Manual_Derechos y Deberes

La mayoría de los ciudadanos cubanos desconocen el sistema jurídico imperante en la Isla y los procesos que deben realizar para ejercer una determinada acción legal, sea en materia civil, penal, administrativa, de familia, etc., principalmente aquellos que se relacionan con sus derechos civiles y políticos. Frecuentemente son víctimas de la aplicación arbitraria y selectiva de la ley.

Al respecto el Centro de Información Legal “Cubalex” pretende aumentar la representación pro bono y el análisis jurídico disponible en Cuba, así como la capacidad de autodefensa de los disidentes, activistas de derechos humanos y ciudadanos que aparentemente no tienen motivaciones políticas, residentes dentro o fuera del territorio nacional.

Cubalex ofrece a sus clientes información detallada sobre el ordenamiento legal cubano, las normas jurídicas que se aplican a su caso y los procedimientos en cuestión a seguir ante las instituciones gubernamentales, regionales o internacionales.

El Manual_Derechos y Deberes_vista computadora, ofrece información sobre la forma en los cubanos pueden defender sus derechos ante los ciudadanos ante una detención, citación oficial y registro en sus viviendas.

Tribunal suspende desahucio

 

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Laritza Diversent

El pasado 21 de enero, el Tribunal de la Habana suspendió el desalojo de Yamilé Barges Hurtado de su casa frente al hotel Cohíba y de los herederos de la otra permutante, en el Este de la Habana, previsto efectuarse el martes 22.

Según Barges Hurtado, un alguacil del órgano de justicia comunicó la decisión a los representantes de las organizaciones de masa de su vecindario, aproximadamente a las 5 de la tarde. El funcionario dijo que el órgano de justicia suspendió el desahucio por cuestiones de seguridad. “A mí nadie me aviso”, afirma.

Eleazar Yosvany Toledo Rivero, de 34 años, responsable de sacar a Yamilé de su propiedad, vía telefónica también informó la decisión a factores del barrio. Supuestamente el demandante avisó al tribunal desde el 18 de enero la imposibilidad de realizar el desalojo por falta de transporte.

El heredero excluido, solicitó al órgano de Justicia la nulidad de la permuta que realizaran ambas familias hace 10 años y el derecho a ocupar la casa de Yamile frente al Cohíba. El tribunal accedió sin haberle reconocido la propiedad.

No obstante el tribunal no desiste. Llamó a los herederos de Rivero Domínguez y los representantes de las organizaciones de masa del Vedado y del reparto Bahía, para una comparecencia, el próximo 25 de enero. “Tampoco me citaron”, agrega Barges Hurtado, quien asegura, el desalojo está planificado para el 5 de febrero.

Yamile supo de la suspensión por los herederos de la otra permutante y vecinos citados por el órgano de justicia. “Es una guerra psicológica”, asevera. El 15 de noviembre estaba previsto que ocurriera el desalojo y tampoco pasó. “No aguanto más, me tienen psiquiátrica, que pase lo que sea”, agrega.

En cuba no es común que los tribunales desahucien. Los desalojos, llamados “extracciones”, son realizados por la DMV, después de declarar ilegales a los ocupantes de un inmueble. En el caso de Barges Hurtados el órgano administrativo actuar cuando el TPP reconozca la propiedad a uno de los herederos en litigio.

Los herederos de la otra permutante intentan demandar a Eleazar para que demuestre su derecho a la vivienda y paralizar el desahucio. Yamile planea presentarse en el proceso como parte interesada. Necesita dirección letrada y solo los abogados afiliados La Organización Nacional de Bufetes Colectivos, única de su tipo en el país, pueden representarla ante los tribunales u órganos estatales. Ella no confía en ninguno.

Según Yamile para defenderse contrato los servicios de 3 abogados. La primera, la Lic. Clara Elena Díaz Olivera se le vendió con la contraparte, la Lic. Alba Rosa Perna Recio. Los otros al saber quién representaba al heredero excluido, dieron por perdido el caso.

Barges Hurtado afirma en el caso hay corrupción porque entre la jueza Dania Pardo García, ex presidenta de la sala juzgadora, hay relaciones de amistad. “En la última comparecencia, salieron a almorzar juntas”, comenta.

Vicefiscal General de Cuba cuestionó la condena del reo Michel Martínez Pérez

12 febrero, 2013 3 comentarios

07 SEPT 2012

Yaremis Flores.

Carlos Raúl Concepción Rangel, Vicefiscal General de la República de Cuba, pidió  al Tribunal Supremo, la revisión de la sanción de 10 años de prisión, impuesta a Michel Martínez Pérez. El recluso común se colocó en huelga de hambre en más de 3 oportunidades por insistir en su inocencia.

“En el proceso penal han existido quebrantamientos e imprecisiones” reconoció Concepción Rangel por escrito, en su solicitud la cual fue admitida por la máxima instancia judicial en la isla.

El Tribunal Provincial de Matanzas, en marzo de 2012 consideró responsable a Martínez Pérez, junto a otros acusados, por sacrificio ilegal de ganado vacuno, hurto y robo con fuerza en las cosas. La única evidencia en su contra fue una huella de olor tomada en una de las escenas del crimen.

Este tipo de prueba solo indica la presencia en el lugar, pero no necesariamente la participación en el hecho delictivo. Su nivel de certeza no se asemeja al de un examen de ADN. Es discutible la forma de recolección de la huella y hay que confiar en la habilidad de la técnica canina, pues un perro es quien determina si el olor coincide con el sospechoso.

En relación a la prueba de olor “constan en las actuaciones irregularidades que ponen en duda la calidad de la misma” señaló el vicefiscal y añadió la existencia de una “lógica contradicción” entre pruebas y actas de inspección del lugar de los hechos.

El vicefiscal señaló que Michel negó su participación en los hechos en todo momento, pero los coacusados lo involucraron al inicio de la investigación. Puso en duda que aunque después en la fase investigativa y durante el acto de juicio oral estos se retractaron, los jueces solo tuvieron en cuenta las declaraciones que lo incriminaban.

La ley procesal penal obliga a los Tribunales a dictar sentencia sobre la base de las pruebas practicadas en el juicio. Sin embargo los jueces cubanos, bajo la facultad de apreciar libremente las pruebas, violan ese mandato con frecuencia.

“Michel desde su detención en agosto de 2011 ha intentado llamar la atención de las autoridades sobre su proceso”, dijo Iván Hernández Carrillo, ex prisionero de conciencia que ha apoyado y seguido el caso de Michel.

Martínez Pérez fue reportado de cuidado por los médicos cuando en junio de 2012 comenzó una huelga que se extendería a casi 50 días. La última inanición voluntaria la realizó a partir del 19 de octubre, luego de conocer los resultados de la sentencia de casación (apelación) del Tribunal Supremo.

El mismo tribunal que hoy admite revisar la decisión de los magistrados de Matanzas, en su momento oportuno cuando reexaminó el expediente en el 2012, mantuvo la misma sanción para Michel.

Como consecuencia el recluso se negó a comer alimentos por 48 días. Posteriormente estuvo casi dos meses hospitalizado. “Mi hijo ha bajado de peso y deteriorado su salud, todo lo sucedido es una injusticia”, dijo telefónicamente Lázara de Jesús, madre.

En el plazo de 10 días, contados a partir del pasado 28 de enero, Michel deberá contratar abogado para la celebración del nuevo juicio. De acceder a la petición del vicefiscal, se deberá anular la sentencia que cometió la infracción y dictar otra conforme a las garantías del debido proceso.

Según fuente que no será revelada por razones de seguridad, presuntamente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos solicitó información al Gobierno cubano sobre la situación legal de Michel Martínez Pérez.

Lea la Solicitud del Procedimiento de Revisión de Michel Martínez

Madre asesina a sus hijos

Mantilla, Arroyo Naranjo, La Habana

Laritza Diversent

Enfermera de 23 años asesinó en la tarde del pasado 3 de enero  a sus dos hijos menores, en Mantilla, en el capitalino de municipio de Arroyo Naranjo. Todo comenzó cuando la joven madre, con manos ensangrentadas y marcas en el cuello, llamó a la policía desde la farmacia cercana, comentó a esta reportera Juan, un espectador que observaba las maniobras de los criminalistas.

“Ella dijo que era la segunda vez que llamaba y no le hacían caso”, comentó Juan.   “dicen que dijo por teléfono que había hecho algo muy malo”, agregó. “Minutos después apareció una patrullero y confirmó el parricidio”, finalizó.

La joven trabajaba en el policlínico de Mantilla, un barrio periférico con alto índice de violencia.  Era poco conocida en el vecindario. Desde hacía dos meses ocupaba ilegalmente consultorio médico, como vivienda. Una fuente que prefirió no revelar su nombre, asegura la parricida tuvo un intento de suicidio cuando estudiaron juntas en la secundaria básica y aunque no recordó su nombre.

El hecho conmocionó a la comunidad, no obstante, las autoridades policiacas no acostumbran a dar explicaciones sobre los crímenes cometidos en la ciudad  ni la prensa local toca estos temas. Se especula en el vecindario y barrios aledaños, los motivos y la forma en que sucedieron los hechos. Algunos aseguran que ultimó a sus hijos a puñaladas, porque su pareja la abandonó. Después intentó fallidamente quitarse la vida.

En las calles se comenta que la joven padecía de esquizofrenia y actualmente está internada en Mazorra, el hospital psiquiátrico de la Habana. Otros aseguran ya había amenazado con quitarle la vida a los niños.  La edad de los menores tampoco se conoce. Según los comentarios era una hembra y un varón entre dos y seis años. El funeral de los infantes se efectuó en Mauline el 4 de enero.

La casa frente al Cohíba

Yamile Barges Hurtado

LA HABANA, Cuba, diciembre,  www.cubanet.org.-El pasado 15 de noviembre, el Tribunal Provincial Popular (TPP) de La Habana tenía previsto desalojar a Yamilé Barges Hurtado de su vivienda, ubicada frente al Hotel Cohíba, después de anular una permuta que realizó hace 9 años.

Ese día también debía desahuciar a los herederos de Teresa Luisa Rivero Domínguez, la otra permutante en el reparto Bahía, barrio periférico al Este de la Habana, lugar de origen de Yamilé. Según fuentes anónimas, el desalojo no se produjo por falta de transporte.

Hasta la fecha, el TPP de La Habana no ha variado su decisión, acción que le corresponde ejecutar a la Dirección Municipal de la Vivienda (DMV) de Plaza. En el sistema legal cubano no existe la acción de desahucio. Los desalojos, llamados eufemísticamente “extracciones”, son realizados por la DMV, después de declarar ilegales a los ocupantes de un inmueble.

Yamile Barges Hurtado, el pasado 27 de noviembre recibió una citación del Tribunal para presentarse el 6 de diciembre en una comparecencia. Los herederos de Rivero Domínguez también fueron citados.

En la práctica judicial luego de dictarse la ejecución de una sentencia, no es usual citar a las partes nuevamente. No obstante, ese día los jueces advirtieron que en enero serían citados otra vez para analizar el asunto y efectuarán el desalojo, aunque Yamilé no es ocupante ilegal.

La DMV de Plaza debe actuar cuando el TPP reconozca la propiedad a uno de los herederos del litigio. La actuación del tribunal se limita a comunicar su decisión a los funcionarios de Vivienda.

El estado psíquico de Yamilé se deteriora con cada amenaza de extracción. Rompió puertas, ventanas y el piso que con tanto esfuerzo logró construir. “No voy a dejarle mi casa a nadie con las comodidades que creé para mi familia”, afirmó.

Alega que no puede vivir más en esa incertidumbre. “Quiero que mi problema se resuelva ya”, añadió. Su hija dejó de asistir a la universidad para no dejarla sola en ningún momento. Son evidentes su estado depresivo y el efecto de los medicamentos.

La número 54033 (1ra parte)

12 noviembre, 2012 28 comentarios

Yaremis Flores

La tarde del 7 de noviembre no imaginaba que cambiaría mi nombre por un número. Salí aproximadamente a las dos de tarde a llevarle una sopa a mi padre ingresado en un policlínico. Mientras bajaba la calle de mi casa la patrulla 950 rondaba la zona lentamente. Cuando casi cruzo la calzada, sentí un frenazo brusco. Un agente de la seguridad del Estado me nombró por mi nombre y dijo la usual frase: Tiene que acompañarnos y apaga el móvil.

Antes hice la llamada telefónica a la que tengo derecho natural y nadie puede negarme. Así al menos avisé sobre mi arresto. Sin merecer la corpulencia de los policías 29128 y 29130, por mi baja estatura, ser mujer y no estar armada, fui conducida al asiento trasero de la patrulla. Sin saber los motivos ni mi lugar de destino. Cuando pregunté, el agente se limitó a decir: Ya verás a donde te llevamos, tenía ganas de conocerte pero hoy tú vas a saber quién soy yo.

No fue mucha mi sorpresa al ver que mi destino era 100 y Aldabó. Aunque confieso pensé inicialmente solo serían unas horas de detención. Bajo el pretexto de difusión de noticia falsa contra la paz internacional, me tomaron muestras de sangre y ocuparon todas mis pertenencias. Una oficial me dijo que leyera un cartel en el que se muestran los derechos y deberes de los detenidos, como si de mucho valieran. Luego me trasladó hacia un pequeño cuarto donde me dieron un uniforme gris y me indicó siempre llevar mis manos detrás del cuerpo: ¡Para que no seas reprimida!

Me entregó dos sábanas, una colcha, una enguatada y una toalla. No recuerdo quién, pero alguien dijo: Ella va a pasar aquí unos días. Durante más de 3 horas de interrogatorio, el instructor del caso trataba de descifrar mi pensamiento y mi colaboración con Cubanet. Buscaba una explicación a lo que sus superiores calificaban como un proceso de metamorfosis: “de jueza a contrarrevolucionaria”. Dejando claro que esa no sería nuestra única plática, una oficial me trasladó a una celda junto a otras dos detenidas, que llevaban allí más de 30 días.

Muchas preocupaciones venían a mi mente, la salud de mi papá, mi niña de 3 añitos y la reacción de mi esposo, amigos y familiares. Me mostré calmada. Esa noche no comí nada. Traté de dormir. Cuando casi lo consigo, unos golpes en los hierros de la celda y los gritos de la carcelera me sobresaltaron. “¡54033, 54033!” No respondí. Cuando abrió la celda, la amargada mujer me miró y me dijo: “Chica, tu no oyes que te estoy llamando o te dieron el papelito por gusto”.

Entonces recordé que tenía en un bolsillo pequeño de la blusa, un cartoncito donde se leía: 54033/201. Significaba número de detenida y celda. Una de las chicas me dijo, “ahora ese es tu carné de identidad”. Mientras, la carcelera me dijo que recogiera todas mis cosas. Un poco aturdida empecé a abrocharme los zapatos y me advirtió con malas pulgas: No te arregles tanto que no vas tan lejos, vas para otra celda. “Pues voy para otra celda”, respondí. Esa fue mi primera noche en Aldabó.

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El corresponsal de Hablemos Press Calixto R. Martínez será procesado por “desacato a la autoridad”

Yaremis Flores.

El periodista independiente Calixto Ramón Martínez Arias, continúa detenido y “será procesado por un delito de desacato en su modalidad agravada” acorde a información oficial recibida de Marisela, quien ostenta el grado militar de Capitán de la Unidad Policial Santiago de las Vegas.

Según refirió la capitana el pasado 19 de septiembre, supuestamente el corresponsal del Centro de Información Hablemos Press “le faltó el respeto a Fidel y Raúl Castro y la instrucción del caso está a cargo de la Subteniente Rosmerty”.

A casi 72 horas de la detención, las autoridades policiales mantuvieron en secreto detalles sobre el arresto de Martínez Arias, quien el pasado domingo en horas de la noche, fue detenido por investigar sobre un evento ocurrido en el Aeropuerto Internacional José Martí. El hecho presuntamente responsabiliza al Gobierno Cubano por el deterioro de unas medicinas enviadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Acorde a declaraciones de Roberto de Jesús Guerra Pérez, director de Hablemos Press, al día siguiente de su arresto, junto a otros amigos se presentó en la estación de Santiago de las Vegas, ubicada en Avenida Independencia y Calzada de Managua.

Allí el oficial de guardia les comunicó que había sido trasladado hacia otra estación sin dar más detalles” dijo. No obstante, las autoridades policiales están obligadas a permitir la comunicación con el detenido, a tenor de la legislación procesal penal.

Por ese motivo este miércoles a la una de la tarde, Roberto de Jesús y el abogado independiente Veizant Boloy exigieron información sobre la situación legal de Martínez Arias, en la unidad policial del poblado Santiago de las Vegas. “El pasado lunes nos mintieron, pues Calixto siempre estuvo en esa estación”, afirmó Roberto de Jesús.

Preguntamos a la capitana Marisela si podíamos verlo y entregarle un módulo de aseo, entonces apareció un agente del Departamento de la Seguridad del Estado que se hizo llamar Yuri, acompañado de un policía. Nos pidieron la identificación y nos condujeron a los calabozos” explicó Boloy, cuando los liberaron ese mismo día, cerca de las 12 de la noche.

Cuando bajamos a las celdas voceamos el nombre de Calixto, quien respondió sorprendido. Vimos las heridas en su rostro causadas por los golpes de los uniformados” dijeron Guerra y Boloy.

Nuestra detención y todo lo sucedido en la estación ocurrió bajo la autorización del Mayor Arnaldo Espinosa, Jefe de la Unidad de Santiago de Las Vegas, con el número de placa 00182. Aunque los que mandan en realidad son los agentes de la Seguridad del Estado” agregó Boloy.

Según información brindada este viernes por Roberto de Jesús Guerra, Calixto R. Martínez fue atendido en el Hospital Nacional por la hinchazón en su ojo izquierdo y trasladado hacia el reclusorio conocido por “El Vivac”, ubicado al oeste de la capital.

Hasta el momento la Fiscalía no ha notificado cuándo el procesado podrá contratar abogado de los pertenecientes a la Organización Nacional de Bufetes Colectivos, sujeta al control únicos autorizados por la ley para defender a los ciudadanos ante un tribunal cubano.

Calixto Ramón, ha sido apresado en múltiples ocasiones en el desempeño de su labor periodística y deportado al menos 12 veces por permanecer en La Habana con la dirección de Camagüey en su carné de identidad.

En esta ocasión pudiera cumplir una condena de 1 a 3 años de prisión, el corresponsal de Hablemos Press que aseguró su misión de “romper el muro de silencio que tiene impuesto el Gobierno sobre la Isla y denunciar las violaciones a los derechos humanos.

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