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Prensa cubana difama, gobierno asegura impunidad

Los medios oficiales de comunicación disfrutan de la libertad de prensa para defender el sistema, violentar los derechos ciudadanos y difamar, porque su dueño, el Estado Socialista, le ofrecen total impunidad.

Laritza Diversent

La Televisión cubana entre el 26 de febrero y el 4 de abril del presente año, trasmitió 5 capítulos de “la serie de denuncia Las Razones de Cuba”, en la que participaron analistas de la Seguridad del Estado y se satanizó el uso de las nuevas tecnologías de la información.

En un intento de “desenmascarar el carácter mercenario de las acciones provocativas de los grupúsculos a partir de importantes testimonios y revelaciones”, quitó la máscara de 6 infiltrado a los que gentilmente llamó agentes encubierto de seguridad.

El Diario Granma también hizo su parte. Al día siguiente de cada trasmisión, publicó un reportaje complementando los programas televisivos. Ambos medios de comunicación masiva, emplearon duros calificativos para referirse a miembros de la sociedad civil que utilizan internet como medio de expresión.

Tanto la televisión como la prensa, intentaron justificar la existencia de un conflicto con la nación norteamericana, para mantener el clima de constante amenaza y guerra, que acompaña al pueblo cubano desde hace más de 50 años.

En su empeño quizás no repararon en las consecuencias. Tal vez sí. Los términos utilizados implican acusaciones graves, entre los que puede citarse mercenarios y terroristas. Ambas actividades, reguladas en la legislación penal, constituyen delitos que atenta contra la Seguridad del Estado, con penas que oscilan entre 5 y 20 años de cárcel.

Por ejemplo, “Mercenario”, término más utilizado, prevé la sanción de muerte, cuya aplicación fue suspendida el 28 de abril de 2008 por el gobierno cubano, en VI Pleno del Comité Central del Partido Comunista de Cuba.

Raúl Castro, en las conclusiones del evento partidista, aclaró que el acuerdo del Consejo de Estado, no representaba la “supresión de la pena capital” de la legislación penal. Reconoció era una de las armas que tenían contra los “los verdaderos terroristas mercenarios al servicio del imperio”.

Los medios de comunicación oficial ejercieron “…conforme a los fines de la sociedad socialista” uno de los derechos reconocidos en la Constitución cubana, libertad de palabra y prensa. Sin embargo, sus directores incurrieron en varias infracciones penales, al permitir en sus espacio se vincular a disidentes con el mercenarismo y el terrorismo. Nada más alejado de la verdad.

“…Nadie será sometido a tratos degradantes”, consigan la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Este y otros derechos como la honra y a la libertad y seguridad personal fueron violentados por los medios oficiales, en su empeño de desacreditar los actores de la sociedad civil cubana. Derechos que incluso están protegidos por las leyes penales cubanas.

Según el Código Penal difama quien, ante terceras personas, impute a otro una conducta o hecho contrarios al honor, que puedan dañar su reputación o rebajarlo en la opinión pública. También califica como coacción el que, sin razón legítima, amenace o por cualquier medio impida a otro hacer lo que la ley no prohíbe, o ejercer sus derechos.

Según la Constitución cubana “Todos los ciudadanos gozan de iguales derechos y están sujetos a iguales deberes”, sin embargo los cubanos que sufrieron tales ataques dentro de Cuba, están desprotegidos.

Están expuestos a la difamación, la amenaza y la ignorancia de las autoridades, que supuestamente deben velar por la institucionalidad y la legalidad socialista. De hecho, son ellas las que incitan a los medios a cometer tales arbitrariedades, a cambio le aseguran total impunidad.

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