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¿Liberación o destierro? (I)

El anuncio de la liberación de 52 prisioneros políticos fue calificado por algunos como una “gran noticia”, otros reaccionaron con cautela y hasta desconfianza. Sin embargo, no quedó claro, bajo que supuestos legales, se producirían estas excarcelaciones, calificada como las más significativa ocurridas en la isla, desde hace mucho tiempo.

No puede hablarse de liberación, mientras los hechos no estén respaldados por una acción legal por parte del gobierno. Sin estas, la salida del país de los prisioneros, sería forzosa. En otras palabras, estaríamos ante un destierro.

Partamos de un punto para entender el caso que nos ocupa: la situación procesal de los liberados. Ni la licencia extrapenal ni la libertad condicional extinguen la responsabilidad penal. En este sentido, sería conveniente prever los riesgos de extinguir la sanción, fuera de prisión pero dentro del territorio nacional. El menor de ellos es, regresar a la misma, bajo cualquier excusa.

Visto así, no es difícil entender porque los parientes de los presos políticos prefieren salir del país. Según la nota del Arzobispado de la Habana, en el proceso de excarcelación, se tomó en consideración, las propuestas expresadas previamente al cardenal Jaime Ortega, por los familiares de los reos. Lo que está en duda es, si la propuesta realmente partió de ellos.

Pensemos un momento como gobierno, sin entrar en detalle acerca del orden de prioridad de las motivaciones: Un escenario internacional hostil desde el punto de vista económico, por la crisis financiera, y aislamiento político, por la presión internacional exigiendo la libertad de los presos de conciencia y el respeto de los derechos humanos dentro de la isla.

El hecho en sí, le es beneficioso en el escenario interno, cada vez más convulso debido a la precaria situación económica. Mujeres vestidas de blanco caminado en silencio por las calles, gladiolos en mano, soportando ofensas y vejaciones, exigiendo la liberación de sus esposos e hijos, no constituyen un ejemplo de conducta social deseable para las autoridades.

Agreguemos que, la liberación y salida definitiva del país de los prisioneros junto a sus familiares, les quitaría de encima al grupo de féminas, las renombradas ‘Damas de Blanco’. Estas, se negaron la oportunidad de convertirse en un movimiento, cuando hicieron distinción con las ‘Damas de Apoyo’. Después de las excarcelaciones, el fin para el que se asociaron dejará de existir.

Luego, tampoco seria de agrado, que la población valorara positivamente a un grupo de ciudadanos o familias, que se les enfrentó, resistió y camina libremente por las calles para contarlo. Presionar para que abandonen el país, es lo más conveniente.

Laritza Diversent

Legalización de la represión

En la segunda quincena de abril del 2003, fueron detenidos y enjuiciados, en procesos sumarísimos, 75 disidentes. Se les aplico la Ley No 88 “De protección de la independencia nacional y la economía de Cuba”. Recibieron sanciones entre 6 y 28 años de privación de libertad. Los acontecimientos fueron nombrados internacionalmente, como la “Primavera Negra de Cuba”.

Según establece la referida ley (conocida también como la “Ley Mordaza”) en su artículo 2, esta tiene carácter especial y su aplicación será preferente a cualquier otra legislación penal que le preceda. Surge una duda ¿Cuándo deciden las autoridades aplicar ésta, o el Código Penal (CP), si ambas disposiciones tiene carácter punitivo, la misma jerarquía y protegen los mismos intereses?

La decisión de aplicar, una u otra disposición jurídica, queda al libre arbitrio de fiscales y jueces, y depende del interés político de encarcelar, a una persona, que por la normativa CP, no pueda ser condenada. Es decir, su conducta no corporifica ningún delito de los previstos por el CP.

Técnica y jurídicamente, la Ley Mordaza contiene supuestos de hechos vagos, dirigidos a sancionar cualquier conducta que, a juicio de las autoridades, apoyen o faciliten el quebrantamiento del orden interno, desestabilicen el país, liquiden el “Estado Socialista” y la independencia de la nación

El CP, por el contrario, define conductas que ataca o amenaza las relaciones sociales de los hombres. Desde este punto de vista, el daño que se provoque u ocasione a la sociedad, concreta, cuales son los comportamientos que deben ser sancionados penalmente. Significa que, los ciudadanos en conjunto, son los que valoran la gravedad de un hecho, precisamente porque es a ellos a quienes afecta. El sistema jurídico, por tanto debe protegerlos, no reprimirlos.

No es válido utilizar el derecho penal como medio de sometimiento e imposición de una determinada ideología. Quiere decir, que el rechazo a las posiciones filosóficas (comunistas, liberales, etc.) no es argumento suficiente para imponer castigos. Se requiere que haya un daño social.

El castigo a los 75 opositores, sancionados en virtud de la Ley No 88, demostró que la vigencia de esta en el sistema, legaliza la represión, amparada en un supuesto interés social. Su aplicación selectiva extendió el efecto ejemplarizante. De forma indirecta, el régimen actuó sobre el resto de la disidencia interna. Mostro su poder y lo que es capaz de hacer para conservarlo.

Laritza Diversent

Ley mordaza

El Código Penal (CP) caracteriza y sanciona conductas que van contra la Seguridad del Estado, la economía y el orden público, etc. Sin embargo, en el ordenamiento jurídico está vigente otra disposición de carácter penal, con la misma jerarquía y que protege los mismos objetivos: La ley No 88, “De protección de la Independencia y la Economía Nacional”, conocida popularmente como “Ley Mordaza”.

No obstante, existen diferencias entre ellas en cuanto a la redacción de sus normas. La Ley 88 es más confusa e imprecisa, lo que dificulta su interpretación. Por ejemplo, en el Código Penal prohíbe conductas que van contra el orden legal: desórdenes público, instigación a delinquir, etc. En cada uno de ellos el legislador deja claro, los supuestos hipotéticos en los que se corporifica el delito.

…”El que…, de gritos de alarma, o profiera amenazas de un peligro común…” (Desórdenes públicos, art 200.1 CP)…”El que provoque riñas y altercados…” (Desórdenes públicos, art 201.1 CP)…”El que…, incite públicamente a cometer delito determinado…” (Instigación a delinquir, art 202.1 CP).

Explicito queda también el carácter de los lugares donde ha de desarrollarse la acción delictiva… “en lugares públicos, espectáculos, o reuniones numerosas…” (Desórdenes públicos, art 200.1 CP),… “en establecimientos abiertos al público, vehículos de transporte público, círculos sociales, espectáculos, fiestas familiares o públicas, u otros actos o lugares al que concurran numerosas personas…” (Desórdenes públicos, art 201.1 CP).

En el artículo 8 de la ley No 88 (Apartado 1), sanciona a todo… “El que perturbe el orden público con el propósito…” y al… “El que promueva, organice o incite a realizar las perturbaciones del orden público a que se refiere el apartado anterior” (Apartado 2).

En este artículo nada se dice acerca del carácter de los lugares donde debe manifestarse supuestamente la conducta socialmente peligrosa. Tampoco se describen las posibles acciones a realizar, para que se considere alterada la tranquilidad ciudadana. No se tipifica el delito.

Cualquier acción puede ser considerada por las autoridades, como una perturbación del orden público. De esta forma crea un clima de inseguridad para la ciudadanía destinataria de la norma.

De este análisis sacamos una lección y descubrimos una de las estrategias de la clase política cubana: la redacción de normas con supuestos de hechos hipotéticos, indefinidos y con un alto grado de abstracción, que hace de la interpretación y aplicación de la Ley Mordaza, sea escabrosa y de lugar a arbitrariedades, bajo un supuesto interés social.

Libertad de expresión en la legislación cubana

La libertad de expresión es reconocida internacionalmente en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (artículo 19). Estas prerrogativa incluye la de no ser molestado por opinar, investigar, recibir informaciones y difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio.

El artículo 53 de la Constitución Cubana reconoce a los ciudadanos libertad de palabra y prensa conforme a los fines de la sociedad socialista. Según el precepto, las condiciones materiales para su ejercicio están dadas por el hecho de que la prensa, la radio, la televisión, el cine y otros medios de difusión masiva son de propiedad estatal o social y no pueden ser objeto, en ningún caso, de propiedad privada, lo que asegura su uso al servicio exclusivo del pueblo trabajador y del interés de la sociedad. Por último, aclara que la ley regula el ejercicio de estas libertades.

No obstante, la tutela constitucional de la libertad de expresión, a pesar de ser una garantía jurídica, no es suficiente para afirmar que en Cuba se ejercita y disfruta.

Primero: el artículo analizado es deficiente técnica y jurídicamente. El legislador confundió el derecho, con la garantía material necesaria para su ejercicio. Condición inútil, dada la naturaleza y característica de este tipo de libertad. La misma consagra espacios que el estado no tiene que crear; porque son connaturales al ser humano, en virtud de lo cual sólo tiene que respetarlos y protegerlos.

Segundo: El hecho de que los medios de comunicación social estén en poder del Estado no constituye una garantía de ejercicio de este derecho. En Cuba las prerrogativas humanas, reconocidas en las Constitución de la República, no se pueden ejercitar contra la existencia y fines del “Estado Socialista. Significa que su ejercicio legal es severamente limitado, cuando los derechos son irrestringibles. Admiten solamente limitaciones mínimas, sólo en función del orden público.

Tercero: según la Constitución de la República, la libertad de palabra y prensa debe ser desarrollada en una ley, única forma de ejercitar y defender este derecho. La Asamblea Nacional, órgano supremo del Estado con potestad legislativa, conscientemente, ignora los mandatos expresos de la Carta Magna. Aun no adopta una Ley que regular este importantísimo derecho en la legislación ordinaria.

Cuarto: la Asamblea Nacional, puso en vigor la Ley 88, “De Protección de la Independencia Nacional y la Economía”, disposición normativa de carácter penal, que impide a los ciudadanos expresarse y difundir sus opiniones acerca de la gestión política, económica y social, del actual gobierno.

Esta ley, también conocida como “ley mordaza”, sanciona a todo aquel que busque y suministre información, acumule, reproduzca y difunda materiales que critiquen el sistema político, colabore con sus opiniones, por cualquier vía, con emisoras de radio y televisión, periódicos, revistas u otros medios de difusión extranjeros.

La crítica puede ser un delito (II)

Juan, un comentarista, me hizo saber que había enviado un “abajo Fidel al Granma” por correo electrónico, sabiendo que es un delito en Cuba. Me pregunta, qué sanción podrían aplicarle si supieran quien es.

Primero, no creo que las autoridades cubanas vayan a perseguirlo por enviar un mensaje. Si lograran identificarlo (individualizarlo como persona con todas sus generales) cuanto más, no lo dejarían entrar al país. Me alegra muchísimo, que esta persona conozca la ley penal cubana.

La legislación penal vigente protege a los dirigentes, funcionarios y las instituciones del Estado contra las expresiones y opiniones negativas de la ciudadanía. En otras palabras, la crítica en Cuba puede ser un delito.

El Código Penal regula varias figuras delictivas que protegen el honor de las personas de una forma general: la difamación, la calumnia y la injuria. Sin embargo, el desacato da protección exclusiva a las autoridades, además de la que brinda los antes mencionados delitos.

Se pena con multa o privación de libertad de tres meses a un año al que “amenace, calumnie, difame, insulte, injurie o de cualquier modo ultraje u ofenda, de palabra o por escrito, en su dignidad o decoro a una autoridad, funcionario público, o a sus agentes o auxiliares, en ejercicio de sus funciones o en ocasión o con motivo de ellas”.

La sanción inicial de Orlando Zapata Tamayo fue por la comisión de este delito. Un prisionero de conciencia, muerto en prisión tras 86 días de huelga de hambre. Le tocaron tres años de cárcel, porque la figura delictiva se agrava cuando se comete, respecto al Presidente o los miembros del Consejo de Estado, de Ministros y de la Asamblea Nacional. Así es, un delito común, fuertemente vinculado a la política.

Quiere decir, que mofarse del compañero que reflexiona, llamarle estúpido por sus incoherentes políticas, o catalogar al presidente del parlamento de cínico puede ser interpretado por las autoridades policiales, como un delito de desacato.

Juan me pregunta además cómo pudieran las autoridades cubanas identificarlo. No lo sé. Sólo intento prevenirle de los riesgos.

El comentarista, lleva razón cuando dices que, “La ley penal cubana es aplicable a todos los delitos cometidos en el territorio nacional o a bordo de naves o aeronaves cubanas, en cualquier lugar en que se encuentren, salvo las excepciones establecidas por los tratados suscritos por la República” (artículo 4.1 Código Penal).

Sin embargo, debe leer con cuidado el artículo 15.1 del mismo cuerpo legal. La norma especifica que “El lugar de la comisión de un delito es aquel en el cual el agente ha actuado o ha omitido la obligación de actuar, o en el que se produzcan sus efectos“.

Juan debe recordar que, vive en España, pero cuando entra a la Isla lo haces como ciudadano cubano, y el artículo 5.1 del Código Penal establece que “La ley penal cubana es aplicable a los cubanos y personas sin ciudadanía residentes en Cuba que cometan un delito en el extranjero, si se encuentran en Cuba o son extraditados”.

Las Leyes penales, para nuestro pesar, son muy generales y abstractas. Explico: tiene supuestos de hechos (parte de la norma que describe las conductas prohibidas) muy amplios. Esto da la posibilidad al régimen de interpretarlas y aplicarlas sin mucho rigor y a voluntad. En Cuba, el poder judicial depende de las instrucciones del Consejo de Estado. Así lo ordena la Constitución de la República.

Si Juan quisiera tener la certeza, de que no será perseguido si entra en Cuba, le recomiendo a que espera a que la acción penal prescriba. Es decir, que deje correr el tiempo, contado a partir del día en que envió el mensaje. Según la sanción que señala el delito de desacato, son tres años (artículo 64.1, inciso d, Código Penal).

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