Peligrosidad social

Estado de peligrosidad

Embriaguez habitual, dipsomanía, narcomanía y conducta antisocial: son índices, que la legislación penal utiliza, para decidir el estado de peligrosidad de una persona: proclividad (inclinación) a cometer delitos. Se manifiesta con el desarrollo de una conducta contraria a las normas de la moral socialista. Medio legal del sistema socialista, para someter a la ciudadanía a su poder.

Son frecuentes, en las leyes cubana, las referencias a la ideología comunista. La protección penal de las normas de convivencia y de la moral socialista, es la más peculiar. Términos que no están definidos en ningún código, pero que se utilizan frecuentemente para castigar cualquier forma de disenso social.

Particularmente no estoy en contra de la regulación jurídica del estado peligroso, siempre que se utilicen criterios objetivos en su definición. Creo que es un medio eficaz para proteger la sociedad, las personas, los bienes y el orden público.

Cuando tenía 12 años, fui a ver a mi mamá al hospital, ingresada después de una intervención quirúrgica de urgencia. De regreso a casa, dentro del ómnibus del transporte público, una señora me agredió. Hubo que aguantarla, estaba molesta porque Raúl Castro permitía que los niños anduvieran en la calle de noche.

La mujer estaba completamente fuera de sí, con síntomas evidentes de enajenación mental. Hasta hoy no he podido olvidar la agresividad de su rostro. Créanme, me costó trabajo volver a salir de noche. En este caso, la figura del estado peligroso permitiría darle tratamiento médico una persona, irresponsable penalmente, pero que representa un peligro para la sociedad.

Sin embargo, la indefinición de términos en la ley penal cubana, permite a las autoridades políticas utilizar la figura a su conveniencia. En no pocos caso, se emplean para reprimir los disidencia, la prostitución u obligar a los ciudadanos a trabajar forzosamente en centros correccionales: granjas agrícolas o brigadas de construcción, por conducta antisocial.

A estas personas no se les comprueba la comisión de un delito. Las autoridades, amparadas en criterios subjetivos y parámetros ideológicos, valoran que su conducta debe ser reformada, por presentar una especial inclinación a la comisión de acciones delictivas. Criterio contradictorio con el principio de legalidad: Sólo pueden sancionarse los actos expresamente previstos como delitos en la ley, con anterioridad a su comisión

Influye la subordinación de los órganos de justicia a las instrucciones directas del Consejo de Estado y la ausencia de garantías jurisdiccionales para la defensa de los derechos individuales. En no pocas resoluciones judiciales, los jueces llegan a la certeza de un hecho, por convicción moral. Frente a los abusos de poder, el ciudadano no tiene medios legales para protegerse.

Los catálogos de peligrosidad socialista permiten a las autoridades controlar el disenso social de la población. Incluso, va mucho más allá: surten un efecto directo y adverso en la celebración de las elecciones. Su vigencia legal constituye un freno para la llegada de la Cuba democrática.

Laritza Diversent

Estándar