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Archive for the ‘Politicas’ Category

Escarmiento

De una parte la Ley de Ajuste, de otro, las restricción al derecho de entrada y salida del país. En el medio, los cubanos desesperados por irse a cualquier parte. No importa cuánto, tampoco como, están dispuestos a pagar lo que sea en busca de oportunidades.

Sobran las historias de isleños que se colocan en manos de contrabandistas para entrar como indocumentados en los Estados Unidos. El costo del viaje aumenta a medida que se perfeccionan el sistema para reprimir la actividad delictiva a nivel internacional. Hoy sobrepasa los 10000 dólares por persona.

Las vías son varias: a través de un tercer país o lanchas, las mayorías de las veces sobrecargada. Los naufragios son imposibles de registrar, tampoco las vidas perdidas en altamar. En ese sentido, los esfuerzos internacionales por reprimir el tráfico de personas, son insuficientes. Principalmente porque los intereses nacional e internacional no se complementan.

Por ejemplo, el Protocolo Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes por Tierra Mar y Aire, entiende por tráfico, la facilitación de la entrada ilegal de una persona en un Estado, de la cual ésta, no sea nacional o residente permanente, con el fin de obtener un beneficio financiero o de orden material. La legislación cubana tiene otra definición del tema.

Para el Código Penal, tráfico es la penetración en el territorio con la finalidad de realizar la salida ilegal de personas. No importa el móvil. Siempre que haya ánimo de lucro están dispuestos a sancionar. Lo mismos da, que haya beneficios materiales o financieros, que sentimientos familiares.

Por ejemplo el Tribunal Provincial de Ciudad de La Habana, en la sentencia 172 del 2008, que condena a 4 cubanos, 3 de ellos residentes en los Estados Unidos expone que “el actuar de los acusados…estuvo motivado por el afán de la reunificación familiar impedida por el férreo bloqueo y la violación constante del gobierno de los Estados Unidos de las políticas migratoria y la imposición de la ley de ajuste cubano”.

Para la justicia cubana es intranscendente que haya dinero de por medio o sólo sea el intento de reunificación familiar. Lo importante es dar un escarmiento.

Laritza Diversent

Trabajadores cubanos llamados al matonismo patriótico

Al parecer, la administración de justicia por medio del sistema de tribunales, es completamente inservible para la dirigencia histórica. La más reciente medida para preservar su poder, es convocar al “pueblo trabajador” a utilizar la violencia para combatir “las alteraciones del orden y disturbio contrarrevolucionarios”.

Si, el mismo pueblo que está lleno de pichones incapaces de sobrevivir sin las dadivas de Papá Estado y que según datos aportados por Raúl Castro, Jefe de Estado y de gobierno, en su más reciente discurso, tiene más de un millón de plantillas infladas, muy infladas, terriblemente infladas en casi todos los ámbitos del quehacer nacional.

Según el también Segundo Secretario del Partido Comunista de Cuba (PCC) la revolución esta en el deber de enfrentar con firmeza pero con sentido político, esa terrible situación. No sé porque, pero ese llamado al matonismo patriótico, como lo califica Carlos Alberto Montaner, me huele a chantaje: o firmas o te incluyo en las plantillas reducidas.

¿Será por eso que están exigiendo firmar el compromiso de rechazar con firmeza cualquier manifestación contrarrevolucionaria o alteraciones del orden vengan de donde vengan y en la cuantía que sea? Así culmina el Acta de Constitución del Destacamento de Respuesta Rápida (BRR), unos de los anexos incluidos en el plan de actividades diseñado por los socialistas.

En esas condiciones no me extraña que directores, funcionarios y obreros se incorporen masivamente a las BRR. Se imagina a los trabajadores del turismo o de las tiendas recaudadoras de divisa, poniendo en riesgo sus puestos laborales. No importa que corra la sangre, es cuestión de supervivencia tomar en mano palos, cables y cabillas para defender enardecidamente “la Revolución”. En definitiva, habrá impunidad para todos.

Laritza Diversent

Categorías:Politicas

Constitucionalismo Revolucionario

El gobierno revolucionario encabezado por Fidel Castro como Primer Ministro, dicta la Ley Fundamental de la República que restableció la Constitución de 1940. Después de su restablecimiento se dictaron otras leyes de rango constitucional: ley de Reforma Agraria, Reforma Urbana y Nacionalización de la enseñanza, entre otras, que modificaron extensamente sus preceptos.

Reprodujeron el esquema básico y el articulado de la Súper Ley de 1940, con importantes omisiones. El número de artículos se redujo de 286 que tenía, a 233 que tuvo la Ley Fundamental. En relación a los derechos fundamentales, se reproducen casi literalmente, aunque se le agrega numerosas excepciones.

Según Leonel Antonio de la Cuesta, en su libro Constituciones cubanas desde 1812 hasta nuestros días, a esa tendencia revolucionaria se le llamó la legislación del no obstante. En el lenguaje jurídico significa que, el gobierno, en su actividad frente al individuo, no quedaba limitado debido a la declaración restrictiva inicial.

En fin, la Ley Fundamental de 1959 fue extensamente modificada. Se podía reformar por acuerdos del Consejo de Ministro, presidido en aquel entonces por el convaleciente Fidel Castro, mediante el voto conforme de sus dos terceras partes y previa ratificación de esta medida, en tres sesiones consecutivas del propio cuerpo, por el mismo número o proporción de votos. No hay constancia en la Gaceta Oficial de la República que se hubiese dado cumplimiento a este requisito formal.

Las reformas acordadas comenzaron a regir mediante su simple aparición en la Gaceta Oficial, órgano de publicación legislativa. Desde su promulgación hasta diciembre de 1962, fue modificada 19 veces. La Gaceta Oficial dejo de publicarse por un buen tiempo, no se sabe a ciencia cierta qué cantidades de modificaciones se le realizó.

Se eliminó el principio de la seguridad jurídica, que se define en el sentido de que el ciudadano debe saber a qué atenerse legalmente. Se implantó el principio de que la norma es la norma, propio de los sistemas totalitarios. Desde entonces comenzó a regir en nuestro sistema un doble orden jurídico.

Una disposición de rango administrativo, dictada por un funcionario estatal, modifica la constitución, práctica consecuente con la justicia socialista. Para el exterior lo único que consta es el texto legal escrito. Las quejas en el ámbito internacional por quebrantamiento del derecho positivo, se le atribuyen al exceso de celo, de un funcionario aislado, no al gobierno socialista.

La Ley Fundamental de 1959, se convirtió en una versión súper diluida de la Constitución de 1940 y en la de más larga vigencia desde la independencia nacional en 1901: 17 años.

Fuente consultada: Constituciones cubanas desde 1812 hasta nuestros días, autor Leonel Antonio de la Cuesta, segunda edición 2006, editorial hispano-cubana.

El fin no justifica los medios

Alberto Núñez Betancourt y Enrique Ubieta son periodistas oficiales del sistema informativo nacional. Ellos disfrutan de la libertad de expresión que les reconoce la Constitución cubana. Tienen accesos a la prensa, la radio, la televisión, el cine y otros medios de difusión masiva de propiedad estatal; porque ejercitan sus derechos conforme a los fines de la sociedad socialista.

La defensa de ese fin, justifica que atenten contra el honor de las personas, derecho que no tiene reconocimiento constitucional, pero si legal. En los diarios nacionales y sitios digitales gubernamentales donde publican sus trabajos periodísticos, utilizan el término mercenario como un calificativo, para desacreditar a los que disienten públicamente de las políticas del gobierno cubano.

Por ejemplo, Núñez Betancourt, en un trabajo publicado en el diario Granma (órgano del Partido Comunista) el 8 de marzo del presente año, bajo el título “Cuba no acepta presiones ni chantajes”, alega respecto al disidente Guillermo Fariñas, si hoy está vivo, hay que decirlo, es gracia a la atención médica calificada que ha recibido sin importar su condición de mercenario.

Por su parte Ubieta, en un artículo de opinión publicado en el mismo periódico, pero con fecha 27 de febrero, afirma refiriéndose a los 75 disidentes encarcelados en el 2003, Ya Cuba lo dijo una vez: podemos enviarles a todos los mercenarios y sus familias, pero que nos devuelvan a nuestros cinco héroes. La frase fue pronunciada por el General de Ejército Raúl Castro, en la VII Cumbre Presidencial de la Alternativa Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), celebrada en abril 2009.

Según el discurso oficial, los prisioneros de conciencia, son combatientes pagados por los Estados Unidos. El gobierno de Cuba se comprometió a luchar contra el mercenarismo, por medio de la ratificación de la Convención Internacional contra el reclutamiento, la utilización, la financiación y entrenamiento de mercenarios. Por su parte, el artículo 119 del vigente Código Penal, lo regula como una figura delictiva. Ninguna de las sanciones que recibieron estas personas, fue por la comisión de ese delito.

Un periodista que se respete, no lanza una acusación sin antes tener pruebas con que respaldarla. En ello le va su reputación y también su libertad. Imputar hechos, a sabiendas de que son falsos, es atentar contra el honor de las personas. Si los disidentes son mercenarios; Núñez Betancourt, Ubieta y el Presidente del Consejo de Estado, deberían denunciarlos ante las autoridades. ¿No dicen que en Cuba impera la ley y el honor? Pues, para mantener esa afirmación, tienen que ser los primeros en cumplirla.

Si tienen pruebas, están obligados a presentarlas ante un órgano de justicia. ¿No saben que la legislación penal, sanciona al que, a sabiendas deje de denunciar a las autoridades la comisión de un delito o de la participación de una persona en el mismo? La ignorancia de las leyes no exime de su cumplimiento. Si no las tienen, también cometen una violación. Incurren en la comisión del delito de calumnia. Figura delictiva, regulada en el código penal.

Toda persona es inocente hasta que, un tribunal, demuestre lo contrario. Hasta hoy no se ha presentado ningún argumento que demuestre que los disidentes cubanos cometen un delito de mercenarismo. Prueba de que en Cuba, ni el gobierno ni sus medios de comunicación, tiene el menor respeto por los derechos humanos.

Donde impera la ley, no hay arbitrariedad. Solo aquellos que gozan del privilegio de la impunidad pueden darse el lujo, de denigrar y calumniar públicamente, sin medir las consecuencias de sus actos.

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¿Cómo volver a confiar en el sistema de salud socialista?

No encuentro las palabras adecuadas para describir, el horror que muestran las imágenes de los decesos en masas del hospital psiquiátrico de la Habana “Mazorra”. ¡Impactantes! ¿Cómo se puede someter a un humano, a tal sufrimiento?

No puedo evitar que mis ojos se humedezcan, cuando observo las fotos. Cuerpos rígidos, consumidos por la depauperación. Órganos ennegrecidos y pieles laceradas, marcadas por contusiones viejas y recientes. En unos casos, dentaduras desechas, muestra de la falta de atención estomatológica. En otros, ni un molar en las encías, consecuencia de las soluciones fáciles: extracción.

Disiento de las políticas comunistas, pero lo que muestran las fotos, va más allá del fracaso de la gloriosa Revolución Cubana. ¿Cómo volver a confiar en el sistema de salud socialista? ¡Dios, esas personas estaban enajenadas, no podían ocuparse de sí mismas!

¿Qué pasó? ¿Merecían la muerte por ser enfermos mentales o eran una molesta carga para el Estado? Me niego a calificar de negligencia, dejar que casi una treintena de personas, muera en condiciones de desnutrición y abandono. No obstante, existen varias definiciones para este hecho: exterminio en masa, crimen de lesa humanidad, genocidio.

¿Dónde están los responsables? Silencio. El gobierno y sus medios de comunicación, callan para ocultar una verdad que conmueve las calles de la isla. Al contrario, con un cinismo increíble, afirman que, en Cuba, nadie muere de hambre porque impera la ley y el honor.

Hechos como esos no deben volver ocurrir. Estos son los caso que ameritan sanciones ejemplarizantes. El gobierno cubano, es un experto en el tema. En el 2003, para frenar la ola de secuestros de aeronaves y embarcaciones, condenaron a muerte a tres jóvenes. En esa ocasión, al tribunal juzgador no le tembló la mano. Esperemos que la cansada y ciega justicia cubana, levante su espada y equilibre la balanza.

Aclaro, estoy contra la aplicación de la pena de muerte. No me refiero al desvió de recursos y alimentos al mercado negro, aunque hayan provocado la enflaquecimiento de los enfermos. La realidad es una, en Cuba, el robo al Estado constituye un medio de subsistencia. La causa de esos males, es otra y jamás se eliminará con sanciones y mano dura.

Hablo del maltrato físico que evidencian los cuerpos famélicos de los fallecidos. Alguien les provocó esas lesiones. Tal vez entre ellos mismos; pero no olvidemos que eran enfermos mentales, bajo la guarda y cuidado de la institución hospitalaria y del sistema de salud. Todos los involucrados, tengan el nivel jerárquico que tengan, debe responder ante la justicia.

En el hecho hay responsabilidad individual y colectiva. La última es del gobierno, que está obligado constitucionalmente a garantizar la integridad corporal de todos los que residen en el territorio nacional. ¿Qué pasará ahora? ¿Tendrán moral para criticar, en escenarios internacionales, las torturas en la base naval de Guantánamo, Abu Ghraib y Bagram? No lo duden, el cinismo no tiene límites

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