Ley Mordaza, Mi Isla, Sistema de reclusión

¿Liberación o destierro? (II)

Hablar de liberación a través de tercero, también reportas ventaja. Principalmente, porque la Iglesia católica de Cuba ni el representante del Estado español, tienen la facultad de pronunciarse acerca de los medios legales que se utilizará para ellos.

Analizando la realidad actual, La responsabilidad penal de los prisioneros de conciencia, según la legislación penal, podría extinguirse por amnistía, indulto o sentencia absolutoria dictada en procedimiento de revisión.

Si realmente hubiese una intención de liberar, el Consejo de Estado emitiría una nota oficial en la que, a propuesta de su presidente que es a su vez, el Jefe del Estado y del Gobierno de la República de Cuba, indultaría a todos los prisioneros arrestados y enjuiciados en el 2003.

La Asamblea Nacional también podría hacer su parte. El ‘Órgano supremo del Estado cubano’ podría acordar, en su sesión, convocada para el próximo 1ro de agosto, una amnistía general para todos los presos políticos. Esa facultad se la reconoce la Constitución de la República.

Incluso, ambos órganos estatales podrían hacer más. El parlamento puede declarar inconstitucional la Ley No 88 de 1999 “De protección independencia y la economía nacional. Disposición legal por la que fueron enjuiciados el grupo de los 75 disidentes, que violenta y restringe, el derecho de expresión, opinión e información.

El Consejo de Estado también tiene la potestad de ordenar al Tribunal Supremo, realizar un procedimiento especial de revisión y absolver a los encausados en la ‘Primavera Negra’ del 2003. Constitucionalmente tiene la facultad de impartir instrucciones a este órgano de justicia.

El análisis nos lleva a una conclusión: El hecho de que se hable de liberación, pero no de las acciones a través de las cuales deben formalizarse legalmente, hace suponer que el gobierno cubano intenta encubrir la salida forzosa del país de los 52 presos políticos. Acto ilegitimo y violatorio de los derechos de estas personas.

Ningún acto gubernamental, tiene amparo legal, para forzar a un nacional a abandonar el país. Los cubanos no pueden ser desterrados de su propia tierra.

Laritza Diversent

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