Sobre la ley cubana

Porque impera la ley

Según Enrique Ubieta, “Es difícil morirse en Cuba… porque impera la ley y el honor”. En su artículo publicado, en el sitio web Cubadebate el 24 de febrero, un día después de la muerte del disidente Orlando Zapata Tamayo (luego de 85 días de huelga de hambre); y tres días en el diario Granma pregunta:

¿Por qué que hay gobiernos que se unen a las campañas difamatorias si saben -porque lo saben- que en Cuba no se ejecuta, ni tortura…?

¡Qué gracioso! ¿Será ingenuidad o es ironía? Se le olvidó el fusilamiento, que en tres días decidió un tribunal cubano, a tres jóvenes negros, que intentaron abandonar el país secuestrando una embarcación, en el año 2003.

Como bien dice, Ubieta “las Damas de blanco y Yoanis” pueden ser detenidas según las leyes vigentes. Por poner un ejemplo, la Ley 88, “De Protección de la Independencia Nacional y la Economía”, que restringe y sanciona penalmente, la libre expresión. Prerrogativa que incluye, la de no ser molestado a causa de una opinión, la de investigar y recibir informaciones, de difundirlas sin limitación de fronteras, por cualquier medio.

¿La habrá leído? ¿Considera justa, una ley que sanciona a todo aquel que suministre información, al que acumule, reproduzca y difunda materiales que critican al “intocable sistema socialista”, al que perturbe con sus ideas el orden público, al que colabore con sus opiniones, por cualquier vía, con emisoras de radio y televisión, periódicos, revistas u otros medios de difusión extranjeros?

También podemos mencionar la Constitución de la República, que en su artículo 62 establece que,… “ninguna de las libertades reconocidas a los ciudadanos puede ser ejercida contra lo establecido en la constitución y las leyes, ni contra los fines del estado socialista…, la infracción de este principio es punible”.

¿Sabía usted que los derechos humanos son irrestringibles? No existe justificación para que un Estado, socialista o no, limite indefinidamente la vigencia de los derechos ciudadanos. Para su conocimiento, los derechos del hombre, admiten limitaciones mínimas sólo en función del orden público.

Perdone, pero insisto en explicarle: Los Estados de Excepción o Emergencia, se imponen en la sociedad cuando surgen situaciones anormales. Ejemplo, las catástrofes naturales, como el paso de los huracanes por la isla en septiembre de 2008, o la propagación de epidemias, como la A (H1N1).

La solución de estos problemas requiere la adopción de medidas especiales que menoscaba el ejercicio de ciertos derechos individuales. De esta forma se imponen temporalmente y por estricta necesidad una dictadura, afectándose la democracia. Todo en función de preservar el orden interno de un país.

Un estado verdaderamente democrático prevé en su legislación interna la ocurrencia de estos acontecimientos. Principalmente para asegurar, que durante la vigencia de los mismos, se respete la esencia de la dignidad humana y la seguridad personal de sus ciudadanos.

La constitución cubana, después de la reforma de 1992 reconoce en su artículo 67, el estado de emergencia. Sin embargo, su regulación desde el punto de vista jurídico lógico es innecesaria, si partimos de la existencia del artículo 62. No hay necesidad de regular las restricciones temporales y excepcionales de los derechos ciudadanos, si constitucionalmente se prohíbe el ejercicio de los mismos frente al poder del Estado de forma indefinida.

Le pongo un ejemplo real, para que entienda mi lenguaje. En menos de 10 días, los huracanes “Gustav” e “Ike” arrasaron la isla de Cuba. Los fenómenos destruyeron decenas de miles de viviendas, tendidos eléctricos y telefónicos, miles de hectáreas de cultivos y obras de infraestructura. Se unió el aumento de los precios de los combustibles, como efecto inmediato de la crisis financiera internacional.

El desabastecimiento de los mercados internos, principalmente del agrícola, generó un aumento en los precios de los alimentos y productos de primera necesidad. De inmediato el gobierno desató una voraz persecución contra vendedores de cualquier “cosa”. El Tribunal Supremo Popular, el 22 de septiembre de 2008 emitió la instrucción 188. Esta disposición facultó a los tribunales a aumentar hasta la mitad el límite máximo de la sanción de los delitos que juzgaran, según la edición del 21 de octubre de 2008 del diario Granma.

Esta fue la única disposición, de un órgano del gobierno, que declaró las circunstancias que vive la isla, después del paso de tres huracanes como una “situación especial”. Aquí esta la primera violación de la legalidad por un órgano estatal. La Ley No 75 de Defensa Nacional prevé que en caso de desastres naturales, que por su naturaleza, proporción o entidad afecten el orden interior, la seguridad del país o la estabilidad del Estado se declare un Estado de Emergencia.

Respecto a este hecho legal, el Presidente del Consejo de Estado no pronunció ni una palabra. Más cuando la referida ley le exigía declararlo por medio de resolución, en la que se expresara las causas que lo originan, la delimitación del territorio donde se establece y el plazo de vigencia que tendrá.

No obstante, sus efectos se aplicaron. Los sancionados por venta ilícita, se les aplicó una circunstancia agravante de la responsabilidad, por cometer el hecho, aprovechando la circunstancia de una calamidad pública o de peligro eminente de ella u otra situación especial. (Artículo 53 inciso e, del Código Penal).

Juicios sumarísimos sin ninguna garantía para una defensa justa, tribunales de facto para enjuiciar los hechos en las estaciones policiales, el clima de inseguridad aumentó. Nada garantizó en esa circunstancia especial, la esencia de la dignidad humana y la seguridad personal de los cubanos.

Hubo una segunda violación. La referida instrucción judicial, no se publicó en la Gaceta Oficial de la República. Acción previa e ineludible, a la entrada en vigor de una disposición normativa emanada de cualquier órgano del Estado, es que se dé a conocer a través de los órganos de publicación oficial. Ahora yo le pregunto: ¿Seguro que impera la ley?

En Cuba la Gaceta Oficial de la República es la que cumple esa función, no el periódico Granma, que dio a conocer la disposición, cuando hacía más de un mes que se estaba aplicando. ¿A quién le interesó, la afectación a la seguridad jurídica de la ciudadanía? Usted guardó silencio. Nadie protestó porque se limitó el conocimiento de los derechos y deberes de la población. Yo le vuelvo a preguntar: ¿De qué honor usted habla? Mejor cállese, si no sabe que decir.

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Politicas

El fin no justifica los medios

Alberto Núñez Betancourt y Enrique Ubieta son periodistas oficiales del sistema informativo nacional. Ellos disfrutan de la libertad de expresión que les reconoce la Constitución cubana. Tienen accesos a la prensa, la radio, la televisión, el cine y otros medios de difusión masiva de propiedad estatal; porque ejercitan sus derechos conforme a los fines de la sociedad socialista.

La defensa de ese fin, justifica que atenten contra el honor de las personas, derecho que no tiene reconocimiento constitucional, pero si legal. En los diarios nacionales y sitios digitales gubernamentales donde publican sus trabajos periodísticos, utilizan el término mercenario como un calificativo, para desacreditar a los que disienten públicamente de las políticas del gobierno cubano.

Por ejemplo, Núñez Betancourt, en un trabajo publicado en el diario Granma (órgano del Partido Comunista) el 8 de marzo del presente año, bajo el título “Cuba no acepta presiones ni chantajes”, alega respecto al disidente Guillermo Fariñas, si hoy está vivo, hay que decirlo, es gracia a la atención médica calificada que ha recibido sin importar su condición de mercenario.

Por su parte Ubieta, en un artículo de opinión publicado en el mismo periódico, pero con fecha 27 de febrero, afirma refiriéndose a los 75 disidentes encarcelados en el 2003, Ya Cuba lo dijo una vez: podemos enviarles a todos los mercenarios y sus familias, pero que nos devuelvan a nuestros cinco héroes. La frase fue pronunciada por el General de Ejército Raúl Castro, en la VII Cumbre Presidencial de la Alternativa Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), celebrada en abril 2009.

Según el discurso oficial, los prisioneros de conciencia, son combatientes pagados por los Estados Unidos. El gobierno de Cuba se comprometió a luchar contra el mercenarismo, por medio de la ratificación de la Convención Internacional contra el reclutamiento, la utilización, la financiación y entrenamiento de mercenarios. Por su parte, el artículo 119 del vigente Código Penal, lo regula como una figura delictiva. Ninguna de las sanciones que recibieron estas personas, fue por la comisión de ese delito.

Un periodista que se respete, no lanza una acusación sin antes tener pruebas con que respaldarla. En ello le va su reputación y también su libertad. Imputar hechos, a sabiendas de que son falsos, es atentar contra el honor de las personas. Si los disidentes son mercenarios; Núñez Betancourt, Ubieta y el Presidente del Consejo de Estado, deberían denunciarlos ante las autoridades. ¿No dicen que en Cuba impera la ley y el honor? Pues, para mantener esa afirmación, tienen que ser los primeros en cumplirla.

Si tienen pruebas, están obligados a presentarlas ante un órgano de justicia. ¿No saben que la legislación penal, sanciona al que, a sabiendas deje de denunciar a las autoridades la comisión de un delito o de la participación de una persona en el mismo? La ignorancia de las leyes no exime de su cumplimiento. Si no las tienen, también cometen una violación. Incurren en la comisión del delito de calumnia. Figura delictiva, regulada en el código penal.

Toda persona es inocente hasta que, un tribunal, demuestre lo contrario. Hasta hoy no se ha presentado ningún argumento que demuestre que los disidentes cubanos cometen un delito de mercenarismo. Prueba de que en Cuba, ni el gobierno ni sus medios de comunicación, tiene el menor respeto por los derechos humanos.

Donde impera la ley, no hay arbitrariedad. Solo aquellos que gozan del privilegio de la impunidad pueden darse el lujo, de denigrar y calumniar públicamente, sin medir las consecuencias de sus actos.

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Politicas

¿Cómo volver a confiar en el sistema de salud socialista?

No encuentro las palabras adecuadas para describir, el horror que muestran las imágenes de los decesos en masas del hospital psiquiátrico de la Habana “Mazorra”. ¡Impactantes! ¿Cómo se puede someter a un humano, a tal sufrimiento?

No puedo evitar que mis ojos se humedezcan, cuando observo las fotos. Cuerpos rígidos, consumidos por la depauperación. Órganos ennegrecidos y pieles laceradas, marcadas por contusiones viejas y recientes. En unos casos, dentaduras desechas, muestra de la falta de atención estomatológica. En otros, ni un molar en las encías, consecuencia de las soluciones fáciles: extracción.

Disiento de las políticas comunistas, pero lo que muestran las fotos, va más allá del fracaso de la gloriosa Revolución Cubana. ¿Cómo volver a confiar en el sistema de salud socialista? ¡Dios, esas personas estaban enajenadas, no podían ocuparse de sí mismas!

¿Qué pasó? ¿Merecían la muerte por ser enfermos mentales o eran una molesta carga para el Estado? Me niego a calificar de negligencia, dejar que casi una treintena de personas, muera en condiciones de desnutrición y abandono. No obstante, existen varias definiciones para este hecho: exterminio en masa, crimen de lesa humanidad, genocidio.

¿Dónde están los responsables? Silencio. El gobierno y sus medios de comunicación, callan para ocultar una verdad que conmueve las calles de la isla. Al contrario, con un cinismo increíble, afirman que, en Cuba, nadie muere de hambre porque impera la ley y el honor.

Hechos como esos no deben volver ocurrir. Estos son los caso que ameritan sanciones ejemplarizantes. El gobierno cubano, es un experto en el tema. En el 2003, para frenar la ola de secuestros de aeronaves y embarcaciones, condenaron a muerte a tres jóvenes. En esa ocasión, al tribunal juzgador no le tembló la mano. Esperemos que la cansada y ciega justicia cubana, levante su espada y equilibre la balanza.

Aclaro, estoy contra la aplicación de la pena de muerte. No me refiero al desvió de recursos y alimentos al mercado negro, aunque hayan provocado la enflaquecimiento de los enfermos. La realidad es una, en Cuba, el robo al Estado constituye un medio de subsistencia. La causa de esos males, es otra y jamás se eliminará con sanciones y mano dura.

Hablo del maltrato físico que evidencian los cuerpos famélicos de los fallecidos. Alguien les provocó esas lesiones. Tal vez entre ellos mismos; pero no olvidemos que eran enfermos mentales, bajo la guarda y cuidado de la institución hospitalaria y del sistema de salud. Todos los involucrados, tengan el nivel jerárquico que tengan, debe responder ante la justicia.

En el hecho hay responsabilidad individual y colectiva. La última es del gobierno, que está obligado constitucionalmente a garantizar la integridad corporal de todos los que residen en el territorio nacional. ¿Qué pasará ahora? ¿Tendrán moral para criticar, en escenarios internacionales, las torturas en la base naval de Guantánamo, Abu Ghraib y Bagram? No lo duden, el cinismo no tiene límites

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Sobre la ley cubana

La inacción médica constituye un delito contra la vida y la integridad corporal

En un nuevo intento por salvar responsabilidades, Granma declaró, por medio del periodista oficial Alberto Núñez Betancourt, que no aceptará presiones ni chantajes, con respecto a la huelga de hambre, que desde hace 14 días, mantiene el disidente Guillermo Fariñas, tras la muerte por esa misma causa, del preso político Orlando Zapata Tamayo.

Insisto, no es hora de declinar responsabilidades; sino de asumir las consecuencias. El gobierno cubano está obligado, constitucionalmente, a garantizar la integridad corporal de todos los que residen en el territorio nacional. La muerte de Zapata Tamayo fue su responsabilidad, al igual que lo será, si Fariñas fallece.

Digo el diario Granma, porque en ninguna parte del mismo, se aclara que las opiniones de sus periodistas, son independientes a la que él, como órgano oficial del Partido Comunista, asume. Quiere decir que lo que allí se publica, es la posición de la dirigencia histórica, élite del único partido político legal en Cuba.

Según Núñez Betancourt, la medicina solo puede actuar cuando el paciente ha entrado en shock, fase en que como regla resulta tarde, pues el ser humano está en los límites de la supervivencia, lo que se llama punto de no retorno.

Leamos entre líneas: la medicina cubana actuará cuando el organismo de Fariñas, que reconocen está en un proceso de deterioro notable, llegue a un punto tal, que no pueda salvarse su vida. ¿Están anunciando que lo dejarán morir? Todo puede suceder, en un país donde reina la impunidad y las decisiones políticas están por encima de la ley.

Suena muy bonito, eso de la existencia de principios bioéticos que obligan al médico a respetar la decisión de una persona que ha decidido iniciar una huelga de hambre. ¿Serán más fuertes que la obligación de hacer, impuesta por la legislación penal vigente? ¿Sabrán que la inacción médica, puede ser interpretada como la comisión de un delito contra la vida y la integridad corporal?

Dice el artículo 266 del Código Penal: el que preste auxilio para que otro se suicide incurre en privación de libertad de dos a cinco años (delito de auxilio al suicidio). ¿No brindar asistencia médica a una persona, que se ha colocado voluntariamente en una situación suicida, como lo es una huelga de hambre, no es ayudarlo a lograr su fin? No podrán obligarlo a ingerir alimentos por vía oral, pero si por la parenteral.

Pero aun no termina la responsabilidad exigida por la legislación penal, a los que decidieron consagrarse a la medicina y a la dirección del país. Por su parte, el artículo 277 del mismo cuerpo legal, sanciona al que no socorra o preste el auxilio debido a una persona… expuesta a un peligro que amenace su vida, su integridad corporal o su salud, sin que ello implique un riesgo para su persona (delito de abandono a desvalidos).

La sanción se agrava, si el hecho se comete por quien tiene el deber de socorrer a la victima por razón de su cargo o profesión. Los médicos cubanos tienen la obligación legal de hacer todo lo que esté a su alcance, por salvar una vida. Los dirigentes históricos, la de garantizar la integridad corporal de sus gobernados.

Estamos acostumbrados a que el gobierno cubano no ceda ni un ápice en sus políticas. No obstante, los médicos cubanos, y todos los que actúan, siguiendo las órdenes de sus superiores, deben recibir un mensaje de advertencia. La obediencia debida no exime de responsabilidad penal, cuando la orden es ilegal.

De ahora en adelante, cualquier cosa puede suceder. Guillermo fariñas podrá lograr sus objetivos o morir en el intento. Esperemos que las autoridades cubanas, a pesar de su declaración, sepan evitar las consecuencias. En sus manos está la posibilidad de salvar su responsabilidad o de agravarla.

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Indolentes y desvergonzados

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Estuve buscando en el diccionario de la Real Lengua Española el significado exacto de “falta de escrúpulos”. La Frase la utilizó, Enrique Ubieta , en un trabajo que publicó en Cubadebate, el 24 de febrero, un día después que Orlando Zapata Tamayo, perdiera la vida, tras 82 días de huelga de hambre. Tres días después, con algunas reformas, el diario Granma lo divulgo.

Busqué referencias para entender, en toda su plenitud, el alcance de las palabras de aquel, que intentó ridiculizar a un hombre, que en busca de libertad, encontró la muerte. El término se refiere aquellos que actúan sin preocuparse por la honradez y la justicia.

Primero, vamos a los hechos, y después al derecho. Es tremenda hipocresía afirmar, que en Cuba, “nadie muere de hambre, pese a la carencia de recursos, ni de enfermedades curables”. ¿Amnesia o descaro? ¿Dónde estaban los ilimitados esfuerzos, de los médicos cubanos, cuando en el Hospital Psiquiátrico de la Habana, murieron de inanición e hipotermia, más de veinte enfermos mentales?

Tal vez, en misión solidaria, por Venezuela, Bolivia, Ecuador… ¿Seguro que “impera la ley y el honor”? ¿Dónde están los responsables de esas muertes? Silencio, solo silencio. Así es la justicia cubana: ciega y sordomuda.

Para los que no lo saben, la que escribe, es una de las calificadas como “hipócritas dolientes” de Orlando Zapata. La defensa es permitida, y como yo, ejerzo mis derechos por mi condición humana, voy a defenderme. Aprovecho también que soy abogada y defenderé a todos los que están “contra la Revolución socio-lista de los Castros” y por encima de todo, el dolor de una madre y la memoria de Zapata.

Ahora vamos al derecho. Tienen razón al afirmar que, Orlando, según la ley penal, fue un preso común. En el 2003, fue apresado en medio de la ola represiva que llevó a la cárcel, a 75 pacíficos disidentes. Lo sancionaron a 3 años de privación de libertad, por criticar a las autoridades. La máxima pena del delito de desacato. Uno de los tanto que atentan contra la libertad de expresión y que prevé la legislación cubana. También una de las primeras libertades que conquistó el género humano, a golpe de guerra y sangre.

Un derecho de carácter público y político. Imprescindible para el desenvolvimiento de las personas en la vida social. Como en Cuba, se conoce poco sobre derechos humanos, me detengo a explicar, a ese insensible: La libertad de expresión enmarca espacios de desenvolvimiento del individuo, que el Estado no tiene que crear. Sólo tiene que respetarlos y protegerlos.

Explico esto, porque la propia Carta Magna de la República de Cuba, desvirtúa el significado y trascendencia de los derechos. Los concibe como conquistas alcanzadas por la “Revolución Socialista”, resultados de la toma del poder por la “clase trabajadora”, y no como facultades consustanciales de los seres humanos.

Para información general, comete un delito de desacato quien “amenace, calumnie, difame, insulte, injurie o de cualquier modo ultraje u ofenda, de palabra o por escrito, en su dignidad o decoro a una autoridad, funcionario público, o a sus agentes o auxiliares, en ejercicio de sus funciones o en ocasión o con motivo de ellas”. Así lo establece el vigente Código Penal. La sanción puede llegar hasta un año de privación de libertad.

A Zapata Tamayo, le tocaron tres. Se le triplicó, porque el delito lo cometió, respecto al Presidente o los miembros del Consejo de Estado, de Ministros y de la Asamblea Nacional. ¿Acaso no es eso, un delito vinculado con la política? ¡Por favor, que a nadie se le ocurra pensar en el derecho al honor! En una sociedad democrática, las figuras públicas, deben someterse y tolerar, la crítica de la población.

Sin embargo, la televisión cubana difundió caricaturas del ex presidente norteamericano, George Bush, con cuerpo de gusano. ¡Que quede claro! Defiendo el ejercicio de la crítica en todas sus manifestaciones, pero no soporto la hipocresía. ¿Cómo puede un gobierno castigar a sus gobernados por criticar a la dirigencia histérica, perdón, histórica, a la par que utiliza sus medios de comunicación, para ridiculizar y denigrar a sus contrarios?

Orlando Zapata Tamayo fue desobediente. No quiso vestir la ropa del penal, ni comer su comida. Pagó caro por ello. En siete años, la condena de 3, le aumento a 32. Sólo aquellos que deben su existencia, a la gloriosa e invencible Revolución Cubana, le puede parecer absurda, la huelga de hambre de un hombre, que decidió apelar a al supremo recurso de la muerte por defender sus derechos, los que le son propio, por el simple hecho de ser humano. Sólo los indolentes y desvergonzados tienen la desfachatez de expresarse así.

Usted tiene todo el derecho a defender su revolución, como yo tengo el derecho a criticarla. Hágalo, pero consciente de que en cuba, se mueren personas, porque la ley es injusta y amoral. En otras palabras, la ley cubana es inescrupulosa.

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Orlando Zapata Tamayo

TARDE PARA JUSTIFICACIONES, ES HORA DE APLICAR JUSTICIA

En un intento por declinar responsabilidad, por la muerte en prisión de Orlando Zapata Tamayo, los medios oficiales sacan un reportaje, por la televisión nacional, mostrando evidencias de la atención médica, que recibió en sus momentos finales.

Sin embargo, la responsabilidad de gobierno cubano, respecto a la muerte del activista cívico y preso político, no fue por negligencia médica. Su culpa esta en permitir, que sus centros penitenciarios, violenten los derechos humanos los reclusos.

La responsabilidad gubernamental, deriva del el artículo 59 de la Constitución de la República, que establece que “La libertad e inviolabilidad de su persona están garanti­zadas a todos los que residen en el territorio nacional. Nadie puede ser detenido sino en los casos, en la forma y con las garantías que prescriben las leyes. El detenido o preso es inviolable en su integridad personal”.

Apartando los fines, por los que se colocó, en huelga de hambre, Zapata Tamayo; su actitud fue suicida. En el 2003 fue juzgado por un delito de desacato. En mayo de 2009, el tribunal calcula su última sanción conjunta. El resultado final fueron 32 años de privación de libertad.

No obstante, su integridad personal, estaba bajo la custodia y responsabilidad de las autoridades del penal de máxima seguridad de Kilo 8, en la provincia de Camagüey. Solo ellos podían y debían procurarle la atención médica necesaria.

Inicia la huelga de hambre, el 3 de diciembre de 2009. Fallece a causa de la misma, el 23 de febrero de 2010. ¿Por qué, en 85 días, la alimentación por vía parenteral fue inútil? su organismo estaba demasiado deteriorado por la depauperación.

El hombre había recurrido a esta drástica, medida en varias ocasiones. Protestaba insistentemente por las infrahumanas condiciones carcelarias, el no reconocimiento de su condición de prisionero político y los abusos que cometen las autoridades penitenciarias con todos los reclusos. A nivel internacional, el gobierno cubano ha sido denunciado, en varias ocasiones, por esos mismos motivos.

Sus carceleros, a sabiendas de su mal actuar, decidieron darle una lección. Lo aislaron en una celda de castigo, donde solo ellos podían auxiliarlo. Él se negó a comer, pero ellos le negaron ingerir agua por 18 días. Hubo una acción y el resultado fue irreversible: sus órganos vitales estaban demasiado dañados.

El gobierno estaba consciente que su muerte era inminente. Disimuló, guardó silencio como solo lo hace un culpable. Formó un teatro para después evadir responsabilidad. Los hechos no mienten, es muy tarde para justificaciones.

Dejarlo sin tomar agua, es obrar por impulsos sádicos y brutal perversidad. El único objetivo posible, era aumentar deliberadamente su sufrimiento. Zapata Tamayo estaba enteramente a su merced, no tenia forma de defenderse. Solo caben dos palabras, alevosía y ensañamiento. cualidades que tipifican el delito de asesinato, que en su regulacion prevé sanciones de 15 a 30 años de privacion de libertad y la pena de muerte.

No hay que ser un erudito en medicina para saber, que la vida de una persona, corre grave peligro, cuando permanece, más de una semana, sin ingerir alimentos ni agua. ¡Dieciocho días, es premeditación!

Los carceleros pudieron actuar por voluntad propia, en cuyo caso sería un acto de aberración humana, pero también pudieron haber seguido una orden, por demás ilegal, que no los eximirá de responsabilidad penal, ni a ellos ni a sus jefes.

En Cuba todo pude suceder, los violadores campean por su respeto gracias a la impunidad que les brida el sistema. ¿Respondió el ministro de salud pública por las muerte de 26 enfermos mentales del hospital psiquiátrico de la habana, según cifras oficiales?

El gobierno cubano y su Ministerio del Interior son responsables directos de la muerte de la Muerte de Zapata, por el simple hecho de no proteger su vida. Sin embargo, la responsabilidad aun no termina. Hubo un delito grave que tiene que ser juzgado. A los tribunales cubanos no debe temblarle la mano, la justicia exige que sancionen a los asesinos de Zapata Tamayo.

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Orlando Zapata Tamayo, Sobre la ley cubana

En honor a Orlando Zapata

Amigos de Jurisconsulto de Cuba:

Los post que publicaré en esta semana seran dedicados a la memoria de Orlando Zapata. Tambien quiero pedir de favor, a los que en la red leen mis post, que busquen el blog del periodista oficial, que publicó un ataque Zapata Tamayo. envielen estos Post en defensa de la memoria de un hombre, que tuvo una conviccion moral de sus ideas y principios, que prefirió la muerte, antes de traicionarse a sí mismo. Hombres como él, merecen respeto; y como no esta entre nosotros para defenderse y es nustro deber hacerlo.

Laritza Diversent

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