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Continuaran las tensiones entre Cuba y Estados Unidos

 

El pasado 4 de marzo, se celebro en La Habana el juicio contra Alan Gross, un subcontratista norteamericano, acusado del delito de Actos contra la independencia o la integridad territorial del Estado cubano y para el que la fiscalía solicita una sanción de 20 años de privación de libertad.

Gross, de 61 años, estuvo detenido sin cargos desde el 3 de diciembre del 2009, por distribuir en Cuba enlaces satelitales para crear puntos clandestinos de acceso WiFi. Medios que según dijo un miembro de la seguridad del estado cubanos, en vídeo filtrado en la web, Estados Unidos está financiando y utilizando para promover la insurrección cibernética en Cuba.

El temor de las autoridades respecto al uso del internet y de las redes sociales como Twitter o Facebook, aumentaron después que en Egipto fueran utilizadas como medios para organizar protestas y exigir la dimisión del gobierno.

Sin embargo, una interpretación literal de los hechos realizados por el contratista estadounidense, sugiere la aplicación del artículo 11 de la ley 88/99 “De protección de la independencia nacional y la economía de Cuba”, conocida popularmente como Ley Mordaza, que el gobierno cubano no utiliza desde hace tiempo, pero que mantiene vigente en su sistema legal.

El precepto prevé una sancionde3 a 8 años, incluyendo sanción de multa de mil a 15 pesos, a quien directamente distribuya medios financieros, materiales o de otra índole, procedentes del Gobierno de Estados o de entidades privadas, para la realización de los hechos sancionados por ella.

Acumular, reproducir, difundir o introducir en el país, material de carácter subversivo; colaborar, por cualquier vía, con emisoras de radio o televisión, periódicos, revistas u otros medios de difusión extranjeros, exceptuando los reporteros acreditados, constituyen acciones penalizadas por esta ley, que violenta la libertad de expresión de los ciudadanos cubanos.

No obstante, las autoridades cubanas prefirieron aplicar el artículo 91 del Código Penal, que, sanciona con privación de libertad de 10 a 20 años o muerte, a quien, en interés de un Estado extranjero, ejecute un hecho con el objeto de que sufra detrimento la independencia del Estado cubano o la integridad de su territorio.

Resulta ilógico pensar que equipos de comunicación satelital puedan menoscabar la independencia o integridad territorial de la isla. La interrogante en el asunto está, en porque la fiscalía decidió aplicar una norma, que en particular no describe ninguna acción, preferentemente a otra, que tipifica mas acertadamente el hecho.

Ley 88/99 en su propio texto advierte que “dado el carácter especial,… su aplicación será preferente a cualquier otra legislación penal que le preceda. Sin embargo, su utilización queda libre arbitrio del gobierno.

El motivo podría estar en el trasfondo político y la expectación internacional, que genero el caso. El encarcelamiento Alan Gross, se convirtió en un obstáculo para la normalización de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos de América. Al parecer la tensión continuara.

Laritza Diversent

 

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La ley y la trampa

“Quien no sabe, es como quien no ve”, afirma Teófilo Roberto López Licor, después de ser parte y víctima de la arbitrariedad gubernamental. Hoy, después que él y su familia fueron despojado de todos sus bienes, aprendió que no debe confiar en la benevolencia de la ley, mucho menos de los que tienen la función de aplicarla.

En el 2008, López Licor, un cuentapropista de 67 años de edad, comenzó a recibir la visita de inspectores y policía, por denuncias anónimas  de alquiler ilegal de habitaciones en su hogar. No tuvo tiempo de nada, cuando efectivos policiacos atraparon inquilinos en la casa, propiedad de uno de los miembros su familia, durante un registro domiciliario.

Lo detuvieron, a pesar de no ser el propietario de la vivienda que se alquilaba. Después de 72 horas en un calabozo, salió bajo fianza y acusado del delito de proxenetismo y trata de persona.  Un mes más tarde la policía lo citó. Se sorprendió cuando le informaron solo debía pagar una multa de de 400 pesos cubanos por realizar actividades económicas ilícitas.

Las autoridades  decidieron ejercer la facultad, que le da la ley, para en lugar de remitir el conocimiento del hecho al tribunal, castigar al infractor administrativamente. No entendió cuando le dijeron que le aplicarían “el 149 por enriquecimiento ilícito”. Tampoco se preocupó, tenía todos sus papeles en regla.

Creyó en su suerte y en la protección de sus santos, por no tener que enfrentar a la justicia. Ciertamente un familiar alquilaba habitaciones sin tener la licencia correspondiente, un delito en el Código Penal, pero en ellas jamás se ejerció la prostitución, como prevé el delito de proxenetismo y trata de personas.

Lejos estaba de sospechar, que las autoridades le preparaban un castigo peor, no solo a él también a su familia: la confiscación de todos sus bienes e ingresos, una medida contra la que no podrían defenderse. Ingenuo, nunca sospecho que al aceptar la propuesta de las autoridades policiacas, reconocía una culpa que no tenía.

Tampoco  imaginó que habían varias normas que juzgaban el hecho y  por diferentes vías: el Código Penal y los Decretos Leyes 149 y 232. Estos últimos aplican la confiscación de bienes administrativamente, por enriquecimiento indebido, drogas, proxenetismo y trata de persona, alquiler ilegal de habitaciones, etc. Nadie le informó de los riesgos, mucho menos le dieron la posibilidad de escoger.

Ignoraba que un tribunal, tenía la obligación de respetar sus derechos y ofrecerle  garantías, ignoradas en el proceso administrativo que intentaban aplicarle. Un juzgado para sancionarlo necesitaba pruebas que destruyeran la presunción de inocencia y en todo caso respondería individualmente por sus actos, sin inmiscuir a su familia.

El procedimiento administrativo de confiscación, según lo preceptuado en el Decreto Ley 149,  partía de su culpabilidad y sobre él pensaba la responsabilidad de buscar las pruebas que demostraran lo contrario.  A pesar de  que las autoridades conocieron los hechos a mediados del 2008, la norma tenía efecto retroactivo y le pedían la perdida de todo lo adquirido, por él y su familia, durante 10 años.

El 23 de julio de 2009, la Ministra de Finanzas y Precios, Lina Olinda Pedraza Rodríguez, dictó Resolución que declaraba la confiscación del patrimonio del  ciudadano Teófilo Roberto López Licor y sus familiares, Pompilio López Licor (hermano),  Teófila Elsa Ávila Gutiérrez (esposa) y Antonio López Ávila (hijo).

Recurrió  la decisión. Agotaron todas las vías legales posibles. Enviaron quejas y peticiones a cuanta autoridad creyeron pertinente. Incluso intentaron demandar a la titular de Finanzas y Precios  ante los tribunales, pero su denuncia no prospero. Todos los esfuerzos fueron en vano. La resolución de la Ministra no podía ser recurrida en la vía judicial.

Si pudiera echar el tiempo atrás, Teófilo Roberto hubiese rechazado la generosidad de las autoridades policiacas y la indulgencia de la ley, cuando decidieron no remitir su caso al tribunal. “Jamás me paso por la cabeza que aceptando aquella oferta anulaba mis derechos ciudadanos”, sentenció, “tampoco sabía que podía rechazarla,…quien inventó la ley, también hizo la trampa”, concluyó.

Laritza Diversent

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