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Las Razones de Cuba para callar

 

En los capítulos recientes de la serie documental, las “Razones de Cuba”, la televisión cubana puso al tanto a la población, sobre las formas clandestinas de introducir equipo de conexión satelital en el país. Sin embargo, no explicaron porqué y desde cuando, en la isla están prohibidas la recepción de señales televisivas extranjeras.

Los cubanos conocen las drásticas medidas impuestas por el gobierno, por tener antenas satelitales. Sin embargo, desconocen que el Ministerio de la Informática y las Comunicaciones (MIC) en abril de 1995, puso en vigor la Resolución No 99 que penalizó el uso no autorizado de señales de televisión foránea, con multa que van desde los mil hasta 20 mil pesos y el decomiso administrativo.

La disposición sancionan a quien instale equipos, antenas y accesorios, o capte emisiones de “televisión no nacional”, incluyendo las provenientes del territorio ocupado por la base naval estadounidense, en la provincia de Guantánamo. Estas normas tampoco fueron mencionadas por los reporteros de la serie “Las Razones de Cuba”.

Las trasmisiones televisivas extranjeras están incluidas por el gobierno dentro del servicio de telecomunicaciones, destinadas exclusivamente al turismo, al cuerpo diplomático y a otras personas admitidas mediante contratación.

Tal vez eso explique, porque el cantautor Amaury Pérez, públicamente reconoció tener en su morada equipos que captan señales de la televisión extranjeras, cuando la mayoría de la población cubana disfruta de ellas de manera subrepticia.

La ciudadanía desconoce que, la Empresa Nacional de Radiocomunicaciones del MIC está encargada de autorizar la fabricación o importación de antenas u otros dispositivos para la recepción de señales de televisión con fines comerciales, para uso individual o colectivo.

Igualmente expiden autorización a quien se proponga instalar o hacer uso de antenas u otros dispositivos para la recepción de estas señales televisivas. Probablemente, porque la norma no prevé un cobro por el servicio, los medios omitieron mencionarla en el documental.

Las solicitudes de autorización deben argumentarse y la decisión de la empresa del MIC es discrecional. Quizás, porque las atribuciones de esta entidad estatal, no puede ser cuestionada por ninguna autoridad, sea administrativa o judicial, los reporteros de las razones de Cuba callaron.

¿Qué motivos tendría la televisión cubana para guardar silencio ante la impunidad que ofrecen el gobierno a los inspectores del MIC, que en plena cacería de brujas, violentan domicilios y trasgreden moradas, buscando como sabuesos, cables y antenas?

Seguramente al gobierno no le interesa que los cubanos disfruten de estas señales legalmente. ¿Será que es más rentable ingresar al presupuesto miles de pesos en concepto de multa, que otorgar una simple autorización? Posiblemente es más fácil reprimir, hacer sentir culpa y obligar a la mayoría a vivir en la ilegalidad. Tal vez esa sean las razones de Cuba para callar.

Laritza Diversent

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Decisiones políticas por encima de la ley cubana

El contratista norteamericano, Alan Gross, fue juzgado este 4 de marzo en la Habana, por ejecutar un hecho en interés de un Estado extranjero, con “el objeto de que sufra detrimento la independencia del Estado cubano o la integridad de su territorio”, según dispone el artículo 91 del Código Penal.

La elección del precepto dejó ver el afán de las autoridades cubanas, en aplicar una de las normas más imprecisa y severa de su legislación. Sin embargo, La ley 88/99, “De Protección de la Independencia y la Economía cubana”, es menos amplia, y la infracción penal regulada en su artículo 11, se relaciona más con el caso en cuestión.

El precepto prevé penas de 3 a 8 años de prisión, incluyendo sanción de multa de mil a 15 mil pesos, a quien directamente distribuya medios financieros, materiales o de otra índole, procedentes del Gobierno de Estados Unidos o de sus entidades privadas.

Gross en diciembre de 2009 fue detenido sin cargos, por intentar hacer llegar a la comunidad judía de la isla equipos de conexión satelital. La fiscalía, 14 meses después solicita una sanción de 20 años de cárcel por atentar contra la independencia o integridad territorial del estado cubano.

Bien pudo el Ministerio Público aplicar la Ley 88/1999, conocida popularmente como Ley Mordaza, que es más benigna y menos ambigua. El tribunal también pudo devolver las actuaciones por una incorrecta calificación legal.

Sin embargo, aun cuando la práctica judicial debe ser la misma en toda la isla, la interpretación y aplicación de la ley, no es uniforme. En la primavera del 2003, los tribunales cubanos condenaron a largas penas de encierro, a 75 disidentes. Solamente por el referido precepto del Código Penal, fueron juzgados al menos 43 de ellos. Al resto le aplicaron La Ley Mordaza.

En el caso de los 75, la fiscalía solicitó para uno de los disidentes enjuiciados, la aplicación del artículo 91 del Código Penal al Tribunal Provincial de las Tunas. El órgano de justicia, en su sentencia 8/2003, denegó la petición fiscal por el carácter especial de la Ley 88/1999 y esta mandaba en su texto a aplicase preferente, a cualquier otra legislación penal que le preceda.

Sin embargo, el Tribunal Provincial de Santiago de Cuba, en su sentencia 7/2003, rechazó un mandato legal y la tesis de la defensa de juzgar según los delitos de la Ley Mordaza; porque “los comisores tenían el propósito de socavar la soberanía, someter y esclavizar la nación, y buscar la anexión de Cuba a los Estados Unidos de América”.

La condición de ciudadano norteamericano empeoró la situación de Alan Gross frente a las autoridades cubanas, debido a las diferencias que existen, desde hace medio siglo, entre Cuba y Estados Unidos. También conspiró en su contra, la subordinación de la justicia revolucionaria a los mandatos del gobierno comunista.

La decisión de enjuiciarlo y aplicarle la norma más severa, obedeció a razones política, que en la isla, están por encima de la ley. Mientras el Consejo de Estado, tenga la atribución constitucional de impartir instrucciones a la Fiscalía y a los tribunales, no puede ser de otra manera.

Laritza Diversent

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