Derecho de Asociación, Derechos humanos, Mi Isla

Restricción y violación al derecho de asociación en Cuba

En Cuba para constituir una asociación se requiere la autorización del Ministerio de Justicia. Este, mediante un juicio discrecional, decide si un grupo de ciudadanos pueden ejercer el derecho reconocido constitucionalmente. Fallo que depende de una investigación de legalidad y conveniencia.

El derecho a la libertad de asociación es ampliamente reconocido como un derecho civil individual, de carácter sustancial. Principalmente, porque brindan protección contra la interferencia arbitraria del Estado, cuando las personas deciden asociarse con otras. Además de ser imprescindible para la existencia y el funcionamiento de una sociedad democrática.

La protección de este derechos comportar, no sólo la obligación del Estado de no interferir con su ejercicio, sino propiciar en ciertas circunstancias, medidas positivas para asegurar el ejercicio efectivo de la libertad. Estos derechos pueden ser restringidos, pero sólo de acuerdo con ciertas condiciones estrictas, no por discreción de las autoridades gubernamentales.

El estado cubano no solo otorga potestad discrecional al Ministerio de Justicia para autorizar la constitución de una asociación conforme a la ley. También impone relaciones de subordinación y dependencia funcional a las agrupaciones que autoriza. Restringiendo innecesariamente la libertad de acción de las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) dentro de la Isla.

Exige como requisito sine qua non para la constitución de la asociación, normas de relación y dependencia funcional con una organización estatal. Igualmente las somete a una doble fiscalización. El Ministerio de Justicia también inspecciona las actividades de la misma e impone sanciones administrativas.

Sin embargo, la violación más grave de este derecho la comete, cuando da la callada por respuesta a los disidentes que le solicitan reconocimiento legal para funcionar como ONG. A esto se suma que la amenaza, comúnmente empleada por los órganos de la Seguridad del Estado contra la oposición, es acusarlos de un delito de asociación ilícita.

La legislación penal sanciona con privación de libertad de 1 a 3 meses a la persona que pertenezca como asociado o afiliado a una asociación no inscripta en el registro correspondiente. La sanción se triplica para los promotores o directores de la misma.

Frente a estas violaciones poco o nada se ha podido hacerse. Sin embargo, un acontecimiento reciente, calificado de excepcional y sin precedentes en los 51 años de ‘Revolución’, demostró, que puede emprenderse acciones legales, contra el silencio de la administración socialista.

Una organización de abogados independientes, denominada Asociación Jurídica Cubana (AJC) demandó ante el Tribunal Provincial Popular de Ciudad Habana, a la Ministra de Justicia María Esther Reus, por impedirles ejercer el derecho de asociarse legalmente, el pasado 24 de junio.

Esta es la primera vez, que una organización discrepante interpone una acción legal, ante un tribunal, contra un representante del gobierno.

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