Declaración Universal de los Derechos Humanos, Derechos humanos, Libre Expresión, Mi Isla

Libertad de expresión en la legislación cubana

La libertad de expresión es reconocida internacionalmente en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (artículo 19). Estas prerrogativa incluye la de no ser molestado por opinar, investigar, recibir informaciones y difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio.

El artículo 53 de la Constitución Cubana reconoce a los ciudadanos libertad de palabra y prensa conforme a los fines de la sociedad socialista. Según el precepto, las condiciones materiales para su ejercicio están dadas por el hecho de que la prensa, la radio, la televisión, el cine y otros medios de difusión masiva son de propiedad estatal o social y no pueden ser objeto, en ningún caso, de propiedad privada, lo que asegura su uso al servicio exclusivo del pueblo trabajador y del interés de la sociedad. Por último, aclara que la ley regula el ejercicio de estas libertades.

No obstante, la tutela constitucional de la libertad de expresión, a pesar de ser una garantía jurídica, no es suficiente para afirmar que en Cuba se ejercita y disfruta.

Primero: el artículo analizado es deficiente técnica y jurídicamente. El legislador confundió el derecho, con la garantía material necesaria para su ejercicio. Condición inútil, dada la naturaleza y característica de este tipo de libertad. La misma consagra espacios que el estado no tiene que crear; porque son connaturales al ser humano, en virtud de lo cual sólo tiene que respetarlos y protegerlos.

Segundo: El hecho de que los medios de comunicación social estén en poder del Estado no constituye una garantía de ejercicio de este derecho. En Cuba las prerrogativas humanas, reconocidas en las Constitución de la República, no se pueden ejercitar contra la existencia y fines del “Estado Socialista. Significa que su ejercicio legal es severamente limitado, cuando los derechos son irrestringibles. Admiten solamente limitaciones mínimas, sólo en función del orden público.

Tercero: según la Constitución de la República, la libertad de palabra y prensa debe ser desarrollada en una ley, única forma de ejercitar y defender este derecho. La Asamblea Nacional, órgano supremo del Estado con potestad legislativa, conscientemente, ignora los mandatos expresos de la Carta Magna. Aun no adopta una Ley que regular este importantísimo derecho en la legislación ordinaria.

Cuarto: la Asamblea Nacional, puso en vigor la Ley 88, “De Protección de la Independencia Nacional y la Economía”, disposición normativa de carácter penal, que impide a los ciudadanos expresarse y difundir sus opiniones acerca de la gestión política, económica y social, del actual gobierno.

Esta ley, también conocida como “ley mordaza”, sanciona a todo aquel que busque y suministre información, acumule, reproduzca y difunda materiales que critiquen el sistema político, colabore con sus opiniones, por cualquier vía, con emisoras de radio y televisión, periódicos, revistas u otros medios de difusión extranjeros.

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Mi Isla, Sistema de Justicia

Utilización del Derecho Penal con fines políticos

En principio, los Estados goza de potestad soberana. Poder que expresan, por medio de la actuación de sus órganos y por la promulgación de leyes. Estas últimas constituyen el instrumento idóneo para ejercer su derecho a instituir delitos y penas (ius puniendi). Sin embargo, es preocupante como el gobierno cubano utiliza, la fuerza coactiva del derecho penal, con fines políticos.

Supuestamente, la normativa jurídica-penal y la actividad del aparato represivo estatal, deben salvaguardar la sociedad en general. Su fin es, prevenir y reprimir los hechos que lesionen o pongan en peligro, intereses fundamentales que afecten las condiciones de vida de los seres humanos. Ejemplo, proteger la propiedad contra los robos, la vida humana de los actos que atenten contra la integridad corporal, etc.

La precaria situación económica de la nación, determina, por una parte, que conductas calificadas legalmente como delitos, sean acogidas, respaldadas y toleradas por la sociedad. Por ejemplo, el hurto en el marco de las relaciones laborales con el estado. En otros casos, comportamientos socialmente integrados, se penalizan por cuestiones políticas. La compraventa de mercancías entre particulares está legalmente prohibida. Las actividades económicas son asunto exclusivo del Estado Socialista.

También se dan supuesto de conductas que no están prohibidas en la ley, pero son reprimidas por los órganos policiales. Por ejemplo, tener reconocido el domicilio en otra provincia que no sea la capital, y permanecer en ella sin autorización. Vea acta de detención por ilegal en Ciudad Habana.

Ejercer el periodismo de forma crítica e independiente de los medios de comunicación oficial, es otro ejemplo de conductas prohibidas y que no representan un peligro para la sociedad. La Ley 88 del 16 de febrero de 1999, “de protección de la independencia nacional y la economía”, conocida popularmente como Ley Mordaza, sanciona al que colabore con sus opiniones, por cualquier vía, con emisoras de radio y televisión, periódicos, revistas u otros medios de difusión extranjeros.

Es evidente que el aparato represivo del Estado cubano se ha desviado de su objetivo fundamental y principal razón de su existencia. Mientras la sociedad cubana se hunde en la decadencia, se sirve del ius puniendi para reprimir y perseguir conductas, percibidas por los que detentan el poder político, como indeseables.

Laritza Diversent

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Constitución cubana, Sistema de Justicia

El poder judicial en Cuba

En Cuba, la potestad de administrar justicia, corresponde a los Tribunales Populares. El Tribunal Supremo Popular (TSP), según el artículo 121 de la Constitución de la República tiene la máxima autoridad judicial y sus decisiones son definitivas. Sin embargo, no tiene facultades reconocidas como órgano superior del ‘Poder Popular’.

No tener la calificación de órgano superior del Estado, determina que TSP, no tenga la exclusividad y unidad de la jurisdicción a la hora de administrar justicia. Significa que otro órgano estatal puede ejerce esas funciones. Por ejemplo, la interpretación general y obligatoria de las leyes vigentes, es una atribución del Consejo de Estado, (inciso ch, del Art. 75 de la Constitución de la República).

La defensa de la Ley Suprema, es una facultad de la Asamblea Nacional. El parlamento, es quien decide acerca de la constitucionalidad de las leyes que el mismo emite, los decretos leyes, decretos y demás disposiciones generales (inciso c, Art. 75 de la Constitución de la República). Revoca además las disposiciones jurídicas que contradigan la Carta Magna (incisos ch, r y s del Art. 75).

Esta misma autoridad la tiene el Consejo de Estado (inciso o, del Art. 90), respecto a las decisiones de los órganos inferiores. Incluso puede suspender las decisiones del Consejo de Ministro y la de las asambleas locales, cuando estas no se ajusten a la constitución o las leyes.

Consecuencias:

  • No existe en el sistema legal, un Tribunal de Garantías Constitucionales ni la jurisdicción constitucional.
  • Los órganos de justicia, tampoco puede emitir resoluciones de constitucionalidad o inconstitucionalidad, que controle y oriente las acciones del gobierno y del legislativo.
  • El poder judicial en Cuba es nulo y con él, el Estado de Derecho. Los órganos estatales superiores, son impunes e irresponsables ante los excesos de gobierno.

Laritza Diversent

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Derechos humanos, Libre Expresión, Mi Isla, Violación

La crítica puede ser un delito (II)

Juan, un comentarista, me hizo saber que había enviado un “abajo Fidel al Granma” por correo electrónico, sabiendo que es un delito en Cuba. Me pregunta, qué sanción podrían aplicarle si supieran quien es.

Primero, no creo que las autoridades cubanas vayan a perseguirlo por enviar un mensaje. Si lograran identificarlo (individualizarlo como persona con todas sus generales) cuanto más, no lo dejarían entrar al país. Me alegra muchísimo, que esta persona conozca la ley penal cubana.

La legislación penal vigente protege a los dirigentes, funcionarios y las instituciones del Estado contra las expresiones y opiniones negativas de la ciudadanía. En otras palabras, la crítica en Cuba puede ser un delito.

El Código Penal regula varias figuras delictivas que protegen el honor de las personas de una forma general: la difamación, la calumnia y la injuria. Sin embargo, el desacato da protección exclusiva a las autoridades, además de la que brinda los antes mencionados delitos.

Se pena con multa o privación de libertad de tres meses a un año al que “amenace, calumnie, difame, insulte, injurie o de cualquier modo ultraje u ofenda, de palabra o por escrito, en su dignidad o decoro a una autoridad, funcionario público, o a sus agentes o auxiliares, en ejercicio de sus funciones o en ocasión o con motivo de ellas”.

La sanción inicial de Orlando Zapata Tamayo fue por la comisión de este delito. Un prisionero de conciencia, muerto en prisión tras 86 días de huelga de hambre. Le tocaron tres años de cárcel, porque la figura delictiva se agrava cuando se comete, respecto al Presidente o los miembros del Consejo de Estado, de Ministros y de la Asamblea Nacional. Así es, un delito común, fuertemente vinculado a la política.

Quiere decir, que mofarse del compañero que reflexiona, llamarle estúpido por sus incoherentes políticas, o catalogar al presidente del parlamento de cínico puede ser interpretado por las autoridades policiales, como un delito de desacato.

Juan me pregunta además cómo pudieran las autoridades cubanas identificarlo. No lo sé. Sólo intento prevenirle de los riesgos.

El comentarista, lleva razón cuando dices que, “La ley penal cubana es aplicable a todos los delitos cometidos en el territorio nacional o a bordo de naves o aeronaves cubanas, en cualquier lugar en que se encuentren, salvo las excepciones establecidas por los tratados suscritos por la República” (artículo 4.1 Código Penal).

Sin embargo, debe leer con cuidado el artículo 15.1 del mismo cuerpo legal. La norma especifica que “El lugar de la comisión de un delito es aquel en el cual el agente ha actuado o ha omitido la obligación de actuar, o en el que se produzcan sus efectos“.

Juan debe recordar que, vive en España, pero cuando entra a la Isla lo haces como ciudadano cubano, y el artículo 5.1 del Código Penal establece que “La ley penal cubana es aplicable a los cubanos y personas sin ciudadanía residentes en Cuba que cometan un delito en el extranjero, si se encuentran en Cuba o son extraditados”.

Las Leyes penales, para nuestro pesar, son muy generales y abstractas. Explico: tiene supuestos de hechos (parte de la norma que describe las conductas prohibidas) muy amplios. Esto da la posibilidad al régimen de interpretarlas y aplicarlas sin mucho rigor y a voluntad. En Cuba, el poder judicial depende de las instrucciones del Consejo de Estado. Así lo ordena la Constitución de la República.

Si Juan quisiera tener la certeza, de que no será perseguido si entra en Cuba, le recomiendo a que espera a que la acción penal prescriba. Es decir, que deje correr el tiempo, contado a partir del día en que envió el mensaje. Según la sanción que señala el delito de desacato, son tres años (artículo 64.1, inciso d, Código Penal).

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Mi Isla

La crítica puede ser un delito (I)

Juan, uno de los comentaristas del sitio, está preocupado. Quiere saber cuál sería su suerte, si descubrieran que fue él quien envió un “abajo Fidel al Granma” por correo electrónico, sabiendo que es un delito en Cuba. Pregunta además, sobre los riesgos que corro al tener un blog que critica el sistema que impera hoy en el país.

Partamos de un punto: yo no incita a la destrucción del ‘Estado Socialista’. No hago propaganda para la guerra ni incito a la violencia. Me limito a opinar sobre la realidad que vivo. Estoy consciente de que me pueden aplicar la ley y de los riesgos de ir a prisión. Asumo mi responsabilidad por ello.

Si el comentarista, está fuera de Cuba y teme, que puede quedar para mí. Mi localización e individualización es muy fácil para las autoridades. Doy mi nombre, dirección, teléfono, expongo mi rostro. Lo único que me falta es dar mi número de identidad. Aquí lo tienen: 80060403759.

No se trata de inmolarme, no quiero ser héroe. Deseo un futuro, hacer planes, tener oportunidades. Amo la paz y jamás he tomado un arma mis manos. Quiero decidir yo, lo que es bueno o malo para mí. Simplemente ejerzo los derechos que tienen reconocidos todos los seres humanos a nivel internacional.

Derechos que el Estado tiene la obligación de respetar y proteger. Ningún grupo político tiene la potestad para restringirlos y violentarlos, excepto en situaciones extremas, y en esas condiciones llevamos más de 50 años.

Si temo, por eso digo lo que siento y pienso públicamente. Por mucho tiempo se guardó silencio por miedo a la represión, prolongando sus efectos. Sin embargo, da lo mismos que calles, susurres o hables. Igualmente te controlan, te asfixian, te engañan. Es hora de que todos perdamos el miedo y hablemos de frente a la verdad.

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CDR, Derecho de Asociación, Derechos humanos, Mi Isla

Costumbre enraizada

¿Exactamente como se produce la afiliación de los menores a los Comité de Defensa de la Revolución (CDR)?

Cuando cumples los 14 años comienzan a citarte y exigen tu presencia, en las reuniones de la organización y los trabajos voluntarios. Los padres (tutores legales) ni lo consienten ni lo rechazan. El consentimiento es tácito, no hay ninguna formalidad legal.

No hace falta autorización escrita de los padres. Ellos saben (los progenitores), que sus hijos para sobrevivir y ‘ser alguien en la vida’ necesitan los avales de cada una de las organizaciones. Ellos también la necesitaron. La experiencia se trasmite de generación en generación.

No protestan cuando les piden la cotización de su hijo menor de edad. Incluso, a menudo, se da el caso de que, papá o mamá, sea quien te exija estar presente en la reunión. Mantener las apariencias es cuestión de necesidad.

Saben que el CDR no puede resolver el problema del alumbrado público, el abasto de agua, la situación del transporte. Sin embargo, están conscientes, de cuánto daño hace, una opinión negativa del presidente del comité o el de vigilancia.

La casa de estos ‘dirigentes’ es referencia obligada de los órganos represivos del gobierno: Policía nacional revolucionaria (PNR), seguridad del estado (DSE), departamento de trabajo investigativo (DTI). Son ellos los que le confirman al Estado, si usted es propietario de un inmueble o auto y pretende abandonar el país. Sus valoraciones inciden en la determinación de una sentencia.

Los tutores legales conocen las consecuencias de negarse a cotizar por el hijo o declarar públicamente que no está de acuerdo con que integre las filas de la organización, porque es menor de edad, y como tal, no tiene capacidad de obrar ni independencia económica.

Es como una costumbre enraizada. La organización agrupa toda la ‘masa’. A medida que la masa crece y se renueva, debe incorporarse al proceso. Es una de las herramientas utilizadas en la construcción del hombre nuevo.

Comienza desde pre-escolar con la guardia Pioneril, sigue con la incorporación a cuantas organizaciones sociales y estudiantiles tiene el sistema. En todas te piden lealtad a la ‘Revolución’ y sacrificios por ella.

No obstante, puedo asegurar que menos del 1% de los miembros del CDR, conocen los estatutos de la organización. Lo importante es el compromiso, no a lo que te comprometes. Si estas consiente o no, no interesa. Tampoco si cumplirás con las obligaciones asumidas.

He visto como una hija vota por su madre que cumple misión en Venezuela, a petición de uno de los dirigentes del comité, que quiere que su colegio electoral tenga el 100% de asistencia en las urnas. También, como la madre de una incapacitada declarada judicialmente, paga la cotización de su hija en el CDR y como esta (la hija) ejerce su derecho al voto.

Lo más triste de todo, es que la mayoría de los ciudadanos no tiene conocimiento de esa situación. Para ellos es algo normal. Somos un pueblo con instrucción generalizada, pero analfabeto jurídicamente.

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Restricción y violación al derecho de asociación en Cuba

En Cuba para constituir una asociación se requiere la autorización del Ministerio de Justicia. Este, mediante un juicio discrecional, decide si un grupo de ciudadanos pueden ejercer el derecho reconocido constitucionalmente. Fallo que depende de una investigación de legalidad y conveniencia.

El derecho a la libertad de asociación es ampliamente reconocido como un derecho civil individual, de carácter sustancial. Principalmente, porque brindan protección contra la interferencia arbitraria del Estado, cuando las personas deciden asociarse con otras. Además de ser imprescindible para la existencia y el funcionamiento de una sociedad democrática.

La protección de este derechos comportar, no sólo la obligación del Estado de no interferir con su ejercicio, sino propiciar en ciertas circunstancias, medidas positivas para asegurar el ejercicio efectivo de la libertad. Estos derechos pueden ser restringidos, pero sólo de acuerdo con ciertas condiciones estrictas, no por discreción de las autoridades gubernamentales.

El estado cubano no solo otorga potestad discrecional al Ministerio de Justicia para autorizar la constitución de una asociación conforme a la ley. También impone relaciones de subordinación y dependencia funcional a las agrupaciones que autoriza. Restringiendo innecesariamente la libertad de acción de las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) dentro de la Isla.

Exige como requisito sine qua non para la constitución de la asociación, normas de relación y dependencia funcional con una organización estatal. Igualmente las somete a una doble fiscalización. El Ministerio de Justicia también inspecciona las actividades de la misma e impone sanciones administrativas.

Sin embargo, la violación más grave de este derecho la comete, cuando da la callada por respuesta a los disidentes que le solicitan reconocimiento legal para funcionar como ONG. A esto se suma que la amenaza, comúnmente empleada por los órganos de la Seguridad del Estado contra la oposición, es acusarlos de un delito de asociación ilícita.

La legislación penal sanciona con privación de libertad de 1 a 3 meses a la persona que pertenezca como asociado o afiliado a una asociación no inscripta en el registro correspondiente. La sanción se triplica para los promotores o directores de la misma.

Frente a estas violaciones poco o nada se ha podido hacerse. Sin embargo, un acontecimiento reciente, calificado de excepcional y sin precedentes en los 51 años de ‘Revolución’, demostró, que puede emprenderse acciones legales, contra el silencio de la administración socialista.

Una organización de abogados independientes, denominada Asociación Jurídica Cubana (AJC) demandó ante el Tribunal Provincial Popular de Ciudad Habana, a la Ministra de Justicia María Esther Reus, por impedirles ejercer el derecho de asociarse legalmente, el pasado 24 de junio.

Esta es la primera vez, que una organización discrepante interpone una acción legal, ante un tribunal, contra un representante del gobierno.

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