Declaración Universal de los Derechos Humanos, Derecho de propiedad, Economía, Iniciatica económica privada, Justicia, Propiedad estatal, propiedad individual, Violación

Prohibida la iniciativa económicast

Laritza Diversent

vendedores

Para garantizar el desarrollo programado del país; fortalecer el sistema socialista; satisfacer las necesidades materiales y culturales de la sociedad y los ciudadanos; el Estado cubano limitó las facultades de disposición de sus gobernados sobre los bienes comunes y les prohibió ejercer la iniciativa económica privada.

Les prohibió vender y gravar ciertos bienes que conforman su patrimonio individual (fundamentalmente los inmuebles). Otros actos jurídicos que impliquen la trasmisión de dominio, le fueron seriamente limitados. Por ejemplo, para permutar, donar, ampliar, etc.; una vivienda se necesita la autorización estatal. Obtener esta última, significa, cumplir con una interminable lista de requisitos legales, condiciones y trámites burocráticos.

Unido esta prohibición de carácter administrativo, se unen otras de carácter penal relacionado con la iniciativa económica privada. El artículo 228 del vigente Código Penal prohíbe, a los ciudadanos, realizar cualquier actividad de producción, transformación o venta de mercancías o prestación de servicios de las autorizadas legal o reglamentariamente, sin poseer la licencia correspondiente.

También sanciona al que realice alguna actividad económica, no autorizada en forma expresa por disposición legal o reglamentaria. En todo caso se prohíbe expresamente la contratación de mano de obra, aun teniendo licencia, para ejecutarlas las actividades reglamentadas. A estas sanciones se les une, la accesoria de confiscación de bienes.

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