Sueños que cuestan

José a sus 35 años sueña con manejar un Audi descapotable color plateado. Tiene los ojos abiertos, no le fue difícil regresar cuando su ventilador se detuvo por el apagón. El calor de la noche puso en actividad su cerebro. Pensaba en una solución para sus problemas existenciales.

Quería prosperar económicamente, pero convencido de que, cualquier cosa que inventara, lo llevaría la ilegalidad, y con ella, la posibilidad de ir a prisión. “Si fuera mexicano, arriesgaría mi vida cruzando la frontera”, dijo para sí mismo. Pero estaba en Cuba, un país que regula con rigor, la salida del país.

Ideo un plan atravesar el mar de 90 millas que lo separaba del sueño americano. Construir una embarcación rustica a la que el gentilmente llamó bote. Invitó a sus dos mejores amigo a participar de su empresa. Cada uno buscó dos tanques de hierro (55 galones), de los que comúnmente la población almacena sus reservas de agua.

Comenzaron su trabajo dentro de la sala de su casa. Primero Sellaron los recipientes con no más de 20 litros de agua dentro. Luego, los unieron entre sí con angulares, dejando entre ellos espacio para colocar neumáticos inflables de camión. Solo faltaba instalar la quilla rompe olas, cuando tocaron a la puerta.

Los nervios afloraron a la piel cuando vieron al jefe de sector, acompañado de con dos policías en un auto patrullero. Primero dijeron que los vecinos se quejaron por la bulla de martillos y motores, luego, que tenían información de que estaban construyendo una embarcación para salir del país.

Venían con una orden de registro, que ejecutaron al momento. Decomisaron aquello que poco se parecía a una barca y los condujeron detenidos hasta la estación policía. Para su sorpresa los soltaron a les cinco horas, sin ningún tipo de sanción.

Ingenuos, a los 15 días recibieron una resolución de la Capitanía de Puerto en la que le imponían una multa de 3 000 pesos moneda nacional, por construir una embarcación sin autorización.

La infracción, calificada de muy grave, está tipificada en el Decreto ley 194 de 19 de junio de 1999 “De las infracciones sobre la tenencia y operación de embarcaciones en el territorio nacional”, complementado por la Resolución No 2 de 7 de diciembre de 1999 del Ministerio del Interior que establece procedimiento para su aplicación.

La norma emitida por el Consejo de Estado, tipifica 14 infracciones calificadas de leves, graves y muy graves, sancionables con multas que van desde 500 pesos hasta 10 000 pesos, incluyendo la posibilidad de aplicar subsidiariamente la sanción de decomiso. La Capitanía de Puerto es la autoridad facultada para aplicar las medidas sancionadoras.

José adicionó a sus ya agobiantes problemas económicos, una multa que supera lo que podría ganarse legalmente, en un año. Dicen que soñar no cuesta nada, pero intentar hacer realidad un sueño, puede salir muy caro.

Leyes cubanas destruyen principio de inocencia

“Se presume inocente a todo acusado mientras no se dicte fallo condenatorio contra él”. El principio es regulado internacionalmente en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pero para el Estado cubano es intrascendente, a pesar de haberse comprometido en 1948 a respetar los derechos en ella contenida.

A la hora de legislar, no tiene en cuenta el respeto de los más elementales derecho, lo importantes es aplicar ‘medidas drásticas y ejemplarizantes’, contra aquellos que osen aprovecharse de las conquistas de la “Revolución socialista”. Mucho menos se detiene a reflexionar en las garantías que en la constitución estatal se obligo ofrecer.

En el 2003 el Consejo de Estado, presidido por el convaleciente Fidel castro, puso en vigor el Decreto Ley 232, que impone a los propietarios la confiscación o pérdida de derecho, por vía administrativa, sobre las viviendas o locales, cuando en ellas se practiquen actos de corrupción, prostitución, proxenetismo, trata y tráfico de personas, pornografía, corrupción de menores, etc. Se aplica también a los propietarios que arriende su inmueble sin autorización legal.

La aplicación de esta disposición parte de que “la propiedad de los ciudadanos sobre la vivienda y las tierras, constituye el resultado de la obra revolucionaria en beneficio del pueblo trabajador”. Declarando inaceptable que personas inescrupulosas se aprovechen de los botines socialistas para lucrar y enriquecerse personalmente.

Visto así el consejo de estado facultó a la Dirección Provincial de la Vivienda a disponer la confiscación de los inmuebles propiedad personal, en estos casos. El procedimiento es sencillo. La Fiscalía o el Ministerio del Interior tienen la obligación de enviar las investigaciones penales al órgano administrativo, y este, luego de 7 días, dicta la resolución confiscatoria.

No pongo en duda la necesidad de “combatir con mayor rigor y energía” estos males. No obstante, es inaceptable que en la represión de estas conductas se violen garantías humanas, como lo es el principio de presunción de inocencia. El decreto Ley 233 se aplica independientemente de lo que al respecto determine un tribunal en un proceso penal.

Si los procesados en virtud de esta disposición, son declarados culpables en la vía judicial, resultan doblemente sancionados. Pierden su libertad y también sus bienes. Si son declarados inocentes, son castigados sin motivo alguno.

En todo caso hay una violación de los derechos fundamentales. Las víctimas de esta disposición no cuentan con un recurso efectivo ante los tribunales nacionales, que la ampare contra actos de la administración, que violen su derecho reconocidos por la Constitución Estatal de la isla, que “garantiza la propiedad sobre la vivienda que se posea con justo titulo de dominio”.

Los afectados por el Decreto Ley 232, cuentan con tan solo 3 días, después de la notificada la resolución confiscatoria, para impugnar, por medio de la revisión, ante el Presidente del Instituto Nacional de la Vivienda, hecho que no interrumpe la ejecución de la confiscación.

La Ley de Procedimiento Civil, Administrativo y Laboral prevé un proceso contencioso administrativo contra actos y decisiones de los Organismos de la Administración Central del Estado que violenten derechos ciudadanos. Sin embargo, la disposición emitida por el Consejo de estado, no permite recurrir la decisión del máximo dirigente del Instituto Nacional de la Vivienda, ni en la vía administrativa ni en la judicial.

El ejercicio de derechos humanos en Cuba, son restringidos y violados por las leyes. El decreto ley 232 es un ejemplo de ello. En su aplicación destruyen el principio de inocencia y también coloca al ciudadano en estado de indefensión.

Reajuste económico en detrimento de los derechos

 

El gobierno cubano recientemente lanzo su proyecto de lineamientos de la política económica y social, para ser aprobados en el próximo congreso del Partido Comunista de Cuba, previsto celebrarse en abril del 2011. Al parecer en los próximos 5 años, el tema de los derechos fundamentales de los cubanos estará fuera de la agenda estatal, principalmente los derechos laborales.

En Cuba el sistema económico se basa en la “propiedad estatal socialista de todo el pueblo” sobre los medios fundamentales de producción. En la nueva actualización del modelo económico, se toman una serie de medidas para eliminar subsidios, gratuidades y tratamientos paternalistas, pero no se mencionas las garantías ciudadanos frente al poder de una administración, que es completamente irresponsable ante sus gobernados.

El Estado socialista continúa figurando como el único ente capaz de satisfacer intereses generales de la sociedad cubana, tanto en el plano individual como en el colectivo. Las nuevas políticas fortalecen sus empresas en detrimento de los derechos de los trabajadores.

Estrategia ya puestas en práctica con las recientes modificaciones legislativas llevadas a cabo por el Consejo de Estado, las que tiene como principal objetivo eliminar la responsabilidad legal del “Estado Socialista”, en la protección trabajadores disponibles, y de las empresas estatales, en la reubicación de estos.

Frente a eses exceso de poder de la administración socialista, las garantías laborales son mínimas. Las empresas estatales tiene la facultad de realizar procesos de restructuración de plantillas, hacer despidos en masa y cuestionar la capacidad de los trabajadores, alegando falta de idoneidad.

El obrero, como único medio de defensa, cuenta con un “Órgano de Justicia Laboral de Base”, en el que uno de sus miembros representa a la administración de la entidad que lo despide o con los tribunales, que constitucionalmente reciben instrucciones directa del Consejo de Estado, el mismo que puso en vigor las medidas que restringen el ejercicio de sus derechos.

No hay derecho a la huelga y las manifestaciones se permiten, solo si son organizadas por el propio estado o sus organizaciones de masa. De todas formas la Constitución de la República deja bien claro que ninguna de las libertades ciudadanas puede ser ejercida contra la existencia y fines del estado socialista.

Evidentemente los derechos ciudadanos no están la lista de prioridades del estado cubano. El reajuste económico, busca únicamente la supervivencia de un sistema que ha probado con creces ser ineficaz, y la permanencia en el poder de la añeja dirigencia histórica socialista, a costa del bienestar de los cubanos.

Laritza Diversent