Caridad pide justicia para sus hijos, detenidos hace más de un mes, tras una riña entre peloteros en el Latino

Laritza Diversent

Josefa Caridad Contrera Mequeira, madre de los jimaguas de 16 años de edad, Yoan Damián y Yordi Emmanuel Pardo Contrera, pide clemencia a las autoridades. Los adolecentes se encuentran detenidos desde el pasado 1ro de febrero, después que un altercado entre peloteros de los equipos Industriales y Pina del Río, en el estadio deportivo Latinoamericano en la capital, desatara una reacción violenta de los espectadores.   

El pitcher Odrisamer Despaigne del equipo capitalino agredió física y verbalmente al corredor pinareño, David castillo. “Ambos fueron expulsados y se desató una lamentable y fanática reacción del público presente”, reportó el periodista oficial Sifredo Barros, en la edición del diario Granma el pasado 2 de febrero de 2012.

Espectadores enfurecidos apedrearon el ómnibus que transportaba a los peloteros pinareños.  Agentes policiales de la 4ta unidad del Cerro, controlaron la situación con perros y bastones. Según la madre, los jimaguas y sus amigos, quedaron estupefactos y dieron varios pasos atrás ante el despliegue policial.

La intención de los jóvenes fue mal interpretada. “¿Para dónde vas corriendo?” preguntó uno de los agentes, que se le acercó por la espalda a Robín, un amigo de los hermanos. Sin escuchar explicación lo tomó del brazo y lo montó en el auto policial. 

Yordi Emmanuel intentó explicar que no hacían nada. El policía también lo agarró, otro le dio un bastonazo por la espalda y lo lanzó a una hilera de policías, que lo llevaron a pescozones hasta el vehículo policial. Su hermano se sumó al grupo de detenidos voluntariamente.

Resultaron arrestadas 62 personas, tres días después el número se redujo a 6. Actualmente guardan prisión, en espera de juicio, acusados de un delito de desorden público 4, entre los que se encuentran los hermanos.

Contrera Mequeira también se siente engañada. El capitán Yuniel Batista, oficial de la unidad de instrucción penal de Acosta en el municipio 10 de octubre, aseguró a los familiares de los detenidos, que pronto estarían en la calle. Incluso les dijo no era necesario contrataran un abogado.

Días después le informó que la fiscalía provincial los llevaría a juicio y debían buscar los servicios de un letrado. No obstante, les volvió a repetir que no se preocuparan, porque el desorden público es una acusación menor y no agravante.  

Si son juzgados, los hermanos podrían enfrentar una sanción de privación de libertad hasta 3 años o multa de hasta 50 mil pesos. Incluso les pueden aplicar ambas sanciones. A pesar de que ambos estudian y no tienen antecedentes penales, las autoridades niegan darle una fianza y los mantiene recluidos en una prisión para menores en el municipio Cotorro.

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