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Decisiones políticas por encima de la ley cubana

El contratista norteamericano, Alan Gross, fue juzgado este 4 de marzo en la Habana, por ejecutar un hecho en interés de un Estado extranjero, con “el objeto de que sufra detrimento la independencia del Estado cubano o la integridad de su territorio”, según dispone el artículo 91 del Código Penal.

La elección del precepto dejó ver el afán de las autoridades cubanas, en aplicar una de las normas más imprecisa y severa de su legislación. Sin embargo, La ley 88/99, “De Protección de la Independencia y la Economía cubana”, es menos amplia, y la infracción penal regulada en su artículo 11, se relaciona más con el caso en cuestión.

El precepto prevé penas de 3 a 8 años de prisión, incluyendo sanción de multa de mil a 15 mil pesos, a quien directamente distribuya medios financieros, materiales o de otra índole, procedentes del Gobierno de Estados Unidos o de sus entidades privadas.

Gross en diciembre de 2009 fue detenido sin cargos, por intentar hacer llegar a la comunidad judía de la isla equipos de conexión satelital. La fiscalía, 14 meses después solicita una sanción de 20 años de cárcel por atentar contra la independencia o integridad territorial del estado cubano.

Bien pudo el Ministerio Público aplicar la Ley 88/1999, conocida popularmente como Ley Mordaza, que es más benigna y menos ambigua. El tribunal también pudo devolver las actuaciones por una incorrecta calificación legal.

Sin embargo, aun cuando la práctica judicial debe ser la misma en toda la isla, la interpretación y aplicación de la ley, no es uniforme. En la primavera del 2003, los tribunales cubanos condenaron a largas penas de encierro, a 75 disidentes. Solamente por el referido precepto del Código Penal, fueron juzgados al menos 43 de ellos. Al resto le aplicaron La Ley Mordaza.

En el caso de los 75, la fiscalía solicitó para uno de los disidentes enjuiciados, la aplicación del artículo 91 del Código Penal al Tribunal Provincial de las Tunas. El órgano de justicia, en su sentencia 8/2003, denegó la petición fiscal por el carácter especial de la Ley 88/1999 y esta mandaba en su texto a aplicase preferente, a cualquier otra legislación penal que le preceda.

Sin embargo, el Tribunal Provincial de Santiago de Cuba, en su sentencia 7/2003, rechazó un mandato legal y la tesis de la defensa de juzgar según los delitos de la Ley Mordaza; porque “los comisores tenían el propósito de socavar la soberanía, someter y esclavizar la nación, y buscar la anexión de Cuba a los Estados Unidos de América”.

La condición de ciudadano norteamericano empeoró la situación de Alan Gross frente a las autoridades cubanas, debido a las diferencias que existen, desde hace medio siglo, entre Cuba y Estados Unidos. También conspiró en su contra, la subordinación de la justicia revolucionaria a los mandatos del gobierno comunista.

La decisión de enjuiciarlo y aplicarle la norma más severa, obedeció a razones política, que en la isla, están por encima de la ley. Mientras el Consejo de Estado, tenga la atribución constitucional de impartir instrucciones a la Fiscalía y a los tribunales, no puede ser de otra manera.

Laritza Diversent

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2 comentarios en “Decisiones políticas por encima de la ley cubana

  1. Laritza, me alegra mucho que ya hayas sacado tu primer artículo sobre el “caso Gross” que yo llamaría la “barbarie Gross”.
    No tenemos la más mínima duda de que en Cuba el partido comunista y el estado comunista están por encima de cualquier ley y los tribunales son marionetas en las manos de esos organismos más que de gobierno, represivos.
    Gracias, Laritza.

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  2. GUILLERMO LUIS PEREZ dijo:

    DRA. LARITZA DIVERSENT. USTED HA PUESTO EL DEDO EN LA LLAGA, EL ESTADO ESTA POR ENCIMA DE LEY T LA JUSTICIA,
    Y JUZGA A SUS INTERESES POLITICOS. HASTA CUANDO.
    GRACIAS. Y QUE DIOS LE BENDIGA Y CUIDE.

    GUILLERMO L. PEREZ DEL CASTILLO
    DECATUR, ATLANTA GEORGIA USA. 30033
    EMAIL. PERCAS37@YAHOO.COM

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