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Archivo para la Categoría "Sistema de Justicia"

Sin justicia y sin derechos

Yaremis Flores

La capital habanera acogerá las sesiones del Sexto Encuentro Internacional de Justicia y Derecho, en el Palacio de las Convenciones, del 23 al 25 de mayo próximos. Se darán cita más de 500 delegados, de ellos 300 son juristas foráneos, provenientes de 14 naciones.

Entre las temáticas priorizadas a debatir, se encuentran el acceso a la justicia en la isla, el trabajo reeducativo en prisiones cubanas y el debido proceso penal, según la nota publicada en el sitio web www.gpalco.com. Al igual que en ediciones anteriores, habrá una intervención oficial sobre el caso de los 5 cubanos condenados en los Estados Unidos, por espiar para el gobierno cubano.

Rubén Remigio, presidente del Tribunal Supremo, auspiciador del evento, manifestó en conferencia de prensa ofrecida el jueves pasado, que la cita permitirá a Cuba, mostrar los avances en el plano jurídico, en la tramitación de procesos y la transparencia en la administración de justicia.

El encuentro será una ‘caja de resonancia’ para presentar una contraofensiva a las campañas orquestadas por la gran prensa, que intenta desacreditar a Cuba y silenciar sus logros en la administración de justicia”, añadió el jurista.

Remigio presumió de las conquistas de la Revolución Cubana en la justicia, “propiciando el intercambio de experiencias entre distintos operadores judiciales”. Sin embargo, no todos los juristas están representados en este debate. Solo abogados de sectores estatales tienen acceso a la convocatoria. Además, un Comité Organizador, es el encargado de seleccionar aquellas ponencias, afines a concepciones políticas del Gobierno.

Laritza Diversent y quien reporta, ambas abogadas, nunca hemos participado en este tipo de eventos. “No he conocido a tiempo la convocatoria. El único objetivo de los organizadores, es maquillar las grietas del sistema judicial cubano”, comentó Diversent.

Entre las materias ausentes en el congreso, están la inadecuada valoración de la prueba por parte de los Tribunales, el trabajo forzado o esclavo en las prisiones de la isla y las ventajas de un poder judicial independiente. Quizá un análisis profundo de estos temas, evite otro encuentro internacional, sin justicia y sin derechos.

 

 

Tribunal de la Habana emplaza a firma panameña, socia en la Empresa Mixta Río Zaza

 

Laritza Diversent

La Sala de lo Económico del Tribunal de La Habana emplazó a la sociedad mercantil de nacionalidad panameña, Ingelco S.A., para que se persone y conteste la demanda en el término de sesenta días hábiles, contados a partir del 28 de marzo de 2012.

En el aviso, dictado el pasado 23 de marzo de 2012 por el Tribunal Supremo y publicado extraordinariamente el día 27 del propio mes, en la Gaceta Oficial de la República, órgano de publicación de las leyes nacionales, la antigua Audiencia de la Habana ignora el domicilio legal de la firma.

Según la Secretaria de la sala judicial, Mara Piedras Velarde, el órgano de justicia de la capital, tramita, desde el 2010, la Disolución y Liquidación de la Empresa Mixta Río Zaza S.A., a solicitud de la Corporación Alimentaria S.A.

Ingelco S.A. tuvo contrato de asociación económica internacional con la Empresa Combinado de Cítricos Héroes de Girón, vigente hasta 31 de diciembre de 2005, y el Combinado Lácteo Río Zaza, por 13 años desde el 10 de agosto de 1998, según Resolución del entonces Ministro de Comercio Exterior, Raúl de la Nuñez Ramírez.

El aviso del tribunal también advierte que de no contestar “se le tendrá por conforme con los hechos de la demanda, sin necesidad de la práctica de pruebas”. Además le notifica una resolución judicial que dispone la modificación de las medidas cautelares, sin especificar cuáles, y la cita para que asista a la vista convocada para el próximo 30 de julio de 2012 a las diez de la mañana.

Alimentos Río Zaza S.A, industria envasadora de productos lácteos, jugos, alimentos y bebidas alcohólicas, esta aprobada por 15 años, contados a partir del 26 de enero de 2001 y autorizada a ejecutar directa y permanentemente operaciones de comercio en el mercado interno cubano.

Max Marambio, empresario chileno de 63 años, es copropietario en sociedad con el gobierno cubano, de la firma Río Zaza a través de su empresa Internacional Network Group (ING), también una firma panameña.

El conglomerado empresarial, que llegó a facturar decenas de millones de dólares anuales en negocios relacionados con Cuba, recibió renovación de su licencia comercial en 2005 y 2008. En el 2010 se le suspendió de forma temporal la autorización para operar y en el 2011 se le canceló definitivamente.

Alimentos Río Zaza S.A fue sometida a una auditoría por irregularidades en su manejo y vinculada a un escándalo de corrupción, que involucró Ofelia Liptak, su directora comercial, y a su esposo, Rogelio Acevedo González, general de la Revolución y ex presidente del Instituto de Aeronáutica Civil. El 13 de abril del 2011, su Gerente General, el chileno Roberto Baudrand, murió en La Habana, después que Las autoridades cubanas le impidieran salir del país.

Marambio, con residencia en Chile, fue procesado en ausencia en marzo de 2011 y sentenciado a 20 años de prisión, en mayo de ese mismo año, por “cohecho, estafa y falsificación de documentos bancarios o de comercio, todos de carácter continuado”, según nota oficial del periódico oficial Granma.

En el proceso resultó también sentenciado a 15 años de prisión, el ex ministro de Industria Alimentaria, Alejandro Francisco Roca Iglesias, por dejarse corromper, favorecer al empresario y de comprar a su consorcio productos sobrevalorados, causando un grave perjuicio a la economía cubana.

Actualmente, los precios de los productos comercializados por Río Zaza en las estatales tiendas de recaudación de divisas, subieron entre 5 y 15 centavos moneda libremente convertible, en el mercado interno cubano.

Convicción

Los tribunales cubanos una vez declarada la culpabilidad de una persona, ordenan la destrucción de la evidencia incriminatoria.

Laritza Diversent

Jesús Daniel Forcade Portillo de 29 años de edad y Ramón Echevarría Fernández de 40, resultaron sancionados a 35 años de cárcel por el asesinato del joyero Humberto González Otaño, en la madrugada del 14 de septiembre de 2010, mientras robaban en su vivienda dinero y prendas por un valor de 206 mil 193 pesos moneda nacional.

Según la sentencia dictada por el Tribunal de la Habana, después del asalto los acusados entregaron a su cómplice, una chaqueta de mezclilla azul maculada de sangre de igual características a la de Esther Fernández, esposa del joyero, victima sobreviviente y única testigo presencial de los hechos.

Sus rastros de olor, también fueron encontrados en la escena del crimen. No hubo identificación por huellas dactilares ni por muestras de ADN. A pesar de los avances tecnológicos, en Cuba, son pocos los casos en que se realizan estas pruebas, la más confiable hasta el momento, para confirmar o destruir la inocencia de una persona.

La Ley de Procedimiento Penal consiente que los órganos de investigación criminal ordenen las pruebas científicas técnicas, cuando lo consideren necesario. Los juzgados por su parte, tampoco exigen su realización para tener plena certeza de su fallo.

El tribunal tuvo plena convicción de la culpabilidad de Jesús Daniel y Ramón. Sus familiares por el contrario, tienen plena certeza de su inocencia. La misma convicción tuvo Betty Anne Waters, una joven norteamericana, divorciada y con dos hijos, que matriculó en la escuela de leyes para asumir la defensa de su hermano Kenneth Waters.

Su historia fue protagonizada por Hilary Swank, actriz reconocida con dos premios Oscar a la mejor actuación femenina, en el film “Conviction”, del director Tony Goldwyn, en el 2010.

Kenneth Waters, en 1983 fue declararon culpable del asesinato de Katharina Brow el 21 de febrero de 1980. La sangre del atacante encontrada en la escena del crimen, resultó ser de su mismo grupo sanguíneo. Fue sancionado a cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional.

Su hermana, Betty Anne, se convirtió en abogada y logro reabrir su caso en 1999, después de localizar la evidencia, que según las leyes del estado de Massachusetts, debió ser destruida en 1993. La prueba de ADN dio resultados negativos. En el 2001 fue absuelto después de cumplir 18 años de cárcel.

Lamentablemente, Forcade Portillo y Echevarría Fernández, no correrán la misma suerte de Kenneth Waters, a pesar de la convicción de sus familiares. La chaqueta, pieza de convicción del delito, no se encuentra entre las prendas de vestir que el tribunal ordenó decomisar a favor de los fosos provinciales.

Tampoco se dispuso su conservación. Los acusados aseguran no les pertenece y su familias afirman no le devolvieron ninguna prenda de vestir. En esas condiciones le será muy difícil revisar su causa en un futuro e intentar demostrar su inocencia.

Su caso no es el único en que la evidencia es destruida o desaparecida. En el 2007 el Tribunal de de Camagüey condenó a Delvis David Peña Mainer, a 40 años de cárcel, por asesinar brutalmente a machetazos, en enero de ese mismo año, a un matrimonio de jóvenes.

El tribunal afirma, las lesiones en ambas víctimas fueron realizadas por un zurdo, como Peña Mainer, con un instrumento corto contundente. A David le ocuparon una mocha, una tipo de machete útil para cortar caña.

Según la sentencia, en la “parte interior de las cachas de la empuñadura”, se encontró sangre, “aunque no se pudo determinar a qué especie correspondía”, refiere el tribunal en su sentencia.

El juzgado camagüeyano tuvo plena convicción de su culpabilidad y le pareció innecesario comparar la muestra de sangre encontrada el arma homicida, con el ADN de las víctimas.

Además, mando entregar la mocha, a un centro de trabajo y “la destrucción” de varias prendas de vestir del matrimonio, con “maculas de aspecto hemático”, y huellas de sangre de la escena del crimen.

Situación diferente pasó con Rafael Ramos Utra, sancionado por el Tribunal de Las Tunas, a 20 años de prisión por atacar sexualmente, en marzo de 2005, a una menor de edad, dentro de su propia vivienda.

“No existe relación entre el semen presente en el blúmer” reconoció el Laboratorio Central de Criminalística de Cuba en su primer examen de ADN, refiriéndose a la prenda que usaba la pequeña de 6 años y la muestra de sangre de Ramos Utra.

En una segunda prueba consignó “que la maculación amarillenta en el blúmer” de la menor, coincidía con la de “su propia muestra de sangre”. “No fue posible establecer el perfil genético del semen presente en el blúmer, porque el material seminal se agotó”, reconoció el laboratorio.

La probabilidad de encontrar a dos personas con la misma información genética, es de 1 en 15 millones de individuo. A pesar de la certeza del primer examen que demostró la inocencia Ramos Utra, el Tribunal de Las Tunas lo declaró culpable y también ordenó la incineración del blúmer, pieza de convicción del delito.

Según datos del film “Conviction” en Estados Unidos de América se han producidos 254 absoluciones post-condena desde 1989-2010, gracias a las pruebas de ADN. En Cuba, esa posibilidad será bien remota, mientras los tribunales, basados en su convicción de culpabilidad, ordenen la destrucción de evidencia incriminatoria.

 

Legalización de la represión

En la segunda quincena de abril del 2003, fueron detenidos y enjuiciados, en procesos sumarísimos, 75 disidentes. Se les aplico la Ley No 88 “De protección de la independencia nacional y la economía de Cuba”. Recibieron sanciones entre 6 y 28 años de privación de libertad. Los acontecimientos fueron nombrados internacionalmente, como la “Primavera Negra de Cuba”.

Según establece la referida ley (conocida también como la “Ley Mordaza”) en su artículo 2, esta tiene carácter especial y su aplicación será preferente a cualquier otra legislación penal que le preceda. Surge una duda ¿Cuándo deciden las autoridades aplicar ésta, o el Código Penal (CP), si ambas disposiciones tiene carácter punitivo, la misma jerarquía y protegen los mismos intereses?

La decisión de aplicar, una u otra disposición jurídica, queda al libre arbitrio de fiscales y jueces, y depende del interés político de encarcelar, a una persona, que por la normativa CP, no pueda ser condenada. Es decir, su conducta no corporifica ningún delito de los previstos por el CP.

Técnica y jurídicamente, la Ley Mordaza contiene supuestos de hechos vagos, dirigidos a sancionar cualquier conducta que, a juicio de las autoridades, apoyen o faciliten el quebrantamiento del orden interno, desestabilicen el país, liquiden el “Estado Socialista” y la independencia de la nación

El CP, por el contrario, define conductas que ataca o amenaza las relaciones sociales de los hombres. Desde este punto de vista, el daño que se provoque u ocasione a la sociedad, concreta, cuales son los comportamientos que deben ser sancionados penalmente. Significa que, los ciudadanos en conjunto, son los que valoran la gravedad de un hecho, precisamente porque es a ellos a quienes afecta. El sistema jurídico, por tanto debe protegerlos, no reprimirlos.

No es válido utilizar el derecho penal como medio de sometimiento e imposición de una determinada ideología. Quiere decir, que el rechazo a las posiciones filosóficas (comunistas, liberales, etc.) no es argumento suficiente para imponer castigos. Se requiere que haya un daño social.

El castigo a los 75 opositores, sancionados en virtud de la Ley No 88, demostró que la vigencia de esta en el sistema, legaliza la represión, amparada en un supuesto interés social. Su aplicación selectiva extendió el efecto ejemplarizante. De forma indirecta, el régimen actuó sobre el resto de la disidencia interna. Mostro su poder y lo que es capaz de hacer para conservarlo.

Laritza Diversent

Ley mordaza

El Código Penal (CP) caracteriza y sanciona conductas que van contra la Seguridad del Estado, la economía y el orden público, etc. Sin embargo, en el ordenamiento jurídico está vigente otra disposición de carácter penal, con la misma jerarquía y que protege los mismos objetivos: La ley No 88, “De protección de la Independencia y la Economía Nacional”, conocida popularmente como “Ley Mordaza”.

No obstante, existen diferencias entre ellas en cuanto a la redacción de sus normas. La Ley 88 es más confusa e imprecisa, lo que dificulta su interpretación. Por ejemplo, en el Código Penal prohíbe conductas que van contra el orden legal: desórdenes público, instigación a delinquir, etc. En cada uno de ellos el legislador deja claro, los supuestos hipotéticos en los que se corporifica el delito.

…”El que…, de gritos de alarma, o profiera amenazas de un peligro común…” (Desórdenes públicos, art 200.1 CP)…”El que provoque riñas y altercados…” (Desórdenes públicos, art 201.1 CP)…”El que…, incite públicamente a cometer delito determinado…” (Instigación a delinquir, art 202.1 CP).

Explicito queda también el carácter de los lugares donde ha de desarrollarse la acción delictiva… “en lugares públicos, espectáculos, o reuniones numerosas…” (Desórdenes públicos, art 200.1 CP),… “en establecimientos abiertos al público, vehículos de transporte público, círculos sociales, espectáculos, fiestas familiares o públicas, u otros actos o lugares al que concurran numerosas personas…” (Desórdenes públicos, art 201.1 CP).

En el artículo 8 de la ley No 88 (Apartado 1), sanciona a todo… “El que perturbe el orden público con el propósito…” y al… “El que promueva, organice o incite a realizar las perturbaciones del orden público a que se refiere el apartado anterior” (Apartado 2).

En este artículo nada se dice acerca del carácter de los lugares donde debe manifestarse supuestamente la conducta socialmente peligrosa. Tampoco se describen las posibles acciones a realizar, para que se considere alterada la tranquilidad ciudadana. No se tipifica el delito.

Cualquier acción puede ser considerada por las autoridades, como una perturbación del orden público. De esta forma crea un clima de inseguridad para la ciudadanía destinataria de la norma.

De este análisis sacamos una lección y descubrimos una de las estrategias de la clase política cubana: la redacción de normas con supuestos de hechos hipotéticos, indefinidos y con un alto grado de abstracción, que hace de la interpretación y aplicación de la Ley Mordaza, sea escabrosa y de lugar a arbitrariedades, bajo un supuesto interés social.

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