lo demuestra el hecho de haber pagado 220 CUC por el permiso de entrada al país, tal como lo disponen las autoridades cubanas. Sin embargo, entró en Cuba como ciudadano cubano, pero ya dentro de la isla, tiene que pagar por los servicios que reciba en moneda libremente convertible como si fuese un extranjero.

Este es el ‘Estado de derecho’ que tanto defiende el Ministro de Relaciones Exteriores cubano, Bruno Rodríguez. Un Estado que, en el artículo 41 de su Magna Carta reconoce que “todos los ciudadanos gozan de iguales derechos y están sujetos a iguales deberes”, pero que discrimina a los que residen en otras partes del mundo.

Los cubanos residentes en el exterior no son extranjeros. Se entiende que, el ‘Estado Socialista subvencione los servicios que recibe la población’ y que ellos tienen un poder adquisitivo mayor, que el de los residen dentro de la isla. Las situaciones de hecho, sin embargo, no justifican que el gobierno viole derechos constitucionales.

Laritza Diversent

Cuba y su sistema de exclusión (II)

 

Los cubanos son excluidos en su propia tierra. Tanto los residentes en el territorio nacional, como los que radican el extranjero. Estos últimos son doblemente discriminados. No pueden invertir en la economía por ser aun ciudadanos del Estado y cuando entran al país son tratados extranjeros.

La Ley No 77, “De inversión extranjera”, establece que inversionistas extranjeros es (…)La persona natural o jurídica, con domicilio en el extranjero y capital extranjero, que se convierte en accionista de una empresa mixta, o participa en una empresa de capital totalmente extranjero, o que figura como parte en los contratos de asociación económica internacional.

En virtud de la normativa de esta disposición jurídica, los cubanos radicados definitivamente en el exterior, no tienen ningún obstáculo para invertir en la economía de su tierra natal. Tienen domicilio y capital extranjero. ¿Qué se lo impide entonces?

El artículo 32 de la constitución cubana establece que los cubanos no podrán ser privados de su ciudadanía, salvo causas legalmente establecidas. Tampoco podrán ser privados del derecho a cambiar de esta. No se admitirá la doble ciudadanía. En consecuencia, cuando se adquiera una ciudadanía, se perderá la cubana. La ley establece el procedimiento a seguir para la formalización de la perdida de la ciudadanía y las autoridades facultadas para decidirlo.

Las causas de pérdida y recuperación de la ciudadanía antes de la reforma constitucional de 1992 eran específicas y figuraban en el texto de la’ Carta Suprema del Estado’. Ahora perdieron relevancia jurídica y deben ser reguladas por una ley.

Teniendo en cuenta el aumento de la emigración cubana, pudiera pensarse que el objetivo de la reforma, era eliminar ciudadanías. Todo lo contrario, las medidas aplicadas por el gobierno, tienden a retenerlas.

Convenientemente para las autoridades no se ha formulado la ley que regula las particularidades analizadas. La práctica es obligar a todos los cubanos a entrar en el país con el pasaporte que los califica como nacional. No es que admitan la doble ciudadanía, para ellos, con respecto a los nacionales, solo existe la cubana. En virtud de esto, no pueden invertir en la economía nacional.

Sin embargo, ya dentro del territorio pierden sus derechos como nacionales, todos los servicios están obligados a pagarlos en divisas, como si fueran extranjeros. Lejos de ser un privilegio, este particular viola los preceptos constitucionales y los derechos fundamentales de los cubanos.

Laritza Diversent

Cuba y su sistema de exclusión (I)

Es justo reconocer que la inversión extranjera, en Cuba, reporta beneficios a la economía. Sin embargo, ella por sí sola, no es la solución para enfrentar los problemas que la agobian.

La Ley No 77 se adoptó en 1995 para brindar seguridad y garantías al inversionista extranjero, y con ello obtener la recuperación económica. Así lo hace saber el Parlamento Cubano, en la introducción de esta disposición normativa.

En ella, la Asamblea Nacional expresa además que, a través de la inversión extranjera, cuba podía obtener (entre otros objetivos) mayor eficiencia productiva, mejoramiento de la calidad de los productos y los servicios que se ofrecen, y una reducción en los costos.

A 15 años de haberse aprobado esta ley, vale la pena preguntar: ¿Aumentó el bienestar del pueblo cubano? ¿A qué servicios se refería el parlamento, a los que reciben los extranjeros o los que se ofrecen a la población? En cuanto a estos últimos, sobran los comentarios.

Los salarios insuficientes desmotivan a los ciudadanos, principalmente a los jóvenes, a trabajar con el Estado ¿Cómo resuelve el gobierno el problema de abstinencia laboral, que lo obligó a incrementar la edad para retirarse por vejez? Aplicando hasta 4 años de prisión por peligrosidad social.

Esto conlleva otro problema, el de las ilegalidades. El bajo poder adquisitivo de miles de familia determina que están vivan al margen de las regulaciones estatales, para resistir a la permanente crisis.

¿Cuál es la solución a este otro conflicto? El despliegue de operativo policiales, para atrapar in fraganti a los que se dedican a actividades económicas individuales. ¿No es más fácil legalizar la situación de personas que optan por vivir independiente de las dádivas del Estado?

¿Por qué el gobierno cubano no incentiva las actividades lucrativas de los ciudadanos? Al igual que la inversión extranjera, la iniciativa económica individual de los cubanos reporta mayor productividad, la creación de nuevos puestos de trabajo, etc.

En principio, una de las razones que fundamento la exclusión de los cubanos del quehacer económico nacional, fue el igualitarismo social que pretendió el socialismo y que nunca alcanzó.

Para intentar garantizar un derecho, se violentaron otros. Una supuesta igualdad social justificó que el gobierno actuara en contra de los dictados constitucionales, y originara una forma institucionalizada de segregación, por razones de origen nacional.

Cuba necesita una ley de inversión, no de exclusión. La vigencia por 15 años de la ley 77 solo trajo el apartheid económico. No es justo que el capital individual de los extranjeros, sea el único que valga en la economía de los cubanos.

Laritza Diversent

La revolución que da y quita

Sandra hace 6 meses que vive en Ciudad de La Habana con su padre. Tiene 24 años y es maestra emergente de primaria. Trabajaba en su ciudad natal, Holguín; pero dejo la educación porque el salario no le alcanzaba. Ahora vende pastelitos en los portales de la Calle Monte.

Sandra estaba ahorrando para comprarse una casita. Pero la policía la atrapo cuando vendía dulces. Le pusieron una multa por especulación. Luego, la montaron en un tren de regreso a su provincia, por residir en la capital sin habérsele reconocido eses derecho. Fue víctima de la aplicación del Decreto-Ley 217 de 22 de abril de 1997, que establece las “Regulaciones Migratorias Internas para la Ciudad de La Habana“.

La disposición restringe la libertada de movimiento de los cubanos; proveniente de otros territorios del país. Impide que residan, domicilien o convivan, con carácter permanente y sin autorización, en la capital. La norma también se la aplica a los ciudadanos, provenientes de otros municipios de la capital, que se domicilien en una vivienda ubicada en los La Habana Vieja, Centro Habana, Cerro y Diez de octubre, sin la correspondiente licencia.

Sandra tiene que pedir permiso al Presidente del Consejo de Administración Municipal para vivir en la capital. Antes debe acreditar ante la Dirección Municipal de la Vivienda el consentimiento expreso de su padre, como propietario de la casa. Necesita, además, un documento expedido por la de la Dirección Municipal de Arquitectura y Urbanismo, que certifique que la vivienda cumple las condiciones mínimas de habitabilidad, y que cada conviviente tiene 10 metros cuadrados de superficie techada.

Aun cumpliendo todos los referidos trámites burocráticos, el problema de la joven no está resuelto. La decisión, afirmativa o negativa del Presidente Municipal, depende de la opinión que consta en un expediente que elaboraba al respeto, por la Dirección Municipal de la Vivienda.

Inútil es, que la Constitución de la República en su artículo 43, faculte a Sandra, como ciudadana cubana, a domiciliarse en cualquier zona o sector. Derecho, que según el precepto, fue conquistado por la Revolución, y si ella te lo da, también tiene la facultad de restringirlo.

Los “dirigentes históricos”, concentrados todos en el Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros, se sintieron con la facultad de promulgar una disposición, que restringe un derecho ciudadanos. La vigencia del decreto 217, prueba que el gobierno cubano y sus líderes, no tiene voluntad de cambios positivos. Mientras tanto casos como el de Sandra, comunes en Cuba, siguen sucediendo y los culpables impunes.

Laritza Diversent

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