Leyes que violentan derechos

El Decreto 217 regulaciones migratorias internas para la ciudad de La Habana y sus contravenciones, vigente desde hace 11 años, violenta un derecho humano reconocido en la Constitución de la República Cuba y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. El gobierno, sin embargo, alega que en nuestro sistema jurídico las disposiciones normativas vigentes complementan y establecen garantías al ejercicio de todos los derechos humanos.

La referida disposición impide, que las personas provenientes de otros territorios del país, se domicilien, residan o convivan con carácter permanente en ciudad de La Habana, libremente. No obstante la Constitución de la República en su artículo 43 establece que:

El Estado consagra el derecho conquistado por la Revolución de que los ciudadanos, sin distinción de raza, color de la piel, sexo, creencias religiosas, origen nacional y cualquier otra lesiva a la dignidad humana:… se domicilian en cualquier sector, zona o barrio de las ciudades y se alojan en cualquier hotel;…

El precepto tiene relación con el artículo 13.1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos que establece que Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado. Instrumento jurídico internacional de la que Cuba es parte desde 1948, y que se comprometió a cumplir.

El Decreto 217, fundamento su promulgación y vigencia, en un principio universalmente reconocido. En su segundo ‘Por cuanto’ alega que:

En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará sujeta a las limitaciones establecidas por la ley, con el fin de asegurar el reconocimiento y el respeto por las libertades de los demás, y de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y el bienestar general.

Aunque no lo reconoce textualmente, dicho principio se corresponde, salvo la omisión de algunas palabras importantes, con el artículo 29.2 de la Declaración Universal que dice que:

En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, y de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática.

Bajo tal fundamento, el Comité ejecutivo del Consejo de Ministros, vio la necesidad de que se establecieran normas que regulan y coadyuven a garantizar, no solo el derecho de las personas el propósito de domiciliarse, residir o convivir con carácter permanente y se trasladen desde otro territorios hacia ciudad de la habana, sino también el de los que ya tengan legalmente establecida su residencia en ella.

Es evidente que este órgano al promulgar el Decreto 217 de 22 de abril de 1997, limita una facultad humana bajo el fundamento que garantiza otra. No obstante que el artículo 30 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos especifica que:

Nada en la presente Declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al Estado, a un grupo o a una persona para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendentes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta Declaración.

En el sistema jurídico cubano hay leyes que violentan derechos humanos reconocidos internacionalmente. Ninguna de ellas se menciona en los informe, que el gobierno presenta, en el Consejo de Derechos Humanos.

Laritza Diversent

¿Manipulación anticubana?


Guillermo no puede vivir en la casa de su madre, porque no tiene la dirección de la misma. La Oficina del Registro de Direcciones de su municipio, no le da autorización para domiciliarse en el lugar. El inmueble no tiene el espacio, que por ley, se exige por conviviente.

El Decreto-Ley 217 de 1997, que establece las “Regulaciones Migratorias Internas para la Ciudad de La Habana”, le impide moverse por Ciudad Habana con libertad. En tres ocasiones, en contra de su voluntad y bajo la amenaza de una multa e incluso de prisión, las autoridades policiales de la capital, lo montaron en un tren con destino hacia Santiago de Cuba, su provincia natal.

Por su parte, las autoridades de inmigración, a Paulo, le negaron el permiso de salida del país. A José, un cubano residente en Estados Unidos, que hace cinco años salió ilegal del país, le negaron el permiso de entrada. A Manuel, otro cubano que reside en España de vista en la isla, lo deportaron por querer regresar y recobrar su residencia.

La Ley Núm. 989 de 5 de diciembre de 1961 y la ley 171 de 1976, de Migración y Extranjería, autorizan al Ministerio del Interior a regular los permisos de entrada y salida de los ciudadanos al país. Las autoridades de inmigración y extranjería están subordinadas a este ministerio.

Periódicamente Cuba informa al Consejo de Derechos Humanos, la situación de los mismos dentro de la isla. Alega que su sistema jurídico los garantiza y mencionan las normas que desarrollan y complementas la formulación constitucional de los mismos. Sin embargo, omite las disposiciones, emanadas por los órganos estatales, que se contraponen a los dictados de la Constitución de la República y violan los derechos en ella reconocida.

No importa que Cuba, legalmente violente el artículo 13 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que reconoce que “Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado y a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país”.

El Consejo de Derechos Humanos alaba “los significativos resultados alcanzados por el pueblo y el gobierno cubanos en la promoción y protección de todos los derechos humanos para todos”. Un órgano, que según Cuba, debe sustentarse en los principios de universalidad, objetividad, imparcialidad y no selectividad.

Si a este órgano de las Naciones Unidas, le es intrascendente la situación de los derechos humanos en Cuba ¿A quién le interesa entonces, lo que sufra Guillermo, Paulo, José, Juan y los millones de cubanos, que se les restringe sus libertades? ¿De qué hablamos, del derecho de un grupo de dirigentes que para mantenerse en el poder, restringen y violentan las libertades de sus gobernados, o del derechos de millones de persona, que anualmente huyen del sistema por cualquier medio? Incluso, arriesgan y pierden su vida en altamar.

Es una vergüenza, una total hipocresía y doble moral, que la mayoría de los Estados y Organizaciones No Gubernamentales que intervienen en el Consejo de Derechos Humanos de Las Naciones Unidas, reconozcan al gobierno de Cuba como defensor de las libertades de los hombres.

Vuelvo a preguntar: ¿A quién le importa que una ley 88 legalice la represión y prohíba la libertad de prensa? ¿Ignorar estos hechos, es respetar la dignidad humana? ¿Esa es “La verdad no…silenciada”, de la que se vanagloria el diario Granma, órgano del Partido Comunista de Cuba? Al contrario, eso sí es “manipulación anticubana del tema de los derechos humanos en Ginebra”.

Laritza Diversent

Problema sencillo, solución llana

El problema que tiene las autoridades de ecuador con los cubanos, no está en los matrimonios de conveniencia entre los ciudadanos de ambos Estados. El inconveniente surge por el permiso de entrada y salida que impone el gobierno de la isla y en el trato que da a sus emigrantes.

Normalmente los cubanos para viajar al extranjero por asuntos particulares requieren el visado del país que pretenden “visitar” y el permiso de salida otorgado por el Ministro del Interior. Igualmente necesitan una carta de invitación formulada ante Notario Público, por quien los invita; legalizada por los canales consulares.

Los cubanos “Se aprovecharon legalmente de un estado de apertura que tenemos los ecuatorianos” afirman autoridades de ese país. Sin embargo sus funcionarios públicos, lucraron con la desesperación de los cubanos.

Desde 2007 el ministerio de Relaciones Exteriores dispuso, mediante la Resolución No 87, que “la Invitación extendida a favor de ciudadanos cubanos residentes en el territorio nacional, por familiares o amigos residentes en el extranjero, para viajar al exterior por asuntos personales, será formulada mediante documento notarial, debidamente legalizado de conformidad con la legislación del país en que se expide, y presentada ante el Consulado cubano correspondiente”.

Se violaron “normas ética” porque los cubanos necesitaban los servicios de funcionarios públicos ecuatorianos. Los notarios del país sudamericano son los encargados de formalizar la escritura de invitación a los ciudadanos cubanos, con precio de 400 a 600 dólares en el mercado informal. Validan también las declaraciones juradas que luego son utilizadas para obtener la cedula de ciudadanía de dicho país.

A principios del pasado mes de abril, las autoridades ecuatorianas denunciaron una presunta red de corrupción que facilitaba la nacionalización ilegal de cubanos en ecuador. Resultaron implicados un secretario de relaciones exteriores y dos notarios públicos, por no verificaban la información de entrada y salida al país de los isleños que contraían matrimonio y expedir documentos fraudulentos.

¿Porque un matrimonio con premura?

Las autoridades ecuatorianas igualmente reconocen que los cubanos cumplen los requisitos legales para salir de Cuba y entrar en Ecuador y que la mayoría regresa a la isla. Significa que los isleños no tienen la intención de radicarse definitivamente en ese país. No obstante surgen varias interrogantes: ¿Por qué necesitan con tanta premura matrimoniarse en ese país?

Luego de legalizar su situación en ecuador los cubanos solicitan, a las autoridades de migración cubana, el Permiso de Residencia en el Exterior (PRE). Autorización que se otorga a los ciudadanos que hayan contraído matrimonio con ciudadanos extranjeros para establecerse en el exterior por tiempo indeterminado.

El trámite les permite entrar a la isla cada vez que lo deseen sin necesidad de solicitar Permiso de Entrada además de la posibilidad de permanecer en el país hasta 12 meses consecutivos, sin perder esta categoría y regresar definitivamente a la isla cuando decidan renunciar al PRE.

La respuesta gubernamental a la solicitud del PRE, puede demorar hasta 6 meses y el permiso de salida del país por asuntos particulares se otorgarse por un término hasta de tres meses. Por tanto los trámites deben realizarse en los primeros 4 meses de la llegada al ecuador. La aprobada la solicitud del PRE, el ciudadano cubano solicita prórrogas de estancia en el exterior hasta la fecha de comunicación de la autorización.

Los cubanos que no regresen a la isla en el tiempo estipulados las autoridades cubanas le aplican lo dispuesto en la Ley número 989 de 5 de diciembre de 1961. La referida ley impone la confiscación de bienes y el abandono definitivo del país.

El problema es sencillo: los isleños viajan al país suramericano, porque este simplifico los trámites para viajar. El matrimonio les permite evadir el permiso para salir o regresar a la isla, cuando lo deseen, sin necesidad de perder sus bienes. La solución está en manos del gobierno cubano: eliminar las restricciones para viajar. Mejor dicho, respetar la libertad de movimiento de sus ciudadanos.

Laritza Diversent