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¿Nuevas reformas en la política migratoria?

 

Las nuevas modificaciones legislativas a la  normativa migratoria en Cuba, aunque representan un paso de avance, aún mantienen un carácter político, restrictivo y violatorio del derecho de circulación.

Las modificaciones a las regulaciones migratorias, mejoraron la redacción semántica de las disposiciones legales, eliminaron la referencia al permiso al permiso de entrada y/o salida y la carta de invitación, que tácitamente declaraba a los cubanos incapaces desde el punto de vista económico.

Esta presunción se mantiene en la práctica. Los requisitos exigidos por la mayoría de las embajadas radicadas en la isla y el valor de los impuestos por trámites migratorios, que se pagan en moneda libremente convertible, hacen que la posibilidad de viajar fuera de la isla sea un sueño inalcanzable para la mayoría de los cubanos.

No obstante, puso en vigor algunas políticas nuevas y creó nuevas categorías migratorias. Por ejemplo, los residentes de inmobiliarias, que ofrece garantías a extranjeros y sus familiares,  propietarios o arrendatarios de viviendas en complejos inmobiliarios dentro de la Isla.

Sin duda el Estado se enfoca en sectores con potencialidad económica: extranjeros y emigrados. A estos últimos les da la oportunidad de recuperar la residencia en la isla, y con ella el derecho a participar en las elecciones, ejercer el trabajo por cuenta propia, a comprar autos y una vivienda, etc.

Sin embargo, la posibilidad de que el Ministerio del Interior reconozca este derecho a cubanos residentes en el exterior, sin estar viviendo físicamente en el país, deja bien claro que seleccionará que emigrados pueden o no recuperar sus derechos.

Conozca más detalles en: Cambios en la política migratoria del gobierno cubano, ¿Nuevas reformas?

Manual_Derechos y Deberes

La mayoría de los ciudadanos cubanos desconocen el sistema jurídico imperante en la Isla y los procesos que deben realizar para ejercer una determinada acción legal, sea en materia civil, penal, administrativa, de familia, etc., principalmente aquellos que se relacionan con sus derechos civiles y políticos. Frecuentemente son víctimas de la aplicación arbitraria y selectiva de la ley.

Al respecto el Centro de Información Legal “Cubalex” pretende aumentar la representación pro bono y el análisis jurídico disponible en Cuba, así como la capacidad de autodefensa de los disidentes, activistas de derechos humanos y ciudadanos que aparentemente no tienen motivaciones políticas, residentes dentro o fuera del territorio nacional.

Cubalex ofrece a sus clientes información detallada sobre el ordenamiento legal cubano, las normas jurídicas que se aplican a su caso y los procedimientos en cuestión a seguir ante las instituciones gubernamentales, regionales o internacionales.

El Manual_Derechos y Deberes_vista computadora, ofrece información sobre la forma en los cubanos pueden defender sus derechos ante los ciudadanos ante una detención, citación oficial y registro en sus viviendas.

Tribunal suspende desahucio

 

Digital StillCamera

Laritza Diversent

El pasado 21 de enero, el Tribunal de la Habana suspendió el desalojo de Yamilé Barges Hurtado de su casa frente al hotel Cohíba y de los herederos de la otra permutante, en el Este de la Habana, previsto efectuarse el martes 22.

Según Barges Hurtado, un alguacil del órgano de justicia comunicó la decisión a los representantes de las organizaciones de masa de su vecindario, aproximadamente a las 5 de la tarde. El funcionario dijo que el órgano de justicia suspendió el desahucio por cuestiones de seguridad. “A mí nadie me aviso”, afirma.

Eleazar Yosvany Toledo Rivero, de 34 años, responsable de sacar a Yamilé de su propiedad, vía telefónica también informó la decisión a factores del barrio. Supuestamente el demandante avisó al tribunal desde el 18 de enero la imposibilidad de realizar el desalojo por falta de transporte.

El heredero excluido, solicitó al órgano de Justicia la nulidad de la permuta que realizaran ambas familias hace 10 años y el derecho a ocupar la casa de Yamile frente al Cohíba. El tribunal accedió sin haberle reconocido la propiedad.

No obstante el tribunal no desiste. Llamó a los herederos de Rivero Domínguez y los representantes de las organizaciones de masa del Vedado y del reparto Bahía, para una comparecencia, el próximo 25 de enero. “Tampoco me citaron”, agrega Barges Hurtado, quien asegura, el desalojo está planificado para el 5 de febrero.

Yamile supo de la suspensión por los herederos de la otra permutante y vecinos citados por el órgano de justicia. “Es una guerra psicológica”, asevera. El 15 de noviembre estaba previsto que ocurriera el desalojo y tampoco pasó. “No aguanto más, me tienen psiquiátrica, que pase lo que sea”, agrega.

En cuba no es común que los tribunales desahucien. Los desalojos, llamados “extracciones”, son realizados por la DMV, después de declarar ilegales a los ocupantes de un inmueble. En el caso de Barges Hurtados el órgano administrativo actuar cuando el TPP reconozca la propiedad a uno de los herederos en litigio.

Los herederos de la otra permutante intentan demandar a Eleazar para que demuestre su derecho a la vivienda y paralizar el desahucio. Yamile planea presentarse en el proceso como parte interesada. Necesita dirección letrada y solo los abogados afiliados La Organización Nacional de Bufetes Colectivos, única de su tipo en el país, pueden representarla ante los tribunales u órganos estatales. Ella no confía en ninguno.

Según Yamile para defenderse contrato los servicios de 3 abogados. La primera, la Lic. Clara Elena Díaz Olivera se le vendió con la contraparte, la Lic. Alba Rosa Perna Recio. Los otros al saber quién representaba al heredero excluido, dieron por perdido el caso.

Barges Hurtado afirma en el caso hay corrupción porque entre la jueza Dania Pardo García, ex presidenta de la sala juzgadora, hay relaciones de amistad. “En la última comparecencia, salieron a almorzar juntas”, comenta.

Vicefiscal General de Cuba cuestionó la condena del reo Michel Martínez Pérez

12 febrero, 2013 3 comentarios

07 SEPT 2012

Yaremis Flores.

Carlos Raúl Concepción Rangel, Vicefiscal General de la República de Cuba, pidió  al Tribunal Supremo, la revisión de la sanción de 10 años de prisión, impuesta a Michel Martínez Pérez. El recluso común se colocó en huelga de hambre en más de 3 oportunidades por insistir en su inocencia.

“En el proceso penal han existido quebrantamientos e imprecisiones” reconoció Concepción Rangel por escrito, en su solicitud la cual fue admitida por la máxima instancia judicial en la isla.

El Tribunal Provincial de Matanzas, en marzo de 2012 consideró responsable a Martínez Pérez, junto a otros acusados, por sacrificio ilegal de ganado vacuno, hurto y robo con fuerza en las cosas. La única evidencia en su contra fue una huella de olor tomada en una de las escenas del crimen.

Este tipo de prueba solo indica la presencia en el lugar, pero no necesariamente la participación en el hecho delictivo. Su nivel de certeza no se asemeja al de un examen de ADN. Es discutible la forma de recolección de la huella y hay que confiar en la habilidad de la técnica canina, pues un perro es quien determina si el olor coincide con el sospechoso.

En relación a la prueba de olor “constan en las actuaciones irregularidades que ponen en duda la calidad de la misma” señaló el vicefiscal y añadió la existencia de una “lógica contradicción” entre pruebas y actas de inspección del lugar de los hechos.

El vicefiscal señaló que Michel negó su participación en los hechos en todo momento, pero los coacusados lo involucraron al inicio de la investigación. Puso en duda que aunque después en la fase investigativa y durante el acto de juicio oral estos se retractaron, los jueces solo tuvieron en cuenta las declaraciones que lo incriminaban.

La ley procesal penal obliga a los Tribunales a dictar sentencia sobre la base de las pruebas practicadas en el juicio. Sin embargo los jueces cubanos, bajo la facultad de apreciar libremente las pruebas, violan ese mandato con frecuencia.

“Michel desde su detención en agosto de 2011 ha intentado llamar la atención de las autoridades sobre su proceso”, dijo Iván Hernández Carrillo, ex prisionero de conciencia que ha apoyado y seguido el caso de Michel.

Martínez Pérez fue reportado de cuidado por los médicos cuando en junio de 2012 comenzó una huelga que se extendería a casi 50 días. La última inanición voluntaria la realizó a partir del 19 de octubre, luego de conocer los resultados de la sentencia de casación (apelación) del Tribunal Supremo.

El mismo tribunal que hoy admite revisar la decisión de los magistrados de Matanzas, en su momento oportuno cuando reexaminó el expediente en el 2012, mantuvo la misma sanción para Michel.

Como consecuencia el recluso se negó a comer alimentos por 48 días. Posteriormente estuvo casi dos meses hospitalizado. “Mi hijo ha bajado de peso y deteriorado su salud, todo lo sucedido es una injusticia”, dijo telefónicamente Lázara de Jesús, madre.

En el plazo de 10 días, contados a partir del pasado 28 de enero, Michel deberá contratar abogado para la celebración del nuevo juicio. De acceder a la petición del vicefiscal, se deberá anular la sentencia que cometió la infracción y dictar otra conforme a las garantías del debido proceso.

Según fuente que no será revelada por razones de seguridad, presuntamente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos solicitó información al Gobierno cubano sobre la situación legal de Michel Martínez Pérez.

Lea la Solicitud del Procedimiento de Revisión de Michel Martínez

Madre asesina a sus hijos

Mantilla, Arroyo Naranjo, La Habana

Laritza Diversent

Enfermera de 23 años asesinó en la tarde del pasado 3 de enero  a sus dos hijos menores, en Mantilla, en el capitalino de municipio de Arroyo Naranjo. Todo comenzó cuando la joven madre, con manos ensangrentadas y marcas en el cuello, llamó a la policía desde la farmacia cercana, comentó a esta reportera Juan, un espectador que observaba las maniobras de los criminalistas.

“Ella dijo que era la segunda vez que llamaba y no le hacían caso”, comentó Juan.   “dicen que dijo por teléfono que había hecho algo muy malo”, agregó. “Minutos después apareció una patrullero y confirmó el parricidio”, finalizó.

La joven trabajaba en el policlínico de Mantilla, un barrio periférico con alto índice de violencia.  Era poco conocida en el vecindario. Desde hacía dos meses ocupaba ilegalmente consultorio médico, como vivienda. Una fuente que prefirió no revelar su nombre, asegura la parricida tuvo un intento de suicidio cuando estudiaron juntas en la secundaria básica y aunque no recordó su nombre.

El hecho conmocionó a la comunidad, no obstante, las autoridades policiacas no acostumbran a dar explicaciones sobre los crímenes cometidos en la ciudad  ni la prensa local toca estos temas. Se especula en el vecindario y barrios aledaños, los motivos y la forma en que sucedieron los hechos. Algunos aseguran que ultimó a sus hijos a puñaladas, porque su pareja la abandonó. Después intentó fallidamente quitarse la vida.

En las calles se comenta que la joven padecía de esquizofrenia y actualmente está internada en Mazorra, el hospital psiquiátrico de la Habana. Otros aseguran ya había amenazado con quitarle la vida a los niños.  La edad de los menores tampoco se conoce. Según los comentarios era una hembra y un varón entre dos y seis años. El funeral de los infantes se efectuó en Mauline el 4 de enero.

La casa frente al Cohíba

Yamile Barges Hurtado

LA HABANA, Cuba, diciembre,  www.cubanet.org.-El pasado 15 de noviembre, el Tribunal Provincial Popular (TPP) de La Habana tenía previsto desalojar a Yamilé Barges Hurtado de su vivienda, ubicada frente al Hotel Cohíba, después de anular una permuta que realizó hace 9 años.

Ese día también debía desahuciar a los herederos de Teresa Luisa Rivero Domínguez, la otra permutante en el reparto Bahía, barrio periférico al Este de la Habana, lugar de origen de Yamilé. Según fuentes anónimas, el desalojo no se produjo por falta de transporte.

Hasta la fecha, el TPP de La Habana no ha variado su decisión, acción que le corresponde ejecutar a la Dirección Municipal de la Vivienda (DMV) de Plaza. En el sistema legal cubano no existe la acción de desahucio. Los desalojos, llamados eufemísticamente “extracciones”, son realizados por la DMV, después de declarar ilegales a los ocupantes de un inmueble.

Yamile Barges Hurtado, el pasado 27 de noviembre recibió una citación del Tribunal para presentarse el 6 de diciembre en una comparecencia. Los herederos de Rivero Domínguez también fueron citados.

En la práctica judicial luego de dictarse la ejecución de una sentencia, no es usual citar a las partes nuevamente. No obstante, ese día los jueces advirtieron que en enero serían citados otra vez para analizar el asunto y efectuarán el desalojo, aunque Yamilé no es ocupante ilegal.

La DMV de Plaza debe actuar cuando el TPP reconozca la propiedad a uno de los herederos del litigio. La actuación del tribunal se limita a comunicar su decisión a los funcionarios de Vivienda.

El estado psíquico de Yamilé se deteriora con cada amenaza de extracción. Rompió puertas, ventanas y el piso que con tanto esfuerzo logró construir. “No voy a dejarle mi casa a nadie con las comodidades que creé para mi familia”, afirmó.

Alega que no puede vivir más en esa incertidumbre. “Quiero que mi problema se resuelva ya”, añadió. Su hija dejó de asistir a la universidad para no dejarla sola en ningún momento. Son evidentes su estado depresivo y el efecto de los medicamentos.

Acceso a Internet en Iglesias Cubanas.

 

Lic. Yaremis Flores

Liu, lectora del blog consultó a la Oficina, si en las iglesias cubanas se puede tener acceso a internet. El gobierno cubano, desde 1996, dejó clara su política respecto al acceso pleno a los servicios de internet, en el Decreto 209del Consejo de Ministros, “Acceso desde la República de Cuba a Redes Informáticas de Alcance Global”.

El gobierno de la isla estableció su propósito de garantizar acceso pleno a internet, pero de forma regulada y en función de los intereses nacionales, priorizando en la conexión, las personas jurídicas, y las instituciones de mayor relevancia para la vida y el desarrollo del país.

Todos los usuarios con acceso a internet en la isla, ya sean cubanos o extranjeros residentes en Cuba, necesitan autorización del Ministerio de la Informática y las Comunicaciones (MIC).

Además, deben registrar su dirección IP (dirección única del protocolo de Internet, asignada a cada máquina o dispositivo que se encuentra en la red) y serán controlados por la Agencia de Control y Supervisión del MIC. Los que incumplan con este requisito se le impone penalidades, como la retirada de licencia para ser usuario de Internet.

No es recomendable acceder a internet de forma clandestina, pues si las autoridades sospechan alguna irregularidad en la Iglesia o culto religioso, no requieren de orden alguna para realizar un registro, pues el artículo 217 de la Ley de Procedimiento Penal establece que “Para la entrada y registro en templo u otro lugar destinado al culto religioso, bastará pasar recado de atención a la persona a cuyo cargo estuviere”.

 

 

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