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El olor en el algarrobo

David fue hallado culpable de asesinato por el tribunal de Camagüey, después que instructores de Ministerio del Interior, capturaron la huella de su olor, en el tronco de un algarrobo.

Laritza Diversent

El Tribunal de Camagüey en su sentencia número 57 de 30 de marzo de 2007, condenó a Delvis David Peña Mainer, a 40 años de cárcel por el asesinato de un joven de 23 años y su esposa de 17. El hombre, de 44, se declaró inocente, pero el juzgado camagüeyano, lo encontró culpable por el “cumulo de pruebas existentes en su contra”.

Según el órgano de justicia, David, el 27 de enero de 2005, esperó a su vecino, detrás de un árbol de algarrobo. Ya en su presencia le lanzó brutales machetazos hasta matarlo. La esposa del joven, escuchó los gritos de auxilio y salió a socorrerlo, pero al ver el crimen, se volvió corriendo. Peña Mainer, la persiguió y amacheteó. La muchacha murió desangrada por tantas heridas.

El matrimonio se mudaría de “Tiempo Nuevos”, una localidad del municipio Vertientes en Camagüey. En el barrio se rumoraba, que el joven sostuvo relaciones sexuales con la hija de su vecino David y se encontraba también con su esposa. Peña Mainer “decidió limpiar el ultraje a que estaba siendo sometido, eliminándolo físicamente”, confirmó el tribunal en su sentencia.

David fue sometido a tres operaciones en la columna, tras un accidente en 1999. En el 2000, lo incapacitaron para el trabajo permanentemente. El tribunal determinó que “no padecía de enfermedad que le impidiera la marcha”, sin embargo, no se refirió a la capacidad de este, para correr detrás de una joven aterrada y alcanzarla.

El cuerpo del muchacho, estaba a más de 11 metros del algarrobo. “El instructor actuante sugirió de manera sagaz la toma de muestras de olor del tronco”, consignó el tribunal. David reconoció haber estado allí 15 días antes y 5 después del crimen, pero el tribunal expresó que el argumento no justificaba “la presencia de su impresión olorosa en dicho lugar”.

Igualmente los jueces, desestimaron pruebas testificales de la defensa, relacionada con la “técnica canina aplicada”. Según el tribunal, el instructor confirmó que “el can perdió el rastro” y la prueba no tuvo trascendencia, sin especificar cuando fue que se realizó esta.

En su sentencia el tribunal tampoco expuso sobre las medidas que tomaron para asegurar la escena del crimen, contra toda contaminación ambiental o la curiosidad de personas. Los hechos “provocaron una gran conmoción en la población”, aseguró el juzgado.

Según el tribunal las lesiones en ambas víctimas, fueron realizadas por una persona zurda, como Peña Mainer, a quien además, le ocuparon una mocha. En la empuñadura del arma se encontró sangre, “… aunque no se pudo determinar a qué especie correspondía”, consignó el tribunal.

Los jueces aceptaron un experimento realizado a 4 mochas, para demostrar la similitud de la melladura que vio un amolador, vecino de Peña Mainer, cuando despalmó la ocupada al sospechoso, días después del crimen. El testigo reconoció una, que fue estropeada contra la cabeza de un cerdo, por un perito Zurdo. En la sentencia no se explica con que objetos se mellaron las restantes.

Después de cuatro años en prisión, Delvis David busca nuevos elementos para demostrar su inocencia. Tenía la esperanza de comparar la muestra de sangre encontrada el arma, con el ADN de las víctimas, pero los jueces ordenaron entregar la mocha, a la Unidad de Trabajo Correccional con Internamiento de Sabanilla, en Camagüey.

En realidad, tiene pocas probabilidades de que un tribunal superior revise su caso. No después que el juzgado de la provincia de los tinajones, mandara “la destrucción y arrojo” de varias prendas de vestir de las víctimas, algunas con “maculas de aspecto hemático”, huellas de sangre del lugar de los hechos y dos porta objetos levantados en el árbol del algarrobo, donde se quedo impregnado su olor.

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Prensa oficial, sedante del cambio

Ya nos acostumbramos a que el diario Granma, destaque en demasía una noticia y otras las omita. Claro que es el órgano de diario del gobernante y único partido comunista, su dueño y por tanto quien decide, qué y cómo se informa. Sin embargo, es difícil aceptar que estos medios sean utilizados para propagar la cultura del miedo y la represión.

Buscando información sobre la recepción de señales satelitales y las antenas, encontré en la Gaceta Oficial de la República, sitio de publicación de las leyes cubanas, una disposición del Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros (CECM) y dos del Ministerio de la Informática y las Comunicaciones (MIC) regulando el asunto. Las resoluciones número 98 y 99 del año 1995 y el Decreto No. 269 del año 2000.

Las normas consideran una contravención importar, fabricar vender instalar equipos, antenas accesorios y demás dispositivos receptores de de radiocomunicación espacial entre los que se incluye la señales televisivas, al igual que distribuirlas.

La normativa prevé multas administrativas de 1000 pesos para los ciudadanos y de 10 mil a 20 mil para las entidades. Sin embargo, varios artículos periodísticos de Granma, informaron a la ciudadanía que las multas eran de 10 a 20 mil pesos, sin especificar. Cifras que aplican Inspectores del MIC, a discreción, sea una persona o una empresa.

El más paradigmático de los trabajos de Granma, fue el trabajo titulado “Piratería de señales satelitales” de la periodista Lourdes Pérez Navarro, en agosto de 2006. La reportera expuso la forma en que se desarrollaba, dentro de la isla, el negocio ilegal de distribución de programas televisivos extranjeros, las normas nacionales que se transgredían y sus severos castigos.

Según la periodista los clientes del negocio de distribución de señales televisivas extranjeras reciben “espacios con una avalancha de propaganda comercial que muestra la apariencia del capitalismo, mensajes anticubanos y hasta pornografía”.

Incluso le dio un toque político-ideológico al asunto. “En el caso de Cuba, parte de la programación que se recibe por esa vía, es de contenido desestabilizador, injerencista, subversivo, y convoca, cada vez más, al realización de actividades terroristas”, comentó.

Tres años después, a través de esas señales televisivas enajenaste, los cubanos vieron como Amaury Pérez reconoció que en Cuba “no hay libertad para tener antena” y “…miles de justificaciones para no tener internet”.

Se imaginan a Pérez diciendo en la televisión cubana “Yo tengo una antena” como lo hizo en el programa “Al punto” de la cadena televisiva Univisión, durante su viaje a Miami en el último trimestre del 2009.

El cantautor reconoció haberla traído de México. “…la puse cuando era incluso de las más grandes, no tan chiquita, en esa época nadie tenía idea de lo de la antena, pero yo…la televisión para mí, es muy importante”, comentó. Amaury no dijo si tenía autorización para disfrutar del servicio, lo cierto es que en Cuba se vio gracias a la recepción ilegal de señales.

Pérez Navarro alegó que “la difusión de programas satelitales técnicamente conocido como sistema de distribución multipunto por microonda”, se autorizó como servicio de telecomunicaciones de carácter limitado.

En otras palabras, en Cuba solo puede distribuirlos empresas expresamente autorizada y disfrutarlo, las personas que el MIC de permiso, como usuario. La periodista también omitió que el servicio se codificaba y estaba destinado principalmente al turismo y al cuerpo diplomático.

Pérez Navarro, habitualmente cubre la sección “Cuestiones de Leyes”, en el diario Granma. en el reportaje también informó que la piratería señales “…transgrede regulaciones internacionales convenidas para su uso” y en su realización se comete “una cadena de delitos y contravenciones administrativas que encuentran severas condenas en diferentes legislaciones y normativas jurídicas”

Magistralmente expuso todos los delitos que intervenían en el caso. Comenzó por el contrabando, que prevé sanciones de hasta 3 años de cárcel y multas, entre 15 mil y 50 mil pesos. Según la reportera, turistas y cubanos residentes en el exterior, entraban al país receptores de señales y tarjetas, violando las disposiciones aduanales.

“Se ha detectado que otra manera de poseer antenas, ha sido la sustracción de tales equipos o sus accesorios a las personas autorizadas a contratar el servicio”, afirmó. En este supuesto, advirtió que se cometía el “delito de hurto o robo con fuerza” y otro de receptación, para quien los adquiría en el mercado ilegal.

Mencionó otros delitos: el de “actividades económicas ilícitas”, por prestar el servicio sin licencia, que se agrava cuando se utiliza materiales del mercado negro. El “Especulación o Acaparamiento”, por adquirir mercancía para la reventa y el de “Daños”, cuando se deshabilitan “postes eléctricos y telefónicos o se rompen los viales para pasar los cables”.

También advirtió que administrativamente existían “severas multas y decomiso para los transgresores”. “La difusión de programas satelitales se requiere una licencia otorgada por la agencia de control y supervisión del Ministerio de la Informática y las Comunicaciones entidad que posee inspectores con plenas facultades para imponer multas y decomisar equipos cuando se detectan infracciones”

En su trabajo Citó textualmente la contravención prevista en el articulado del Decreto-Ley No 157 de 1995, otra de las normas que regulan el asunto, y que consigna que la cuantía de las multas a imponerse… será fijada por el ministro” de la Informática y las Comunicaciones. Sin embargo tergiverso la información cuando dio la cifra de la cuantía de las multas, según lo que establece las resoluciones 98 y 99 de ese Ministerio.

“Se le impondrá una multa de 10 mil a 20 mil pesos en moneda nacional o su equivalente al cambio oficial en moneda convertible a demás del decomiso administrativo como medida accesoria sin derecho a indemnización o pago alguno”, afirmo en su escrito Pérez Navarro.

Informó además que “de acuerdo con el Decreto Ley No. 99, los inspectores están facultados para elevar dicha multa hasta la mitad de la cuantía máxima (10 mil pesos más) por lo que podría llegar a imponerse sanciones pecuniarias de hasta 30 mil pesos”.

En forma de remate expresó: “Para alguno la distribución ilegal de programas de televisión satelital ha devenido en forma de enriquecimiento indebido, a ello se le aplica el decreto ley 149 de 1994 y son desposeído mediante confiscación de los cuantiosos bienes que no se corresponden con los ingresos percibidos y que no puedan justificar.

Pérez Navarro termino su reportaje expresando que “la labor de persuasión de las masas” era fundamental, “para erradicar esta práctica a la vez que apoyen a las autoridades encargadas de hacer cumplir las regulaciones a aquellos que con absoluta irresponsabilidad la violan la ley”

Confieso quede boquiabierta, con el reportaje de Pérez Navarro. Aquel despliegue normativo, no promovía la observancia de la ley, sino la cultura del miedo y la represión en los cubanos. No dedico ni una sola frase para denunciar al MIC y sus inspectores, por violar la legalidad y defraudar la ciudadanía. Sin mencionar que para hacer su trabajo violentan los domicilios de los ciudadanos, un derecho constitucional.

La prensa oficial saben que tienen poder para dictar lo que está bien o mal, qué ver, oír y leer, y a quien obedecer, a través de la difusión de la información. Sin embargo, no se atreve a cuestionar las políticas de exclusión y represión que instrumenta el gobierno, a través de su legalidad socialista, con el pueblo que se comprometió servir. En otras palabras, son el sedante del cambio.

Laritza Diversent

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Prensa cubana difama, gobierno asegura impunidad

Los medios oficiales de comunicación disfrutan de la libertad de prensa para defender el sistema, violentar los derechos ciudadanos y difamar, porque su dueño, el Estado Socialista, le ofrecen total impunidad.

Laritza Diversent

La Televisión cubana entre el 26 de febrero y el 4 de abril del presente año, trasmitió 5 capítulos de “la serie de denuncia Las Razones de Cuba”, en la que participaron analistas de la Seguridad del Estado y se satanizó el uso de las nuevas tecnologías de la información.

En un intento de “desenmascarar el carácter mercenario de las acciones provocativas de los grupúsculos a partir de importantes testimonios y revelaciones”, quitó la máscara de 6 infiltrado a los que gentilmente llamó agentes encubierto de seguridad.

El Diario Granma también hizo su parte. Al día siguiente de cada trasmisión, publicó un reportaje complementando los programas televisivos. Ambos medios de comunicación masiva, emplearon duros calificativos para referirse a miembros de la sociedad civil que utilizan internet como medio de expresión.

Tanto la televisión como la prensa, intentaron justificar la existencia de un conflicto con la nación norteamericana, para mantener el clima de constante amenaza y guerra, que acompaña al pueblo cubano desde hace más de 50 años.

En su empeño quizás no repararon en las consecuencias. Tal vez sí. Los términos utilizados implican acusaciones graves, entre los que puede citarse mercenarios y terroristas. Ambas actividades, reguladas en la legislación penal, constituyen delitos que atenta contra la Seguridad del Estado, con penas que oscilan entre 5 y 20 años de cárcel.

Por ejemplo, “Mercenario”, término más utilizado, prevé la sanción de muerte, cuya aplicación fue suspendida el 28 de abril de 2008 por el gobierno cubano, en VI Pleno del Comité Central del Partido Comunista de Cuba.

Raúl Castro, en las conclusiones del evento partidista, aclaró que el acuerdo del Consejo de Estado, no representaba la “supresión de la pena capital” de la legislación penal. Reconoció era una de las armas que tenían contra los “los verdaderos terroristas mercenarios al servicio del imperio”.

Los medios de comunicación oficial ejercieron “…conforme a los fines de la sociedad socialista” uno de los derechos reconocidos en la Constitución cubana, libertad de palabra y prensa. Sin embargo, sus directores incurrieron en varias infracciones penales, al permitir en sus espacio se vincular a disidentes con el mercenarismo y el terrorismo. Nada más alejado de la verdad.

“…Nadie será sometido a tratos degradantes”, consigan la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Este y otros derechos como la honra y a la libertad y seguridad personal fueron violentados por los medios oficiales, en su empeño de desacreditar los actores de la sociedad civil cubana. Derechos que incluso están protegidos por las leyes penales cubanas.

Según el Código Penal difama quien, ante terceras personas, impute a otro una conducta o hecho contrarios al honor, que puedan dañar su reputación o rebajarlo en la opinión pública. También califica como coacción el que, sin razón legítima, amenace o por cualquier medio impida a otro hacer lo que la ley no prohíbe, o ejercer sus derechos.

Según la Constitución cubana “Todos los ciudadanos gozan de iguales derechos y están sujetos a iguales deberes”, sin embargo los cubanos que sufrieron tales ataques dentro de Cuba, están desprotegidos.

Están expuestos a la difamación, la amenaza y la ignorancia de las autoridades, que supuestamente deben velar por la institucionalidad y la legalidad socialista. De hecho, son ellas las que incitan a los medios a cometer tales arbitrariedades, a cambio le aseguran total impunidad.

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Viejas mañas y estrategias

 

Entre los día 1ro y 8 de abril se conmemoró el octavo aniversario de la “Primavera Negra de Cuba”, ahora con más énfasis, cuando parece que el gobierno cubano busca una justificación para una nueva ola de enjuiciamientos. La alarma se disparó con los 5 capítulo de la seria documental la las “Razones de Cuba”, trasmitido por la televisión cubana, en los últimos meses.

No son pocos los que piensan que es poco probable que el gobierno inicie nuevas acciones represivas, después que “liberara” a 115 presos políticos. Incluso algunos afirma ser una acción arriesgada, teniendo en cuenta el panorama internacional. No obstante, en medio del clima de inseguridad e incertidumbre, nadie la descarta.

La ley, su principal arma, está ahí vigente y con todo su poder represivo. Las autoridades no necesitan acudir a procedimientos extrajudiciales. El ordenamiento jurídico les da libertad de acción y sus normas legales son, lo suficiente mente amplia para interpretarse y aplicarse a cualquier caso.

No hay que rebuscar en la historia para poner ejemplos. Recientemente el norteamericano Alan Gross, fue acusado de cometer actos contra la independencia y la integridad territorial, por introducir en el país equipos de conexión satelital y sancionado a de 15 años de cárcel. Hace ocho años, El 57% del grupo de los 75 disidentes cubanos, fue juzgado por el mismo delito imputado subcontratista estadounidense.

Cierto es que las circunstancias cambiaron, pero también los argumentos. Los órganos de seguridad aparte de satanizar el uso de los equipos de las nuevas tecnologías de la información, encontró en internet su nuevo campo de batalla, un punto de confrontación con el enemigo eterno de la Revolución Cubana, y otra generación de disidentes, los blogueros.

En el 2003, los tribunales aseguraron que los opositores se comportaban como agentes de la política norteamericana al tener la intención de lograr una sanción para Cuba, en la comisión de derechos humanos, o que trajera aparejado la posibilidad de “llamar intervención humanitaria, que no es más que intervención armada”, de una potencia extranjera al territorio, como recientemente sucedió en el caso de Libia.

“Contra Cuba y otros países considerados enemigos de Estados Unidos se ensaya una variante de la ciberguerra: el fomento de una blogosfera que, aunque se pretende tildar de “independiente”, es subordinada de manera total al mando e interés de Washington”, afirmó Granma, órgano oficial del Partido Comunista en la Isla, en el reportaje que complemento la serie televisiva las Razones Cuba.

Según los medios oficiales “La ciberguerra” es conflicto “bélico” relacionado con el uso del internet. “Indudablemente el ala conservadora yanqui comienza a potenciar nuevos pretextos y escenarios de confrontación, para calumniar la revolución cubana y propiciar…una eventual agresión militar”, afirmó el diario

La calificación de todo disenso, como subversivo y financiado por Estados Unidos, unida a la satanización de los equipos de comunicación, hace sospechar que el gobierno se prepara para arremeter, contra el nuevo sector de la sociedad civil, que utiliza estos medios para hacer valer su posición crítica frente al sistema.

Detrás de toda la orquesta: el juicio de Gross y los reportajes de las Razones de Cuba, los órganos de la seguridad cubana van tras su verdadera presa, los ciberdisidentes. En su intento desesperado, recurre a viejas mañas y estrategias, para justificar no solo su arbitrariedad, también lo injustificable.

Laritza Diversent

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