Democracia Socialista

Elecciones municipales en Cuba

“A votar por el merito y la capacidad”. Esta es la propaganda gubernamental en la fase final del proceso electoral parcial, para elegir los diputados municipales que renovarán los órganos locales del Poder popular. Muchas consignas pero poca emotividad por parte de la ciudadanía, para ser, como dicen los comunistas, un proceso democrático por excelencia.

En este proceso los electores proponen, nomina y eligen, sin intervención de ningún “partido”, a sus representantes políticos. Democracia significa “gobierno del pueblo” y esta solos se realiza mediante la participación de los ciudadanos en los asuntos públicos.

En ese sentido los cubanos están totalmente desprovistos de los medios necesarios para transformar el medio en que viven, ni pueden controlar la actividad de los órganos políticos, económicos y administrativos de la comunidad.

Después de la elección, la única norma de relación entre delegados y electores se resume en la rendición de cuenta de los primeros a los segundo. Las reuniones se convierten en una recepción de quejas y lamentos, y los acuerdos, en casos sin solución. Precisamente porque el poder local es totalmente nulo.

La apatía de la población, respecto a estos cargos, es bastante visible. Elegir o ser elegido como delegado, no reporta utilidad en la vida social de la comunidad. Tampoco significa que las opiniones serán tenidas en cuenta a la hora de tomar decisiones políticas.

Los compromisos del elegido son de tipo ideológico, no con las necesidades de la población. Sus meritos se refieren a su vinculación con las organizaciones sociales y de masa y pesa mucho en ello su pertenencia a la membrecía del Partido Comunista de Cuba.

A nivel local, no hay resultados públicos verificables, gestionados por los delegados de la comunidad, que mostrar. Influye en gran medida, la falta de capacitación técnica de los nuevos electos para ejercer el cargo con eficiencia.

En la mayoría de los casos sucede que cuando están aprendiendo, llega nuevamente la renovación del órgano. Frente a las ineficiencias los electores tienen la revocación, igualmente innecesaria con el poco tiempo de mandato.

Sin embargo, votar cada dos años y medios no es suficiente para afirmar que en Cuba hay democracia. Principalmente porque el procedimiento de elección no garantiza la intervención de la población en los asuntos públicos que le afectan.

Laritza Diversent

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Historias de cubanos, juventud cubana, Peligrosidad social predelictiva, Remesas

Proclives al delito

Yuniel Mariño recién cumplió sus dieciocho años. No trabaja ni estudia. Las mañanas las pasa en el parque con los amigos. Las tardes, igual; pero pasando una botella de ron de mano en mano. En las madrugadas llega tarde a casa, muy silencioso a pesar de tener unos tragos de más.

El Chama, así le dicen a Yuniel en el vecindario. Lleva puesta cadenas, manillas y varios dientes de oro. Su padre vive en Miami y le manda una mesada mensual para sus gastos. El muchacho es inteligente, para no quedarse corto de dinero y vivir holgadamente, de vez en cuando invierte en un negocito callejero.

Demasiada especulación para el gusto de los dirigentes del Comité de Defensa de la Revolución (CDR). Mariño salió a relucir como un posible potencial delictivo, en la reunión mensual de la Comisión de Prevención Social.

La referida comisión tiene como objetivo fundamental prevenir que los vecinos del barrio incurran en actividades socialmente peligrosas o delictivas. Está integrada, entre otros, por miembros del Poder Popular en la localidad: Jefe de sector policial, el delgado municipal, el presidente y el de vigilancia de los CDR y el secretario del Partido Comunista de Cuba en la zona.

La trabajadora social persuadió a Yuniel para que se vinculara laboralmente. Le ofreció un trabajo en una unidad básica de producción agropecuaria que se dedica a la siembra de hortalizas. El se negó. Alegó que con la remesa mensual que recibe del extranjero, no necesita trabajar por un salario de 315 pesos moneda nacional en la agricultura.

No obstante sus argumentos, el jefe del sector policial le levantó un acta de advertencia por conducta antisocial y le dio un ultimato para que buscara empleo. Orden que no cumplió. Después le llegó otra oferta laboral, esta vez para la construcción. Tampoco aceptó.

Yuniel fue amonestado por la autoridad policiaca, según la legislación penal, por mantener una actitud potencialmente peligrosa para la sociedad y el orden social, económico y político del Estado socialista.

A la negativa le siguieron dos advertencias más, y el inicio de un proceso penal. El Fiscal de su municipio solicitó al tribunal, le impusiera una medida de seguridad predelictiva por presentar índices de estado peligroso.

En su obstinación el Chama jamás pensó que estuviera demostrando, que su conducta era manifiestamente contradictoria a las normas de la moral socialista. Su forma de vida perturbaba el orden de la comunidad, por tanto lo consideraron una persona proclive al delito.

Yuniel nunca se había metido en la casa de un vecino a robar. No traficaba ni consumía droga. No asaltó ni mató a nadie. Sin embargo fue sancionado a trabajar un año y seis meses en la agricultura, internado en correccional. Este es la suerte que corren los jóvenes que intentan, desafiar el sistema.

Laritza Diversent

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Mi Isla

A mis lectores

 

Muchísimas gracias por sus comentarios. Es una pena que no pueda leerlos y compartir con ustedes en tiempo real. Algún día será. No obstante quiero que sepan que los leo a todos y aprendo de ustedes, principalmente porque se han convertido en mis ojos en un mundo desconocido. Sus críticas me hacen ver que debo perfeccionar mi trabajo y ser más certera en los enfoque.

No quiero justificarme, pero mis escritos hablan de la realidad que vivo a diario dentro de Cuba. No pretendo en modo alguno en compararla a otras sociedades, en primera, porque no tengo argumento, no conozco otras, jamás he salido de este país.

El problema no es en sí, la prostitución en Cuba, sino como el gobierno cubano reacciona ante ella, y como desconoce esa realidad social a la hora de regularlas en leyes. ¿Es justo que se sancione a las prostitutas y no a los que se benefician de ellas? ¿Es justo que unas mujeres terminen en prisión y otras, por hacer lo mismo, no?

Con mi trabajo realmente pretendo dar elementos de la realidad que luego trascienden a las leyes. Por ejemplo, acta de advertencia, conducta antisocial y peligrosidad predelictiva, son elementos legales que trasciende a la vida de los ciudadanos y no pocas ocasiones los llevan a sufrir prisión. Se dan en varios supuestos, la prostitución es uno de ellos. Eso es lo que intento describir en mi trabajo. Así sucede con las la iniciativa económica, las ilegalidades y la confiscación de bienes.

A la hora de mostrar esa relación, parto de una idea: en Cuba pocos conocen la ley. Las normas jurídicas parecen una abstracción, pero de hecho recogen y se aplican a una realidad social. Yo solo intento, aunque no todas las veces no lo logre, vincularlas para mejor comprensión.

Mi objetivo fundamental es abrir el debate para un mañana. A veces tengo la impresión que se pide a gritos cambios, pero muy poco saben o están seguros que es lo que quieren cambiar.

Tampoco quiero maximizar los problemas de Cuba, como los más graves del planeta. No existe sociedad perfecta y exenta de males, pero imagínese que desde niña le dicen que vive en un paraíso y no la dejan salir porque afuera hay un monstro que te quiere tragar. Sin embargo, se sienten dentro del estomago de uno. ¿Cómo reaccionarían?

Tal vez algunos problemas de Cuba no sean tan graves comparados con los que se vive en otras sociedades. Pero al fin y al cabo, son problemas que deben ser solucionados, no callarlos porque parecen insignificantes al lado de otros de mayor magnitud.

Laritza Diversent

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Constitución cubana, Derecho de reunión y manifestación, Derechos humanos

¿Práctica internacional, de qué hablan? (II)

A nivel mundial, el derecho de reunión y manifestación se regula de forma general en instrumentos jurídicos de las Naciones Unidas. Estos establecen los principios generales que permiten el ejercicio del derecho. Los detalles específicos son responsabilidad de cada estado.

Desde ese punto de vista, no puede hablarse de una práctica internacional uniforme, respecto a la regulación legal de esta prerrogativa. Lo más acertado sería referirse a los elementos comunes utilizados por los diferentes gobiernos, para regular jurídicamente el derecho de reunión y manifestación, dentro de sus territorios.

Por ejemplo, la legislación de España y Venezuela, reconocen el derecho de reunión pacífica y sin armas, siempre que no alteren el orden público ni representen un peligro para personas y bienes. Exigen la obligación de notificar a la autoridad días antes de su celebración, indicando el itinerario escogido, día, hora y objeto general que se persiga.

Regulan los supuestos en que las autoridades pueden disponer impedir una manifestación o disolverlas. En la mayoría de los casos se procede a esa decisión, cuando sean ilícitas (sus organizadores no cumplen los requisitos legales exigidos), alteren el orden público o busquen obstaculizar el libre tránsito. Incluso, la española prohíbe a los manifestantes usar uniformes paramilitares. También reconocen el derecho ciudadano a recurrir la decisión de la autoridad ante un Tribunal.

¿Si el gobierno apela a la “práctica internacional”, para restringir los derechos de las Damas de Blanco, entonces porqué permite los mítines de repudio de las “masas enardecidas” contra lo que el mismo califica, como manifestaciones contrarrevolucionarias (disidentes)?

En estos casos no importan las interrupciones del tránsito, ni los posibles enfrentamientos violentos, que pudieran ocurrir entre los manifestantes. Sin contar que los miembros de la Seguridad del Estado vestidos de civil y uniformados, del Ministerio del Interior y de la policía, participan en las mismas.

No las disuelven porque es el propio gobierno, el que convoca, organiza y dirige estas reacciones violentas, avaladas por sus medios de comunicación oficial, como legítimas. No obstante, la legislación penal sanciona al que provoque riñas o altercados en lugares al que concurren numerosas personas. La sanción se triplica si los hechos se realizan con el propósito de alterar de cualquier forma el orden público.

No es un secreto para nadie en centros laborales, estudio y barrio, a través de sus organizaciones sociales y de masa, están constituyendo Destacamentos de Respuesta Rápida (BRR), con la misión de enfrentarse a las protestas disidentes con armamento rústico: palos, cabillas y cables.

Los miembros de las BRR, actúan con total impunidad, porque los encargados de velar por la tranquilidad y seguridad ciudadana, los agentes policiales, no hacen absolutamente nada. ¿A eso llaman igualdad ante la ley?

Las restricciones al derecho de reunión y manifestación, que pretende imponer el gobierno cubano a las Damas de Blanco, son estrictamente de carácter político. Es una hipocresía, intentar acogerse a principios internacionales sobre derechos humanos, para justificar la discriminación.

Laritza Diversent

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Constitución cubana, Derecho de reunión y manifestación, Derechos humanos

¿Práctica internacional, de qué hablan? (I)

Foto: Orlando Luis Pardo

En Cuba, el derecho de reunión y manifestación está reconocido en la Constitución, aunque no está definido. La legislación penal lo protege mediante la tipificación de conductas que atenta contra su legítima ejecución. Sin embargo, remite a disposiciones jurídicas sobre la materia, para sancionar a los que impidan el ejercicio de esta facultad y a los que la ejerzan de forma ilícita.

Sin embargo, en nuestra legislación no existe ninguna disposición jurídica que regule el contenido y alcance del derecho de reunión y manifestación, no obstante, ser frecuentes los desfiles por céntricas avenidas, todos convocados y organizados, por el propio gobierno y con un marcado carácter político-ideológico.

La ausencia de legislación al respecto, fue lo que obligó al gobierno cubano, representado por miembros del Ministerio del Interior, a hacer referencia, en un comunicado verbal a las Damas de Blanco, a la práctica internacional y no a una disposición jurídica de su sistema legal, para justificar su decisión de restringir en grado sumo, el ejercicio del derecho de manifestación a estas mujeres.

“De acuerdo a la práctica internacional, solo se practicará un recorrido en el área de la Iglesia de Santa Rita de Casia, desde la calle 30 hasta 22, por el Paseo Central sin afectar el tránsito, con la participación de las Damas de Blanco y diez de apoyo. En cada ocasión que se vaya a utilizar ese escenario, la responsable o asignada, lo informará a la PNR (Policía Nacional Revolucionaria) de la calle Zanja, 72 horas antes…” (El Oficial de alto rango de la Seguridad del Estado, nombrado “Samper”, permitió a Laura Pollán, copiar un fragmento)

Las Damas de blanco están constituidas por un grupo de mujeres que asisten a misas, en diferentes Iglesias católicas de la capital, para orar en favor de sus familiares, en su mayoría presos políticos encarcelados en lo que se conoce como la Primavera Negra del 2003.

Caminan el trayecto de ida y regreso hacia los templos, en silencio, vestidas de blanco y con gladiolos en las manos. Junto a ellas transitan otras féminas, que en solidaridad exigen igualmente la liberación de los presos de conciencia, catalogadas como Damas de Blanco de apoyo.

Sin embargo, a nivel mundial, el derecho de reunión y manifestación se regula de forma general en instrumentos jurídicos de las Naciones Unidas. Es decir, se establecen los principios o requisitos esenciales que permiten realizar el derecho. Le corresponde a cada estado reglamentar en su legislación, los requisitos necesarios para ejercer los mismos.

En ese sentido no puede hablarse de una práctica internacional uniforme, respecto a la regulación legal de esta prerrogativa humana. Lo que más pudiera apreciarse, son los elementos comunes utilizados por los diferentes gobiernos, para regular jurídicamente el derecho de reunión y manifestación, dentro de sus territorios.

No obstante, es una desvergüenza hacer referencia a una práctica internacional, si de derechos humanos se trata, cuando los máximos representantes del gobierno cubano, no se han decidido a ratificar los tratados internacionales en la materia. Mucho más aun, cuando considera que las exigencias de respeto a los mismos dentro de la Isla, por parte de los diferentes gobiernos democráticos del mundo, constituyen condicionamientos e imposiciones inaceptables.

Laritza Diversent

 

 

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Mi Isla, Papá Estado

La tierra de los mangos bajitos

Cuba, la isla del clima tropical y como dicen en su canción, el grupo de rap los Aldeanos, “la tierra de los mangos bajitos”. Lo que sucede aquí no ocurre en otras partes del mundo. ¿Se imaginan a Obama diciéndole al pueblo norteamericano, que ignora cuánto se gasta el país en importaciones? Aquí eso es normal y no ocurre nada.

El Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, Raúl Castro, en su más reciente discurso, reconoció públicamente a través de la televisión nacional, que se caería para atrás, cuando el titular de economía, informara los millones y millones de dólares gastados en importaciones de frijoles de todo tipo, que se pueden producir en este país. ¡Ojo! Puso solo un ejemplo.

Al parecer, existen determinados asuntillos, que no están en la agenda del máximo representante del gobierno cubano. En otro lugar del planeta, tal comentario le hubiese costado el puesto, en las próximas elecciones.

Si la dirigencia histórica, que de antaño concentra en su mano todo el poder estatal, no sabe esos detalles, entonces ¿Quién dirige y controla la náufraga economía nacional? ¿Qué función tienen los que hace cincuenta años se sacrificaron y disfrutan de la miel del poder? Sabemos que tienen muchos cargos y que por su edad no pueden asumirlos todos. ¡Bueno, que se jubilen!

Un líder que se respete a sí mismo, jamás cometería la imprudencia de reconocer a voces, que no sabe determinados detalles de la gestión gubernamental. Pero el clima del trópico es demasiado relajante. Lo importante a menudo se convierte en una broma y lo insignificante en un asunto de Estado. El país se cae a pedazos mientras el gobierno vuelca todo su potencial en maltratar a un grupo de mujeres que marchan en silencio por las calles.

No obstante, el señor presidente y todos los títulos que le siguen, puede darse el lujo de hablar así, porque tiene todo los problemas resueltos en su casa. A él que le importa, si la mayoría de sus gobernados no tienen arroz que comer. Mucho menos si el salario no les alcanza para cubrir los primeros cinco días del mes.

Laritza Diversent

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Historias de cubanos, juventud cubana, Mi Isla

Jineteras y Chupa-chupas

Laura Capote recién cumplió sus 22 años de edad. Dejó los estudios después que terminó el bachillerato. Ahora tiene un nuevo trabajo: se ofrece en las autopistas periféricas que bordean la Ciudad de La Habana. 

Sus clientes: conductores de vehículos  que detienen la marcha, a la señal que hace con sus manos.  Brinda varios servicios sexuales y por cada uno tiene una tarifa fija en moneda nacional. 

Yadira Gonzales tiene 21 años y se dedica a lo mismo. Estudia en la Universidad de La Habana su cuarto curso de la Licenciatura en Historia. Se insinúa en las calles más importantes de la ciudad: Quinta Avenida, La Rampa, El Paseo de Prado. 

Para llamar la atención de sus clientes, extranjeros en su mayoría, viste ropas llamativas y sensuales. Seduce con gestos y miradas eróticas. A diferencia de Laura cobra por los servicios en moneda libremente convertible y no le pone precios fijos. 

Laura Capote y Yadira Gonzales, forman parte de esa juventud revolucionaria que tiene oportunidad de estudio y trabajo. Ambas ejercen la prostitución como un medio de vida. Sin embargo, no llaman por igual la atención de las autoridades policiales. 

El sistema legal cubano no prohíbe la prostitución. No obstante, la reprime por considerar ilegales determinadas actividades asociadas a ella, como administrar un burdel o ejercer el proxenetismo. Sin embargo, la recriminación depende más de factores políticos- económicos que sociales. 

A Yadira le resulta difícil pasar inadvertida, siempre terminan pidiéndole la identificación. Tiene dos actas de advertencia oficial por merodear sin causa aparente la zona turística. Una tercera, implica el riesgo de ir a prisión por conducta antisocial.   

Ese riesgo no lo corre Laura. Realiza su actividad en lugares prácticamente despoblados. Las autopistas interprovinciales son poco concurrida y sus señas no levantan sospecha. Parar carros (coger botella) es una opción  para trasladarse, en medio de la crítica situación del transporte. Tampoco necesita ropas llamativas para seducir.

Incluso en el barrio, las juzgan diferentes. A Yadira le dicen “jinetera”. Los que la conocen justifican su forma de ganarse la vida con frases como: “Esta luchando”. A Laura la llaman despectivamente “la chupa-chupa”. 

La diferencia en el trato policial se debe, en un primer punto, a que lo que Laura hace no daña la imagen del gobierno y es recriminada socialmente. Lo que gana le alcanza meramente para sobrevivir. 

La situación con Yadira es distinta. Ella se insinúa en lugares concurridos. Sus  relaciones con extranjero dañan la imagen internacional del gobierno y tolerada socialmente. Lo que gana, incrementa su poder adquisitivo. Incluso, puede convertirse en uno de los “nuevos ricos”, a los que teme la dirigencia histórica. 

Las autoridades policiales persiguen, exclusivamente, la prostitución asociada al turismo. Sanciona por conducta antisocial a las jineteras. Sin embargo, tolera a las que se prostituyen en las localidades periféricas y que popularmente son conocidas como Chupa-chupa. Estas no preocupan, porque no perjudican. 

Laritza Diversent

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