Ley Mordaza, Leyes en cuba, Libre Expresión, Mi Isla, Sistema de Justicia, Sobre la ley cubana

Legalización de la represión

En la segunda quincena de abril del 2003, fueron detenidos y enjuiciados, en procesos sumarísimos, 75 disidentes. Se les aplico la Ley No 88 “De protección de la independencia nacional y la economía de Cuba”. Recibieron sanciones entre 6 y 28 años de privación de libertad. Los acontecimientos fueron nombrados internacionalmente, como la “Primavera Negra de Cuba”.

Según establece la referida ley (conocida también como la “Ley Mordaza”) en su artículo 2, esta tiene carácter especial y su aplicación será preferente a cualquier otra legislación penal que le preceda. Surge una duda ¿Cuándo deciden las autoridades aplicar ésta, o el Código Penal (CP), si ambas disposiciones tiene carácter punitivo, la misma jerarquía y protegen los mismos intereses?

La decisión de aplicar, una u otra disposición jurídica, queda al libre arbitrio de fiscales y jueces, y depende del interés político de encarcelar, a una persona, que por la normativa CP, no pueda ser condenada. Es decir, su conducta no corporifica ningún delito de los previstos por el CP.

Técnica y jurídicamente, la Ley Mordaza contiene supuestos de hechos vagos, dirigidos a sancionar cualquier conducta que, a juicio de las autoridades, apoyen o faciliten el quebrantamiento del orden interno, desestabilicen el país, liquiden el “Estado Socialista” y la independencia de la nación

El CP, por el contrario, define conductas que ataca o amenaza las relaciones sociales de los hombres. Desde este punto de vista, el daño que se provoque u ocasione a la sociedad, concreta, cuales son los comportamientos que deben ser sancionados penalmente. Significa que, los ciudadanos en conjunto, son los que valoran la gravedad de un hecho, precisamente porque es a ellos a quienes afecta. El sistema jurídico, por tanto debe protegerlos, no reprimirlos.

No es válido utilizar el derecho penal como medio de sometimiento e imposición de una determinada ideología. Quiere decir, que el rechazo a las posiciones filosóficas (comunistas, liberales, etc.) no es argumento suficiente para imponer castigos. Se requiere que haya un daño social.

El castigo a los 75 opositores, sancionados en virtud de la Ley No 88, demostró que la vigencia de esta en el sistema, legaliza la represión, amparada en un supuesto interés social. Su aplicación selectiva extendió el efecto ejemplarizante. De forma indirecta, el régimen actuó sobre el resto de la disidencia interna. Mostro su poder y lo que es capaz de hacer para conservarlo.

Laritza Diversent

Estándar