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Otra víctima del diferendo

El juicio de Alan Gross, el subcontratista norteamericano arrestado en Cuba, quedo concluso para sentencia el pasado 4 de marzo ¿Se guiara los tribunales cubanos, a la hora de determinar su fallo, por la justicia y la razón o por las diferencias políticas que marcan las relaciones entre Cuba y Estados Unidos?

¿Qué argumentos utilizará la justicia cubana para ajustar las acciones realizadas por Gross en la isla, con la descrita en el precepto penal, que también se aplicó en los procesos judiciales contra los 75 disidentes de la primavera negra de Cuba?

En abril del 2003, 12 tribunales provinciales dictaron 28 sentencias, condenando a largas penas de encierro por el delito “Actos contra la independencia del Estado cubano o la integridad de su territorio”, al menos 43 de los 75 disidentes. Supuestamente con su oposición y activismo político propiciaban una intervención humanitaria (armada) contra la isla.

En un video que circula en la web, un miembro de la Seguridad del Estado cubano acusa a los Estados Unidos de financiar la introducción en Cuba de equipos de comunicación satelital para crear puntos de acceso a internet fuera del control de las autoridades. Gross está acusado por distribuir equipos de conexión satelital

El gobierno cubano se siente amenazado después que redes sociales como Facebook y Twitter, fueran utilizadas para organizar protestas populares, que dieron fin al mandato de líderes dictatoriales en Egipto y Túnez, y amenazan a los gobernantes de Libia y Bahréin.

La Asamblea Nacional criminalizó las relaciones individuales de sus ciudadanos con Estados Unidos con las leyes No 80/1996 “De Reafirmación de la Dignidad y Soberanía cubana” y la No 88/99 “De Protección de la Independencia y la Economía de Cuba”. Significa que la condición de ciudadano norteamericano, empeora la situación de Alan Gross frente a las autoridades cubanas

Ambas normas fueron aprobadas después que Estados Unidos aprobara la ley Helms-Burton en 1996. Por su parte, el gobierno norteamericano reforzó el embargo unilateral a la isla, en reacción al derribo en aguas internacionales, de dos avionetas del grupo de exiliados “Hermanos al Rescate”, por la Fuerza Aérea Cubana y en el que murieron 4 cubanos-americanos.

“La ley del más fuerte”, eso significa el diferendo Cuba-Estados Unidos. Una carrera maratónica de obstáculos y resistencia, de acción y reacción, que dura ya medio siglo. Junto a ellos corren y caen sofocados por tan absurda política, ciudadanos de ambos pueblos. El caso de Alan Gross es una simple evidencia y otra víctima de las diferencias políticas.

Laritza Diversent

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Interese políticos: únicos que mueven a la justicia cubana

En diciembre de 2009, las Seguridad del Estado cubano, detuvo sin cargos al subcontratista de la USAID Alan Gross, por introducir equipos de conexión satelital a la isla. A finales de marzo 2010, Departamento Técnico de investigaciones (DTI), que atiende la “sección de lacras” (prostitución), arrestó a un italiano, adicto del sexo con jovencitas, según consta en la sentencia No 92 del Tribunal Provincial Popular de Las Tunas, el 25 de febrero de este año.

Ambos extranjeros corrieron diferentes suertes. El norteamericano sancionado a 15 años de cárcel por atentar contra la independencia y la integridad territorial de la isla. El italiano simplemente lo expulso, a pesar de comprobar que, desde el 2005, buscaba sexo con menores de edad.

En junio de 2010 Estados Unidos reafirmo a Cuba como país que trafica con personas. El gobierno norteamericano desde el 2003 incluyó a cuba en la lista negra por “no cumplir con los parámetros mínimos para la eliminación del tráfico de persona y no hacer esfuerzos significativos en ese sentidos”, señaló en su reporte.

Según uno de los implicados en el caso, que prefirió el anonimato, el italiano fue expulsado. Antes un fiscal y un abogado de oficio le tomaron declaración que fue utilizado en el juicio contra 7 tuneros acusados de proxenetas. Según, el órgano de justicia este, antes de abandonar la isla, confesó que uno de los implicados le había presentado “más de treinta jóvenes, con la que sostuvo relaciones sexuales y por las que le pagó entre cincuenta y cien pesos convertibles”

El tribunal afirmó que el foráneo además les regalaba a las muchachas, prendas de vestir, y una vez que regreso a su país, les mandaba dinero. Según la sentencia, el extranjero visito la casa o conoció familiares de la mayoría de ellas.

El tribunal no preciso fecha exacta en que ocurrieron los hechos a pesar de que las autoridades cubanas, a través de la Dirección de inmigración y extranjería, mantiene un control estricto sobre las entrada y salida al país de cubanos y extranjeros.

Un oficial del DTI, testigo de referencia en el juicio, “acreditó que estuvo al tanto de las primeras informaciones acerca del arribo del extranjero a la provincia de Las Tunas, hasta que este empezó a ser de interés operativo”.

La isla es “principalmente una fuente de niños sujetos al tráfico de personas, sobre todo para su explotación comercial dentro del país”. Estados Unidos está preocupado porque la prostitución sigue siendo legal para menores de 16 a 17 años”. La legislación penal solamente brinda protección especial, a los menores de 14 catorce años, contra el proxenetismo y la trata de personas.

En agosto de 2006 el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, le recomendó al Estado cubano modificar “la legislación relativa a la edad para contraer matrimonio con vistas a eliminar las excepciones que permiten el matrimonio de mujeres de 14 años de edad y de hombres de 16 años”. La Convención sobre los Derechos del Niño, entiende por “niño a todo ser humano menor de 18 años de edad”.

Para la Justicia Revolucionaria, equipos de alta tecnología, que mejoran el acceso a la información dentro de la isla, son más peligrosos que turista inescrupulosos que entran al país en busca de menores de edad y sexo barato. ¿Será más importante proteger intereses políticos, que el adecuado desarrollo de la infancia y la juventud? No hay dudas, sabemos hacia donde se inclina la balanza.

Laritza Diversent

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Gross juzgado por Tribunal y defensa parcializados

El caso del contratista norteamericano, Alan Gross, juzgado en la Habana este 4 de marzo, por un delito contra la seguridad del estado cubano, motiva recelos e interrogantes. No son poco los que se preguntan si dentro de la isla, se respetaron sus derechos como acusado o si el tribunal que lo enjuició es independiente.

En este último aspecto, la Constitución cubana se contradice. Consigna que los jueces, “en su función de impartir justicia, son independientes y no deben obediencia más que a la ley”, pero a la vez los subordina a las decisiones de la Asamblea Nacional y del Consejo de Estado.

De hecho, el último de estos dos órganos político, constitucionalmente tiene la atribución de interpretar la ley y de impartir instrucciones a la Fiscalía y a los tribunales. El caso del contratista tiene dimensiones políticas y su encarcelamiento se convirtió en un obstáculo para la normalización de las relaciones, deterioradas hace más de 50 años, entre Cuba y Estados Unidos.

La probabilidad de que la política haya predispuesto a los jueces, es alta. Por otra parte despierta duda, la dilación en las investigaciones y la decisión de las autoridades de solicitar a Gross, 20 años de cárcel, bajo la supuesta comisión de “actos contra la independencia del estado o la integridad de su territorio”, uno de los preceptos más imprecisos y severos de la legislación penal.

Su detención sin cargos, en diciembre de 2009, fue excesivamente prolongada. Luego de 14 meses de encierro, la fiscalía presentó la acusación ante el Tribunal de la Habana. Todo indica que a las autoridades se les dificultó el trabajo de investigación.

La Ley de Procedimiento Penal prevé que entre la detención y el ejerció de la acción penal pública, transcurran no más de 100 días. Sin embargo, la propia ley concede al Fiscal General de la República, la facultad de prorrogar este término indefinidamente, a solicitud del jefe del Ministerio del Interior o de la fiscalía.

Tal vez pueda ser cierta la sospecha, de que el enjuiciamiento de Alan Gross tenga la finalidad, de convertirlo en moneda de cambio. Se especula acerca de la posibilidad de que el gobierno cubano, en cumplimiento de su promesa de regresar a sus cinco héroes, intente intercambiar al norteamericano por estos.

Raúl castro, presidente de los Consejo de Estado y de Ministro, fallidamente intentó esta acción, con los 52 disidentes del grupo de los 75 enjuiciados en la Primavera Negra. Es demasiada coincidencia que la defensa de Gross, la abogada cubana Nuris Piñero Sierra, de 61 años de edad, también represente a los cinco agentes de la inteligencia cubana, presos en Estados Unidos.

Todo parece indicar que al subcontratista norteamericano le tocó un tribunal y una defensa parcializada.

Laritza Diversent

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El encuentro con James Carter

La madrugada me abrazo tan fuerte como lo hizo la exasperación. Temía perder la oportunidad de compartir con el ex presidente norteamericano James Carter y su equipo.

Dos taxis para recorrer los 15 Km que separan al Calvario, un pueblecito en el municipio Arroyo Naranjo, del Parque de la Fraternidad, en el corazón de la Habana Vieja. Aun faltaba otro tanto más para llegar al Hotel Santa Isabel, próximo a la bahía habanera.

“No mires el reloj, te pones más nerviosa”, me decía a mí misma, mientras mis pasos se desbocaban sobre los adoquines del Bulevar Obispo. No todos los días, una figura internacional está dispuesta a escuchar, en igualdad de condiciones, las voces disidentes.

“Llegue tarde, pero llegue”, me repetí ya sentada a la mesa, donde también estaban mis amigos blogueros Claudia Cadelo, Yoanis Sánchez, Reinaldo Escobar, Elizardo Sánchez de la Comisión Cubana de Derechos Humanos y reconciliación Nacional, Leannis Imbert representante del grupo que defiende los derechos de los homosexuales LGTB, Osvaldo Payá, líder del Movimiento Cristiano para la Liberación y el anfitrión, el Señor Carter, junto a su esposa y equipo.

En aquel espacio tan breve como el tiempo, se escucharon las voces libres e independientes de un grupo de cubanos, preocupados por el futuro de esta isla, en medio del Caribe. No fuimos los únicos, también tuvieron la oportunidad, representantes de las Damas de Blanco y los disidentes recientemente liberados de las cárceles cubanas.

No se dijo todo, pero al menos supimos las principales preocupaciones de los actores de la sociedad civil cubana. Un buen punto de partida para trabajar en pos del respeto de los derechos humanos en la Isla.

Para mí fue un honor poder compartir con el ex presidente norteamericano y también con mis amigos. El saloncito ya tiene su espacio en mi memoria. ¿Qué significo para ti?, era la pregunta que pretendía responder, cuando comencé a escribir este post. Casi a punto de terminarlo, considere injusto encerrar en una cuantas palabras la trascendencia de este encuentro en mi vida.

No, obstante puedo confesar que valió la pena haber atravesado la Habana, casi sin aire en los pulmones. Reconforto muchísimo sentir el interés de estas personas en escuchar a gobernantes y disidentes, sin presión.

Igualmente aprovecho mi espacio, para agradecer, una vez más al Centro Carter y al ex presidente norteamericano, la oportunidad de habernos dado un espacio, para expresarnos con total libertad.

Laritza Diversent

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Las Razones de Cuba para callar

 

En los capítulos recientes de la serie documental, las “Razones de Cuba”, la televisión cubana puso al tanto a la población, sobre las formas clandestinas de introducir equipo de conexión satelital en el país. Sin embargo, no explicaron porqué y desde cuando, en la isla están prohibidas la recepción de señales televisivas extranjeras.

Los cubanos conocen las drásticas medidas impuestas por el gobierno, por tener antenas satelitales. Sin embargo, desconocen que el Ministerio de la Informática y las Comunicaciones (MIC) en abril de 1995, puso en vigor la Resolución No 99 que penalizó el uso no autorizado de señales de televisión foránea, con multa que van desde los mil hasta 20 mil pesos y el decomiso administrativo.

La disposición sancionan a quien instale equipos, antenas y accesorios, o capte emisiones de “televisión no nacional”, incluyendo las provenientes del territorio ocupado por la base naval estadounidense, en la provincia de Guantánamo. Estas normas tampoco fueron mencionadas por los reporteros de la serie “Las Razones de Cuba”.

Las trasmisiones televisivas extranjeras están incluidas por el gobierno dentro del servicio de telecomunicaciones, destinadas exclusivamente al turismo, al cuerpo diplomático y a otras personas admitidas mediante contratación.

Tal vez eso explique, porque el cantautor Amaury Pérez, públicamente reconoció tener en su morada equipos que captan señales de la televisión extranjeras, cuando la mayoría de la población cubana disfruta de ellas de manera subrepticia.

La ciudadanía desconoce que, la Empresa Nacional de Radiocomunicaciones del MIC está encargada de autorizar la fabricación o importación de antenas u otros dispositivos para la recepción de señales de televisión con fines comerciales, para uso individual o colectivo.

Igualmente expiden autorización a quien se proponga instalar o hacer uso de antenas u otros dispositivos para la recepción de estas señales televisivas. Probablemente, porque la norma no prevé un cobro por el servicio, los medios omitieron mencionarla en el documental.

Las solicitudes de autorización deben argumentarse y la decisión de la empresa del MIC es discrecional. Quizás, porque las atribuciones de esta entidad estatal, no puede ser cuestionada por ninguna autoridad, sea administrativa o judicial, los reporteros de las razones de Cuba callaron.

¿Qué motivos tendría la televisión cubana para guardar silencio ante la impunidad que ofrecen el gobierno a los inspectores del MIC, que en plena cacería de brujas, violentan domicilios y trasgreden moradas, buscando como sabuesos, cables y antenas?

Seguramente al gobierno no le interesa que los cubanos disfruten de estas señales legalmente. ¿Será que es más rentable ingresar al presupuesto miles de pesos en concepto de multa, que otorgar una simple autorización? Posiblemente es más fácil reprimir, hacer sentir culpa y obligar a la mayoría a vivir en la ilegalidad. Tal vez esa sean las razones de Cuba para callar.

Laritza Diversent

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Decisiones políticas por encima de la ley cubana

El contratista norteamericano, Alan Gross, fue juzgado este 4 de marzo en la Habana, por ejecutar un hecho en interés de un Estado extranjero, con “el objeto de que sufra detrimento la independencia del Estado cubano o la integridad de su territorio”, según dispone el artículo 91 del Código Penal.

La elección del precepto dejó ver el afán de las autoridades cubanas, en aplicar una de las normas más imprecisa y severa de su legislación. Sin embargo, La ley 88/99, “De Protección de la Independencia y la Economía cubana”, es menos amplia, y la infracción penal regulada en su artículo 11, se relaciona más con el caso en cuestión.

El precepto prevé penas de 3 a 8 años de prisión, incluyendo sanción de multa de mil a 15 mil pesos, a quien directamente distribuya medios financieros, materiales o de otra índole, procedentes del Gobierno de Estados Unidos o de sus entidades privadas.

Gross en diciembre de 2009 fue detenido sin cargos, por intentar hacer llegar a la comunidad judía de la isla equipos de conexión satelital. La fiscalía, 14 meses después solicita una sanción de 20 años de cárcel por atentar contra la independencia o integridad territorial del estado cubano.

Bien pudo el Ministerio Público aplicar la Ley 88/1999, conocida popularmente como Ley Mordaza, que es más benigna y menos ambigua. El tribunal también pudo devolver las actuaciones por una incorrecta calificación legal.

Sin embargo, aun cuando la práctica judicial debe ser la misma en toda la isla, la interpretación y aplicación de la ley, no es uniforme. En la primavera del 2003, los tribunales cubanos condenaron a largas penas de encierro, a 75 disidentes. Solamente por el referido precepto del Código Penal, fueron juzgados al menos 43 de ellos. Al resto le aplicaron La Ley Mordaza.

En el caso de los 75, la fiscalía solicitó para uno de los disidentes enjuiciados, la aplicación del artículo 91 del Código Penal al Tribunal Provincial de las Tunas. El órgano de justicia, en su sentencia 8/2003, denegó la petición fiscal por el carácter especial de la Ley 88/1999 y esta mandaba en su texto a aplicase preferente, a cualquier otra legislación penal que le preceda.

Sin embargo, el Tribunal Provincial de Santiago de Cuba, en su sentencia 7/2003, rechazó un mandato legal y la tesis de la defensa de juzgar según los delitos de la Ley Mordaza; porque “los comisores tenían el propósito de socavar la soberanía, someter y esclavizar la nación, y buscar la anexión de Cuba a los Estados Unidos de América”.

La condición de ciudadano norteamericano empeoró la situación de Alan Gross frente a las autoridades cubanas, debido a las diferencias que existen, desde hace medio siglo, entre Cuba y Estados Unidos. También conspiró en su contra, la subordinación de la justicia revolucionaria a los mandatos del gobierno comunista.

La decisión de enjuiciarlo y aplicarle la norma más severa, obedeció a razones política, que en la isla, están por encima de la ley. Mientras el Consejo de Estado, tenga la atribución constitucional de impartir instrucciones a la Fiscalía y a los tribunales, no puede ser de otra manera.

Laritza Diversent

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Internet, una amenaza mortal

 

En Cuba, el acceso a internet es restringido y altamente costoso para los ciudadanos, pero también controlado por instituciones estatales. Según el gobierno, las restricciones a los particulares, se deben a las medidas del embargo, que limitan las condiciones y calidad de la conexión.

En Cuba, el Decreto 209 de 1996, de “Acceso desde la República de Cuba a Redes Informáticas de Alcance Global”, creó una Comisión Interministerial encargada de autorizar la conexión directa a internet y decretó un acceso selectivo a la misma.

El órgano está presidido por el Ministro de la Informática y las Comunicaciones, e integrada por los titulares de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, de Justicia, del Interior y de las Fuerzas Amadas Revolucionarias. Esto dos últimos regulan el acceso a internet para conciliarlo con la defensa y la seguridad nacional.

En marzo de 2010, Estados Unidos permitió la exportación de programas de internet que permiten conversaciones en línea y acceso a redes sociales. La decisión otorga exenciones, bajo las sanciones existentes, a compañías como Google Inc. y Microsoft Corp., para ofrecer servicios a Irán, Sudán y Cuba, como forma de ayudar a sus ciudadanos a comunicarse con el mundo exterior.

El gobierno cubano alegó que la medida no aliviaba el embargo, sino que era un plan de “subversión” y “desestabilización” para derrocar el sistema socialista. En el Decreto 209 dejó claro que las redes informáticas de alcance global son un peligro a la Seguridad del Estado.

La comisión, según consignó el Consejo de Ministro en la norma, garantizará que la información difundida sea fidedigna, y la que se obtenga, esté en correspondencia con los principios éticos, y no afecte los intereses ni la seguridad del país. En consecuencia priorizó la conexión de una red nacional interna (intranet), que garantiza el control absoluto de la información y minimiza el uso directo a la red de redes.

Alan Gross, un subcontratista norteamericano, fue juzgado en la Habana por intentar contribuir con el “libre flujo de información de, hacia y entre el pueblo cubano”. Lejos estaba de imaginar que el gobierno cubano se sentía amenazado, cuando pretendió hacer llegar a la comunidad judía en Cuba, equipos de conexión satelital.

Luego de 14 meses de encierro, sus buenas intenciones fueron interpretadas por el gobierno de la isla, como un acto en contra de “la independencia o la integridad territorial del Estado”. Justo después que redes sociales como Facebook y Twitter fueran utilizadas para organizar protestas que terminaron con la destitución de los gobernantes de Egipto y Túnez.

No parece racional considerar, que equipos de comunicación satelital, puedan afectar la soberanía de la isla, a menos que el gobierno cubano, considere Internet, una amenaza mortal.

Laritza Diversent

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