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Estado cubano guarda silencio sobre medidas inconstitucionales

El Gobierno extendió autorizaciones para contratar trabajadores, una decisión que violenta la Constitución y que no puede cuestionar ningún tribunal.

Laritza Diversent

El Consejo de Ministro acordó extender, en las 178 actividades autorizadas para el ejercicio del trabajo por cuenta propia, la autorización para contratar trabajadores. La medida fue anunciada por el Diario Granma, órgano oficial del Partido Comunista de Cuba, el pasado 17 de mayo, durante la reunión ampliada del gobierno cubano, para actualizar el “Plan de la Economía del 2011”.

el acuerdo del Consejo de Ministros violenta e irrespeta preceptos de la Constitución Estatal, que reconocer a los cubanos el derecho a usar, disfrutar y disponer de sus bienes personales, también les garantiza la propiedad sobre los medios e instrumentos de trabajo personal o familiar. Sin embargo prohíbe la contratación de mano de obra asalariada.

Incluso otras leyes del sistema jurídico también se violentan. La contratación de la fuerza de trabajo es considerada por el código penal, como un delito que conlleva pena de hasta 3 años de privación de libertad y/o multa de hasta 25 000 pesos moneda nacional.

Un punto silenciado de vital importancia para el sostenimiento del ‘Estado de Derecho’. Más en Cuba, donde ningún tribunal de justicia puede decidir en materia de constitucionalidad de las leyes o condicionar y orientar las acciones de gobierno y la legislativa.

En la Isla, la función judicial está a cargo del Tribunal Supremo Popular, pero es el parlamento decide sobre la constitucionalidad de las leyes que el mismo emite, de los decretos leyes, decretos y demás disposiciones generales y revoca además las disposiciones jurídicas que contradigan la ley suprema nacional.

La facilidad con que se adoptó la medida, aun cuando es inconstitucional, y el silencio del gobierno al respecto, genera recelos; porque afectada la eficacia y supremacía de la Carta Magna cubana y el ejercicio de los derechos fundamentales reconocidos en ella.

Una reforma constitucional, ofrecería garantías a los ciudadanos que decidan ejercer este derecho, al impedir formalmente nueva restricción sobre los mismos por libre voluntad política.

Se teme que en un futuro, el gobierno vuela a prohibir la contratación de fuerza de trabajo o le interés frenar el auge del sector, como ocurrió a finales de los 90, cuando comenzaron a congelarse el otorgamiento de licencias para ejercer como cuentapropista.

Según datos oficiales, desde 1993, que se autoriza la actividad, hasta poco antes de ampliar y flexibilizar el trabajo por cuentapropia en octubre del 2010, el sector estaba constituido aproximadamente por 87 mil 889 personas, un 0,78 % de la población. En 6 meses la cifra se triplicó. Actualmente ejercen 309 mil 728, cerca de un 2,76 % de los isleños.

En medio de la restructuración económica aprobada en el Sexto Congreso del Partido Comunista, el trabajo por cuenta propia, se convirtió en la única actividad económica que puede ejercer individualmente los cubanos dentro de la isla.

También constituye una alternativa de empleo. Desde octubre del años, al cuentapropismo se sumaron casi 222 mil cubano, de los cuales el 68 %, no tenía vínculos laborales con el único empleador legal reconocido hasta octubre de 2010, cuando se amplio y flexibilizo el trabajo por cuenta propia.

Aunque la decisión representa un beneficio para el sector, su legitimidad lleva implícita una reforma constitucional y legal. El parlamento, el órgano que supuestamente expresa y representa la voluntad del pueblo, tiene la responsabilidad de defender la eficacia y supremacía de la Carta Magna cubana y garantizar los intereses y derechos de los cubanos.

 

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