Derecho de Asociación, Derechos humanos

¿Libertad de decisión? (II)

 

La mayoría de los cubanos pertenecen a las organizaciones sociales y de masas. Si bien no declaran expresamente su voluntad de pertenecer a las mismas, tampoco se manifiestan en contra. Este hecho hace presumir, que el consentimiento en estos casos, se infiere o supone.

Sin embargo, existe una serie de supuestos que excluyen el consentimiento por existir una divergencia entre lo querido en realidad y la voluntad declarada, como puede ser la manifestación emitida con reserva mental.

Una de los deberes de los cederistas es velar y defender la legalidad socialista. Imaginemos una madre que participa en las actividades de los CDR; pero tolera que su hija se prostituya o permite que su hijo realice actividades económicas ilícitas. Evidentemente hay simulación en este tipo de conductas, muy comunes en nuestra sociedad.

Hay otro supuesto en el que, aun habiendo perfecta concordancia entre lo que se quiere decir y lo que se dice, el consentimiento es viciado por intimidación. Como es el caso de un ciudadano que siente un temor racional y fundado de sufrir un mal en su persona, bienes o parientes, si no pertenece a estas organizaciones.

Una de las exigencias para entablar una relación laboral con el Estado, único empleador legal del país, es presentar un documento emitido por los CDR que avalen su conducta y confiabilidad. Una valoración negativa de la conducta, implica no tener el empleo que se desea o necesita.

Este es uno de los medios que el gobierno tiene para anular la capacidad de decisión y realización personal del ciudadano. Es una forma de intimidación personal que compele al individuo a pertenecer a estas organizaciones.

El apartado 2º, del artículo 20 de la Declaración Universal de Derechos Humanos establece que “Nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación”. En franca violación con este principio, el gobierno cubano obliga a sus ciudadanos a pertenecer a las organizaciones sociales y de masas creadas por él.

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