Mi Isla

Inviolabilidad de domicilio

Yaremis Flores

Son las seis de la tarde. Paula toma su merienda frente al televisor; mientras disfruta sus animados favoritos. De pronto tocan a la puerta tan fuerte que derramó el refresco y corrió a abrazar a su mami.

Orisel, su papá, abrió molesto la puerta y se sorprendió al ver a su Jefe de Sector con un documento en manos, que lo autorizaba a registrar su domicilio. Sin apenas tener oportunidad de verificar el escrito, entraron otros dos agentes buscando, como lobos hambrientos a su presa.

-¿Pero qué buscan?, preguntó Orisel.

-“Algo de procedencia ilícita”, respondió el agente actuante.

Sucede que con una superficialidad espantosa Orisel ha sido encasillado por su Jefe de Sector, en las categorías de “delincuente”, “sospechoso” y “peligroso”. Aunque parezca una escena de novela, secuencias como ésta ocurren a menudo, constituyendo una franca vulneración de la garantía constitucional de inviolabilidad de domicilio.

Esa tarde, los policías se llevaron hasta la alcancía de Paulita, además de una computadora por no tener el certificado de propiedad.

Según lo regulado en la Ley de Procedimiento Penal el objeto del registro debe ser específico, y no la habitual coletilla de “ocupar bienes de procedencia ilícita”. Además, el mero hecho de poseer un objeto sin su título de propiedad, no constituye delito alguno.

Es la autoridad que ostenta la carga de la prueba la encargada de probar si el bien es de procedencia lícita o no, ya sea por ser fruto de otro delito como Robo, para citar un ejemplo. De lo contrario se presume la titularidad legítima de su poseedor.

 

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