Representante legal de Ministra de Justicia, se persona ante el tribunal

El pasado 10 de agosto, el Doctor Diego Fernando Cañizares Abeledo, especialista de la Dirección de Legislación y Asesoría del Ministerio de justicia (MINJUS), se personó ante Sala Segunda de lo Civil y lo Administrativo, del Tribunal Provincial de Ciudad Habana, a nombre y en representación del Ministra de Justicia, María Esther Reus González, por la demanda administrativa establecida por el Licenciado Wilfredo Vallín Almeida, por silencio de la Administración, generado del ejercicio del derecho de petición reconocido en la Constitución de la República.

El Abogado, en su escrito, calificó de “desatinada” la reclamación hecha. En su opinión, el demandante, Lic. Vallín Almeida, escogió “un camino equivocado jurídicamente, no sabemos, con qué fines concretos”, argumentó. Según su criterio el presidente de la Asociación Jurídica Cubana debió intentar el reconocimiento de su derecho a través de la Ley de Asociaciones y sin que el Ministerio de Justicia tuviera obligatoriamente que indicarle algo por escrito.

El Licenciado Wilfredo Vallín Almeida, presidente de la Asociación Jurídica Cubana, un gremio de abogados disidentes, solicitó al Registro de Asociaciones del MINJUS el 7 de abril de 2009, en representación de su organización, certificara que no existía en el país ninguna Organización No Gubernamental (ONG) con el mismo nombre y propósitos de la asociación de letrados.

El organismo estatal nunca emitió la certificación, documento es imprescindible para continuar los trámites de constitución legal del gremio. En marzo de 2010 el grupo reiteró la solicitud y tampoco recibió respuesta. Los abogados, en Recurso de Alzada ante la Ministra, Reus González, elevaron queja por quebrantamiento de la formalidad legal exigida, que igualmente fue ignorada.

Ley de Procedimiento Civil, Administrativo y Laboral (LPCAL) establece que cuando la autoridad administrativa, en cualquiera de los grados de la jerarquía, no resuelva cualquier recurso dentro del plazo legal o en su defecto del de 45 días naturales, el interesado podrá considerarlo desestimado, al efecto de establecer frente a esta denegación presunta, el correspondiente recurso.

Cañizares Abeledo, designado por la Resolución ministerial No 215 de 6 de agosto de 2010 alegó la imposibilidad de entregar al tribunal el Expediente Gubernativo del demandante y la decisión administrativa de la titular de justicia respecto al interés atendible del demandante, Lic. Vallín Almeida, alegando que el organismo no contaba con documentos sobre el asunto.

Laritza Diversent

Ministra de Justicia nombra representante legal

La Ministra de Justicia, María Esther Reus González, emitió el pasado 6 de agosto, la Resolución No. 215, en la que escoge dos letrados del Ministerio de Justicia (MINJUS), el Doctor Diego Fernández Cañizares Abeledo y la licenciada Nelia Caridad Aguado López, especialistas de ese ministerio, para actuar indistintamente hasta su total terminación, en el proceso administrativo interpuesto en su contra, ante Sala Segunda de lo Civil y lo Administrativo del Tribunal Provincial Popular de Ciudad Habana, por juristas independientes.

El Licenciado Wilfredo Vallín Almeida, presidente de la Asociación Jurídica Cubana, un gremio de abogados disidentes, solicitó al Registro de Asociaciones del MINJUS el 7 de abril de 2009, en representación de su organización, una certificación, que el organismo estatal nunca emitió. Reus Gonzales, designada por el Consejo de Estado en marzo de 2007, está facultada para dirigir el funcionamiento del Registro Nacional de Asociaciones, y para orientar y controlar la política gubernamental en materia de asociaciones y fundaciones.

El letrado Vallín Almeida, presentó demanda ante el Tribunal Provincial Popular de Ciudad de La Habana, por silencio administrativo ante el Recurso de Alzada que presentara contra la Ministra, y del que tampoco tuvo respuesta en el término previsto en la Ley No.54, “Ley de Asociaciones”. El pasado 28 de julio, la titular del MINJUS recibió el emplazamiento del tribunal con el objetivo que nombrara sus representantes legales.

Laritza Diversent

Marambio no tiene porque temer

En el ordenamiento jurídico cubano no existe ningún procedimiento que le permita, al ex escolta del derrocado presidente Salvador Allende, declarar como acusado, ante la fiscalía chilena.

El será juzgado, según la ley cubana y dentro del territorio nacional, en persona o ausente. Si regresa a la isla, para responder por la acusación, puede contar con la posibilidad de cumplir sentencia en su país, si existen tratados al respecto entre las dos naciones.

No obstante lo anterior, la citación oficial emitida por el MININT y publicada en la Gaceta Oficial, órgano de divulgación de leyes y actos de gobierno, no cumple con los requisitos formales exigidos la ley procesal cubana. Normalmente las autoridades en Cuba en su proceder actúan por cuenta propia e irrespetan la legalidad.

En el llamamiento a Marambio se expresa el Instructor que lo dispuso; el nombre, apellidos y domicilio del citado; el motivo del requerimiento; el día en que debía realizarse la diligencia y el apercibimiento (advertencia por la no comparecencia).

Sin embargo, no expresa ni el lugar ni hora en que debe personarse el empresario izquierdista, requisitos exigidos por la ley. Tampoco fue autorizada por autoridad judicial. El precepto exige que “la diligencia de citación se hace por medio de cedula expedida por el secretario” del tribunal actuante.

En caso de que una diligencia judicial se practique sin observarse lo dispuesto en la Ley de Procedimiento Penal, esta establece su nulidad, en su artículo 86. La propia nota del MININT hace referencia al precepto. Este, al propio tiempo aclara, que si la persona citada manifiesta conformidad con la misma, surtirá la citación todos sus efectos legales.

Por último falta aclarar, si la orden de búsqueda y captura tiene repercusión internacional.

La publicación en la Gaceta Oficial de la República de Cuba, de ambas notas de requerimiento, es un requisito previo a la declaración en rebeldía y enjuiciamiento en ausencia, para el caso de los acusados que se encuentre fuera del territorio nacional.

El sistema judicial cubano prevé la continuidad de la tramitación del proceso contra el acusado declarado en rebeldía hasta su resolución definitiva, cuando se trate de delitos contra los intereses fundamentales, políticos o económicos, de la nación.

Marambio no tiene porque temer. El gobierno revolucionario no tiene la intención perseguir internacionalmente al empresario, que gracias a sus negocios en la isla, maneja un holding de empresas que mueve más de 100 millones de dólares anuales. Eso sí, sabe que no puede regresar y perderá todo lo que tenía y disfrutaba aquí.