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Inhabilitada la criticar


La Resolución No. 248 MINSAP de 27 de septiembre de 2006, firmada por el Dr. José Ramón Balaguer Cabrera, Ministro de Salud Pública, dispone la inhabilitación en el ejerció de la profesión en todo el territorio nacional del Doctor Jeovany Giménez Vega.

El Director Provincial de Salud de la antigua provincia La Habana, inició el expediente debido a un escrito fechado 31de marzo de 2006, que enviaron los doctores Jeovany Giménez Vega y Rodolfo Martínez Vigoa al Comité Central del Partido Comunista de Cuba.

En la misiva los doctores “explican sus conceptos sobre los que consideran son algunos de los problemas neurálgicos que afectan el sector de la salud cubano, primero hacen alusión al salario de los profesionales y técnicos de la salud, que lo califican de “evanescente” y los lleva a una vida de “agobio, agonía, urgencia, a expensa del paciente agradecido”, consigno Balaguer en su resolución

Los galenos “expresan sus valoraciones negativas acerca de algunos aspectos de la política económica del país y decisiones tomadas respecto a la colaboración médica en el exterior y teniendo como base y otros elementos enuncian un grupo de reclamos, demandas en función de un diseño de vida para un profesional o técnico de la salud que vive en una sociedad con principios diferentes a la nuestra”, continuó explicando el ministro

Balaguer cabrera dejo claro en su resolución, que el motivo de la inhabilitación estaba al margen de cualquier acto de indisciplina laboral, impericia profesional o falta a la ética médica. “Considerando que los hechos probados y narrados a pesar de no constituir infracciones de la disciplina laboral y no haberlo cometido en el desempeño de sus funciones”.

Una vez más la Revolución cubana y su sistema socialista, demostraron hasta donde son capaz de llagar, con tal de silenciar a quien ose criticar.

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Entre el invierno y la primavera

Entre el invierno y la primavera Justo cuando está por terminar el invierno y comenzar la primavera, entre el retoño de ramas y el renacer de las flores, Cuba, la islita del mar Caribe, aprieta su pecho e intenta contener el dolor de sus heridas. Cierra sus ojos, quiere llorar, pero no puede. Su manantial de lágrimas está seco. Se une todo. El sufrimiento por la muerte, y el odio y la melancolía que divide sus entrañas. Esta encadenada. Otra vez la engañó el oportunismo, y ahora es presa del ansia de poder. La martillan recuerdos tristes y la indolencia de aquellos que dejaron morir a sus hermanos, los que no podían valerse por si solos, de hambre. No olvida la imagen de agonía del más humilde de sus hijos. El albañil que a pesar de lo difícil del suelo, cimentó con su vida la lucha por la libertad de espíritu, pensamiento y palabra. También están sus otros hijos, los 75 presos de la intolerancia y el miedo, los que padecieron cárcel por pensar. Extraña tanto a los que están en tierra ajena, condenados al destierro. Mira su manto. Aun guarda las manchas de sangre de sus tres retoños de ébano. Es tan difícil, en una misma herida sentir el odio de quien ordenó jalar el gatillo y el dolor por aquellos que, por partir de su lado en busca de un sueño, encontraron la muerte. Cabizbaja, aprieta en su mano, la larga lista de desaparecidos. No tiene sosiego. Sus hijos divididos por un mar de 90 millas, unos odiándose, otros castigados por la nostalgia. Sueña con el día que se libere. Les rogará a todos que vuelvan a su seno y en un inmenso abrazo los hará olvidar, con ese poder que solo tiene la madre patria, todas sus diferencias. Así pasan las estaciones del año, pero cuando se va el invierno y llega la primavera, Cuba, la islita del mar Caribe, agita su alma. Laritza Diversent

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La verdadera razón

“No se sientan tan seguros, tengo más agente Emilio”, ese fuel mensaje, un poco viejo y gastado, que envió la Seguridad del Estado a la disidencia y toda los que mantiene una posición crítica frente al gobierno, en su reportaje mal titulado “Las razones de Cuba” y que presentó la televisión de la isla, la noche del 26 de febrero.

Las imágenes mostraron a dos sujetos infiltrados, inmiscuyéndose en “la vida de los otros”, para sembrar cizaña. Instrumentos de trabajo para crear mentiras y desacreditar. Me imagino la decepción de aquellos que los tuvieron cerca. Lo seguro es que ellos no son agentes por convicción, sino víctimas chantaje.

Cuando vi el anuncio en el noticiero sentí curiosidad. Quede impactada y sin habla ¿Quién lo diría? El periodista independiente Carlos Serpa Maceira, más conocido por el Departamento de la Seguridad del Estado (DSE), como “agente Emilio”, entró por la puerta grande en los medios de comunicación.

¿Qué triste papel el de Serpa? El pobre infeliz, parecía un payaso en plena función de circo. Lejos esta de imaginar, que ganó la repugnancia de muchos y perdió lo más preciado que tiene un ser humano, la dignidad.

Trataron de reivindicarlo. Le dieron un reconocimiento como si fuera un luchador. El hombre disfrutaba el júbilo del campo de batalla, donde sus jefes son los que tienen las armas. ¿Quién podría confiar nuevamente en alguien así? el cartelito de chivatón, lo acompañara por el resto de su vida.

En realidad no dijeron nada nuevo ¿Quién no sabe que hay más agentes Vladimiro y que tiene una fábrica de disidentes? De hecho nadie escapa de la duda. Todo el opina y lo hace de frente, con nombres y apellidos, mientras la mayoría susurra, ofrece sospechas.

Sin embargo, aun queda un aliciente. A pesar de no tener derecho a réplica, somos muchos los que estamos dispuestos a pasar por encima de toda duda. Por otra parte, ellos no están muy seguros, aunque ese sea su nombre ¿cómo se filtrarían las imágenes de los decesos de Mazorra o el video del ciber-policía, exponiendo los peligros del internet?

El golpe fue duro y se sintió. No tanto por el contenido, como por las consecuencias. Son los dueños de los medios de comunicación. No hay forma de defenderse y hay que reconocer que estamos en desventaja. Sin embargo, pesar de la mentalidad guerrista del gobierno y su afán de “Infiltrarlas filas del enemigo” y que ellos tiene el poder y los medios para aplastarnos, se si sintió el miedo.

¿Por qué el afán de denigrar, si somos una minoría insignificante? ¿Será porque crece el número de persona dispuesta a decir lo que sienten, sin tapujos? ¿Será que teme al ejemplo Túnez, Egipto, Libia, Yemen o Argelia? ¿Si están tan seguros de su Revolución, a qué le temen? Tal vez esa es la verdadera razón

Laritza Diversent

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El arma letal de la Revolución cubana

 

En Cuba no se teme al dolor físico, sino a todas las armas del gobierno para reprimir. La más letal: la ley y sus castigos. El medio perfecto para privarte de todo: tu libertad, tu casa, tus bienes, incluso el deseo de vivir y de inhibir a todo cuanto te rodea. La aplicación estricta y severa de normas legales que culpan por sobrevivir, pensar o hablar.

Jeovany Giménez Vega, Especialista de Primer Grado en Medicina General, tal vez se negó a sentir ese temor, cuando decidió enviar un escrito, el 31 de marzo del 2006, al Comité Central del Partido Comunista de Cuba , explicando a camisa quitada, como decimos los cubanos, los problemas neurálgicos de del sector de la salud.

Su escrito fue calificado de subversivo y su conducta contraria a los principios de carácter social, moral o humano que genera la ‘sociedad justa y socialista’. Su actitud era un peligro para el crédito y prestación que ofrecía al pueblo, el Ministerio de Salud Pública. Mucho más incluso, que la muerte por inanición de casi una treintena de enfermos mentales.

Giménez Vega espero cualquier cosa, reuniones, consejo disciplinarios, amonestación pública, etc., menos que lo inhabilitaran como médico por tiempo indefinido. Debían hacerles pagar la insolencia de cuestionar la política económica del país, las decisiones que se adoptan sobre la colaboración médica en el exterior, y el atrevimiento de demandar, para los trabajadores del sector, un diseño de vida distante a los ‘principios de la sociedad revolucionaria’.

Jeovany dijo lo que pensaba, pero su escrito no tenía la forma deseada y lo envió al lugar equivocado. Ya lo dijo Raúl Castro en su último discurso, aceptan “las diferencias de opiniones expresadas preferiblemente en tiempo, forma y lugar, o sea, en el lugar adecuado, en el momento oportuno y de forma correcta”.

No le perdonaron la sinceridad y el atrevimiento de decir, sin adornos, que el salario de los profesionales y técnicos de la salud, es “evanescente” y los lleva a una vida de agobio, agonía urgencias a expensas de pacientes agradecidos, conduciéndolos a una vida sin apego a la ética médica. Tampoco que la misiva fuera rubricada por 300 trabajadores del sector.

Tenían el juez perfecto, José Ramón Balaguer Cabrera, el destituido Ministro de Salud Pública, cuya incompetencia llevo a la muerte a pacientes enajenados. Tal vez se distrajo mucho castigando a los inconformes. Si hubiese escuchado los reclamos del Jeovany, a lo mejor el Sistema de Salud cubano, no cargara hoy con tan fea mancha.

Luego apelaron al arma ideal, la Resolución no 8 de 7 de febrero de 1977 que pone en vigor el procedimiento para la suspensión e inhabilitación de profesionales o técnicos de la salud, por infringir “las disposiciones legales y reglamentarias vigentes al respecto o que actúen con manifiesto desconocimiento del valor social, moral y humano que la medicina debe tener en nuestra sociedad”.

Balaguer, amparado en la referida norma, dictó la suya, la Ministerial No 248 del 2006. No le importo que la actitud de Giménez Vega no constituyera una infracción en la disciplina laboral ni que tampoco tuviera relación con el desempeño de sus funciones como médico. Lo prohibió el ejercicio de la medicina de por vida y en todo el territorio nacional. No por dejar morir incapacitados mentales de hambre, sino por decir lo que pensaba.

Si Jeovany hubiese estado involucrado en el caso Mazorra, tal vez la justicia revolucionaria, no hubiese sido tan severa. Solo dos de los profesionales de la salud enjuiciados, le aplicaron como sanción accesoria, la prohibición del ejercicio de la profesión, pero por igual tiempo que la pena principal fijada. Incluso, los sancionados disfrutan de la posibilidad de recurrir la decisión del tribunal.

De igual forma la justicia socialista cuando quiere es lenta. Los sucesos del hospital Mazorra tardaron más de un año para enjuiciarse. La sentencia dictada por Balaguer juzgando a Giménez Vega demoro menos de seis meses.

No le dieron la posibilidad de recurrir su decisión, cuanto más quejarse ante la Fiscalía, que no aprecio en su caso, violación alguna de la ley, a pesar de que el Ministro no alegó precepto legal alguno, que tipificara la infracción cometida por el joven. En la inhabilitación de Jeovany como médico, nada tuvo que ver la mala praxis. Más bien fue una advertencia a los 300 que se sumaron a sus reclamos.

A eso se teme en Cuba: a la ley que legitima la represión y justifica cada una de las acciones gubernamentales por arbitrarias que sean, y al castigo ejemplarizante. Los inconforme, los disidentes y todo aquel que ose desobedecerlos, saben a qué se enfrentan: un poder capaz de hacerlos nada, de enterrarlos para que nunca vuelvan a levantar la cabeza, el arma letal de Revolución cubana.

Laritza Diversent

 

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Artimañas comunistas, Socialismo y corrupción, Trabajadores por cuenta propia

No habrá polémica, solo es demagogia

Las reuniones todos los sectores sociales del país para definir como debe ser el modelo económico del futuro, es calificado por Granma como un hecho sin precedentes e improbable en el mundo contemporáneo.

El órgano oficial del Partido Comunista de Cuba esta entregado en cuerpo y alma a hacernos sentir que vivimos en otro planeta y galaxia. A veces me cuesta trabajo entender la forma de expresión de los socialistas cubanos. ¿Es ironía o simple burla? no me cabe en la cabeza llamarlo ingenuidad.

¿A quién se le ocurre mencionar la palabra definir para caracterizar el supuesto debate de los lineamientos económicos del socialismo cubano para los próximos 5 años? Hay que ser muy demagogo para afirmar que se analizan las políticas propuestas por los dirigentes políticos.

Sería muy iluso y exagerado afirmar, que el 15 % de los lineamientos serán redefinidos tras los debates con la población, en un sistema donde prima la planificación y control estatal, donde el único actor económicos favorecido es el Estado y sus empresas socialistas.

Asumamos los lineamientos en su formulación actual con vocación autentica y radicalmente revolucionaria como aconseja Granma en sus trabajos propagandísticos del VI congreso del PCC. Tomemos dos puntos de los lineamientos: No se permitirá la concentración de propiedades en personas naturales y jurídicas del sector no estatal y se aplicará mayores gravámenes a los ingresos más altos

Pensemos en el problema: la isla necesita la recuperación económica y los cubanos quieren cambios, por ejemplo libre empresa y supresión de la doble moneda. La lógica dice que si en el sector estatal sobra más de un millón de trabajadores, que en las nuevas circunstancias deben vivir por cuenta propia, la administración debe dar ventaja y facilidades a los nuevos actores que tiene la responsabilidad de generar empleos e ingresos de los que dependerán numerosas familias.

Los lineamientos desconocen esos aspectos. Al contrario, contiene trabas que impiden el desarrollo económico y el progreso social de los propios cubanos. Si preguntan por los resultados, de cara al debate público, veo infinidad de procesos judiciales por evasión fiscal, a la corrupción engordando sus tentáculos y a la administración confiscando por enriquecimiento ilícito.

Ninguno de estos temas estarán en la agenda de los dirigentes comunistas el próximo abril, fecha en que planea celebrarse el VI congreso del Partido. Las políticas están definidas según los intereses de los que hoy dirigen y controlan el país. Incluso la mayoría fueron recientemente adoptadas normas legales por el Consejo de Estado.

En fin, lo vivido hoy por la sociedad cubana se parece a una vulgar obra de teatro, donde la mayoría contempla la obra, como simples espectadores. Si, es improbable que en otra parte del mundo, el destino de más de once millones de personas, dependa de la voluntad de unos pocos. Sin dudas, no habrá polémica, solo demagogia.

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Continuaran las tensiones entre Cuba y Estados Unidos

 

El pasado 4 de marzo, se celebro en La Habana el juicio contra Alan Gross, un subcontratista norteamericano, acusado del delito de Actos contra la independencia o la integridad territorial del Estado cubano y para el que la fiscalía solicita una sanción de 20 años de privación de libertad.

Gross, de 61 años, estuvo detenido sin cargos desde el 3 de diciembre del 2009, por distribuir en Cuba enlaces satelitales para crear puntos clandestinos de acceso WiFi. Medios que según dijo un miembro de la seguridad del estado cubanos, en vídeo filtrado en la web, Estados Unidos está financiando y utilizando para promover la insurrección cibernética en Cuba.

El temor de las autoridades respecto al uso del internet y de las redes sociales como Twitter o Facebook, aumentaron después que en Egipto fueran utilizadas como medios para organizar protestas y exigir la dimisión del gobierno.

Sin embargo, una interpretación literal de los hechos realizados por el contratista estadounidense, sugiere la aplicación del artículo 11 de la ley 88/99 “De protección de la independencia nacional y la economía de Cuba”, conocida popularmente como Ley Mordaza, que el gobierno cubano no utiliza desde hace tiempo, pero que mantiene vigente en su sistema legal.

El precepto prevé una sancionde3 a 8 años, incluyendo sanción de multa de mil a 15 pesos, a quien directamente distribuya medios financieros, materiales o de otra índole, procedentes del Gobierno de Estados o de entidades privadas, para la realización de los hechos sancionados por ella.

Acumular, reproducir, difundir o introducir en el país, material de carácter subversivo; colaborar, por cualquier vía, con emisoras de radio o televisión, periódicos, revistas u otros medios de difusión extranjeros, exceptuando los reporteros acreditados, constituyen acciones penalizadas por esta ley, que violenta la libertad de expresión de los ciudadanos cubanos.

No obstante, las autoridades cubanas prefirieron aplicar el artículo 91 del Código Penal, que, sanciona con privación de libertad de 10 a 20 años o muerte, a quien, en interés de un Estado extranjero, ejecute un hecho con el objeto de que sufra detrimento la independencia del Estado cubano o la integridad de su territorio.

Resulta ilógico pensar que equipos de comunicación satelital puedan menoscabar la independencia o integridad territorial de la isla. La interrogante en el asunto está, en porque la fiscalía decidió aplicar una norma, que en particular no describe ninguna acción, preferentemente a otra, que tipifica mas acertadamente el hecho.

Ley 88/99 en su propio texto advierte que “dado el carácter especial,… su aplicación será preferente a cualquier otra legislación penal que le preceda. Sin embargo, su utilización queda libre arbitrio del gobierno.

El motivo podría estar en el trasfondo político y la expectación internacional, que genero el caso. El encarcelamiento Alan Gross, se convirtió en un obstáculo para la normalización de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos de América. Al parecer la tensión continuara.

Laritza Diversent

 

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La ley y la trampa

“Quien no sabe, es como quien no ve”, afirma Teófilo Roberto López Licor, después de ser parte y víctima de la arbitrariedad gubernamental. Hoy, después que él y su familia fueron despojado de todos sus bienes, aprendió que no debe confiar en la benevolencia de la ley, mucho menos de los que tienen la función de aplicarla.

En el 2008, López Licor, un cuentapropista de 67 años de edad, comenzó a recibir la visita de inspectores y policía, por denuncias anónimas  de alquiler ilegal de habitaciones en su hogar. No tuvo tiempo de nada, cuando efectivos policiacos atraparon inquilinos en la casa, propiedad de uno de los miembros su familia, durante un registro domiciliario.

Lo detuvieron, a pesar de no ser el propietario de la vivienda que se alquilaba. Después de 72 horas en un calabozo, salió bajo fianza y acusado del delito de proxenetismo y trata de persona.  Un mes más tarde la policía lo citó. Se sorprendió cuando le informaron solo debía pagar una multa de de 400 pesos cubanos por realizar actividades económicas ilícitas.

Las autoridades  decidieron ejercer la facultad, que le da la ley, para en lugar de remitir el conocimiento del hecho al tribunal, castigar al infractor administrativamente. No entendió cuando le dijeron que le aplicarían “el 149 por enriquecimiento ilícito”. Tampoco se preocupó, tenía todos sus papeles en regla.

Creyó en su suerte y en la protección de sus santos, por no tener que enfrentar a la justicia. Ciertamente un familiar alquilaba habitaciones sin tener la licencia correspondiente, un delito en el Código Penal, pero en ellas jamás se ejerció la prostitución, como prevé el delito de proxenetismo y trata de personas.

Lejos estaba de sospechar, que las autoridades le preparaban un castigo peor, no solo a él también a su familia: la confiscación de todos sus bienes e ingresos, una medida contra la que no podrían defenderse. Ingenuo, nunca sospecho que al aceptar la propuesta de las autoridades policiacas, reconocía una culpa que no tenía.

Tampoco  imaginó que habían varias normas que juzgaban el hecho y  por diferentes vías: el Código Penal y los Decretos Leyes 149 y 232. Estos últimos aplican la confiscación de bienes administrativamente, por enriquecimiento indebido, drogas, proxenetismo y trata de persona, alquiler ilegal de habitaciones, etc. Nadie le informó de los riesgos, mucho menos le dieron la posibilidad de escoger.

Ignoraba que un tribunal, tenía la obligación de respetar sus derechos y ofrecerle  garantías, ignoradas en el proceso administrativo que intentaban aplicarle. Un juzgado para sancionarlo necesitaba pruebas que destruyeran la presunción de inocencia y en todo caso respondería individualmente por sus actos, sin inmiscuir a su familia.

El procedimiento administrativo de confiscación, según lo preceptuado en el Decreto Ley 149,  partía de su culpabilidad y sobre él pensaba la responsabilidad de buscar las pruebas que demostraran lo contrario.  A pesar de  que las autoridades conocieron los hechos a mediados del 2008, la norma tenía efecto retroactivo y le pedían la perdida de todo lo adquirido, por él y su familia, durante 10 años.

El 23 de julio de 2009, la Ministra de Finanzas y Precios, Lina Olinda Pedraza Rodríguez, dictó Resolución que declaraba la confiscación del patrimonio del  ciudadano Teófilo Roberto López Licor y sus familiares, Pompilio López Licor (hermano),  Teófila Elsa Ávila Gutiérrez (esposa) y Antonio López Ávila (hijo).

Recurrió  la decisión. Agotaron todas las vías legales posibles. Enviaron quejas y peticiones a cuanta autoridad creyeron pertinente. Incluso intentaron demandar a la titular de Finanzas y Precios  ante los tribunales, pero su denuncia no prospero. Todos los esfuerzos fueron en vano. La resolución de la Ministra no podía ser recurrida en la vía judicial.

Si pudiera echar el tiempo atrás, Teófilo Roberto hubiese rechazado la generosidad de las autoridades policiacas y la indulgencia de la ley, cuando decidieron no remitir su caso al tribunal. “Jamás me paso por la cabeza que aceptando aquella oferta anulaba mis derechos ciudadanos”, sentenció, “tampoco sabía que podía rechazarla,…quien inventó la ley, también hizo la trampa”, concluyó.

Laritza Diversent

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