Mi Isla

El fin justifica los medios

Uno de los métodos de castigo ejemplarizante utilizado por el gobierno de la isla en la década de los noventas, fue convertir normas penales en administrativas. Ese es el caso del Decreto Ley 149 “Sobre confiscación de bienes e ingresos obtenidos por enriquecimiento indebido”, que en 1994, puso en vigor el Consejo de Estado.

La norma se dictó con el fin de aplicar “medidas eficaces y ejemplarizantes contra quienes obtienen un patrimonio ilegitimo acumulando riquezas y bienes materiales… resultado del robo, la especulación, el desvió de recursos perteneciente a una entidad estatal u otras oficialmente constituidas, participación en negocios turbios, actividades de mercado negro y otras forma de enriquecimiento”.

En el 2003, el mismo órgano estatal puso en vigor el Decreto Ley 232, que impone a los propietarios la confiscación o pérdida de derecho sobre las viviendas o locales, cuando en ellas se practiquen actos de corrupción, prostitución, proxenetismo, trata y tráfico de personas, pornografía, corrupción de menores, etc. Se aplica también a los que arriende su inmueble sin autorización legal.

No hay que ser conocedor de las leyes para saber que en el trasfondo de estas disposiciones esta la comisión de hechos delitos, que serán juzgados, no por un tribunal, sino por una autoridad administrativa. Al parecer las penas privativas de la liberta, resultaron insuficientes para la prevención social.

En la conversión de normas penales en administrativas, el gobierno ignoró por completo el respeto que debía a los derechos y garantías ciudadana. Por ejemplo, la aplicación de estos dos Decretos Ley, alcanza a terceros, que se ven obligados a responden con sus bienes por actos ajenos, cuando en un proceso penal la responsabilidad es individual.

Ambas disposiciones igualmente ignoran el principio de presunción de inocencia. En la confiscación administrativa concebida por los dirigentes históricos, el ciudadano, es quien tiene la obligación de probar que no es culpable. A eso súmele que los afectados no tienen forma de defenderse ante los actos de la administración que le sea lesivo, colocándoles en total estado de indefensión.

El Consejo de Estado facultó a la autoridad administrativa actuante, el Ministerio de Finanzas y Precios, en el caso del Decreto Ley 149, y al Presidente del Instituto Nacional de la Vivienda, en el 232, para imponer la confiscación y para revisar su decisión, cuando el afectado apelara el acto. Ignoraron totalmente el derecho que tienen los ciudadanos a ser escuchados públicamente y con justicia, por un juzgado independiente e imparcial.

Ambos decretos leyes impiden reclamar justicia ante los órganos jurisdiccionales, cuando toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o por la ley.

De poco sirve que la Constitución Estatal, garantice “la propiedad sobre la vivienda que se posea con justo titulo de dominio”, si para los dirigentes históricos, máxima expresión del Estado cubano y su revolución, esta es “el resultado de la obra revolucionaria”.

En ese sentido considera “inaceptable que personas inescrupulosas se aprovechen de estas conquistas y las utilicen en actividades de lucro y enriquecimiento personal”. Tanto así que decidieron castigos severos, para esos oportunistas, sin importarles que violaban principios constitucionales y los derechos ciudadanos. El fin siempre justifica los medios.

Laritza Diversent

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