Mi Isla

Los cubanos podrán disponer de sus viviendas

 

Laritza Diversent

El pasado 2 de noviembre el gobierno cubano publicó el Decreto-Ley Número 288 que modifica la “Ley General de la Vivienda” y permite la compraventa de inmueble entre particulares, hasta entonces prohibida en la legislación nacional.

La nueva normativa entró en vigor el 10 de noviembre y de forma general permite a los propietarios, cubanos y extranjeros residentes permanentes en el país, disponer libremente de sus bienes inmuebles.

No obstante, mantiene como exigencia legal, la posibilidad de tener solamente una vivienda en propiedad y otra ubicada en zona de descanso o veraneo. Respecto a las permutas, donaciones y compraventa, establece que se formalizarán ante notario público del municipio donde esté ubicado el inmueble, previa inscripción en el Registro de la Propiedad.

El Registro inmobiliario comenzó a funcionar en Cuba a mediados del siglo XIX. En los años 60 se paralizó y con la puesta en vigor de Ley General de la Vivienda, desapareció del tráfico jurídico. Se reabrieron en 2003, debido a las exigencias de la inversión extranjera. Actualmente constituye un requisito indispensable para realizar actos de trasmisión de dominio.

El decreto ley también eliminó el permiso que se exigía a los propietarios obtener de la Dirección Municipal de la Vivienda, para permutar o donar sus inmuebles. También derogo la medida de pérdida de lo construido (confiscación), en caso de trasmisiones de la propiedad, construcción, ampliación, y rehabilitación ilegal de viviendas.

No obstante se mantienen las restricciones a la libertad de residencia que impone las normas migratorias para la capital y para las zonas de alta significación para el turismo sometidas a régimen especial de administración, como es el caso de la Habana Vieja, en la capital, y Varadero, en Matanza.

La preceptiva legal permite la compensación en caso de desproporción entre los inmuebles que se permutan, que antes estaba prohibida. También restablecen el derecho los herederos, que podrán, en todo caso, adjudicarse la vivienda, siempre y cuando no tengan otra en propiedad. Anteriormente adquiría el inmueble el beneficiario morador, en caso contrario, el derecho se reconocía al conviviente.

Mantiene la confiscación por salida del país, pero permite que los familiares adquieran gratuitamente el inmueble. Antes el Estado vendía las viviendas confiscadas, o parte de ellas, al copropietario o al conviviente que acreditaran tener 10 años de convivencia con el emigrante propietario. Tampoco estos podían disponer de sus viviendas durante los 4 años anteriores a su salida, restricción que se eliminó.

Impuso el pago de tributos por Transmisión de Bienes y Herencias para los que adquieran las viviendas, y para los vendedores, por Ingresos Personales. El impuesto a cobrar se determina aplicando el cuatro por ciento (4 %) sobre el valor del inmueble y se paga en pesos cubanos.

De forma general, la nueva normativa eliminó una serie de prohibiciones que impedía a los cubanos ejercer las facultades de disposición derivadas de su derecho de propiedad. No obstante, se mantiene algunas restricciones vinculadas con la libertad de circulación dentro del territorio nacional, que impide el pleno ejercicio de este derecho.

Por otra parte, se simplifica una serie de trabas burocráticas, sin embargo, los tramites y el tiempo que lleva realizar este derecho difícilmente se reduzca. El estado no tiene una adecuada infraestructura ni condiciones para prestar los servicios jurídicos, que demandan estas nuevas regulaciones, con eficiencia y calidad.

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