Condenado por Violación sin prueba de ADN

Yaremis Flores

El Tribunal Provincial de Las Tunas, condenó a Ramos Utra, el 10 de enero de 2006, a 20 años de cárcel, por la violación de una niña de 6 años. El acusado, de 46 años, se declaró inocente; no obstante, el juzgado tunero lo sancionó, con la certeza de que “los hechos ocurrieron de esa forma y no otra, por la narración de la menor”.

La víctima reconoció unas medias panty ocupadas en la casa del acusado, con las que supuestamente fue amarrada y amordazada. Pero la investigación no buscó evidencia física, con el fin de corroborar si fueron esos y no otros, los medios utilizados en el hecho.

Según la instancia judicial, el sancionado aprovechó el encontrarse solo con la niña y “dando rienda suelta a lujuriosos impulsos sexuales le penetró, haciendo los movimientos propios del acto”. Al día siguiente la niña contó lo sucedido a su mamá y esta acudió a las autoridades”.

Resultó creíble a los jueces que aún y cuando el acusado tuviera ‘aberrantes deseos’, la menor sólo presentó fisuras leves en sus genitales, desapercibidos por la madre, quien no sospechó lo sucedido.

Aunque tres testigos aseguraron que el acusado no estuvo solo con la menor en ningún momento, estos fueron desestimados por el Tribunal “no por ser favorables al acusado, sino por mostrar marcado interés en ayudarlo” confirmaron los jueces en la sentencia, quienes también desecharon una prueba de laboratorio que afirmó no existir relación entre el semen encontrado y la sangre del acusado.

El abogado defensor propuso un examen de ADN al blúmer que llevaba la menor el día de los sucesos. Los jueces se negaron, y dieron validez a lo declarado por una capitana, que aseguró la coincidencia del semen con el grupo sanguíneo del supuesto culpable. Indicio insuficiente en cualquier sistema legal justo, para destruir la presunción de inocencia del imputado.

Los jueces cubanos juzgan amparados en una valoración ‘libre’ de la prueba. Una valoración viciada, permite que “puedes tomar cualquier decisión, pero justifícala bien” según una Presidenta de Sala del Tribunal de La Habana que trasmite sus ‘mañas’ a los novatos. De esta manera los acusados deben apostar por la buena fe del que juzga.

“Un tardío examen de ADN, luego de 24 años, logró revocar un injusto fallo judicial en Estados Unidos, a un sentenciado a cadena perpetua, por asalto sexual” según nota publicada por el Órgano Oficial, Granma el 12 de diciembre de 2005. Más de 160 personas han sido liberadas gracias a la prueba, en ese país.

Ramos Utra ha dormido más de 2 mil noches en prisión e insiste en su inocencia. Las posibilidades de que un laboratorio confiable analice la información genética de su sangre, son nulas. Pues el Tribunal ordenó quemar el blúmer con semen y las medias panty encontradas en su casa.

 

Cubacel corta servicio a disidentes

Amigos, desde ayer al mediodía, Cubacel me cortó el servicio. La misma medida aplicó a varios disidentes, blogueros y opositores. Nos quieren silenciar. No solo temen a la palabra, les duele escuchar la verdad.

Laritza Dversent

#PapaCuba Su Santidad Benedicto XVI

Su Santidad Benedicto XVI:

Me había propuesto no escribir sobre su visita, pero su llegada a cuba es un acontecimiento que marca la historia de esta nación. No solo por que el Sucesor de Pedro nos acompaña en la peregrinación de la de la Virgen de la Caridad del Cobre, patrona de Cuba. Sino por la estela de represión que ha antecedido a su llegada y lo acompaña. 

Gracias por pedirle a Dios “guíe los destinos de esta amada Nación por los caminos de la justicia, la paz, la libertad y la reconciliación”. El mismos ruego de tantos cubanos que sufre y sueñan una Cuba libre, sin ideología.

Al igual que usted, su Santidad, opino que “No se puede seguir por más tiempo en la misma dirección cultural y moral que ha causado la dolorosa situación que tantos experimentan”. Hago mía sus palabras para sumarme, solo en mente y pensamiento, al peregrinaje al altar de la Madre de Dios.

Al igual que muchos de mis hermanos, el gobierno que con tanta ovación la ha recibido, nos ha cortado el paso. Quisiera sentirme bendecida por su llegada, pero no es así. Miles de detenciones, limpieza en las calles de indigentes, operativos policiales, arrestos domiciliarios, teléfonos cortados, solo por su estancia en Cuba.

En mi mente repito sus ruegos por los “desfavorecidos, a los marginados y a cuantos sufren en el cuerpo o en el espíritu”. También pido “por intercesión de Nuestra Señora de la Caridad del Cobre, conceda a todos un futuro lleno de esperanza, solidaridad y concordia” para nuestra tierra. 

En mis oraciones a Dios, pido devuelva el orgullo a nuestro pueblo y afiance su amor por la madre patria, por nuestros hijos, nuestros hermanos, que nos de resistencia y la fuerza suficiente para sustraernos, del miedo y la represión, y potencie nuestra voz a favor de la Libertad.

A pesar de la fe, nuestra realidad es otra: detención y silencio, represión y miedo, simple hipocresía, y su llegada, su Santidad, ha venido a recordárnosla.

Laritza Diversent

Tribunal dicta sentencia en caso de joyero asesinado

Laritza Diversent

Tribunal de la habana notificó a Maite Alonso Campanioni, esposa de uno de los 6 acusados de asesinar Humberto Gonzales Otaño, un joyero en San Miguel, el pasado 12 de marzo, la sentencia condenatoria que impone sanciones que van entre 2 y 35 años de cárcel.

Según la sentencia Pedro Valerino Acosta, de 29 años de edad, vendió la idea de robar en casa del orfebre, sin especificar por cuanto, al resto de los acusados. Les impusieron una sanción, como autor intelectual del delito de robo con fuerza o intimidación a las personas de 20 años de privación de libertad.

Jesús Daniel Forcade Portillo de 29 años y Ramón Echevarría Fernández de 40, fueron sancionados a 35 años de privación de libertad por el delito de Asesinato. Según el tribunal, el 14 de septiembre de 2010, aproximadamente a las 2 de la mañana ambos se personaron en la casa del joyero con herramientas proporcionadas por Leonardo Rodríguez Díaz, sancionado también por cómplice.

El tribunal impuso a Rodríguez Díaz de 49 años, una sanción 12 años de prisión por cómplice en el delito de robo con fuerza e intimidación en las personas, por proporcionar y custodiar los medios y herramientas que se utilizaron en el asalto.

El tribunal llego a la convicción de de la culpabilidad de Jesús y Ramón porque sus rastros de olor fueron encontrados en la ventana del baño, por donde penetraron los atacantes, y en las sogas con que amarraron a las víctimas.

Galindo Madan y Limonta Rojas, ambos de 27 años de edad, fueron sancionados a 2 años de prisión cada uno por el delito de incumplimiento del deber de denunciar. No participaron en el crimen, pero sabían que se iba a cometer.

El tribunal impuso además, a Valerino Acosta, Forcade Portillo y Echevarría Fernández la obligación resarcimiento de los daños y perjuicios causados a la viuda del joyero, valorados en 206 mil 193 pesos moneda nacional, y un pago de 68 mil 731 pesos cada uno, en concepto de de responsabilidad civil derivada de la comisión de delitos.

Según informaron las madres de Forcade Portillo y Echevarría Fernández a esta reportera, la señora Esther Fernández Almeida, salió del país. Aseguran además que, durante las investigaciones, la esposa del joyero, también recibió permiso de salida al exterior. No obstante, declaró en el juicio.

La investigación estuvo a cargo de la División Territorial de Investigaciones (DTI) de la capital y la Sala Primera de lo Penal de la antigua Audiencia de La Habana realizó enjuiciamiento. Su presidenta, La Jueza Greta Bernal Vila, en un ataque de histeria, expulsó durante la celebración de la vista, a los familiares de los acusados, por aplaudir a Aracelis Milian Ruiz, abogada defensora de Galindo Madan, quien pidió la absolución inmediata de todos los acusados.

 

 

No defiendas a nadie

Laritza Diversent

Los jimaguas de 16 años de edad, Yordi Emmanuel y Yoan Damián Pardo Contrera serán llevados a juicio acusados de desorden público. Ambos fueron arrestados por agentes policiales de la 4ta unidad del Cerro, cuando reprimieran “una lamentable y fanática reacción del público” espectador, del juego entre los equipos Industriales y Pinar del Río, el pasado 1ro de febrero, en el estadio deportivo Latinoamericano de la capital.

El primero salió en defensa de su amigo Robín, el segundo de su hermano. Su madre Josefa Caridad Contrera Mequeira pide “clemencia y justicia para estas criaturas que comienzan a vivir ahora”.  Ambos son buenos estudiantes y no tienen antecedentes penales. Nunca sus comportamiento en el barrio, llamaron la atención del las autoridades policiales.

Caridad no entiende porque soltaron a unos sin hacer una investigación a fondo y dejaron otros. Actualmente están recluidos 4 personas de las 62 que fueron arrestadas esa noche. Pregunta si todos somos iguales ante la ley.

Tradicionalmente la policía resuelve estos casos sin llegar a los tribunales, en virtud de la facultad que les reconoce la ley penal, de imponer al infractor una multa de administrativa y de las disposiciones contenidas en el Decreto 141 de 24 de marzo de 1988, sobre Contravenciones del Orden Interior.

Contrera Mequeira también se siente engañada. El instructor del caso, el capitán Yuniel Batista, le aseguró sus hijos pronto estarían en la calle y que no era necesario contratar un abogado. Sin embargo, desde ese momento sabía que serían llevados ante el tribunal.

Es común que los instructores penales digan a los familiares de los acusados que no tendrán problemas cuando en realidad serán procesados. Quizá sea desconocimiento o una forma ganar simpatía y no quedar como los malos de la película. En fin de cuenta, son ellos los que le dan la cara. Tal vez sea simple maldad.

La verdad es que, después de 24 horas de detención, al acusado se le asigna un instructor y tiene grandes posibilidades de ser llevado ante un tribunal. A las 72 horas el caso pasa a manos de la fiscalía y los 7 días, de seguro será juzgado.

También es cierto que el desorden público es una acusación menor. Se tramita por un procedimiento especial y rápido, que admite la ausencia del abogado defensor. Sin embargo, en el caso de los hermanos, las autoridades decidieron aplicar la figura agravada del desorden.

Según esta noma el que injustificadamente, en lugares públicos, espectáculos o reuniones numerosas, de cualquier forma altere el orden, puede ser sancionado con privación de libertad de 1 a 3 años o multa entre 300 y 50 mil pesos.

Sin embargo, no queda claro el motivo por el cual las autoridades decidieron procesar judicialmente a los hermanos. Robín, el amigo que primero resultó detenido por los agentes de la 4ta Unidad del Cerro y por el cual uno de los hermanos salió en defensa, fue absuelto, o por lo menos no le comunicaron que sería juzgado.

Caridad pregunta por la justicia de este país y piensa que la verdadera intención de la policía, es complicar sus hijos en prisión.  Las autoridades policiales niegan darle fianza y el 1ro de marzo, los hermanos ingresaron en el establecimiento penitenciario para menores “Jóvenes pequeños” en el municipio Cotorro.

“Nos quieren enredar y bien enredados”, escribió Yordi a su madre. “Mamá no quisiera escribir porque sé que al final vas a leer este pedazo de papel, pero tengo que hacerlo para poder expresar lo que siento al estar preso”, subrayó el adolecente.    

Su madre está preocupada. Yoan Damián tiene una lesión en el sistema nervioso central y desde los 2 años de edad recibe asistencia médica y siquiátrica por trastornos de la conducta, con medicación permanente. “no le están dan las medicinas que le controla la agresividad, mal carácter y la depresión, el encierro lo tiene descontrolado”, sentenció. 

 Yordi Emmanuel no se está alimentado bien y dice querer morir antes de continuar encerrado. “Tengo deseos de llorar y no puedo, ayer no pude dormir pensando en ustedes y hoy me levanto más triste, porque llevo un mes y dos días presos, deseo tanto que llegue la visita de aseo para poder ver a mi mamá”

Contrera Mequeira, una madre soltera e hipertensa de 47 años, no quiere ver que sus hijos pierdan los que le queda de niños y algo de adolecente. “Muchos dicen que esta juventud está perdida ¡no!, la están echando a perder” afirma en una mezcla de rabia y tristeza. “No sé a dónde ir ni en quien confiar para que me ayuden con esta injusticia cometida por nuestra revolución”, concluye entre lágrimas.

 Los jimaguas de 16 años de edad, Yoan Damián y Yordi Emmanuel nunca imaginaron que el altercado entre pitcher Odrisamer Despaigne del equipo Industriales y el corredor pinareño, David castillo, en el estadio deportivo Latinoamericano en la capital, el pasado 1ro de febrero, cambiaria por completo sus vida.

“Aquí en esta celda veo un pedazo del mundo y quiero verlo completo”, escribe Yordi a su madre. “No te preocupes que estoy bien y mi hermano ni se diga”, le dice al final de su misiva. Tal vez en su inocencia ignore que están presos, no por fanáticos, sino por solidario y que la policía los llevara ante los tribunales para darle una lección: No salgan en defensa de nadie así sea un amigo o un hermano.  ¡Métanse solo en sus asuntos!

Caridad pide justicia para sus hijos, detenidos hace más de un mes, tras una riña entre peloteros en el Latino

Laritza Diversent

Josefa Caridad Contrera Mequeira, madre de los jimaguas de 16 años de edad, Yoan Damián y Yordi Emmanuel Pardo Contrera, pide clemencia a las autoridades. Los adolecentes se encuentran detenidos desde el pasado 1ro de febrero, después que un altercado entre peloteros de los equipos Industriales y Pina del Río, en el estadio deportivo Latinoamericano en la capital, desatara una reacción violenta de los espectadores.   

El pitcher Odrisamer Despaigne del equipo capitalino agredió física y verbalmente al corredor pinareño, David castillo. “Ambos fueron expulsados y se desató una lamentable y fanática reacción del público presente”, reportó el periodista oficial Sifredo Barros, en la edición del diario Granma el pasado 2 de febrero de 2012.

Espectadores enfurecidos apedrearon el ómnibus que transportaba a los peloteros pinareños.  Agentes policiales de la 4ta unidad del Cerro, controlaron la situación con perros y bastones. Según la madre, los jimaguas y sus amigos, quedaron estupefactos y dieron varios pasos atrás ante el despliegue policial.

La intención de los jóvenes fue mal interpretada. “¿Para dónde vas corriendo?” preguntó uno de los agentes, que se le acercó por la espalda a Robín, un amigo de los hermanos. Sin escuchar explicación lo tomó del brazo y lo montó en el auto policial. 

Yordi Emmanuel intentó explicar que no hacían nada. El policía también lo agarró, otro le dio un bastonazo por la espalda y lo lanzó a una hilera de policías, que lo llevaron a pescozones hasta el vehículo policial. Su hermano se sumó al grupo de detenidos voluntariamente.

Resultaron arrestadas 62 personas, tres días después el número se redujo a 6. Actualmente guardan prisión, en espera de juicio, acusados de un delito de desorden público 4, entre los que se encuentran los hermanos.

Contrera Mequeira también se siente engañada. El capitán Yuniel Batista, oficial de la unidad de instrucción penal de Acosta en el municipio 10 de octubre, aseguró a los familiares de los detenidos, que pronto estarían en la calle. Incluso les dijo no era necesario contrataran un abogado.

Días después le informó que la fiscalía provincial los llevaría a juicio y debían buscar los servicios de un letrado. No obstante, les volvió a repetir que no se preocuparan, porque el desorden público es una acusación menor y no agravante.  

Si son juzgados, los hermanos podrían enfrentar una sanción de privación de libertad hasta 3 años o multa de hasta 50 mil pesos. Incluso les pueden aplicar ambas sanciones. A pesar de que ambos estudian y no tienen antecedentes penales, las autoridades niegan darle una fianza y los mantiene recluidos en una prisión para menores en el municipio Cotorro.

Historia de un ‘ocupa’

Yaremis Flores.

El coordinador del Proyecto Cultural OMNI Zona Franca, Amaury Pacheco del Monte, es un hombre soñador. Fantasea poder brindar a su familia una vida confortable. Lejos de los malabares para satisfacer necesidades de sus seis hijos menores. Su familia sufre la escasez de vivienda en nuestra isla, y encima, la indolencia institucional y humana.

Hace 4 meses Amaury ocupó ilegalmente un apartamento en el capitalino reparto Alamar. Irrumpió en un inmueble, objeto de vandalismo y reservado por amantes. El apartamento permaneció vacío durante años, sin embargo fue solicitado por varios vecinos que vivían hacinados o presentaban problemas graves de salud, y necesitaban un apartamento como ese, en los bajos. Amaury vivía en condiciones infrahumanas, como otros cubanos; aún y cuando, según el texto constitucional, todos tenemos derecho a una vivienda digna.

La máxima de que tu mejor amigo es el vecino más cercano, no se hace sentir tan fuerte en nuestros días. La vecina de los altos, duerme tranquilamente sin abrir una llave de paso que pudiera abastecer de agua a los nuevos inquilinos. Rehúsa hacerlo hasta que alguna autoridad lo determine.

Semanas transcurren sin tener acceso al agua ni fluido eléctrico. Instituciones como los Comité de Defensa de la Revolución, Federación de Mujeres Cubanas y Trabajadores Sociales, han hecho acto de presencia; cual mal estudiante que acude a la escuela sólo para dar la asistencia. Se muestran inmutables frente a la carencia de lo indispensable. El Consejo de Vecinos también permanece sordo y mudo ante los sucesos.

“Representantes de algunos organismos me advierten decir que ya pasaron por aquí si alguien verifica; levantan un acta como constancia y se van”, señala Iris Ruíz, esposa de Amaury. “No admitiré una respuesta burocrática”, afirma, con su hija recién nacida en brazos; quien dormida, parece ajena a lo que acontece.

Recurre a mi mente, una de las frases más conocidas de nuestro Héroe Nacional, José Martí: “Los niños son la esperanza del mundo”. Resulta irónico ver una familia que ha contribuido a la ya demacrada tasa de natalidad de nuestro país, y no puede recibir una salida a su problema.

La Ley General de la Vivienda, ofrece algunas vías de solución a casos como este. Una de ellas es facilitar la condición de arrendatarios a los ocupantes ilegales, con posibilidades de compra de la vivienda y pago del precio establecido.

Creo en el refrán popular “cuando se quiere se puede”. No obstante, la familia de Amaury espera un veredicto favorable de los indolentes. No por piedad, sino por cumplir con su deber y las disposiciones legales vigentes.